Didier Jesus Sosa Aguilar
Expediente 1799/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1799/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Didier Jesus Sosa Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. INCIDENTE ORIGINAL. Es conservable conforme el artículo 17, fracción III, inciso b), toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO Y DVD. Toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado un legajo de constancias certificadas y un disco en formato en DVD, remitidas por la autoridad responsable junto con su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibieron dichas constancias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con quince minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. (...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1799/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por Didier Jesús Sosa Aguilar, contra actos de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El once de agosto de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por Didier Jesús Sosa Aguilar, contra actos de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida, consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la carpeta administrativa 102/2023. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo (...) OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados En este considerando se realizará el análisis de los conceptos de violación expuestos en la demanda, por lo cual es innecesaria su trascripción; simultáneamente, en caso de existir alguna violación que no se haya hecho valer en esos conceptos, pero se haya actualizado será abordada en suplencia de la queja deficiente, como lo prevé el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora, en el caos se reclama la resolución de vincular a proceso al quejoso dictada dentro de la audiencia inicial. Pues bien, la fuente Constitucional del auto de vinculación a proceso es el artículo 19, primer párrafo, del cual se advierte que para su dictado se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de forma se circunscriben a que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. Por otro lado, los requisitos de fondo son: a) Que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y, b) Que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Concordante con lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 316 y 318, establece los elementos legales básicos que deberá contener el auto de vinculación a proceso. Acorde con lo reseñado, para su emisión deben reunirse los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se precise el delito que se imputa y se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución. IV. Que se dicte dentro de las setenta y dos horas siguientes, a partir que el imputado sea puesto a disposición del juez de control, únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el Juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, pero sin la valoración de aquellos. V. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. VI. Que no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Los requisitos anteriores se robustecen, con los principios de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el diverso artículo 16 de la Constitución Federal, que de manera imperativa dispone, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución, de citar los preceptos legales en que se funde para ello, y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o inmediatas que haya tenido en consideración, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El citado derecho constitucional de fundamentación y motivación, si bien resulta ser técnicamente un requisito formal que la resolución combatida debe cumplir, de igual forma tiene que ver directamente con los aspectos sustanciales del mismo, pues los fundamentos y motivos que el Juez de Control plasme en su resolución, constituyen la base en que descansa la acreditación de los elementos de fondo que exige el artículo 19 Constitucional vigente, atinentes al establecimiento de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además, conforme a la confección del sistema penal actual, para acreditar existencia de datos que acrediten el hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, únicamente se requiere que los datos de prueba establezcan que el hecho atribuido al imputado, sea señalado por la ley como delito, y que, sean suficientes y eficaces para que, en un ejercicio de ponderación realizado por el juzgador del conocimiento, bajo las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, le permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció ese hecho, y que el imputado probablemente lo cometió o participó en su comisión. Reflexiones que dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Expuesto el parámetro de análisis, enseguida se verificará si el acto reclamado se ajustó o no, a las exigencias para su emisión, a la vez, en el apartado relativo se estudiarán los conceptos de violación. Primer requisito (formulación de imputación). En la audiencia de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, el Fiscal formuló imputación al quejoso, por su probable participación en hechos con apariencia del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en los artículos 220 y 221 del Código Penal del Estado de Yucatán, cometido en agravio de Ashley de los Ángeles Sosa Campos. Los hechos imputados