Diego Alberto Torres Silva
Expediente 732/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Diego Alberto Torres Silva
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de uno de junio de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por ******, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 732/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Instituto Nacional de Migración. Secretaría de Gobernación Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública Secretaría del Trabajo y Previsión Social Precisión de los actos reclamados. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: ( Realizar donaciones cuantiosas de dinero del pueblo mexicano, en millones de dólares americanos, a Gobiernos extranjeros. ( Contratar y celebrar convenios con el Gobierno de Cuba, para que trabajen y cobren como profesionistas con pago en dólares americanos, quinientos médicos de nacionalidad cubana, para que trabajen como médicos especialistas en México, así como también enfermeras y demás personal médico, sin cumplir con las formalidades y requerimientos legales señalados en el artículo 5 constitucional. ( Dar preferencia y prioridad a los extranjeros y a los médicos que contrató mediante el citado convenio, transgrediendo los derechos de preferencia que tienen los médicos y enfermeras nacionales personal médico mexicano. ( El despojo de la oportunidad de empleo a mexicanas y mexicanos, sin considerar primeramente la posibilidad de contratar ciudadanas y ciudadanos para el empleo de prestar el servicio médico para el cual se ordenó la contratación de extranjeros. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: ( La asignación de la partida presupuestal para el pago en dólares americanos o de pesos mexicanos para que trabajen y cobren como profesionistas extranjeros los quinientos médicos de nacionalidad cubana. Del Secretario de Gobernación e Instituto Nacional de Migración: ( La autorización de los médicos cubanos extranjeros y demás personal médico, así como medicinas desconocidas, para ingresar a nuestro país, así como darles autorización para que ingresen por cualquier vía (aérea, terrestre o marítima) y permitirles realizar trabajos en el país. De la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Profesiones, así como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: ( La autorización de los médicos cubanos y demás personal médico, así como de medicinas desconocidas sin patente, de permitirles realizar trabajos propios de médicos nacionales que cumplieron con los estudios, requerimientos y formalidades propios en universidades y demás escuelas médicas del país. De la improcedencia. En el caso, respecto a los actos reclamados, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son del siguiente contenido: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. El interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 882, con registro rápido de localización 2002812, cuyo rubro indica: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE." Bajo ese orden de ideas, para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Así, el juicio de amparo es un medio de control y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. En ese sentido, se desprende, que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Aunado a lo anterior, conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6°, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, el artículo 107 constitucional diferencia los componentes de interés tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los restantes supuestos, como sucede cuando se reclaman actos de autoridades administrativas. Interesa en el particular este segundo supuesto, pues el acto reclamado deriva de autoridades administrativas, pues en esta hipótesis, debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tópico del interés jurídico, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, página 1854, con registro rápido de localización 2004501, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Bajo ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que medularmente los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: ( Realizar donaciones cuantiosas de dinero del pueblo mexicano, en millones de dólares americanos, a Gobiernos extranjeros. ( Contratar y celebrar convenios con el Gobierno de Cuba, para que trabajen y cobren como profesionistas con pago en dólares americanos, quinientos médicos de nacionalidad cubana, para que trabajen como médicos especialistas en México, así como también enfermeras y demás personal médico, sin cumplir con las formalidades y requerimientos legales señalados en el artículo 5 constitucional. ( Dar preferencia y prioridad a los extranjeros y a los médicos que contrató mediante el citado convenio, transgrediendo los derechos de preferencia que tienen los médicos y enfermeras nacionales personal médico mexicano. ( El despojo de la oportunidad de empleo a mexicanas y mexicanos, sin considerar primeramente la posibilidad de contratar ciudadanas y ciudadanos para el empleo de prestar el servicio médico para el cual se ordenó la contratación de extranjeros. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: ( La asignación de la partida presupuestal para el pago en dólares americanos o de pesos mexicanos para que trabajen y cobren como profesionistas extranjeros los quinientos médicos de nacionalidad cubana. Del Secretario de Gobernación e Instituto Nacional de Migración: ( La autorización de los médicos cubanos extranjeros y demás personal médico, así como medicinas desconocidas, para ingresar a nuestro país, así como darles autorización para que ingresen por cualquier vía (aérea, terrestre o marítima) y permitirles realizar trabajos en el país. De la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Profesiones, así como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: ( La autorización de los médicos cubanos y demás personal médico, así como de medicinas desconocidas sin patente, de permitirles realizar trabajos propios de médicos nacionales que cumplieron con los estudios, requerimientos y formalidades propios en universidades y demás escuelas médicas del país. Al respecto, en los conceptos de violación la parte quejosa expone que tiene interés legítimo sobre la situación que plantea, como ciudadano mexicano y que los actos que reclama vulneran intereses de la sociedad en general y colectivos de toda la ciudadanía mexicana, en especial del sector salud. Expuesto lo anterior, debe decirse que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma los actos que reclama le irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exigen los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernado o ciudadano mexicano. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestra que los actos que controvierte pudieran generar una afectación en algún derecho que esté relacionado con la autorización de contratación de personal médico extranjero que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que lo coloquen en un punto diferenciado de la situación general y que lo legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no le agravian de manera directa ni diferenciada en relación al resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario refiere que: ".Que vengo a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos ejecutados en contra de la sociedad e intereses colectivos en general en especial del sector salud de todo México en perjuicio de todos los médicos en general y de todo tipo de especialidades, enfermeras-os, y del (sic) todo personal médicos mismos que dejaron en completo estado de indefensión."; Asimismo, en sus conceptos de violación dice: ".se violan en prejuicio (sic) de la sociedad en general e intereses colectivos de toda la ciudadanía Mexicana en especial del sector salud punto importante y vulnerable donde se encuentran en estado de indefensión desde los niños-as, jóvenes, adultos y adultos mayores."; "... Causan agravio los actos reclamados en virtud de tener interés legítimo sobre la situación que se plantea, por ser un ciudadano mexicano y tener el derecho de reclamar los actos que realizan nuestros mandatarios electos para servir al pueblo de México (...)" Lo anterior, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que, alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general. Cabe destacar, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Sustenta lo antes expuesto, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), con registro digital 2009201, de la Primera Sala de la Supreme Corte de Justicia de la Nación, visible en la pagina 448, Tomo 1, Materia Común, libro 18, Mayo de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa (recurrente), no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal para ella, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Sirve de apoyo la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), con registro digital: 233517, Instancia: Pleno, Séptima Época, Materia Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 37, Primera Parte, página 27, cuyo texto y contenido es el siguiente: "INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Sin que obste, el hecho que el estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma y, por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el juzgador examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En ese sentido, se estima procedente que a través de esta determinación inicial este juzgado efectúe el análisis relativo al interés legítimo de la parte quejosa para accionar en la presente instancia constitucional, pues de las razones expuestas por la parte quejosa en el escrito que se provee, se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que su situación frente al acto reclamado implica un mero interés simple, por tanto, al ser una causal manifiesta e indudable de improcedencia, por correspondiente es desechar la demanda de que se trata. En apoyo a lo anterior se cita la tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXII, julio de 2013, tomo 1, página 559, con registro rápido de localización 2004008, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Conclusión. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la ley de la materia Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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