Dicnora Nolasco Escamirosa

Expediente 653/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
653/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
10/02/2022

Partes del expediente

  • Dicnora Nolasco Escamirosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal solicitados por. para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente. Concesión de amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución, atribuido a la autoridad responsable denominada 2. Director del Centro de Reinserción Social "Amatlán", con sede en congregación La Toma, del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, respecto de Dicnora Nolasco Escamirosa. En acato a lo anterior, mediante oficio 1663/2021-II de diez de diciembre de dos mil veintiuno. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Distrito Judicial de Córdoba, remitió un disco de audio y video relativo al proceso penal 244/2020; mientras que la Enlace Jurídico encargada del despacho por ausencia del Director del Centro de Reinserción Social "Amatlán", ambos con residencia en la congregación La Toma Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, remitió el diverso número. de tres del citado mes y año; con los que consideraron dar cumplimiento al fallo protector; por lo que el quince de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que únicamente los quejosos José Manuel Leal Barrera y José Luis Contreras Sánchez, por conducto de sus autorizadas en términos amplios, desahogaron la vista concedida en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del disco de videograbación remitido por la autoridad responsable, licenciado Manuel Galeana Morales, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Distrito Judicial de Córdoba, con residencia en la congregación de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte, en lo que trasciende, que en audiencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, emitida en el proceso penal 244/2020, mediante la cual dictó auto de vinculación a proceso en contra de. por la comisión del hecho que la ley señala como secuestro agravado. En esa misma data, repuso el procedimiento desde el inicio de la continuación de la audiencia celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, dejando subsistente la audiencia inicial de diecinueve de noviembre de ese año, en la cual la Fiscalía realizó la imputación, la defensa agotó el derecho de precisión de la imputación, el Fiscal formuló la solicitud de vinculación y la defensa optó por el derecho de solicitar la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica. Asimismo, otorgó a los imputados el plazo restante para preparar su defensa, computado a partir de que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado, ello por solicitud de la defensa y dado que el Juez de Control fue cambiado de adscripción, por lo que desconocía el contenido de la ejecutoria de amparo; iniciando dicho plazo, el nueve de diciembre de dos mil veintiuno a las veintiún horas con cuarenta y dos minutos, y concluyendo a las diecinueve horas con dos minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno. Posteriormente, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo continuación de la audiencia inicial y se precisaron las gestiones para el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por la defensa de los quejosos, consistentes en las testimoniales a cargo de los elementos. así como de las personas de identidad reservada como. sin que se lograra su comparecencia. Esto último, toda vez que, respecto de los servidores públicos, se giraron los oficios correspondientes a sus superiores para su citación, pero, a pesar de ello, no asistieron por diversos motivos, y el juez tuvo por no justificada la inasistencia y ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado. En cuanto a los testigos de identidad resguardada como. se hizo constar que no se presentaron, y toda vez que se estimó que no existía certeza de que estuvieran debidamente notificados, no se hizo efectivo el apercibimiento. Asimismo, tuvo por hechas las manifestaciones de los imputados, en el sentido de que no desistían de las testimoniales; y señaló que aun y cuando se admitieran dichos testimonios, era materialmente imposible su desahogo, ya que estaban durante el término constitucional ampliado y que debía resolver su situación jurídica, pero dejó expedito su derecho para que en diversa etapa procesal pudieran ofrecerlos. En relación con las constancias y disco relativos al proceso penal. determinó no admitirlos por considerarlos impertinentes, al tratarse de un proceso penal diverso al de su conocimiento. Por otro lado, una vez agotado el debate, tuvo a los imputados. a su respectiva defensa, renunciando a lo que restaba del término constitucional, esto es, dos horas con cincuenta y ocho minutos; y posteriormente, resolvió, de manera oral, la situación jurídica de los aquí quejosos, en el sentido de vincularlos a proceso, por su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado a que se refiere el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el artículo 10, fracción I, incisos a), b) y c), todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar delitos en materia de secuestro. Por su parte, la autoridad responsable, Enlace Jurídico encargada del despacho por ausencia del Director del Centro de Reinserción Social "Amatlán", con residencia en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, realizó las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de esa institución penitenciaria. Cabe indicar que el sentido de la nueva determinación emitida por el Juez responsable resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia de este juicio de amparo, pues en ésta sólo se ordenó reponer el procedimiento y emitir una nueva determinación