Dianey Adriana Santos Mass

Expediente 521/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
521/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Dianey Adriana Santos Mass

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el doce de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se comunica lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo, en los términos siguientes: 1. Como el presente expediente no cuenta con valor jurídico, histórico o documental, en cumplimiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 8, punto 8.1.2., apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se establece que el presente expediente es DESTRUIBLE, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se SOBRESEYÓ respecto de todos los actos reclamados, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Este expediente al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "Archivo de trámite" de este Juzgado, en virtud de que se dan los supuestos establecidos en los artículos 8, fracción I, y 9, ambos del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General; lo anterior, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Haciéndose la precisión que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, con el que rinde su informe justificado, y adjunta copias certificadas relativas al exhorto con número de oficio ******, de catorce de mayo del año en curso, diligenciado por el Presidente Especial de la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. Ahora bien, se advierte de autos que la demanda de amparo fue promovida por **********, apoderado legal de la quejosa *********, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad. 2.- Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara. ACTOS RECLAMADOS: La omisión de remitir los exhortos a la segunda autoridad referida para emplazar a los demandados **********, en el expediente laboral *****, así como la omisión de diligenciar tales comunicaciones oficiales enviadas. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella queexistía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la inter En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora, de las constancias que remitió tanto la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, como el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte: que la primera autoridad, por acuerdo dictado el catorce de mayo de dos mil veinte, en el expediente laboral ****, ordenó girar exhorto para emplazar a los demandados **********; y la segunda autoridad, informó que el Presidente Especial de la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, diligenció el exhorto con número de oficio ***********, de esa fecha, pues obra la razón actuarial de veintiuno de septiembre del año en curso, en el que el Actuario hizo constar la imposibilidad que tuvo para emplazar a los citados demandados en el domicilio donde se ordenó llevar a cabo dicha diligencia De lo anterior, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo puede considerarse que existían los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, lo cierto es, que durante la sustanciación de este juicio, la Junta Local responsable ordenó emplazar a los demandados ******, al juicio laboral de origen, mediante exhorto que fue diligenciado por el Presidente Especial de la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en el que el actuario levantó la razón en la que hizo constar la imposibilidad que tuvo para emplazar a los citados demandados, circunstancias que produjeron de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de las omisiones reclamadas, borrando sus efectos, en forma inmediata, total e incondicional, y reanudando las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. De este modo, en el supuesto de una hipotética concesión de amparo, el justiciable no podría haber obtenido mayores beneficios que los señalados, lo cual viene a corroborar que la cesación de los efectos de la omisión controvertida sí trajo consigo el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la existencia del acto objeto de impugnación constitucional. De ahí que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de actos omisivos que ya no están surtiendo efectos, ni los surtirán y que tampoco dejaron huella alguna en la esfera jurídica del solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causa de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. Por tanto, con Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/20073 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, con el que en atención al requerimiento de veintidós de octubre del año en curso, remite copia certificada del acuerdo dictado el catorce de mayo de dos mil veinte, en el expediente laboral ****. Al respecto, como la referida constancia forma parte del informe justificado de la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes con su contenido, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, con el que remite la diversa comunicación de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, a nombre de dicha Junta, con residencia en esta ciudad, con el que rinde su informe justificado, y adjunta copia certificada relativa al expediente laboral ********************. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes con el contenido de dicho informe y anexo, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, acorde a lo informado en su informe de ley, remita copia certificada, legible y completa del acuerdo dictado el catorce de mayo de dos mil veinte, en el que ordenó girar exhorto para emplazar a los demandados al juicio laboral ********************. Lo anterior, para que este juzgado esté en aptitud de resolver el presente juicio de amparo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el término que para tal efecto se establece, se hará acreedora de una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veinte, es de $86.88 (ochenta y seis pesos con 88/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, según lo previsto en el artículo 260 de la ley de la materia. Notifíquese.

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