Diana Sarai Chávez Martínez y Otros.

Expediente 1410/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1410/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
10/01/2018

Partes del expediente

  • Diana Sarai Chávez Martínez y Otros.
  • Diana Sarai Chávez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 1410/2017 M7-B#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil dieciocho. .... Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil dieciocho. Se declara que ha causado estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 49 a 61), en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho acuerdo. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. En otro orden de ideas, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No es inadvertido que adjunto a la demanda, la parte quejosa exhibió diversas documentales en copia certificada (fojas 33 a 47); sin embargo, conforme al capítulo I, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, al no ser considerado como documento original, se ordena su permanencia en el expediente, salvo que la parte quejosa comparezca a solicitar su devolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe

  3. Principal

    PRAL. 1410/2017 M7-B#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Registro de demanda. Con la demanda de amparo en presentada el veintiuno de este mes, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en este municipio, y recibida el mismo día en este Juzgado, promovida por 1) Diana Sarai Chávez Martínez, 2) Cintia Mildred Zarate Alcántara, 3) Leticia Velasco Carrasco, 4) Blanca Edith García García y 5) José Damián Quintas Silva, por propio derecho, contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y de otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el registro 1410/2017. Causal de improcedencia. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, procede analizar integralmente la demanda de amparo para verificar si existe o no, algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia que autorice a desecharla de plano; dicho ordenamiento legal es del contenido literal siguiente. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En principio, debe precisarse que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la ley de la materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formase una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". En la especie, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes (fojas 8 y 9): (Imágenes escaneadas) Asimismo, en los antecedentes que constituyen los referidos actos reclamados, manifiesta (fojas 10 y 11): (Imágenes escaneadas) Expuesto lo anterior, se estima que del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la hipótesis establecida por la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Para demostrar esta afirmación, es menester partir de la premisa de que el juicio de amparo es un proceso de carácter extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En el caso concreto, se tiene presente que los artículos 366, 369 y 370 de la Ley Federal del Trabajo señalan: "Artículo 366.- El registro podrá negarse únicamente: I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356; II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364; y III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro de un término de sesenta días naturales, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva." "Artículo 369.- El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente: I. En caso de disolución; y II. Por dejar de tener los requisitos legales. La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la cancelación de su registro. "Artículo 370.- Los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro, por vía administrativa." En congruencia con lo antes referido es conveniente destacar que la parte quejosa reclama, de manera esencial, la validación o reconocimiento de la elección del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), para el trienio 2018-2021, así como la toma de nota de la directiva sindical, que refiere. Al respecto, es menester precisar que no existe norma expresa que establezca el procedimiento para la toma de nota establecida en el artículo 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, conforme al artículo 17 del mismo ordenamiento; empero, ante la falta de disposición expresa en la ley, se considerarán, entre otros supuestos, sus disposiciones que regulen casos semejantes. Por tal motivo y como el registro de un sindicato y la toma de nota de cambio de directiva son situaciones semejantes, por ser cuestiones referentes al reconocimiento de la personalidad de aquél, diferenciándose únicamente por un aspecto temporal, se concluye que a la toma de nota le es aplicable por analogía el procedimiento previsto en el artículo 366, último párrafo, de la propia Ley, que prevé los plazos y consecuencias legales a seguir para el registro de un sindicato, pues el registro y la toma de nota de cambio de directiva sindical implican la actualización de situaciones de hecho y de derecho que la autoridad encargada debe verificar para salvaguardar el derecho de seguridad jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 109/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 452, del Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161163, del rubro y texto siguientes: "TOMA DE NOTA DE DIRECTIVA SINDICAL. ES APLICABLE ANALÓGICAMENTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 366, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien no existe norma expresa que establezca el procedimiento para la toma de nota establecida en el artículo 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, conforme al artículo 17 del mismo ordenamiento, ante la falta de disposición expresa en la ley, se considerarán, entre otros supuestos, sus disposiciones que regulen casos semejantes. Por tal motivo, y como el registro de un sindicato y la toma de nota de cambio de directiva son situaciones semejantes, por ser cuestiones referentes al reconocimiento de la personalidad de aquél, diferenciándose únicamente por un aspecto temporal, se concluye que a la toma de nota le es aplicable por analogía el procedimiento previsto en el artículo 366, último párrafo, de la propia Ley, que prevé los plazos y consecuencias legales a seguir para el registro de un sindicato, pues el registro y la toma de nota de cambio de directiva sindical implican la actualización de situaciones de hecho y de derecho que la autoridad encargada debe verificar para salvaguardar la garantía de seguridad jurídica." De ahí que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; toda