consistieron en que sin causa justificada, Didier Jesús Sosa Aguilar faltó a su obligación de otorgar alimentos a Ashley de los Ángeles Sosa Campos, desde el año dos mil cinco y hasta septiembre de dos mil veintidós, ello a pesar de que existe un procedimiento judicial en el que se determinó el monto de la pensión; sin embargo, durante ese periodo el imputado sólo ha realizados pagos parciales, incompletos e intermitentes. Igualmente, la representación social informó que la persona que depone en su contra es Ashley de los Ángeles Sosa Campos. En cuanto a la participación, la Jueza ubicó al imputado como autor material y directo, en términos del artículo 15, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán. En esos términos, el primer requisito que prevé el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación proceso, quedó colmado. Segundo requisito (oportunidad de declarar). Según se obtiene del registro del audio y video de la audiencia inicial, previa consulta con su defensa particular, el impetrante se reservó el derecho a declarar. Tercer requisito (precisión del tipo penal y lugar, el tiempo y las circunstancias de su ejecución). En la resolución de vinculación a proceso, la Jueza de control precisó el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución, en que se cometió el descrito por la ley como incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. En efecto, respecto al lugar, se desprende que los hechos ocurrieron en la esta ciudad de Mérida, Yucatán. En cuanto al tiempo, la Juzgadora destacó que sucedieron aproximadamente en el periodo del año dos mil cinco y hasta septiembre de dos mil veintidós. Respecto a la forma de ejecución, sustancialmente, la Jueza responsable expuso que Didier Jesús Sosa Aguilar, es padre de Ashley de los Ángeles Sosa Campos; con motivo del procedimiento de jurisdicción voluntaria del cual conoció el Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, en el expediente 4050/2005, el dos de agosto de dos mil cinco, se condenó Didier Jesús Sosa Aguilar, a pagar a mil pesos ($1,000.00) mensuales por concepto de alimentos a favor de su hija, en ese entonces, menor de edad Ashley de los Ángeles Sosa Campos, la cual sería depositada en el Fondo Auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y que aumentaría conforme lo hiciera el salario mínimo general vigente. Sin embargo, sin causa justificada, Didier Jesús Sosa Aguilar sólo realizó pagos parciales, incompletos e intermitentes, pues durante ese periodo algunas ocasiones depositó mensualmente cuatrocientos y quinientos pesos, dejando de cumplir con sus deberes de suministrar los recursos necesarios a su descendiente. Cuarto requisito. La Jueza de Control dictó el auto de vinculación en la propia audiencia inicial, con base en los hechos descritos en la imputación, los cuales consideró que corresponden a la descripción legal del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en los artículos 220 y 221 del Código Penal del Estado de Yucatán. Así, se advierte que la Jueza dictó la vinculación a proceso dentro del plazo constitucional, únicamente por hechos que fueron motivo de la imputación, sin variar su contenido. Quinto requisito (datos de prueba). Al resolver sobre la vinculación a proceso, la Jueza de Control valoró conjuntamente los datos de prueba y concluyó que Didier Jesús Sosa Aguilar, probablemente ejecutó los hechos que la ley señala como incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en los artículos 220 y 221 del Código Penal del Estado de Yucatán. Lo anterior, porque los datos de prueba invocados por la Fiscalía fueron compatibles con los indicios razonables que permitieron tener por justificados los requisitos que exige el artículo 316, fracción III, y 19 Constitucional, ya que en ese momento, dado el estado procesal en el que se encontraba el procedimiento de origen, únicamente se refieren datos de prueba, los cuales de manera razonable, analizados bajo los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, permitieron advertir que existieron indicios que permiten justificar un hecho que está previsto en el Código Penal del Estado en vigor, sin que para ello se requiera prueba plena para la acreditación de los elementos del tipo penal. Así, con base en ese estándar probatorio, la Jueza de Control examinó los datos de prueba invocados por la fiscalía, considerándolos útiles, suficientes y pertinentes para que de manera objetiva se permita advertir que el aquí quejoso dejó de suministrar a *****, los alimentos necesarios para su subsistencia a pesar de que existe un procedimiento judicial en el que determinó su monto. Lo anterior, porque los datos de prueba demostraron la existencia de la obligación de ministrar alimentos a cargo del quejoso, determinada en un procedimiento familiar, la cual no ha cumplido a cabalidad, ya que desde el año dos mil cinco hasta septiembre de dos mil veintidós, sin causa justificada, ha realizado pagos parciales, incompletos e intermitentes, incluso dejando de cumplir con su obligación durante periodos de tiempo. Además, existen datos de prueba que justifican que la víctima refirió que ha tenido que sufragar sus gastos con apoyo de sus familiares y becas estudiantiles, que aun cuando actualmente, es mayor de edad, continúa requiriendo de los alimentos pues cursa sus estudios universitarios. Además, desestimó los argumentos de la defensa. En primer