Dianelis Mesa Silva
Expediente 1314/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Dianelis Mesa Silva
- Instituto Nacional de Migración, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mexicali, Baja California, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexó testimonio de la resolución dictada el dos de febrero de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial penal 02/2023, en la que determinó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, actualmente Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, es competente para conocer sobre la demanda de amparo promovida por ***********+ Acúsese de recibido al tribunal de alzada y al juzgado que se declaró incompetente, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, toda vez que no queda trámite pendiente en el presente asunto, hágase las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo y en la carátula de este expediente y en su oportunidad remítase el presente expediente al archivo definitivo de este juzgado, como asunto totalmente concluido.
- Principal
Mexicali, Baja California, tres de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio y anexo signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada por este juzgado. Ahora bien, del oficio de cuenta, que contiene inserto el acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1054/2022-VI del índice de la autoridad oficiante, se advierte que no se aceptó la competencia declinada por esta juzgadora, al considerar que el acto reclamado empezó a ejecutarse en esta ciudad, por lo que estima la competencia surte a favor del Juez que previno, con base en lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Apreciación de la cual respetuosamente disiente la suscrita Juzgadora Federal, ya que, tal como se asentó en el auto de veinticuatro de agosto del próximo pasado, que la parte quejosa Dianelis Mesa Silva, hace consistir los actos reclamados en la privación de la libertad, libertad de tránsito, alojamiento, deportación y actos de tortura, por parte de autoridades migratorias, quien se encuentra detenida en la estación migratoria con domicilio en Tijuana, Baja California, como se asentó en la demanda y el escrito de ampliación a la misma y que se corrobora con la constancia actuarial relativa a la notificación efectuada en diecisiete de agosto de dos mil veintidós, por el Actuario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana a Dianelis Mesa Silva, del proveído de trece de agosto del citado año, la cual se realizó en la estación migratoria con domicilio en Tijuana, Baja California. Por ello, dichos actos se ejecutan en el lugar donde aquella está recluida, por lo que la competencia territorial se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica en la indicada estación migratoria, estos es, en la ciudad de Tijuana Baja California. Aunado a lo anterior, no es válido afirmar que el acto se empezó a ejecutar en esta ciudad, como lo asienta el promovente en la demanda constitucional, dado que no obra constancia de la detención de la quejosa en esta ciudad capital, al contrario en autos obra el oficio firmado por el Sub Representante Local en Los Algodones, Baja California, en suplencia por ausencia del Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, quien en contestación a lo requerido por este juzgado a las autoridades responsables, comunicó que desconoce a la quejosa Dianelis Mesa Silva, toda vez que no se encuentra a disposición del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. Tales circunstancias conducen a determinar, que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, es legalmente incompetente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutado o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que, en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. En la especie, se estima que se actualiza la premisa del primer inciso referido, toda vez que la parte quejosa reclama la privación de la libertad, libertad de tránsito, alojamiento, deportación y actos de tortura, quien se encuentra detenida en la estación migratoria con domicilio en Tijuana, Baja California. De ahí que, si se toma en cuenta que la quejosa está privada de su libertad, y los actos reclamados se hacen consistir en la privación de la libertad, libertad de tránsito, alojamiento, deportación y actos de tortura, por parte de las responsables, dichos actos se ejecutan en el lugar donde aquella está recluida, por lo que la competencia territorial se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica en el indicada estación migratoria, estos es, en la ciudad de Tijuana Baja California. En estas condiciones, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado habrá de tener ejecución materialmente jurisdiccional en Tijuana, Baja California; por lo que, de conformidad con el acuerdo general 3/2013, modificado por el diverso 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como por el diverso 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos que tendrán ejecución materialmente dentro del ámbito de competencia del órgano de control constitucional que tenga jurisdicción en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; en consecuencia, es competente para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, el juez de distrito en turno con sede en dicha ciudad. Ilustra lo anterior, por las razones que la integran, la tesis 1a./J. 54/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 58, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Asimismo, por las razones que la conforman, la tesis que obra en la página 97, del Informe 1972, Parte II, Materia Común, Informes, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En mérito de lo expuesto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, reitera lo expuesto en el diverso acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, por ende, insiste en declinar la competencia legal para conocer del presente juicio en favor del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, quien no la aceptó al tenor de los razonamientos vertidos en el acuerdo dictado el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 1054/2022-VI de su índice. Por tanto, de conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos originales al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, en esta ciudad, para que se avoque al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y la autoridad antes precisada y resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para que, en su caso, exponga ante la Superioridad lo que estime pertinente. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Samuel Soza Mata, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico del Juicio de Amparo 1314/2022-5. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, informa que la parte quejosa no ha cumplido con los lineamientos decretados en la citada suspensión, en consecuencia, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 206 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. -Devuelven exhorto- Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexos remitidos vía interconexión por el Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado exhorto 241/2022, número de orden 316/2022-5 del índice de éste órgano jurisdiccional, del cual, se desprende que la quejosa Dianelis Mesa Silva, quedó debidamente notificada del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Sin que sea necesario acusar de recibo, en virtud de que éste, se genera por el sistema electrónico correspondiente. Notifíquese.
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