vez que antes de promover el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa debió agotar el procedimiento previsto en el artículo 366, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, en virtud del cual pudiera ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama, tildado de inconstitucional. Por tanto, se reitera que de la interpretación sistemática de los artículos 365 a 370 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que las Juntas de Conciliación y Arbitraje desempeñan una dualidad de funciones, pues si bien es cierto que para el registro de una agrupación sindical se sigue ante aquéllas un procedimiento administrativo concerniente a la debida comprobación de los requisitos que la ley exige para considerar constituida dicha congregación, también lo es que una vez registrado un sindicato, gozando, de personalidad jurídica plena, para proceder a la cancelación de su registro, no debe seguirse igual procedimiento, ya que nacen para sus agremiados derechos adquiridos, por lo cual si existen irregularidades en el procedimiento respectivo debe demandarse su cancelación ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, siguiendo el juicio arbitral correspondiente, de conformidad con el numeral 369 de la Ley Federal del Trabajo, pues en ese procedimiento arbitral se respetará el derecho de audiencia de todas las partes. Es ilustrativa la tesis aislada XXXI.4 L (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, publicada en la página 25624, XIII, Octubre de dos mil doce, materia laboral, correspondiente a la décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DADA LA DUALIDAD DE SUS FUNCIONES SON COMPETENTES PARA CONOCER, VÍA JURISDICCIONAL, DE LA CANCELACIÓN TANTO DEL REGISTRO DE UN SINDICATO, COMO DE LA TOMA DE NOTA DE UNA NUEVA MESA DIRECTIVA. De la interpretación sistemática de los artículos 365 a 370 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, desempeñan una dualidad de funciones, pues si bien es cierto que para el registro de una agrupación sindical se sigue ante aquéllas un procedimiento administrativo concerniente a la debida comprobación de los requisitos que la ley exige para considerar constituida dicha congregación, también lo es que una vez registrado un sindicato, gozando, por tanto, de personalidad jurídica plena, para proceder a la cancelación de su registro, no debe seguirse igual procedimiento, ya que nacen para sus agremiados derechos adquiridos, por lo que debe demandarse su cancelación ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, siguiendo el juicio arbitral correspondiente de conformidad con el numeral 369 de la Ley Federal del Trabajo. Además, los convenios internacionales de los que México forma parte, entre ellos, el Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, adoptado el 9 de julio de 1948, por la XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, en San Francisco, California, en su artículo 4 protege a las organizaciones de trabajadores contra la disolución o suspensión en vía administrativa, estableciendo así en forma implícita la vía jurisdiccional para lograr dichos fines. Hipótesis que también se surte respecto de la cancelación de la toma de nota de la nueva mesa directiva de los sindicatos, en los que por similitud de razón aplica la misma consecuencia jurídica." En consecuencia, es dable concluir que, previamente a la promoción del amparo, la Junta de Conciliación y Arbitraje competente debe resolver lo relativo a la materia de la impugnación, esto es, efectuar el análisis de legalidad en la actuación de la nueva directiva sindical en lo relativo a si el procedimiento de elección se ajustó a los estatutos, de conformidad con lo establecido en el artículo 369, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia y tesis de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 160992 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Laboral Tesis: P./J. 32/2011 Página: 7 SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000).Al resolver la contradicción de tesis 30/2000-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad laboral puede verificar si el procedimiento de elección o cambio de directiva se apegó a las reglas estatutarias del propio sindicato o, subsidiariamente, a las de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que tal facultad deriva de la interpretación de sus artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, estableciendo en forma destacada, por un lado, que la obligación de los sindicatos de acompañar por duplicado copias autorizadas de las actas relativas a los cambios de dirigencia es para que la autoridad pueda comparar el procedimiento y el resultado constante en las actas, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, a fin de verificar si se cumplieron o no; y, por otro, que el sufragio y su resultado deben apegarse, forzosa y necesariamente, a los términos de los estatutos formulados libremente por los agremiados. Ahora bien, en atención a las consideraciones esenciales de la resolución precisada, a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, al derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, se concluye que la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos". "Décima Época Registro: 2001192 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 3 Materia(s): Laboral Tesis: IX.1o.1 L (10a.) Página: 2058 SINDICATOS. LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS PREVIAMENTE AL REGISTRO O TOMA DE NOTA DE LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA PUEDEN RECLAMARSE A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL, UNA VEZ QUE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL, determinó que en atención a las consideraciones esenciales de la resolución recaída a la contradicción de tesis 30/2000-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 86/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 140, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", así como de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011; del derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de directiva, consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de las irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas, o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por la vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos. En ese sentido, la autoridad laboral puede analizar las irregularidades cometidas previamente al registro o toma de nota de la elección o cambio de directiva, en vía jurisdiccional, a través del juicio ordinario laboral en el que se ejercite la acción prevista en