Diego Alberto Leyva Rojas

Expediente 516/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
516/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Diego Alberto Leyva Rojas

Actuaciones

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Archivo. Del estado de autos se advierte que ya se dictó la interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en consecuencia, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. Valoración. En consecuencia, al advertirse que se declaró sin materia el incidente de suspensión y se negó la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción III (El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) En cuanto al original de este incidente es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; e) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el treinta de junio de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 516/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca Diego Alberto Leyva Rojas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos y autoridad que se describen a continuación; Autoridades responsables: Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca, Juez de Control de Putla de Guerrero, Oaxaca. Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Ejutla, Oaxaca. Juez de Control de Cuicatlán, Oaxaca. Juez de Control de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Juez de Control de Juchitán, Oaxaca. Juez de Control de Matías Romero, Oaxaca. Juez de Control de Salina Cruz, Oaxaca. Juez de Control de Ixtlán, Oaxaca. Juez de Control de Pochutla, Oaxaca. Juez de Control de Nochixtlán, Oaxaca. Juez de Control de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Juez de Control de Sola de Vega, Oaxaca. Juez de Control de Tuxtepec, Oaxaca. Comandante del Grupo de Aprehensiones dependiente de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Acto reclamado: La orden de aprehensión, detención o presentación. El cumplimiento a dicha orden. Asimismo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, admitió la demanda, y la registró con el número 441/2023 de su estadística, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, y dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le corresponde. Posteriormente, en proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, el titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, declino jurisdicción por conocimiento por cuestión de precedente del referido juicio 441/2023, respecto de lo cual, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento, registrándolo con el amparo 516/2023. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro del territorio en el que este juzgado federal ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de aprehensión, detención o presentación. El cumplimiento a dicha orden. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, Juez de Control de Puerto Escondido, Oaxaca, Juez de Control de Putla de Guerrero, Oaxaca, Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Ejutla, Oaxaca, Juez de Control de Cuicatlán, Oaxaca, Juez de Control de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Juez de Control de Juchitán, Oaxaca, Juez de Control de Matías Romero, Oaxaca, Juez de Control de Salina Cruz, Oaxaca, Juez de Control de Ixtlán, Oaxaca, Juez de Control de Pochutla, Oaxaca, Juez de Control de Nochixtlán, Oaxaca, Juez de Control de Pinotepa Nacional, Oaxaca, Juez de Control de Sola de Vega, Oaxaca, y Juez de Control de Tuxtepec, Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa. Asimismo, el Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, negó haber librado orden de detención o presentación, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgado. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 368, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o inexistencia del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Cabe puntualizar que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas, a pesar de haber sido integrados antes de la Onceava Época del Semanario Judicial de la Federación, siguen siendo aplicables en términos, respectivamente, de los artículos Décimo y Décimo Primero transitorios del Decreto por el cual, entre otras disposiciones, se reforma la Ley de Amparo, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por su parte, el Juez de Control del Circuito Judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados, toda vez que comunicó que en la causa penal 290/2023, de su índice, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se libró orden de aprehensión en contra de Diego Alberto Leyva Rojas, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de peculado, cometido en perjuicio patrimonial del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. Por su parte, el Agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa ante lo informado por el Juez responsable. QUINTO. Sobreseimiento por litispendencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 facción X, de la Ley de Amparo, relativa a la figura procesal de la "litispendencia" cuando los actos reclamados sean materia de un juicio de amparo diverso, que esté pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades responsables, independientemente de que las violaciones constitucionales alegadas sean diversas, de forma tal que el nuevo juicio es improcedente si están presentes las identidades siguientes: 1) Los quejosos. 2) Las autoridades responsables. 