Dianelis Molina Herrera
Expediente 1105/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/09/2022
Partes del expediente
- Dianelis Molina Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Vistos: I.- La certificación que antecede y del estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. II.- El pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual hace diversas manifestaciones en forma de alegatos y solicita se le expida copia certificada de la resolución que se dicte. Al efecto, se acuerda: Tocante al punto I, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido del proveído pronunciado se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos y tomos exhibidos por las partes o autoridades responsables, se deja de proveer lo relativo. En relación al punto II, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el pedimento de cuenta. Al efecto por lo que hace a sus manifestaciones a guisa de alegatos, dígasele a la representante social adscrita que deberá a estarse a lo acordado en párrafos que antecede. Por otro lado, en relación con las copias que pide, atento a lo previsto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, expídasele las copias que solicita, previa toma de razón y de recibo que se deje en autos para constancia. En el entendido de que, tal y como lo ha establecido el Consejo de la Judicatura Federal, para diligencias de esa naturaleza: A) De conformidad con el artículo 3, del "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019", que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, prorrogado por el diverso Acuerdo General 1/2021, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de copias, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. B) La expedición y entrega de las copias solicitadas queda sujeto a que el personal del servicio de fotocopiado que se encuentra al interior del este edificio sede del Poder Judicial de la Federación, esté laborando, toda vez que dicho establecimiento es el autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para prestar ese servicio. C) En ese sentido, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General en mención, las citas obtenidas para la consulta de expediente, gestión (en caso de que se encuentre el centro de fotocopiado para su obtención) durarán un máximo de 25 minutos, por lo que, si se excede de ese tiempo, tendrán que generar una nueva cita para un diferente día de acuerdo a la disponibilidad electrónica que maneje el sistema nacional de agendas de citas de los órganos jurisdiccionales. Lo que se hace de su conocimiento a efecto de que tome las precauciones debidas a efecto de que, en el día y hora que comparezca pueda obtener las copias solicitadas. En ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, Constitucional, en relación con el artículo 6, fracción I, inciso b), del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en su rubro "modelo de atención presencial basado en citas", ampliado por el diverso Acuerdo General 1/2021, señala que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de una diligencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ". NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto; el oficio suscrito por la Subdirectora de Área Encargada de la Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe de suspensión de plano; asimismo, señala domicilio, designa delegada y ofrece prueba documental. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de suspensión de plano decretada en favor de la parte quejosa. Por otro lado, como lo señala dicha responsable se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Así también, téngase como delegada en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, de la citada autoridad responsable, a la persona que designa en su informe. Ahora, del contenido del informe de cuenta y de la constancia que anexa la autoridad responsable se advierte que, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. La citada causa de improcedencia, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra dice: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, del contenido del informe de cuenta y de la constancia que fue remitida por la autoridad responsable en apoyo a dicho informe, consistente en copia certificada del oficio de salida, de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, derivado del expediente administrativo E.A./1s.9/INM/ORCHIS/SFZC/TGZ/EP/JUR/9114/2022, se desprenden los antecedentes siguientes: La aquí quejosa Dianelis Molina Herrera, fue presentada ante la Subdirectora de Área Encargada de la Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, al no acreditar su legal estancia en territorio mexicano, por lo que se le instauró el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, quedando alojada en la estancia provisional denominada "El Cupape". Posteriormente, mediante resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del procedimiento migratorio E.A./1s.9/INM/ORCHIS/SFZC/TGZ/EP/JUR/9114/2022, la autoridad responsable otorgó en favor de la aquí quejosa, oficio de salida para poder abandonar el territorio mexicano por sus propios medios, en un término no mayor de veinte días naturales, de conformidad con los artículos 5, fracción II, del Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración, en relación con los dispositivos 111 y 137, fracción III, de la Ley de Migración; lo que se corrobora con la copia certificada del oficio referido, a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, del que se desprende que en la fecha antes mencionada, la aquí quejosa egresó de la estancia provisional en la que se encontraba alojada. De lo anteriormente narrado se advierte que con motivo de la resolución que puso fin al procedimiento administrativo de origen, se surten los presupuestos de la causa de improcedencia invocada en el presente asunto. Ello, si se toma en consideración que el acto reclamado emanó de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Asimismo, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba la peticionaria por virtud del acto que reclama en la presente instancia, la cual consiste en la privación de la libertad en su modalidad de detención, retención y/o reclusión (que posiblemente excede plazo previsto por el artículo 111 de la Ley de Migración). Derivado de lo