Diana Silvia García Vázquez

Expediente 727/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
727/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Diana Silvia García Vázquez
  • Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VISTA la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada dentro del presente juicio de amparo dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por otro lado, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 727/2022, promovido por Diana Silvia García Vázquez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, recibido en este juzgado al día siguiente, compareció Diana Silvia García Vázquez, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: Tribunal de Conciliación y Arbitraje al Servicio de los Trabajadores de los Municipios y del Estado de Tamaulipas, la tardanza y omisión de dictar el Laudo dentro del Expediente 523/E/2017." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Diana Silvia García Vázquez, y se registró con el número 727/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 523/E/2017, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dictar el laudo, dentro del expediente aboral número 523/E/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. En su informe justificado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, en el propio informe realiza manifestaciones de las que se advierte su certeza, pues refiere se encuentran pruebas pendientes por diligenciar dentro del sumario de origen. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la ley de la materia, se tiene por cierto el acto reclamado a la responsable. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del texto y rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Estudio. No advirtiendo este juzgador alguna causal de improcedencia que se actualice en el presente juicio de amparo, se avoca al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Analizadas la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, los conceptos de violación externados por la parte quejosa resultan infundados, aun y en suplencia de la deficiencia de la queja, que establece el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. De inicio, es conveniente precisar que la accionante del amparo aduce que se violenta en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 17 Constitucional, al aplicar inexactamente la autoridad responsable el artículo 101 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, precepto este último que se trae a la vista para una mejor comprensión: "ARTÍCULO 101.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios iniciará la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito; a la respuesta que en igual forma se dé a la demanda y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos de las partes. El Tribunal pronunciará resolución dentro del término de diez días hábiles siguientes a la audiencia, a menos que, a su juicio, se requiera la práctica de audiencia y diligencias posteriores, en cuyo caso ordenará que se lleven a cabo." Sin embargo, el diverso numeral 107 de la misma legislación establece: "ARTÍCULO 107.- Inmediatamente que el Tribunal reciba la contestación de la demanda o transcurrido el plazo para contestar, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en su caso." En vista a lo anterior, es importante precisar que el primer numeral transcrito establece que aquellos asuntos que se sometan a la potestad del Tribunal iniciarán con la presentación de la demanda por escrito, con la contestación en igual forma, y luego, a una sola audiencia, se presentarán las pruebas y alegatos de las partes, y el tribunal resolverá dentro de los diez días siguientes, sin embargo, si considera necesaria la práctica de audiencias o diligencias posteriores a la anterior, ordenará que se realicen; por su parte el segundo prevé que contestada la demanda o en su caso que haya transcurrido el término para hacerlo, el tribunal ordenará la práctica de aquellas diligencias que estime pertinentes, y realizado esto citará a las partes para la audiencia de pruebas y alegatos; y en esta procederá a admitir aquellas que estime conducentes, así como a desechar aquellas que estime improcedentes. Por ello, es oportuno reiterar que en el juicio se reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente en el procedimiento laboral 523/E/2017. En ese sentido, de las documentales aportadas por la autoridad responsable a través de su informe justificado, y oficios en alcance al mismo -que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se llega a determinar que el estado de los autos del expediente laboral 523/E/2017, no permite el dictado del proyecto de resolución en forma de laudo, pues se advierte que existen diligencias pendientes de desahogarse. Con lo anterior, se pone de manifiesto que la estadía procesal del sumario de origen no permite el dictado del proyecto de resolución en forma de laudo, toda vez que la responsable pone de manifiesto que existen pruebas pendientes por desahogarse, como lo son los informes de autoridad descritos en el acuerdo de pruebas de trece de noviembre de dos mil diecinueve dictado dentro del expediente laboral de origen, que obra en autos; es decir, no se han agotado las fases procesales respectivas establecidas en el artículo 101 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado. Lo narrado en los párrafos que anteceden hace evidente la imposibilidad de la autoridad responsable para dictar el laudo reclamado, pues el sumario laboral no se encuentra en el momento procesal oportuno, en virtud de que a la presente fecha aún se encuentran diligencias pendientes de desahogo. De todo lo anterior, se concluye que el acto reclamado debe existir al presentar la demanda y no posterior a ello. En apoyo a lo anterior se cita el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Por ello, resulta infundada la manifestación que realiza la parte quejosa en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, y como consecuencia a ello, se debe negar el amparo en el presente juicio. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Diana Silvia García Vázquez, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio 10642 signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de diversas constancias solicitadas por diverso proveído de diecisiete de junio del año en curso, con lo que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convengan. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte ha transcurrido el plazo otorgado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios en el auto de veintiséis de mayo del año en curso, a fin de que justifique haber enviado los oficios siguientes; 1.- Institución Bancaria BANORTE, Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; 2.- Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; y 3.- Jefe del Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación, todos con sede en esta ciudad; en los que conste los sellos de recepción a efecto de que esté en condiciones de rendir los informes de autoridad solicitados dentro del expediente laboral 523/E/2017, las que son necesarias tener a la vista a efecto de resolver el presente asunto, y hasta la fecha, la citada autoridad responsable, no ha dado cumplimiento al requerimiento efectuado, no obstante encontrarse debidamente notificado del proveído por el cual se le requirió, según acuse de notificación que obra agregado dentro del expediente electrónico. En tal virtud, requiérase de nueva cuenta y por última ocasión al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para que en el término de tres días remita copia certificada de las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, o bien, manifieste el impedimento que tenga para hacerlo. Bajo el apercibimiento de no acatar lo requerido, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Consecuentemente, para dar oportunidad a que este órgano jurisdiccional integre debidamente el presente expediente, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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