Diana Vanessa Cuevas Mendoza
Expediente 707/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Diana Vanessa Cuevas Mendoza
- Comisionado del Instituto Nacional de Migración
- DIANA VANESSA CUEVAS MENDOZA y Otros.
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, nueve de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia del Coordinador General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; por medio del cual en atención al requerimiento efectuado mediante proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, solicita una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. En atención a su solicitud, es necesario hacer mención que de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se obtiene que el Legislador estableció un procedimiento sencillo y expedito para garantizar el cumplimiento pronto de las sentencias de amparo, para lo cual limitó el número de requerimientos que pueden realizarse a las autoridades para cumplir el fallo protector, de tal forma que, en principio, solo puede hacerse un requerimiento para que, dentro del plazo de tres días, se cumpla la sentencia. A esta regla general sobre el plazo para cumplir, la ley establece dos excepciones, a saber, la prevista en el último párrafo del artículo 192, y la prescrita en el tercer párrafo del artículo 193. ALBERTO TORRES RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f9.32 17/01/23 14:24:46 De esta manera, de conformidad con el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo, que prevé la nueva Ley de Amparo, debe procurarse que el único término que se otorgue para hacer cumplir el fallo protector, sea el de tres días que dispone el artículo 192 de la mencionada ley; sin embargo, se reitera, los aludidos preceptos legales contemplan excepciones a esa regla y, se actualizan cuando a consideración del juzgador de amparo, existe dificultad o complejidad para dar dicho cumplimiento o la autoridad responsable justifique la causa del retraso o que la ejecutoria se encuentra en vías de su cumplimiento; no obstante a lo anterior, no se debe perder de vista que el objetivo del procedimiento establecido en la nueva Ley de Amparo, es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido; lo que hace patente que la ampliación del plazo que se otorgue a las responsables debe ser mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que los actos que se necesitan serán en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias; máxime que no es obstáculo para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo las cargas de trabajo de la autoridad responsable pues, se insiste, se trata del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, la cual constriñe a la responsable a la restitución de los derechos afectados por un acto declarado inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) visible en la página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época, de rubro siguiente: ALBERTO TORRES RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f9.32 17/01/23 14:24:46 JUICIO DE AMPARO P- 1504/2021VII "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Asimismo, resulta aplicable por su contenido jurídico la tesis aislada con número de registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común, de rubro y texto: "EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. En los casos de competencia de la Suprema Corte en única instancia, concedida la protección federal se remitira testimonio de la ejecutoria, para su cumplimiento, a la autoridad responsable, la que deberá cumplirla dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, cuando la naturaleza del acto lo permita, y en caso contrario, dentro de ese mismo término deberá iniciar los trámites para su cumplimiento, sin que deba tolerarse que se retrase la plena obediencia de la ejecutoria por medio de pretextos, subterfugios o evasivas. No puede ser obstáculo para ese cumplimiento el exceso de labores, toda vez que la responsable está obligada, para guardar el debido respeto al Tribunal Máximo, a darle preferencia, respecto de otros litigios que estime de urgente decisión; y la responsable tampoco puede alegar, como pretexto, lo voluminoso del expediente, ni la índole del asunto, si la Suprema Corte en su ejecutoria, limitó el problema que debía resolver la nueva sentencia y señaló los preceptos legales a cuyo criterio debía apegarse. El fallo que se dicte en cumplimiento de la ejecutoria, sólo incumbe a la responsable, y no es el caso de aplicar el artículo 112 de la Ley de Amparo, sino requerir al superior inmediato de la misma para que la obligue a cumplir sin demora la ejecutoria. En consecuencia, en virtud de lo manifestado por la autoridad en el oficio de cuenta, con fundamento en los artículos 192, 193, párrafo tercero y 197, todos de la Ley de Amparo, se amplía por única ocasión el plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por el término de TRES DÍAS a la Directora General de Recursos Humanos y al Coordinador General de Administración, ambos de la Fiscalía General de General de Justicia de la Ciudad de México, para el efecto de que den cumplimiento a las obligaciones descritas en el referido acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, por lo que, queda subsistente el apercibimiento ahí decretado. Notifíquese.
- Principal
En la Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que feneció el término de tres días otorgado el siete de abril de dos mil veintidós, a las autoridades Titular y Director de Servicios de Salud, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, a efecto de que realizaran lo siguiente: ? Acreditaran ante este Juzgado de Distrito haber emitido el dictamen médico, para determinar si la quejosa se encuentra en condición de salud para seguir laborando como Policía Auxiliar. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio en que se actúa no se observa que la autoridad directamente responsable, así como su superior jerárquico, hayan dado cumplimiento a dicho requerimiento. En consecuencia, que se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de abril de dos mil veintidós, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 193 párrafo primero, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, únicamente se les impone a las personas físicas que ostentan los cargos de Titular y Director de Servicios de Salud, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, UNA MULTA DE CIEN veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de la Titular y Director de Servicios de Salud, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, que cuentan con el plazo razonable de tres días, para que demuestren haber cumplido con la ejecutoria en los términos precisados. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, cuyo texto y rubro son: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia número P./J.54/2014 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Por lo que transcurrido dicho término, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia, que establecen los artículos 193, primer párrafo, en relación con el diverso 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 59/2014 (10a.), de rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. (Registro: 2007911, Décima Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página: 5) Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
(RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 15/MAR/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, veinte de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el delegado del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, por medio del cual, en atención al proveído de cuatro de abril del año en curso, rinde su informe en relación al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva dictada en autos. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el diverso 208, de la citada Ley, agréguese a sus autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, y téngase por rendido el informe, sin perjuicio de ser relacionado de nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Por otro lado, se tiene por recibido el oficio del Director General de Amparos y Contencioso en representación del Presidente del Consejo de Carrera de la Guardia Nacional, por medio del cual solicita una prórroga para poder rendir su informe respecto del incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Como lo solicita la autoridad oficiante, con apoyo en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE LE CONCEDE UN TÉRMINO DE TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que rinda su informe, apercibido que de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de abril del año que transcurre. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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