lugar, respecto a la supuesta modificación de la pensión pactada el veintinueve de junio de dos mil once entre el quejoso y ******; la Jueza de Control dijo que el dato de prueba incorporado por la defensa resultó ineficaz, para desvirtuar lo expuesto por la fiscalía. Ello, porque no existe pronunciamiento de la Jueza Familiar, incluso en dos mil auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Familiar determinó que **** debe la suma total de doscientos veintidós mil doscientos cuarenta y seis pesos 36/100, por concepto de alimentos, y que el monto actual de la pensión es de tres mil doscientos noventa y siete pesos con cuarenta y cuatro centavos ($3,297.44/100). Sobre esa base, la Jueza consideró que el dato de prueba no demostró el cambio del monto de la pensión. Corolario, la Jueza de Control estimó que al no existir pronunciamiento por parte de la autoridad judicial sobre la supuesta modificación a la pensión, el acuse de recibo que firmó **** en el que indicó que recibió quinientos pesos, carece de eficacia jurídica. Igualmente, consideró que si bien existe el proceso familiar, ello no impide la integración de la carpeta de investigación, y la prosecución penal, ya que los fines del procedimiento son distintos. Además, no puede imponer una carga a la victima de agotar los medios que otorga la ley familiar para acudir a la sede penal, por ello, que existan bienes embargados el proceso familiar para garantizar los alimentos, no resulta relevante para determinar si una conducta penalmente reprochable. Así, con base en esos razonamientos, se advierte que la Jueza de Control cumplió con el quinto requisito para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Sexto requisito. En el caso, no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Estudio de los conceptos de violación. En la demanda de amparo, el quejoso alega lo siguiente: El quejoso que la vinculación a proceso trasgredió los artículos 14 y 16 de la Constitución, con base en los argumentos siguientes: Que la Jueza de Control no tomó en cuenta los datos de prueba que ofreció, los cuales probaron que no adeuda la pensión alimenticia desde el años mil cinco a dos mil once y la reducción de la pensión, lo que impacta en el monto de la reparación del daño que solicitó la fiscalía, y por ello, existe una variación en el monto de los alimentos que modifica el hecho por el que fue imputado. No debió vincularse a proceso, ya que el derecho penal es la ultima ratio, y actualmente en el proceso familiar se ha gravado un predio con el cual la víctima puede garantizar los alimentos adeudados; sin embargo, no ha intentado ejecutar con los medios legales para lograr el pago de lo adeudado. Apreciados en su conjunto por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados los conceptos de violación. A fin de exponer lo anterior, es necesario desarrollar el concepto jurídico de alimentos que desarrolla el derecho de familia, para luego determinar su connotación en materia penal. En Yucatán el concepto de alimentos se encuentra previsto en el Código de Familia del Estado de Yucatán, que establece lo siguiente: "Derecho a los alimentos Artículo 23. El derecho a los alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco. Este derecho también deriva del matrimonio o del concubinato, en los casos previstos por la ley. Definición de alimentos Artículo 24. Los alimentos comprenden: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento; III. En su caso, los gastos de funerales; IV. Respecto de niñas, niños y adolescentes incluyen los gastos necesarios para la educación básica y, en su caso, para que aprendan algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales; V. En su caso, lo necesario para procurar la habilitación o rehabilitación y desarrollo de personas con capacidades especiales que requieren de un proceso de aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades o bien, que hayan sido declarados en estado de interdicción por padecer algún trastorno mental o por ser sordomudos que no sepan leer ni escribir, y VI. Tratándose de los adultos mayores que carecen de recursos económicos, además, de lo necesario para su atención geriátrica. Derecho alimentario preferente Artículo 25. Los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor alimentario, respecto de otra calidad de acreedores de éste. Obligación recíproca de proporcionar alimentos Artículo 26. La obligación de proporcionar alimentos es recíproca, por tanto, el que los proporciona tiene a su vez el derecho de recibirlos. Alimentos derivados del matrimonio o concubinato Artículo 27. La obligación de proporcionarse alimentos entre las personas unidas en matrimonio o concubinato, subsiste mientras exista la unión entre ellas. En los casos de disolución de matrimonio o ruptura del concubinato la obligación a que se refiere el párrafo anterior queda subsistente, cuando así lo establece este Código. Obligación de los progenitores a proporcionar alimentos Artículo 28. Los progenitores están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos o hijas. A falta o por imposibilidad económica de los progenitores, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. La obligación de quienes ejercen la patria potestad de proporcionar alimentos a sus hijos o hijas que ya alcanzaron la mayoría de edad, se prorroga por el tiempo necesario para concluir una carrera técnica o profesional. Deber de proporcionar