Diego Alberto González López

Expediente 1565/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1565/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • Diego Alberto González López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el quejoso Diego Alberto González López, a quien se considera podría perjudicarle la sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se resolvió sobreseer en el juicio de amparo; no fue recurrida dentro del plazo de diez días señalado en el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado, por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente sumario constitucional, se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Asimismo, es menester referir que en los cuadernos aludidos no existen documentos originales que encuadren en las hipótesis descritas en el punto segundo de las disposiciones generales del inciso XVIII del Acuerdo citado; por lo que, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México; siete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, se advierte que por auto de esta misma fecha se ordenó remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. De igual forma, se declaró que tanto el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III) y el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito; el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1565/2016-I; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Diego Alberto González López, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que a continuación se mencionan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA DEL ACTO QUE SE RECLAMA LO ES: ORDENADORAS: C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA AGENCIA DE ADICCIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO,. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO,. EJECUTORA: A). C. COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MÉXICO,...." "ACTO RECLAMADO EL AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, MERCED LA CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE (JUEZ DE CONTROL), ME CITO SEÑALANDO LA FECHA Y HORA PARA LA VERIFICACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN SIN DETENIDO EN CONTRA DEL HOY QUEJOSO DENTRO DE LA CARPETA ADMINISTRATIVA 959/2016, POR MI PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL HECHO DELICTUOSO CONTRA LA SALUD. EL APERCIBIMIENTO REALIZADO HACIA MI PERSONA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL SENTIDO DE QUE SI NO COMPARECÍA A LA MULTICITADA AUDIENCIA LIBRARÍA ORDEN DE APREHENSIÓN EN MI CONTRA. DERIVADO DE LO ANTERIOR LA INMINENTE E INCONSTITUCIONALIDAD ORDEN DE APREHENSIÓN, DICTADA EN MI CONTRA POR EL JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, CON LA QUE SE PRETENDE PRIVARME DE MI LIBERTAD INJUSTIFICADAMENTE." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. El accionante constitucional señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida que fue la demanda de amparo en este órgano de control constitucional, por auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se registró bajo el número de expediente 1565/2016-I se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a la representación social de la adscripción. Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional se llevó a cabo, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos que se reclaman son emitidos por autoridades del orden administrativo, que se tratan de ejecutar dentro del territorio donde este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, del análisis integral del libelo constitucional se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión emitida contra el quejoso por el posible delito de contra la Salud en su modalidad de posesión simple, cometido en agravio de la Salud Pública. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con la copias certificadas de la carpeta administrativa 959/2016 y un disco certificado con diversas actuaciones; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por otra parte, las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia de Adicciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y el Comisario General de la Policía Ministerial del Estado de México, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada en virtud de que la autoridad ordenadora acepto el acto que se le atribuye. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso a estudio, se estima que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En ese orden, el quejoso mediante escrito presentado el catorce de octubre del año en curso, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aprehensión emitida en su contra por el posible delito de contra la Salud en la modalidad de posesión simple; sin embargo, de las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se advierte que el veinticuatro de octubre pasado en los autos de la carpeta administrativa 959/2016, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso por el delito de contra la Salud en la modalidad de posesión simple, cometido en agravio de la Salud Pública; por lo que si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la resolución emitida en el juicio de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J.95/2007, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad al diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción IV, 73, 74, 75, 77, 79, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Diego Alberto González López contra el acto y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero por los motivos asentados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de noviembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido y de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especial de Delitos contra la Salud Fiscalía Toluca, México, mediante el cual hace del conocimiento a este Juzgado que remitió la carpeta de investigación 16019100012815, carpeta administrativa 959/16, relativa al delito contra la salud, e n agravio de la salud pública, en contra de Diego Alberto González López, al Coordinador de ministerio públicos adscritos al área de litigación a efecto de que prosiguiera con la integración y prosecución de la carpeta administrativa 959/16. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito toma conocimiento de lo expuesto por la autoridad oficiante para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.

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