Diana Soto Rodriguez

Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 25 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
26/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Daniel López López
  • Diana Soto Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. I. Se agrega testimonio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión civil ****. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado, glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado y estese a lo resuelto por el Superior, haciendo del conocimiento de las partes, los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, quien promovió el juicio de amparo en representación de su menor hija de iniciales ********************, en contra del auto pronunciado el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro." II. Archivo y destino del expediente. Tomando en consideración que la resolución dictada en este expediente no requiere ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, de conformidad con el inciso a), fracción del artículo 17, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de conservación, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. IV. Devolución de constancias. Devuélvanse a la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro, los cuatro tomos de prueba que se formaron con las copias certificadas del juicio ordinario civil ********************, previo desglose que se haga de la carátula de los tomos de prueba. Sin que se estime necesario solicitar el acuse de recibo de la citada autoridad, en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. Notifíquese.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, primero de febrero de dos mil veintitrés. I. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte denunciante, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que refiere, en atención a su contenido, se provee: II. Devolución de documentos. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2, devuélvanse los documentos que solicita, dejando en su lugar copias certificadas de los mismos, las cuales deberán estar perfectamente legibles y razón que de su recibo quede en autos. III. Expedición de copias Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del ordenamiento en cita, expídase las copias certificadas de las constancias que indica, previa identificación, toma de razón y recibo que se deje en autos. Notifíquese.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de enero de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte denunciante no interpuso recurso de inconformidad contra el auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que tal determinación ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21, inciso b), del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte denunciante no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de diciembre de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibida la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por ..., por actos atribuidos a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 26/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Desechamiento. Del análisis de la denuncia que se atiende y sus anexos se advierte que ésta es notoriamente improcedente, de conformidad con las consideraciones siguientes: El artículo 210 de la Ley de Amparo establece que, si con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica el artículo ahí invalidado en perjuicio de alguna persona, ésta puede denunciar los actos frente a un juez de distrito y éste a su vez, de ser el caso, requerirá a las autoridades denunciadas para que dejen sin efectos los actos que contengan dicha aplicación. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo número 6/2019, en lo que interesa, estableció: "[.] 44. En este sentido, conviene apuntar que al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo 1/2017, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el sistema previsto en el artículo 210 de dicho ordenamiento, la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad tiene como presupuesto indispensable que exista una aplicación de la norma general que se haya declarado inconstitucional, pues la resolución que recaiga a dicha denuncia versará precisamente sobre si en efecto se llevó a cabo esa aplicación o no. 45. Incluso, esta idea se refuerza con la revisión del procedimiento legislativo de expedición de la Ley de Amparo vigente, en el que las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, en su dictamen como Cámara de Origen, expresaron que la reforma: ". Actualiza las figuras en la Ley de Amparo que dan un medio de defensa contra la aplicación de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad, para que también sea un medio de defensa cuando se apliquen normas declaradas inconstitucionales en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad." Énfasis añadido. 46. Como se puede apreciar, el Congreso de la Unión ha desarrollado un sistema de defensa compuesto por la denuncia y el recurso de inconformidad, que permite a la ciudadanía protegerse de la autoridad que aplique en su perjuicio una norma que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 47. De ahí que si en el caso el acto que dio lugar a la denuncia fue la decisión del Poder Reformador de la Constitución del Estado de Jalisco de suprimir del texto constitucional la porción normativa en la que se establecía el derecho de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia a recibir un haber de retiro, resulta claro que se trata de un reclamo que no deriva de la aplicación de la norma general declarada inválida por esta Suprema Corte en la controversia constitucional 25/2008 y, por tanto, resulta improcedente el procedimiento previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo. [.]