Diego Alejandro Gonzalez Aguirre
Expediente 534/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Diego Alejandro Gonzalez Aguirre
Actuaciones
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HA CAUSADO ESTADO AUTO QUE SOBRESEYÓ EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA Y SE ORDENA ARCHIVO...
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Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ AGUIRRE, EL AUTO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente dice: "Visto el estado que guardan los autos de las cuales se advierte que al rendir su informe justificado la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, por conducto de su Presidente, remitió copia fotostática certificada del auto dictado en veinte de abril de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral número 243/2015, promovido por Diego Alejandro González Aguirre. Ahora bien, es importante destacar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, materializada en la omisión de acordar la promoción presentada ante la responsable en veinte marzo de dos mil dieciocho, en el expediente 243/2015, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Precisado lo anterior, es menester indicar que el análisis de las causales de improcedencia es de estudio oficioso, ya que dicha cuestión es de orden público; por lo que es obligación del juzgador verificar la operancia de cualquier hipótesis de improcedencia en los juicios que se someten a su jurisdicción. Así, del análisis efectuado a las constancias remitidas por la autoridad responsable, este Juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Al respecto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal ". De igual manera, la diversa jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo ". Expuestas las anteriores premisas, se tiene que, como ya se apuntó, la parte quejosa en esencia reclama la omisión de acordar la promoción presentada ante la responsable en veinte marzo de dos mil dieciocho, dirigida al expediente 243/2015, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dentro del cual figura como parte actora. En esa virtud, de las constancias remitidas a esta instancia constitucional por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, se advierte que el veinte de abril de dos mil dieciocho, emitió el acuerdo respectivo a dicha promoción. Documentales públicas a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa circunstancia, es evidente que el acto que reclamó la parte quejosa cesó en sus efectos, toda vez que la omisión que dio origen a este amparo dejó de causarle perjuicio, restituyéndola en el goce de su derecho conculcado y, con ello, quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que se consideró vulnerada. Es ilustrativa al caso la tesis CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad ". Así las cosas, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y, por tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa; consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, con sustento en la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se deja sin efecto la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional..."
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SE SOBRESEE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA...
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SE DA VISTA A LAS PARTES CON INFORME JUSTIFICADO Y PRUEBAS DOCUMENTALES...
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