anterior, no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado que se analiza, sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio, pues de estimarse inconstitucional la detención de la quejosa que dio origen al expediente natural, se obligaría a la responsable a retrotraer el procedimiento hasta antes del dictado de la resolución definitiva; efecto que no posee la sentencia del juicio de amparo. De ahí que, respecto de la detención señalada como acto reclamado, no pueda decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica que ahora opera con motivo del documento provisional de visitante para realizar actividades remuneradas, expedido a favor de la aquí quejosa. Y, finalmente, existe autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento administrativo migratorio, de modo que esta última puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 265, de rubro siguiente: PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del numeral 63, de la misma ley invocada. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Corolario de lo anterior, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto; el oficio suscrito por la Subdirectora de Área Encargada de la Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe de suspensión de plano; asimismo, señala domicilio, designa delegada y ofrece prueba documental. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de suspensión de plano decretada en favor de la parte quejosa. Por otro lado, como lo señala dicha responsable se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Así también, téngase como delegada en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, de la citada autoridad responsable, a la persona que designa en su informe. Ahora, del contenido del informe de cuenta y de la constancia que anexa la autoridad responsable se advierte que, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, en el caso particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. La citada causa de improcedencia, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra dice: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, del contenido del informe de cuenta y de la constancia que fue remitida por la autoridad responsable en apoyo a dicho informe, consistente en copia certificada del oficio de salida, de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, derivado del expediente administrativo E.A./1s.9/INM/ORCHIS/SFZC/TGZ/EP/JUR/9114/2022, se desprenden los antecedentes siguientes: La aquí quejosa Dianelis Molina Herrera, fue presentada ante la Subdirectora de Área Encargada de la Subrepresentación Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, al no acreditar su legal estancia en territorio mexicano, por lo que se le instauró el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, quedando alojada en la estancia provisional denominada "El Cupape". Posteriormente, mediante resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del procedimiento migratorio E.A./1s.9/INM/ORCHIS/SFZC/TGZ/EP/JUR/9114/2022, la autoridad responsable otorgó en favor de la aquí quejosa, oficio de salida para poder abandonar el territorio mexicano por sus propios medios, en un término no mayor de veinte días naturales, de conformidad con los artículos 5, fracción II, del Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración, en relación con los dispositivos 111 y 137, fracción III, de la Ley de Migración; lo que se corrobora con la copia certificada del oficio referido, a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, del que se desprende que en la fecha antes mencionada, la aquí quejosa egresó de la estancia provisional en la que se encontraba alojada. De lo anteriormente narrado se advierte que con motivo de la resolución que puso fin al procedimiento administrativo de origen, se surten los presupuestos de la causa de improcedencia invocada en el presente asunto. Ello, si se toma en consideración que el acto reclamado emanó de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Asimismo, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba la peticionaria por virtud del acto que reclama en la presente instancia, la cual consiste en la privación de la libertad en su modalidad de detención, retención y/o reclusión (que posiblemente excede plazo previsto por el artículo 111 de la Ley de Migración). Derivado de lo anterior, no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado que se analiza, sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el presente juicio, pues de estimarse inconstitucional la detención de la quejosa que dio origen al expediente natural, se obligaría a la responsable a retrotraer el procedimiento hasta antes del dictado de la resolución definitiva; efecto que no posee la sentencia del juicio de amparo. De ahí que, respecto de la detención señalada como acto reclamado, no pueda decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica que ahora opera con motivo del documento provisional de visitante para realizar actividades remuneradas, expedido a favor de la aquí quejosa. Y, finalmente, existe autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento administrativo migratorio, de modo que esta última puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, página 265, de rubro siguiente: PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del numeral 63, de la misma ley invocada. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Corolario de lo anterior, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Visto; el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico en el presente juicio, y proporciona nombre de usuario edith.salgado; de igual forma, señala el mismo para oír y recibir notificaciones electrónicamente. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el pedimento de cuenta. Ahora, atento a lo peticionado por la representante social federal adscrita, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizada para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena a la Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio a la antes citada, registrada con el nombre de usuario edith.salgado, para consultar de manera electrónica el presente juicio. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario edith.salgado; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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