Diana Yetzeli Escobar Islas

Expediente 156/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
156/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Diana Yetzeli Escobar Islas

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por la autoridad que lo suscribe, por medio del cual cumple con lo ordenado el siete de los actuales; atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento de mérito, se levanta la reserva decretada en auto de trece anterior y, toda vez, que previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la quejosa reclama de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y otras autoridades: La orden de rescisión laboral del servicio que prestaba como policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En atención a lo anterior, se advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los diversos 1, fracción I, y 5º, fracción II, todos de la propia ley reglamentaria, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En términos del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es autoridad responsable, la que independientemente de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, conforme al artículo 5, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculada de su naturaleza formal y atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma obligatoria, situaciones jurídicas, además de señalar que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa porción normativa, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, la rescisión reclamada fue emitida en un plano de coordinación, entre el quejoso (subordinado) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México responsable (como patrón), sin que haya acontecido coercitivamente; tal relación se corrobora con las constancias remitidas por el Director General de Asuntos Jurídicos de la misma, de las que se puede apreciar, que la aquí quejosa fungía con la categoría de Policía, adscrita a la Unidad de Análisis Criminal, del supra citada secretaría. En todo caso, los conflictos suscitados entre aquéllos, al estar relacionados con un vínculo laboral, deben ser dilucidados por una autoridad laboral, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, es competente para conocer los conflictos individuales que se susciten entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores. Dicho precepto estatuye: ARTÍCULO 185.- El Tribunal será competente para: I. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas, dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter Estatal y Municipal, y organismos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus servidores públicos que no conozcan las Salas" Como se dijo, excepcionalmente, conforme al artículo 185, de la invocada Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la competencia para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores, se surte a favor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en atención a que el trabajador se encuentra incorporado a la Secretaria de Educación. Orienta esa consideración, por analogía la tesis número I.6.T.229 L, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, página 2320, del Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE ENTRE UN MAESTRO DE PRIMARIA FORÁNEO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS COMO RESPONSABLE SOLIDARIO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA ENTIDAD. De conformidad con el convenio relativo al Acuerdo de Modernización de la Educación Básica celebrado entre los titulares de los Ejecutivos Federal y el del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, las relaciones laborales que inicialmente surgieron con la Secretaría de Educación Pública con motivo del nombramiento expedido en la plaza de "Maestro de Grupo de Primaria Foránea", deben ser asumidas por el gobierno del mencionado Estado por conducto de sus dependencias, mismo que debe proveer lo necesario para respetar íntegramente los derechos laborales de los trabajadores; en este sentido, esa responsabilidad solidaria tiene su fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del numeral 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del artículo 123, apartado B, de la Carta Magna; en consecuencia, la competencia para dirimir la controversia que se suscite entre un maestro de primaria foráneo y el Gobierno del Estado de Tamaulipas derivado del convenio indicado, corresponde al Tribunal de Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. En mérito de lo expuesto, el juicio de amparo no es el medio idóneo para controvertir los actos que aquí se reclaman, en virtud de que los inconformes quedan sometidos al derecho laboral para resolver sus diferencias con su fuente de empleo. Ilustra lo anterior, por analogía el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, identificado con la clave VII.2o.A.T.10 A, , localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, febrero de 1999, página 487, de la voz: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal". En ese tenor, como se dijo, la relación entre la aquí quejosa y quien se señaló como responsable no es de supra a subordinación, sino de coordinación, pues el vínculo que entre ellos se entabla es en un plano de igualdad, dado que derivan de su condición de obrero-patrón, por lo que para dilucidar los conflictos relacionados con ese vínculo, se debe acudir ante la autoridad de trabajo correspondiente, sin que este juzgado de Distrito pueda sustituirse a las autoridades del orden común. Por ello, quienes se designaron como responsables no actuaron con fundamento en una norma legal de modo unilateral, ya que en el aspecto que aquí ocupa, no ejercieron facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyan una potestad, cuyo ejercicio sea irrenunciable; sino actuaron en su calidad de patrones. De ahí que respecto al acto reclamado consistente en la orden de rescisión laboral del servicio que prestaba como policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, instruida contra la quejosa **respectivamente; no encuadra en el concepto de autoridad para efectos del presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Orienta lo expuesto, la tesis I.1o.A.13 K 10a. del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicación viernes 21 de marzo de 2014 11:03 h., publicación en ubicación semanal, que dispone: "PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador incorporó esa posibilidad, pretendió limitarla a los casos en que, conforme a sus funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Por tanto, para decidir si en un juicio de amparo se debe tener como autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma general que lo regule". Así las cosas, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida por **respectivamente, en virtud de ser notoriamente improcedente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito de la quejosa por medio del cual da cumplimiento a la prevención efectuada el siete de los actuales; en atención a lo anterior, resérvese a acordar lo conducente, hasta en tanto de cumplimiento la autoridad a lo requerido el siete de los actuales.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de febrero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Vista la demanda de cuenta, suscrita por ****; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 156/2017-III-A. PREVENCIÓN Ahora, del análisis integral del ocurso de referencia, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde, los cuales tendrá que desahogar en el presente sumario. Por tanto, en términos del artículo 108, fracción V, en relación con el numeral 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Manifieste en vía de antecedentes, lo siguiente: - Si la rescisión que reclama deriva de un procedimiento administrativo por la comisión de una falta de dicha índole, o bien, si se trata de un despido de su fuente laboral derivado de las condiciones de trabajo que la sujetan con su patrón. - Aclara, si la citación a que hace referencia, fue mediante algún citatorio formal y, de ser así, exhiba el mismo. - Realice una relación sucinta de las actuaciones previas al acto reclamado. - Las condiciones de hecho que generaron la actividad administrativa que combate. Lo anterior, con la finalidad de que este juzgado esté en aptitud de fijar correctamente la litis. Máxime que los antecedentes del acto reclamado, son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por éstos, la relación suscita de las actuaciones previas al acto reclamado, porque los antecedentes a que se refiere al artículo 108, fracción V de la ley de amparo, son sustento de los conceptos de violación. Sin que sea óbice que el promovente haya puesto el apartado relativo; sin embargo, se consideran insuficientes para determinar la naturaleza del acto reclamado. APERCIBIMIENTO Apercibida que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS AUTORIDAD Con independencia de lo anterior, requiérase al Secretaría de Seguridad del Estado de México, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS partir de su legal notificación remita: Copia certificada de la resolución por la cual rescindió, separó o cesó de su cargo a la aquí quejosa ***; Con el apercibimiento que para el caso de ser omisa, o bien, no manifestar su imposibilidad para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con base en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. La información puede ser enviada al fax (al número telefónico oficial (01.722) 2.36.05.00 extensión 3527, o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite3@correo.cjf.gob.mx. confirmado en la extensión 3256. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa la lista de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizadas a la persona que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo; siempre y cuando tenga cédula registrada para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, al tratarse del patrón; y al resto para los efectos que precisa. CORREO Ahora, por cuanto hace a su solicitud de tenerle como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que refiere, no ha lugar de proveer favorable, toda vez que debe de contar con un usuario registrado ante este órgano jurisdiccional; en términos del artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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