alimentos a sus progenitores Artículo 29. Los hijos o hijas, están obligados a proporcionar alimentos a sus progenitores. A falta o por imposibilidad económica de éstos, lo están los descendientes más próximos en grado. Presunción de la necesidad de recibir alimentos Artículo 30. Las niñas, niños y adolescentes, la mujer embarazada, las personas con alguna discapacidad, las personas declaradas en estado de interdicción y el cónyuge, concubina o concubinario que se dedique exclusivamente al trabajo en el hogar o al cuidado de los hijos o hijas, gozan de la presunción de necesitar alimentos. Imposibilidad de proporcionar alimentos Artículo 31. A falta o por imposibilidad económica de los ascendientes o descendientes para proporcionar alimentos, la obligación recae conjuntamente en los hermanos de padre y madre; a falta de éstos, en los que fueran de padre o madre solamente. A falta de los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del tercer grado. Límite para proporcionar alimentos Artículo 32. Los parientes a que se refiere el artículo anterior, tienen obligación de proporcionar alimentos a las niñas, niños y adolescentes mientras éstas llegan a la edad de dieciocho años y en todo momento, a las personas incapaces que requieran de un proceso de aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades o bien, que hayan sido declarados en estado de interdicción por padecer algún trastorno mental o por ser sordomudos que no sepan leer ni escribir. Cumplimiento de la obligación alimentaria Artículo 33. El obligado a proporcionar alimentos cumple esta obligación asignando una pensión al acreedor alimentario, o incorporándolo a su familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos. Obstáculos para la incorporación a la familia del deudor alimentario Artículo 34. El deudor alimentario no podrá pedir que se incorpore a su familia al que debe recibir alimentos, cuando se trate de una persona que haya sido su cónyuge o de un hijo o hija en custodia. El juez no debe acceder a la petición de incorporación a la que alude el párrafo anterior, si existe un inconveniente legal para ello. En ese caso, determinará en atención al interés superior de quien pudiera o no ser incorporado a la familia del deudor alimentario. Proporcionalidad de los alimentos Artículo 35. Los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo con la posibilidad económica del que debe otorgarlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. Cambios en la pensión alimenticia Artículo 36. Una vez fijada la pensión alimenticia por el juez, ésta debe ser aumentada conforme incremente el salario mínimo general vigente en el lugar en donde se ubique el domicilio del deudor alimentario y en el mismo porcentaje en que hubiere incrementado el salario del deudor, salvo que éste demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción y, en este caso, el incremento de la pensión se ajustará al incremento real de los ingresos del deudor. El deudor alimentario, al cambiar de empleo, deberá informar al juez y al acreedor alimentario dentro de los diez días siguientes al cambio, acerca de la denominación o razón social de su nuevo trabajo, la ubicación de éste, el puesto o cargo que desempeñe y el monto del salario que percibe, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia decretada para no incurrir en alguna responsabilidad. En todo caso el juez puede recabar oficiosamente los elementos de prueba que le permitan establecer o confirmar la capacidad económica del deudor alimentario. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Falta de comprobación en los ingresos del deudor alimentario Artículo 37. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez debe fijar que la pensión alimenticia se proporcione con base en la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor alimentario y sus acreedores alimentarios, hayan llevado habitualmente durante los últimos dos años. Diversos deudores alimentarios Artículo 38. Si son varios los que deben proporcionar alimentos y todos tienen posibilidad para hacerlo, el juez debe repartir el importe entre ellos, en proporción a su capacidad económica. Si sólo algunos tienen la posibilidad para hacerse cargo de la obligación, entre ellos se debe repartir el importe de la pensión alimenticia. Si uno sólo tiene la posibilidad, únicamente él debe cumplir la obligación. Límite de la obligación de proporcionar alimentos Artículo 39. La obligación de proporcionar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos o hijas, para que ejerzan el oficio, arte o profesión a que hayan de dedicarse." Deriva de lo anterior que, es el deber moral de solidaridad entre los miembros del grupo familiar el que brinda fundamento a la obligación legal del deber de asistencia, y que este deber, que es autónomo e independiente, tiene correlativo un derecho que no puede ser objeto de transacción; que es irrenunciable, intransmisible y preferente; que no es compensable y que no se extingue por el hecho de que la prestación sea satisfecha, lo que obedece a la intención de garantizar la subsistencia del acreedor. En el caso de la legislación yucateca los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto; las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento. Respecto de niñas, niños y adolescentes incluyen los gastos necesarios para la educación básica y, en su caso, para que aprendan algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. En su caso, lo necesario para procurar la habilitación o rehabilitación y desarrollo de personas con capacidades especiales que requieren de un proceso de aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades o bien, que hayan sido declarados en estado de interdicción por padecer algún trastorno mental o por ser sordomudos que no sepan leer ni escribir. Refiere que los progenitores están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos o hijas, de acuerdo con la posibilidad económica del que debe otorgarlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. Al respecto, cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez debe fijar que la pensión alimenticia se proporcione con base en la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor alimentario y sus acreedores alimentarios, hayan llevado habitualmente durante los últimos dos años. Acorde a lo anterior, un elemento indispensable para determinar los alimentos es la condición socioeconómica de los deudores y acreedores, para que se fijen de acuerdo con las posibilidades de quien debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. En ese sentido, el contexto socioeconómico no puede ignorarse en materia de alimentos, pues su contenido se extiende más allá de los medios de subsistencia, entendidos como los elementos indispensables para vivir. Ciertamente, el concepto jurídico de alimentos denota no sólo lo indispensable para vivir, sino todo lo que sirve para cubrir requerimientos de la vida según la condición económica y social de una persona, pues desde su concepción jurídica los alimentos no sólo abarcan el poder para cubrir las necesidades vitales, sino el solventar una vida decorosa y suficiente para desenvolverse dentro del entorno social en que viven el deudor y el acreedor. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS). De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." Una vez matizado el concepto de alimentos que regula el derecho de familia, corresponde el análisis de figura penal que protege el derecho de alimentos, como un bien jurídico relevante. Los artículos 220 y 221 del Código Penal del Estado de Yucatán vigente, prevén el hecho que la ley describe como incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar consiste en que el agente activo deje de cumplir con su obligación de asistencia para con sus ascendientes, hijos o cónyuge; que ese incumplimiento sea sin motivo justificado para ello; y, que en virtud de esa conducta los acreedores queden sin los recursos necesarios para atender sus necesidades de subsistencia. Los sujetos que intervienen en el ilícito, que son por un lado, el progenitor, el cónyuge, el hijo, el hermano (pudiendo abarcar mayores grados de parentesco) sujetos activos de este tipo penal, al estar obligados a otorgar las prestaciones económicas establecidas mediante determinación o aprobación judicial concreta; y, por otro lado, los hijos, cónyuges, ex-cónyuges, cocubina(rios), ex- cocubina(rios), padres y hermanos, que son los sujetos pasivos. La justificación del delito de que se trata, lo constituye la necesidad de que a través del tipo penal se proteja un bien jurídico concreto de particular relevancia, que es la subsistencia de quienes la ley considera que se encuentran en una posición vulnerable y que por ello no se bastan a sí mismos. El tipo penal parte de la obligación de suministrar los recursos para atender a las necesidades de subsistencia de otro, a lo que se suma un ingrediente objetivo que se concretiza en una omisión consistente en no realizar la acción esperada y exigida por la ley; esto es, no suministrar los recursos para atender las necesidades de subsistencia respecto de las personas con quienes se tenga ese deber legal; y, del mismo modo, la conducta descrita queda siempre condicionada a que no exista motivo justificado para el incumplimiento de la obligación. Así, se establece una sanción penal para quienes omiten cumplir las obligaciones que la ley civil les impone de atender a las necesidades de subsistencia de alguien más, y el comportamiento reprochable lo constituye el abandono injustificado de tal deber, entendido el concepto abandono en un aspecto material, como la privación a otro de los medios de subsistencia. Entonces, lo que importa en la integración del tipo penal es la abstención del sujeto activo de cumplir la obligación que una autoridad judicial determinó a su cargo, de suministrar a alguien más, esos medios necesarios para subsistir. En esa directriz, para la configuración del tipo penal de que se trata hace necesaria la remisión a las disposiciones del ordenamiento civil regulador del Derecho de Familia, pues es la que determina cuáles son los sujetos que intervienen en el ilícito. Además, el injusto de que se trata se ubica en la categoría de los delitos de peligro, que son aquéllos que para su consumación exigen la existencia de un status potencial de peligro aunque no requieren de un resultado material; es decir, para que se actualice el delito no es necesario que la víctima quedé en estado de insolvencia o completo desamparo, baste el riesgo de llegar a este punto para que se actualice el hecho penalmente relevante. En ese sentido, para la actualización de la figura delictiva en análisis basta el abandono u omisión injustificados del activo de proveer de recursos a quien debe hacerlo, poniéndolo en una situación