en la que subsanara los vicios antes destacados, pero sin que existiera imperativo de resolver en un determinado sentido. No pasa inadvertido lo manifestado por el quejoso. por conducto de su autorizada. a través de su escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que el Juez responsable hizo caso omiso a la urgencia de las citaciones de elementos aprehensores. ofrecidos como testigos, quienes a su vez incumplieron a su comparecencia, con lo cual, aduce, no se tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la pertinencia e idoneidad de dichas testimoniales. Sin embargo, como se precisó en los párrafos que anteceden, la concesión del amparo, en lo que interesa al respecto, fue para el efecto de que el juez responsable realizara las gestiones necesarias para el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por la defensa de los quejosos; gestiones que se advierte llevó a cabo, pues del disco de videograbación se desprende que giró los oficios correspondientes a los superiores jerárquicos de los servidores públicos cuyo testimonio se ofreció como medio de prueba, los cuales, por diversos motivos, no comparecieron, sin que en la ejecutoría de amparo se estableciera algún lineamiento específico respecto de la forma en que debía hacerlos comparecer. De igual forma, no trasciende a lo aquí resuelto, lo alegado por el diverso quejoso. en el sentido de que la ejecutoria no está cumplida porque el Juez responsable omitió hacer de su conocimiento que si estaba de acuerdo con desistirse de la reproducción del disco que contenía la audiencia inicial del proceso penal. dado que no existió dicho desistimiento, sino que fue el juzgador quien determinó no admitir ese medio de prueba por estimarlo impertinente. De ahí que no sea necesaria la actuación que indica el impetrante. En cuanto a que el juez faltó al principio de oralidad, del disco de videograbación no se advierte que diera lectura a algún documento de manera completa, sino que únicamente se auxilió de apuntes, lo cual está permitido por el segundo párrafo del artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo relativo a que el juez pretendió otorgar el término constitucional a partir de que inició la audiencia, es ineficaz para declarar no cumplida la ejecutoria, toda vez que, por solicitud y acuerdo de la defensa, el juzgador determinó iniciar el cómputo del plazo constitucional que restaba a partir de que dejó insubsistente el acto reclamado, debido a que fue cambiado de adscripción. Respecto de que no requirió debidamente a los testigos de descargo; se reitera, en la ejecutoria no se especificó la manera en la cual debía gestionar la comparecencia de éstos. En relación con que no explicó al quejoso lo que implicaba desistirse del testimonio del médico; contrario a esto, en la audiencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el juez de control explicó al imputado los alcances y consecuencias de desistirse de ese medio de prueba. En ese orden, lo relativo a que no admitió medio de prueba, pese a que ya se habían admitido en audiencia anterior; y respecto del disco versátil, no le informó a la defensa si contaba con el equipo para su reproducción, ni la apercibió para que lo proporcionara; resulta ineficaz, toda vez que en la ejecutoria de amparo se ordenó la reposición desde el inicio de la continuación de la audiencia inicial, etapa en la cual los imputados ofrecen los datos y medios de prueba correspondientes, lo que implica la insubsistencia de todas las determinaciones ahí tomadas, por lo que el juez estaba en posibilidad de pronunciarse con libertad de decisión. Además, si no requirió a la defensa para que proporcionara el equipo para reproducir el disco, fue porque excluyó ese medio de prueba, por lo cual resultó innecesaria su reproducción. En lo que concierne a que el quejoso no manifestó que se desistía de las testimoniales, quedando término constitucional, sin que se le informara las implicaciones y consecuencias por parte del juzgador; es ineficaz, debido a que si el juez no informó los alcances del desistimiento, atendió a que éste no existió, y si bien restaba término constitucional en el momento en que se cerró el debate, este era de menos de tres horas, y como se dijo en la ejecutoria, el juez debía fijar la continuación de la audiencia con la anticipación prudente al vencimiento del término. Luego, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado de los incidentes de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original de los incidentes de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por una parte se sobreseyó en el presente juicio, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original de los incidentes de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por se concedió la medida cautelar solicitada. En cuanto al duplicado de los incidentes de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dichos incidentes. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas de diversas constancias relativas al proceso penal 244/2020, constantes en tres tomo de pruebas, así como tres discos de videograbación, remitidos por el juez responsable como justificación a su informe, y la copia autentificada de la carpeta de investigación CI/UECS/COR/014/2020 con la cual se formó un tomo de prueba, que remitiera la Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado por el licenciado. mediante el cual solicita se decrete la acumulación del presente asunto, al diverso 650/2020 del índice de este juzgado, toda vez que en dichos procedimientos se reclama el mismo auto de vinculación; atento a su contenido, se provee: De la certificación secretarial de cuenta, y del estado de autos que guarda este asunto se advierte que en el juicio de amparo 650/2020, promovido por. se reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el proceso penal. de la estadística del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, Sala Segunda del Distritito Judicial de Córdoba, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, licenciado Manuel Galeana Morales, por los hechos que ley señala como delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima identificada como. A ese respecto, es pertinente indicar que los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispone el numeral 2º de dicha ley, disponen. Disposiciones normativas que tienen aplicación en el presente caso, en razón que la Ley de Amparo no prevé el trámite de la acumulación de expedientes, por lo que debe acudirse a la supletoriedad que en este caso recae en el Código Federal de Procedimientos Civiles. De ello deriva que la acumulación de juicios procede: Supuesto que se actualiza en el caso, por lo que procede la acumulación de los juicios con base en la hipótesis planteada en el inciso c); lo anterior, dado que los actos reclamados derivan del mismo proceso penal. del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, Sala Segunda del Distritito Judicial de Córdoba, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, licenciado Manuel Galeana Morales, en el que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de. por su probable responsabilidad en la comisión del hecho contemplado en la ley como secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima identificada como. En ese contexto, al estar demostrada la conexidad de los juicios de amparo, pues se refieren al mismo acto reclamado, resulta procedente ordenar la acumulación de plano, sin que en el caso particular sea necesario ordenar su tramitación en la vía incidental, prevista en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena la acumulación correspondiente, consecuentemente glósese el presente expediente 653/2020, promovido por. al diverso juicio de amparo 650/2020, promovido por. por ser éste el más antiguo al momento de ingreso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 653/2020, quedando únicamente subsistente la del juicio de amparo 650/2020, esto es las nueve horas con cincuenta minutos del once de mayo de dos mil veintiuno.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado por el licenciado. mediante el cual solicita se decrete la acumulación del presente asunto, al diverso 650/2020 del índice de este juzgado, toda vez que en dichos procedimientos se reclama el mismo auto de vinculación; atento a su contenido, se provee: De la certificación secretarial de cuenta, y del estado de autos que guarda este asunto se advierte que en el juicio de amparo 650/2020, promovido por. se reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el proceso penal. de la estadística del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, Sala Segunda del Distritito Judicial de Córdoba, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, licenciado Manuel Galeana Morales, por los hechos que ley señala como delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima identificada como. A ese respecto, es pertinente indicar que los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispone el numeral 2º de dicha ley, disponen. Disposiciones normativas que tienen aplicación en el presente caso, en razón que la Ley de Amparo no prevé el trámite de la acumulación de expedientes, por lo que debe acudirse a la supletoriedad que en este caso recae en el Código Federal de Procedimientos Civiles. De ello deriva que la acumulación de juicios procede: Supuesto que se actualiza en el caso, por lo que procede la acumulación de los juicios con base en la hipótesis planteada en el inciso c); lo anterior, dado que los actos reclamados derivan del mismo proceso penal. del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Primera Instancia, Sala Segunda del Distritito Judicial de Córdoba, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, licenciado Manuel Galeana Morales, en el que el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de. por su probable responsabilidad en la comisión del hecho contemplado en la ley como secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima identificada como. En ese contexto, al estar demostrada la conexidad de los juicios de amparo, pues se refieren al mismo acto reclamado, resulta procedente ordenar la acumulación de plano, sin que en el caso particular sea necesario ordenar su tramitación en la vía incidental, prevista en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena la acumulación correspondiente, consecuentemente glósese el presente expediente 653/2020, promovido por. al diverso juicio de amparo 650/2020, promovido por. por ser éste el más antiguo al momento de ingreso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 653/2020, quedando únicamente subsistente la del juicio de amparo 650/2020, esto es las nueve horas con cincuenta minutos del once de mayo de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se desprende que la titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que el referido numeral únicamente autoriza al secretario encargado del despacho a practicar diligencias y dictar las providencias de trámite, así como a emitir resoluciones de carácter urgente, y la celebración de la audiencia constitucional no se encuentra prevista dentro de los supuestos antes señalados. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, la cual se fija objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda; la que se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, toda vez que ésta no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente. Lo que obedece estrictamente a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus

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