." En ese sentido, se tiene que la denuncia prevista en el citado artículo 210, tiene por objeto analizar si una autoridad aplicó algún precepto normativo declarado inválido en contra de cualquier persona, lo que, a su vez, conlleva verificar el cumplimiento de los requisitos siguientes: i) Que exista una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ii) Que haya surtido sus efectos dicha declaratoria. iii) Que con posterioridad a ello se le hayan aplicado dichos preceptos al denunciante. Por otra parte, al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, derivada de la jurisprudencia fijada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos amparos indirectos en revisión, en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Alto Tribunal declaró inválidos los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud que prohibían absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Al respecto, el Tribunal Pleno estimó que, a efecto de superar eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las porciones normativas estudiadas, debía, por un lado, expulsarlas del sistema jurídico mexicano y, por otro, remover el obstáculo jurídico que tenía la Secretaría de Salud para emitir autorizaciones para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. Por ende, estimó conveniente notificarle tal fallo a dicha dependencia y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para que, entretanto el Congreso de la Unión legisla al respecto, emitan tales autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias de amparo que formaron la jurisprudencia comentada, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el resolutivo segundo de dicha sentencia que la declaratoria de inconstitucionalidad surtiría efectos a partir de su notificación al Congreso de la Unión, es decir, según se advierte como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la página electrónica de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. De modo que, a partir de esa fecha, es decir, del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la declaratoria entró en vigor e impuso a todas las autoridades del país la obligación de abstenerse de aplicar los preceptos normativos invalidados, así como otorgó a las personas afectadas por su aplicación la facultad de reclamarla, vía el presente procedimiento sumario. En el caso, el denunciante reclama a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios la declaración de imposibilidad de resolver la solicitud de autorización para el consumo personal del estupefaciente cannabis registrada con el folio ... de dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, del contenido del artículo 210 de la Ley de Amparo, que regula la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se advierte que si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto. Dicho artículo también refiere que la denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, se tiene que el "afectado" debe, en primer momento, acreditar ante el Juez de Distrito la existencia de un acto positivo, para que entonces se determine si las normas declaradas inconstitucionales, fueron o no aplicadas en perjuicio de la parte promovente. Al respecto, se tiene que existen los llamados actos positivos y negativos, entendiéndose los primeros como una actuación, una conducta activa, un hacer o un dar; en tanto que los segundos consisten en una abstención, una inacción, es decir un rehusar por parte de la autoridad denunciada. Por lo que, si el denunciante reclama la respuesta de la referida autoridad en donde se declara la imposibilidad para evaluar la autorización para la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos del estupefaciente cannabis registrada con el folio ...se considera que dicha respuesta trae consigo una negativa implícita. En ese sentido, no se actualiza el tercer supuesto requerido para la procedencia de la denuncia, toda vez que no se advierte que la autoridad haya inobservado en perjuicio del promovente lo previsto en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en sentido estricto, en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y"; y, 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión. Determinación en la que, entre otras cosas, se enfatizó que sus alcances se limitaban a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Sin que pueda abordarse el estudio de una actualización o no de una negativa ficta al no ser materia del presente asunto. De ahí que, ni expresa ni implícitamente se considera que la autoridad denunciada ha aplicado en perjuicio del promovente las normas declaradas inconstitucionales a través de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que con el argumento de que se encuentra imposibilitada para evaluar la petición realizada sobre autorización de consumo de dicho elemento, no se está en presencia de un acto positivo o negativo fundado en la norma declara inconstitucional. Por ende, al no actualizarse el tercer supuesto de procedencia de la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad; en consecuencia, resulta notoriamente improcedente dicha denuncia por lo que debe desecharse de plano, con apoyo en el artículo 210, en relación con el diverso 201, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. IV. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctomacatjf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VI. Domicilio y Autorizados. Como solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ..., asimismo, con fundamento del último párrafo de artículo 12 de la Ley de Amparo, como autorizado en términos amplios a..., pues cuenta con su cédula profesional registrada Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. VIII. Acceso al expediente electrónico (consulta). Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario "...". En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta del expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. X. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. XI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XIII. Captura de la determinación. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente al denunciante.

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