Didier Terrein Rocatti

Expediente 2/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • Didier Terrein Rocatti

Actuaciones

  1. Principal

    glósese a los autos el oficio de mérito, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite el testimonio de la ejecutoria emitida por dicho órgano colegiado en sesión de nueve de febrero del año en curso, en el expediente 17/2018 de su índice, relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja a que este toca se contrae, interpuesto ----, por propio derecho, en contra del auto de tres de enero de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y juicios Federales en el Estado de México, dentro del juicio de amparo indirecto 2/2018." Hágase del conocimiento dicha terminación a la parte quejosa, acúsese recibo de estilo a la Superioridad, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), y archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    Toluca, México; a dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual comunica la determinación de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo directo 486/2017, de su índice, en la que se le informa que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de reclamación interpuesto en dicho asunto y lo registró con el número 1928/2017; asimismo, ordenó turnarlo para su estudio a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante de la Primera Sala. De lo anterior, se tiene conocimiento para los efectos legales conducentes y se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento, pues mediante acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecisiete (foja 25), se ordenó el archivo del presente asunto, en virtud de que el Tribunal Colegiado de Circuito oficiante aceptó la competencia declinada por este órgano de control constitucional el veintiuno de junio de ese año (fojas 11 a 15). Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Liliana Lozano Mendoza, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por vacaciones del titular, en términos de lo previsto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, México; once de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta por el cual la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, en atención al proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (foja 83 a la 85), acusa recibo de las constancias que se le devolvieron. Atento a lo anterior, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, teniendo por cumplimentado el requerimiento inserto en el auto de mérito, dejando insubsistente el apercibimiento con que fuera conminado. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; quien actúa con la Secretaria Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de enero de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por Didier Terrein Roccatti, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México y otras autoridades; fórmese cuaderno respectivo y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito como juicio de amparo 2/2018. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que los actos materia de este asunto, esencialmente se hacen consistir en: a) Del Juez y Notificador adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, el auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en el exhorto 455/2017, en el que ordena realizar el emplazamiento de la parte quejosa al expediente 1517/2015, del índice del Juez Quinto de Distrito de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Nuevo León, Monterrey y, la diligencia de emplazamiento de diez de noviembre de dos mil diecisiete. b) Del Juez Quinto de Distrito de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Nuevo León, Monterrey, los autos de uno de octubre de dos mil quince y cuatro de julio de dos mil diecisiete, mediante los cuales ordenó el emplazamiento del quejoso al expediente 1517/2015 de su índice. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que los actos reclamados versan esencialmente en la orden de emplazamiento del quejoso al juicio de origen y su ejecución, lo cual no le causa una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, los actos reclamados consistente en: a) Del Juez y Notificador adscritos al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México, el auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, emitido en el exhorto 455/2017, en el que ordena realizar el emplazamiento de la parte quejosa al expediente 1517/2015, del índice del Juez Quinto de Distrito de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Nuevo León, Monterrey y, la diligencia de emplazamiento de diez de noviembre de dos mil diecisiete; b) Del Juez Quinto de Distrito de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Nuevo León, Monterrey, los autos de uno de octubre de dos mil quince y cuatro de julio de dos mil diecisiete, mediante los cuales ordenó el emplazamiento del quejoso al expediente 1517/2015 de su índice; no se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener una sentencia favorable, en el juicio de origen, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que dirima en definitiva la controversia de origen; ello conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga una sentencia favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, la orden de emplazamiento del quejoso al expediente 1517/2015, del índice del Juez Quinto de Distrito de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Nuevo León, Monterrey, y su ejecución. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la orden de emplazamiento del quejoso al expediente 1517/2015, del índice del Juez Quinto de Distrito de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Nuevo León, Monterrey, su ejecución, y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable en lo conducente la tesis XX.69 K, publicada en la página 346, Tomo III, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 1996, Novena Época, Materia Común, con número de registro 202600, que establece: "AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO AL CODEMANDADO. ES IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL. Si el acto reclamado se hace consistir en el auto emitido por la Sala Civil responsable en donde se ordena que se emplace de nueva cuenta al codemandado, la demanda de amparo indirecto resulta notoriamente improcedente, en razón de que se trata de una actuación judicial que no causa al quejoso un perjuicio de imposible reparación, ya que sólo afecta las formalidades esenciales del procedimiento, traduciéndose en una violación a los derechos adjetivos de éste y que puede ser reclamado en amparo directo cuando se impugne la sentencia definitiva y trascienda a su resultado." De igual forma, es aplicable en lo conducente la tesis P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sin que pase inadvertido para este Juzgador el hecho de que contra la diligencia de emplazamiento de diez de noviembre de dos mil diecisiete, pudiera proceder un recurso ordinario de defensa, a saber, el incidente de nulidad previsto en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, así como en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues se desconoce en términos de qué preceptos se realizó la aludida diligencia, sin embargo, subsiste la causa de improcedencia en los términos analizados, pues aun agotando el aludido recurso ordinario la diligencia reclamada constituye una violación procesal en los términos expuestos. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Didier Terrein Roccatti, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México y otras autoridades, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo López Lara, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así de la restante persona señalada en la demanda de cuenta; por ende, se le tiene como autorizada en términos restringidos del artículo en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, ello por no contar con registro en dicho sistema. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, toda vez que en la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el boletín no está contemplados como domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la ley de la materia, lo cierto es que el impetrante de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, quien da fe. Doy fe.

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