Diego Alberto Fuentes
Expediente 1933/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1933/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/01/2022
Partes del expediente
- Diego Alberto Fuentes
- ATENODORO ROJAS GARCÍA y ALMA ROSA ROMERO SÁNCHEZ, APODERADOS
- DIEGO ALBERTO FUENTES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de enero de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado informa admisión. Visto el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revisión R.A.-435/2021, del que se advierte que se admitió a trámite el referido medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; por tanto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, y tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese, y electrónicamente al representante especial de la menor.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de enero de dos mil veintidós. Causa estado el acuerdo en que se tiene por no presentada la demanda de amparo. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó tener por no presentada la demanda de amparo, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Destrucción de tomo de pruebas. Por otro lado, respecto del tomo I de pruebas, procédase a su destrucción por tratarse de copias certificadas del juicio de origen, las cuales fueron formadas por este Juzgado de Distrito. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada la demanda. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el término de cinco días concedido a la parte promovente en auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrió sin que desahogara la prevención que se le formuló, a fin de que subsanara la irregularidad de su demanda de amparo y cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, dese de baja el presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a la parte quejosa
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Primera adscripción de Jueza de Distrito. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en lugar del ahora magistrado Israel Flores Rodríguez, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1073/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 2. Modificación de los efectos de la primera adscripción. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, acordó modificar los efectos de mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a fin de que sea a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1192/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 3. Jurisprudencia de la SCJN para asuntos en cumplimiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las recusaciones por impedimentos pueden hacerse valer en cualquier estado del proceso de amparo porque la función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada la sentencia, siendo necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de imparcialidad durante todo el procedimiento, incluyendo los que están en ejecución. 4. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi primera adscripción como Jueza de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Se declara cumplida la sentencia de amparo Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".Tomando en cuenta lo fundado de los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado consistente en el embargo practicado a la fracción del inmueble marcado con el número treinta y ocho, de la Segunda Calle de Allende, ubicado en la Población de San Simón Atzitzintla, del municipio de San Salvador El Verde, Puebla, dentro del juicio ejecutivo mercantil 150/2020 del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que: La juez responsable, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo por el que se le informe que ha causado ejecutoria este fallo, deje insubsistente el embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, únicamente sobre la fracción del inmueble identificado como casa número treinta y ocho, de la Segunda Calle de Allende, ubicada en el Pueblo de San Simón Atzitzintla, del municipio de San Salvador El Verde, Puebla, con las medidas y colindancias siguientes: al norte cinco metros y colinda con Pedro García; al sur cinco metros y colinda con la segunda calle de Allende; al oriente once metros noventa centímetros y colinda con Pedro García; al poniente once metros noventa centímetros y colinda con Juana Romero Rojas; fracción que se segrega de una fracción mayor inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Huejotzingo, bajo la partida número 1079, a fojas 189 vuelta, tomo 4, libro número 3, de siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Diligenciario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo y al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Huejotzingo, por reclamarse en vía de consecuencia del acto de la autoridad ordenadora." Mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En ese sentido, mediante proveído de veintinueve de noviembre siguiente, la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, y la Registradora Pública de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Huejotzingo, remitieron, respectivamente, copia certificada del auto de veinticinco de noviembre del año en curso, por el que se ordenó la cancelación de embargo en el juicio ejecutivo mercantil 150/2020 del índice del juzgado responsable, así como de la impresión del histórico 0043488 1 de donde se advierte dicha cancelación. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo el ocho de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior, pues el juzgado responsable dejó insubsistente el embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, por lo que hace a la fracción del inmueble identificado como casa número treinta y ocho, de la Segunda Calle de Allende, ubicada en el Pueblo de San Simón Atzitzintla, del municipio de San Salvador El Verde, Puebla, con las medidas y colindancias siguientes: al norte cinco metros y colinda con Pedro García; al sur cinco metros y colinda con la segunda calle de Allende; al oriente once metros noventa centímetros y colinda con Pedro García; al poniente once metros noventa centímetros y colinda con Juana Romero Rojas; fracción que se segrega de una fracción mayor inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Huejotzingo, bajo la partida número 1079, a fojas 189 vuelta, tomo 4, libro número 3, de siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro; y, por su parte, de la impresión del histórico 0043488 1 de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad se advierte dicha cancelación. Con lo anterior se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.
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