Diego Abraham Leal Corral
Expediente 831/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diego Abraham Leal Corral
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, así como representante legal de la persona moral denominada "********************", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, en su carácter de propietaria del predio rustico denominado "********************"; contra actos que atribuyen al Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y otras autoridades, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ********************/2023. INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Lo anterior es así, dado que la competencia constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables las siguientes: Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Fiscal Especial en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, residente en Pátzcuaro, Michoacán. Director de Carpetas de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, residente en Pátzcuaro. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Pátzcuaro. Director de Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna de la Fiscalía General de Justicia del Estado, residente en Pátzcuaro, Michoacán. Y como actos reclamados: La orden de comparecencia dictada en la carpeta de investigación ********************, número de caso ********************. La orden de detención dictada en la carpeta de investigación ********************, número de caso ********************. La orden de aseguramiento respecto del predio rústico denominado "********************", identificado como fracción tres, número de predio 004952, ubicado en el Municipio de Tacámbaro, Michoacán, sus efectos y consecuencias jurídicas, dictado en la carpeta de investigación ********************, número de caso ********************. La ejecución de dichos actos. Es decir, en el caso, fueron señaladas autoridades responsables con residencia en Morelia y Pátzcuaro, Michoacán, y como actos reclamados, las ordenes de comparecencia y detención, y el aseguramiento, emitidos y derivados, de la carpeta de investigación ********************, número de caso ********************, al parecer, del índice de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio ambiente y la Fauna, con sede en Pátzcuaro, Michoacán. Ante lo expuesto, este Juzgado advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, de los preceptos legales citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De igual manera, en relación a la primera regla, al Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la ejecutoria que resolvió contradicción de tesis 571/2012, precisó que de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de comparecencia, detención, así como el aseguramiento de un bien inmueble requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, sí en la demanda de amparo la parte quejosa señaló que su domicilio se ubica en Morelia, Michoacán; y que fue en el predio rústico denominado "********************", ubicado en el Municipio de Tacámbaro, Michoacán, donde fue dejado el citatorio dirigido "al propietario o poseedor del predio rústico", propiedad de la empresa de la que el quejoso es representante legal, y que señalan como reclamado, y en el cual se les requiere para que comparezcan ante el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna de la Fiscalía General del Estado, con sede en Pátzcuaro, Michoacán, a fin de que proporcionen documentos que acrediten la propiedad y/o legitima posesión que tienen sobre el citado inmueble, y manifiesten su voluntad sobre la autorización o en su defecto negativa para permitir el acceso al predio referido mediante entrevista que se levante al respecto; es inconcuso que los actos reclamados consistentes en las ordenes de comparecencia, detención, así como el aseguramiento de un bien inmueble dictadas en contra de la parte quejosa, tendrán ejecución en alguna de las localidades enunciadas -Pátzcuaro, Morelia o Tacámbaro- Es así, en virtud a que, de acuerdo a las directrices que precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la referida ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 571/2022 para poder fijar la competencia del órgano que tendrá que conocer de juicio de amparo; cumple con cada una de ellas, debido a que se reitera, la parte quejosa señaló que tiene su domicilio particular en Morelia, Michoacán, y atribuyó tanto las ordenes de comparecencia, detención, así como el aseguramiento de un bien inmueble y su ejecución, a autoridades con residencia en Pátzcuaro y Morelia. Por tanto, el Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, es el legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, pues es el que tiene jurisdicción en el lugar donde se afirma se ejecutará el acto reclamado, y las consecuencias jurídicas que combate la parte quejosa en esta vía, tal como lo dispone el artículo 37 de la ley de la materia, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el acuerdo de 28/2016 por el que se modificó. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, remítase el original de la demanda de amparo y las copias correspondientes al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para que la turne al Juez de Distrito que por cuestión de turno corresponda, de conformidad con el artículo 38 y 48 de la Ley de Amparo, en concordancia con el 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales consiguientes, al que se solicita, de no existir inconveniente legal alguno, informe a este Tribunal el acuerdo que recaiga sobre la incompetencia planteada. Por otra parte, y no obstante la incompetencia legal para conocer del presente asunto, este tribunal estima que en el presente caso, no es necesario pronunciarse respecto a la suspensión del acto reclamado, toda vez que en la especie no se está en presencia de la hipótesis prevista por el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 de la legislación antes invocada. AUTORIZADOS Se tiene como autorizado a ********************, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la licenciatura de derecho, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a Antonio Neri Lemus y Juan Alberto Alfaro Velázquez, para los mismos efectos, por así haberlo solicitado expresamente. COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario y/o Actuaria de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Transparencia y acceso a la información De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Háganse las anotaciones en el libro de control (electrónico) del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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