de no seguir subsistiendo de acuerdo con su situación socioeconómica. En primer término, no asisten razón al quejoso que la Jueza no haya tomado en consideración los datos de prueba que aportó; sí los analizó y valoró, concluyendo que no eran suficientes para desvirtuar lo expuesto por la fiscalía. En efecto, a través de su defensa, en la audiencia de vinculación a proceso, el quejoso controvirtió los hechos materia de la imputación con base en que él y la madre de la víctima pactaron la disminución de la pensión desde el año dos mil once, y que ella le extendió un recibo en el que asentó que no adeudaba monto alguno. La Jueza desestimó esos argumentos, porque advirtió que no existió pronunciamiento del Juez Familiar sobre la disminución de la pensión, y destacó que en autos del juicio familiar existe el proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el que el Juez Familiar determinó que Didier Jesús Sosa Aguilar debe la suma total de doscientos veintidós mil doscientos cuarenta y seis pesos 36/100, por concepto de alimentos, y que, hasta ese momento, el monto actualizado era tres mil doscientos noventa y siete pesos con cuarenta y cuatro centavos ($3,297.44/100); consideración que es ajustada a derecho. Lo anterior, ya que una vez que una autoridad judicial determina el monto de la pensión en sede civil, el deudor alimentario no puede reducirla sin que exista pronunciamiento de la autoridad competente que autorice la reducción; ello es así, porque que previamente el Juez Civil constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor. En ese sentido, para que se configure este delito, basta con que la persona que tiene el deber de proporcionar a otro los medios de subsistencia, derivado de una sentencia o convenio judicial, deje de hacerlo sin causa justificada. Además, en el elemento "deber de proporcionar los alimentos" que se requiere para configurar este delito, previsto en el artículo 220 del Código Penal del Estado de Yucatán, subsiste aun cuando la víctima adquirió la mayoría de edad, pues continua continúan estudiando, y por lo tanto, esa obligación se mantiene de la ley civil de ministrar alimentos. Por otra parte, tampoco asiste razón al quejoso al afirmar que existe una variación en el monto de los alimentos que modifica el hecho por el que fue imputado. Ello es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 190/2019, en la que señaló que cuando la ley habla de "hecho delictivo", se refiere a la clasificación legal de los hechos al tenor de la figura típica prevista en el Código Penal respectivo; mientras que el vocablo "hecho" tiene relación con el elemento fáctico que dio origen a la imputación, en ese caso a la acusación, es decir, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló el evento delictivo. Dicho de otro modo, el "hecho" como elemento fáctico, aporta los datos necesarios para lograr su encuadramiento en una descripción típica. En el caso, el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, los artículos 220 y 221 del Código Penal del Estado de Yucatán vigente, prevén el hecho que la ley describe como delito consiste en que el agente activo deje de cumplir con su obligación de asistencia para con sus ascendientes, hijos o cónyuge; que ese incumplimiento sea sin motivo justificado para ello; y, que en virtud de esa conducta los acreedores queden sin los recursos necesarios para atender sus necesidades de subsistencia. Lo anterior, revela que el monto de los alimentos no forma parte del hecho penalmente relevante, de ahí que no asista razón al impetrante al señalar que la variación de la cuantía de los alimentos adeudados trasciende en el hecho, pues lo cierto es que, hasta este momento, la fiscalía logró demostrar que existe una determinación judicial en la que se fijó una pensión alimenticia a cargo del impetrante, pero éste sin causa justificada no la ha cumplido. Aparte de que los aspectos de la reparación del daño, son ajenos al hecho que la ley sanciona como delito, ya que forman parte de la pena, la cual en su caso, deberá terminarse hasta la fase de ejecución, o bien a través de una salida alterna. De igual forma, si bien el derecho penal es la última forma de intervención del Estado, está justificada su aplicación en el caso que se analiza, porque no existe dato de prueba que demuestre que el quejoso ha cumplido con la obligación de ministrar alimentos, por el contrario, hasta esta fase del procedimiento, la Fiscalía probó que no lo ha hecho, que se trata de una conducta reiterada, y de esta forma, la conducta del impetrante, dejó de ser un incumplimiento civil a una conducta penalmente reprochable. Ello con independencia de que en la víctima este en aptitud de lograr el cumplimiento del pago de alimentos en la vía civil, pues se trata de una vía autónoma a la penal, ya que la primera sí busca la satisfacción de los alimentos, mientras que la segunda, la penal, tiene como finalidad resarcir los daños ocasionados por la conducta delictiva, que pueden o no coincidir con el pago de los alimentos. Es aplicable por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 63/2023 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DERECHO HUMANO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. SU RECLAMO A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL ES DE NATURALEZA RESARCITORIA Y AUTÓNOMA A LA REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO PENAL [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2014 (10a.)]