Diego Abel Robledo Doñate

Expediente 817/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
817/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
06/10/2016

Partes del expediente

  • Diego Abel Robledo Doñate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el que sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído queda firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracciones II, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. En la inteligencia de que contará con noventa días, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, a efecto de que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger la memoria USB que exhibió como prueba de su intención en su demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la destrucción de la misma junto con el expediente en que se actúa, ello en atención al punto vigésimo, último párrafo, del acuerdo antes mencionado. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Incidental

    ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR LA PARTE QUEJOSA...

  3. Principal

    Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, toda vez que el diecinueve de septiembre del presente año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por la Encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región en el Estado con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del audio y video de la audiencia de doce de septiembre del año en curso, en la que se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso **********, dentro de la causa penal 1P0616-538 de su estadística, y se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. Ahora bien, de la reproducción del disco compacto se advierte que en el presente asunto sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando es promovido en contra de un acto que emana de un procedimiento judicial o de un procedimiento seguido en forma de juicio, y con posterioridad se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en la que se encontraba el acto que atacó el quejoso en primer término y, que por ello, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de este último, sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso señaló como acto reclamado: "4.1. La ilegal privación de mi libertad, fuera de procedimiento.- Acto que en términos de lo dispuesto por el artículo 22 del Pacto Federal, constituye uno de los prohibidos, que tiene como consecuencia que al ser demanda, de pleno, cese el mismo y en lógica consecuencia, recobre mi inmediata libertad. Acto que le atribuyo a la Responsable Ordenadora. 4.2. Por necesidad la ejecución de tal acto de molestia, atribuible de igual forma a la Responsable Ejecutoria, previamente definida en el punto 3.2. de la presente demanda." Asimismo, de la reproducción del disco compacto, el cual adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, consultable en la página 703, bajo el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL"; se desprende que: El doce de septiembre de dos mil dieciséis, en la audiencia de formulación de imputación se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso dentro de la causa penal 1P0616-538, del índice del Juzgado Único de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad, por la comisión del hecho que la Ley señala como delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 213, en relación con el artículo 11, fracción XII, 13 y 20 en su primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de **********, y se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. En ese sentido, cabe establecer que el nuevo sistema de procedimiento penal se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates), en la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación; por tanto, una vez realizada dicha imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de control) tiene obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculándolo en su caso a proceso). Ahora bien, con el dictado de vinculación a proceso se provoca un cambio de situación jurídica que tenía el quejoso, pues dicho auto tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el aquí quejoso, pues si el acto reclamado consiste en la privación de su libertad fuera de procedimiento, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dictó el mencionado auto de vinculación, en el que también determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa del aquí quejoso, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

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