Dianely Marrero González y Otros.

Expediente 225/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
225/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Dianely Marrero González y Otros.
  • Dianely Marrero González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese a los autos los escritos firmado electrónicamente por ***, por medio del cual manifiesta desistirse de la demanda presentada a favor de aquellos; sin embargo, no ha lugar proveer de conformidad en razón que en acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia y el veintidós de abril siguiente, se ordenó el archivo del asunto por encontrarse totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 21281/2022, signado por el secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual solicita diversas constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, comisiónese al área correspondiente, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado estado; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes; y, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto -ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN- al haberse concedido la suspensión de plano y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa se duele de los actos reclamados consistentes en: a) Detención y privación de la libertad b) Posible deportación; e Que atribuyó a las siguientes autoridades en su denominación correcta: 1. Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México; y 2. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México. Ahora, respecto de los citados actos reclamados este Juzgador considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo1. Lo anterior es así porque de las constancias remitidas por el Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de Representación en la Ciudad de México en su informe de suspensión de plano, se advierte que los aquí quejosos, egresaron de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, el día diecisiete de marzo de dos mil veintidós, quedando sujetos a control de firmas los días miércoles en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en dichas instalaciones, para la continuación del procedimiento administrativo migratorio seguido en su contra y hasta en tanto se resolviera su situación migratoria, quedando enterados que en caso de incumplir, se emitiría la alerta migratoria correspondiente, en términos del artículo 216 del Reglamento de la Ley de Migración. Por lo que, si bien los impetrantes quedaron en libertad con motivo de la suspensión de plano decretada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del expediente 497/2022 de su índice, los mencionados actos reclamados han quedado sin efectos, y aunque con motivo del procedimiento migratorio que se les sigue se podría ordenar que se alojaran en las instalaciones de las autoridades correspondientes, ello sería con motivo de un diverso acto reclamado, emitido en un procedimiento administrativo de esa naturaleza, por lo que, para efectos de este juicio de amparo sería improcedente, 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [.]". además de que este órgano de control constitucional no tendría competencia para conocer de él, toda vez que la presentación y el procedimiento administrativo migratorio, son actuaciones administrativas, porque los emite autoridad con ese carácter, como lo es el Instituto Nacional de Migración, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia y, en específico, en materia de control y verificación migratoria. En esa tesitura, deviene incontrovertible la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo2, pues es evidente que la resolución en la cual se ordenó el egreso de los impetrantes de la mencionada estación migratoria para quedar sujetos a control de firmas, adquirió vida jurídica, sustituyendo procesalmente los actos que por esta vía se reclaman, pues operó en la especie un cambio de situación jurídica de los quejosos, respecto de las violaciones que pudieran haberse cometido en el dictado de los actos reclamados, por lo que al haber quedado legalmente sustituidas por tal determinación de carácter migratorio, no es posible pronunciarse al respecto sin afectar la nueva situación jurídica y, al haberse actualizado la causal de improcedencia citada, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, SE SOBRESEE en este juicio de amparo3. 2 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [.]". 3 Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, tomo XXVI, agosto de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA En otro orden, no se inadvierte que el promovente manifestó en la demanda que los quejosos estaban incomunicados; sin embargo, de las constancias que el citado director anexó a su informe de suspensión de plano, también se advierte que no fue así, toda vez que aquellos el once y doce del mes y año en curso, entablaron comunicación telefónica con sus familiares, lo que se corrobora con las constancias de esas datas, (esto es, desde antes de la presentación de su demanda de amparo -trece de marzo siguiente-). Lo que permite concluir que no se encontraban incomunicados, toda vez que como la responsable lo refirió durante su internamiento en la Estación Migratoria, accedieron a llamadas telefónicas, tal y como lo establece el artículo 7 del Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. Es pertinente destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de sobreseimiento, tal como se previene por identidad jurídica en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR.". No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que no obren en autos los informes justificados, toda vez que no cambiaría el sentido de esta determinación la manifestación que en su caso hicieran las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, ante la actualización de manera manifiesta e indudable de la citada causa de improcedencia y, en cambio, sí retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios. De igual forma, es importante destacar que arribar al sentido de la presente determinación, no implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de procedencia, además hágase saber a las partes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Amparo, el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. En relación con lo anterior, se invoca la tesis III.2º.C.3 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2066, del tomo 3, Enero de 2013, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Cuanto más, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder también contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causa; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente determinación omitiendo los datos sensibles. Notifíquese, y personalmente a las partes.

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