3) El acto reclamado Cabe precisar que la finalidad de esta causal de improcedencia es evitar que se emitan sentencias contradictorias, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad solo puede juzgarse una sola vez. Precisado lo anterior, del escrito de demanda inicial que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión, detención o presentación dictada en su contra, la cual reclamó al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y al Comandante del Grupo de Aprehensiones dependiente de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En cumplimiento a ello, el Juez responsable en carácter de ordenadora aceptó la existencia del acto reclamado -orden de aprehensión de diecisiete de marzo de este año, dictada en la causa penal 290/2023 de su índice, por el hecho que la ley tipifica como peculado, en prejuicio del Gobierno del Estado a través del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. Acto reclamado que de manera idéntica, se hizo valer y fue materia del juicio de amparo 306/2023 del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, pues en ese asunto, se reclamó la orden de aprehensión librada en contra del quejoso el diecisiete de marzo del año en curso, en la causa penal 290/2023, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de Peculado, cometido en perjuicio patrimonial del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca; asunto que se sobreseyó fuera de audiencia el treinta y uno de mayo de este año, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber operado un cambio en la situación jurídica del quejoso Diego Alberto Leyva Rojas, y encontrándose actualmente pendiente de quedar firme el citado sobreseimiento. Precisado lo anterior, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, de conformidad a lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con el diverso 2 de la Ley de Amparo, que el juicio de amparo número 306/2023, fue promovido por Diego Alberto Leyva Rojas, en contra del mismo acto que aquí se reclama -orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 290/2023, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, reclamando su ejecución al Comandante del Grupo de Aprehensiones dependiente de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado -mismas autoridades responsables en el citado controvertido constitucional. De lo antes narrado, resulta evidente que se acreditan los tres supuestos que configuran la causa de improcedencia en estudio (litispendencia), pues ambos juicios fueron promovidos por Diego Alberto Leyva Rojas, se reclama el mismo acto y se atribuyen a las mismas autoridades. La disposición legal invocada establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] X.. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales- ." Por lo que con fundamento en el artículo 61, fracción X, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, registro digital: 2019187, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 516/2023 promovido por Diego Alberto Leyva Rojas. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, mediante el cual remite los originales del juicio de amparo ******************** de su índice, relativa a la demanda de amparo promovida por********************, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, y otras autoridades, asimismo, remite un disco en formato DVD; por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese el correspondiente y regístrese con el número ********************. Competencia. Del oficio de cuenta se advierte que el citado Juzgado remite por cuestión de turno y declina competencia a favor de este órgano jurisdiccional para conocer del referido juicio, al actualizarse el supuesto de relación previsto en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, reformado y adicionado por diverso acuerdo general publicado en el mismo medio oficial el catorce de marzo de dos mil dieciséis, al haber prevenido en el conocimiento del juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; lo anterior, en virtud de que en este último juicio la citada responsable aceptó la existencia de la orden de aprehensión reclamada por el citado quejoso, dictada en la causa penal ********************, de su índice. En tal circunstancia, toda vez que este órgano jurisdiccional comparte el criterio expuesto por el oficiante, se avoca al conocimiento del asunto. Solicita compensación. Atento a lo anterior, remítase oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, a fin de que efectúe la compensación correspondiente en el turno de los asuntos. Convalidación de actuaciones. Se convalidan las actuaciones que integran el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Se toma nota de la suspensión. No ha lugar a ordenar el trámite del incidente de suspensión relativo, toda vez que ya se dictó la suspensión definitiva, como se advierte del expediente electrónico del incidente de suspensión deducido del juicio de amparo ********************; se precisa que el expediente físico queda a disposición de las partes en la Secretaría de este juzgado. No ha lugar a requerir informes justificados. Sin que haya lugar a requerir informe justificado a las autoridades responsables en virtud que del examen de los autos se advierte que ya fueron solicitados y obran en autos. Audiencia constitucional. Se señalan las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado del Registro Nacional de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, conforme a la certificación de cuenta. Y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a la diversa persona que señala, por así solicitarlo expresamente. Notificaciones electrónicas. Toda vez que la parte quejosa, proporciona el nombre de usuario "********************"; por consiguiente, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Así también, se autorizan las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, con el nombre de usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que únicamente se notificarán por esa vía - electrónica- aquellas determinaciones o resoluciones de importancia o relevancia -con carácter de personales-; haciendo saber a la parte promovente que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Sin que las notificaciones electrónicas, puedan sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenen fijar en una lista que se publica en el local de este órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro digital 2026122, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." En atención a lo anterior, no ha lugar a tenerle señalando como diverso domicilio el que indica en su escrito inicial de demanda, debido a que ya se autorizó realizar las notificaciones relevantes, vía electrónica. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica FIREL. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.

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