. Hechos: Una persona reclamó la declaración de responsabilidad civil y la reparación integral del daño derivado de un accidente en el que un hombre ocasionó la muerte del padre de familia, así como el cumplimiento del contrato de seguro del demandado. El Juez de Primera Instancia determinó la responsabilidad civil y condenó al hombre y a la aseguradora solidariamente al pago de una indemnización, de la que debía deducirse el monto cubierto en el acuerdo reparatorio que le puso fin a la causa penal respectiva a fin de lograr la reparación integral, lo que fue confirmado en la apelación. La aseguradora promovió juicio de amparo directo en contra de esta determinación, el cual fue concedido porque el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento estimó que la actora no contaba con legitimación para acudir a la vía civil al no haberse reservado este derecho en el acuerdo reparatorio. Inconforme, la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho a la reparación integral es un derecho humano irrenunciable que puede exigirse a través de la responsabilidad civil extracontractual, pues consiste en una figura esencial de naturaleza resarcitoria para todo aquel que ha resentido un hecho ilícito y constituye una acción autónoma de la reparación del daño derivada de un delito. Luego, la sanción penal de reparar el daño causado por la comisión de un delito y la responsabilidad civil derivada de la obligación de no dañar a otros son acciones diversas e independientes que, aunque pudieran contar con el mismo hecho ilícito generador, constituyen reclamos autónomos con distintas disposiciones aplicables y estándares de prueba. Por lo tanto, estas acciones pueden operar en conjunto hasta lograr la integralidad de la reparación posible para la parte agraviada, en el que el ejercicio de la acción y una eventual condena deben valorarse por sus propios méritos, lo que conlleva abandonar el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 43/2014 (10a.), de rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO." Justificación: El derecho a la reparación integral o a la justa indemnización, contenido en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha trascendido de un carácter sancionatorio a centrarse en el derecho humano de las víctimas al resarcimiento de las violaciones sufridas. Este derecho debe ser garantizado por el Estado, lo que implica su satisfacción incluso con medidas de diversa naturaleza de manera simultánea, pues un solo hecho ilícito puede tener un impacto multidimensional en diversos derechos humanos y por ende requerir de acciones complementarias para lograr una reparación integral. De esta forma, los efectos de la comisión de un hecho ilícito pueden persistir después de la culminación de un procedimiento penal, lo que justificaría la adjudicación de la responsabilidad civil extracontractual derivada de la generación de un daño y evidencia la autonomía de esta acción." En esa virtud, ante lo infundado del concepto de violación, sin que se advierta motivo alguno que suplir en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional solicitada contra por Didier Jesús Sosa Aguilar, contra actos de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida, consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la carpeta administrativa 102/2023. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra actos de la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en Mérida, consistentes en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la carpeta administrativa 102/2023, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Y como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio y cuando las labores de este juzgado lo permitan. Por otro lado, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su informe copia certificada de la carpeta administrativa ******************** de su índice, constante de sesenta y tres fojas, fórmese UN LEGAJO. Asimismo, toda vez que también remitió un disco en formato DVD, manténgase el mismo BAJO RESGUARDO en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Sin que dicho legajo y DVD se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Asimismo, en cuanto al disco versátil digital es aplicable la tesis de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercera interesada********************mediante el cual comparece al presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al presente juicio. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************, toda vez que los nombrados acreditaron el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, ténganse por señalados los números telefónicos y correos electrónicos que menciona, con el fin de entablar comunicaciones no procesales en el presente asunto. NOTIFÍQUESE.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · 2,237 expedientes
- Diana Lucia Garza Valdes1354/2023
- Diana Marleny Golib Melken1026/2023
- Diana Mercedes Carrillo Can1401/2023
- Diddier Orlando Espinosa Sanguino1472/2023
- Didier Aarón Tzakum Canché1469/2023
- DIDIER COVIAN CIME y Otros.2013/2023
- Didier Jose Escalante Vega835/2023
- Diego Alberto Almeida Martinez1759/2023
- DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN y Otros.1366/2023
- Diego Alberto Lugo Interian1386/2023
- Diego Carmona Moreno Bello727/2023
- Diego Emiliano Camelo Castellanos628/2023