Diego Alberto Flores Mollinedo
Expediente 585/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Diego Alberto Flores Mollinedo
Actuaciones
- Principal
MESA I.- Se tiene por recibido el escrito remitido por la parte quejosa ***, por medio del cual pretende promover incidente de precisión de los efectos de la sentencia protectora, en contra de las autoridades responsables. En mérito de lo anterior, dígase a la ocursante que el presente asunto se encuentra totalmente concluido y se tuvo por cumplida la ejecutoria el diez de junio de dos mil veintiuno, por lo que deberá estarse a lo acordado en dicho auto; no obstante lo anterior, queda expedito su derecho a efecto de que haga valer el medio de defensa que estime conveniente HACM
- Principal
MESA V.- Vista la demanda promovida por ++++++++, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 585/2022-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Los citados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, el primero de los preceptos reproducidos precisa que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la constitución o de la ley. Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo prevé el principio de agravio personal y directo, entendiéndose por agravio todo menoscabo u ofensa a la persona física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente, y debe recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto, genérico; y debe ser de realización pasada, presente o inminente. Asimismo, el citado numeral refiere que el juicio de amparo únicamente se puede promover por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Es pertinente destacar que los gobernados pueden en todo momento acudir ante las autoridades de amparo a promover conforme a sus intereses convenga, debiendo para ello cumplir las formalidades que en el caso específico exija la ley, siendo uno de estos requisitos que debe hacerse por escrito, el cual para su validez es necesario que éste se encuentre firmado por el promovente, pues ningún efecto puede producir la gestión respectiva carente de firma, habida cuenta que éste constituye el signo personal característico de cada individuo, que lo distingue, incluso, identifica en cierto modo y es un requisito indispensable para conferir a cualquier promoción la calidad de genuina y por ende darle el curso legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sostenida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 214, en la página ciento cuarenta y seis, tomo VI, Séptima Época, con registro 242775 del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que al tenor y rubro dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Ahora, en el caso que nos ocupa, del análisis efectuado al escrito de demanda se advierte, a simple vista y sin que para ello se requiera ser perito en la materia, que no obra la firma original del promovente, sino que en la última hoja del escrito de demanda se insertó una imagen a color de una firma que dice corresponder a la del solicitante de amparo, lo que, de ninguna manera demuestra la voluntad del promovente de suscribir el citado escrito inicial. Máxime que tanto el oficial adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, como la adscrita a la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, asentaron que el escrito de demanda que se acuerda se presentó sin la firma autógrafa del promovente, a saber, en impresión a color; lo cual equivale a una ausencia total de voluntad por parte de quien supuestamente lo suscribe para instaurar el juicio de amparo, pues con la ausencia de la firma, esta carece de validez respecto a dicho promovente, por tanto, su acción se trata de un acto inexistente. Sobre el particular, es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis número VI.2o.115 K, visible en la página 790, Tomo VII, marzo de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "FIRMA FACSIMILAR. EL DOCUMENTO EN QUE SE CONTIENE CARECE DE VALIDEZ. De la definición proporcionada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, del vocablo firma, consistente en: "El nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena para darle autenticidad o para obligarle a lo que en él se dice.", se concluye que el documento en que aparece una firma facsimilar carece de validez, habida cuenta de que ésta consiste en una imitación o reproducción de la firma autógrafa, por lo que en esa hipótesis no es posible atribuir la autoría de tal documento a la persona cuya firma en facsímil fue estampada, pues es evidente que el sello en que se contiene pudo inclusive asentarse sin su consentimiento." Por ende, ningún efecto puede producir la gestión respectiva carente de firma, pues, como ya se expuso, ésta constituye el signo personal característico de cada individuo que lo distingue, incluso, identifica, en cierto modo y es un requisito indispensable para conferir a cualquier promoción la calidad de genuina y por ende darle el curso legal. En consecuencia, si en el caso que nos ocupa, el escrito en el que se hace valer la acción constitucional la firma de la parte promovente, obra en impresión a color, sin firma en original, no se acredita la manifestación de voluntad de quien pretendió suscribirlo, por lo que es evidente que no es posible atribuir la autoría de tal documento a Diego Alberto Flores Mollinedo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315, tomo X, octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." También es orientador el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 241, tomo I, Segunda Parte-1, enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia". En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Diego Alberto Flores Mollinedo, por propio derecho. NOTIFICACIÓN Ahora, toda vez que no se puede tomar en consideración el contenido del escrito de demanda por carecer de la expresión de la voluntad; en consecuencia, notifíquese por única ocasión en el domicilio contenido en el escrito presentado. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes.....
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