el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable por analogía. Por ello, para que proceda el referido análisis jurisdiccional, debió haber concluido el proceso de elección o cambio de directiva, es decir, haberse hecho el cotejo y registro correspondientes, y no antes, porque de hacerlo, la autoridad laboral estaría interviniendo injustificadamente en la vida interna del sindicato, en franca contravención a la autonomía y libertad de la asociación de trabajadores para decidir conforme a sus disposiciones estatutarias." Con lo que opera de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia, prevista por la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En cuanto al tema, similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa de éste Décimo Tercer Circuito, en sesión de veinticuatro de marzo de dos mil quince, al resolver el recurso de revisión 365/2014, así como el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, el veinticuatro de agosto de este año, en el toca 249/2017, en apoyo al citado Tribunal de éste Décimo Tercer Circuito. Diversa Causal de improcedencia. Aunado a lo anteriormente determinado, la parte quejosa tampoco tiene la certeza de que se haya emitido la declaración correspondiente por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Estado. Lo anterior es así ya que, como los quejosos lo manifiestan, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, el siete de diciembre de dos mil diecisiete, escucharon a través de los medios de comunicación, que el Comité Ejecutivo y la Comisión Electoral se reunieron en una sede alterna para validar la elección a favor de diversas personas, integrantes de la "planilla verde" y para solicitar a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, validara la elección e hiciera la Toma de Nota de los integrantes de dicha planilla a efecto de que fueran reconocidos como Comité Ejecutivo electo para el trienio 2018-2021. Asimismo, indican que la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, "pretenden validar" la elección y hacer la toma de nota del nuevo comité, sin verificar que se haya cumplido con la legalidad, siendo que legalmente están facultados para verificar el cumplimiento de los requisitos formales que rigieron el procedimiento electivo conforme a los estatutos o subsidiramente a la Ley Federal del Trabajo. Manifestaciones que constituyen una confesión, que hace prueba plena en su contra, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Se afirma lo anterior, ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento expreso o tácito, de una parte formal o material, de un hecho que le perjudica. Establece lo siguiente el referido precepto legal: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." Es aplicable la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". Lo cual reiteran en el momento de solicitar la suspensión de los actos reclamados, al manifestar (foja 29): ".solicitamos se nos conceda la suspensión provisional y enseguida la definitiva, de los actos reclamados, a fin de que se mantengan las cosas en las que actualmente se encuentran y no se haga la toma de nota del nuevo comité ejecutivo sindical para el trienio 2018-2021 hasta que se resuelva el presente juicio de garantías." De lo que se obtiene que los quejosos acuden al juicio de amparo, con la finalidad de prevenir que la autoridad responsable realice las declaraciones que propiamente constituyen los actos que señalaron como reclamados. En ese estado de cosas, de resultar que hasta el momento no se ha emitido la declaración de Toma de Nota, así como el registro sindical materia de los actos reclamados, actualizan de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley,26 y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Lo anterior es así, en virtud de que la probabilidad o sospecha de que la autoridad haya emitido las declaraciones por las que se duelen, no les depara perjuicio alguno, toda vez que de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de que tuvieron conocimiento de la intención de los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, para registrarse formalmente ante la Junta responsable, sea viable la procedencia del amparo; pues para ello es necesario que exista una afectación real y actual a través de un acto de autoridad, en este caso, de las declaraciones que haga la Junta responsable, las cuales dependerán de la procedencia que, en su caso, lleguen a determinar acerca de la solicitud de registro realizada por el Comité Sindical antes mencionado. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia administrativa, registro 286638, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. El simple temor de que se ejecuten actos que puedan constituir una violación de garantías, no es bastante para fundar la concesión del amparo". La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la Justicia Federal, a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación. Por tanto, dicha circunstancia no puede ser considerada como un acto reclamado, pues es evidente que se trata de meros supuestos, bajo premisas obtenidas de presunciones, contra lo que no procede el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro y texto establecen: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico" Asimismo, cabe precisar que lo anteriormente determinado no contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que, además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Apoya a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías". En estas condiciones, al actualizarle de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como la diversa , fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de la materia; SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por 1) Diana Sarai Chávez Martínez, 2) Cintia Mildred Zarate Alcántara, 3) Leticia Velasco Carrasco, 4) Blanca Edith García García y 5) José Damián Quintas Silva. Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría si, de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que los quejosos tengan conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y, a su vez, evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho a la prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de amparo, se tiene a Diana Sarai Chavez Martínez como representante común de la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo en consulta, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda, y por autorizado, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la ley en comento, a José Antonio Ramos Hernández, por haberse encontrado número de registro único a su nombre. En tanto que a las diversas personas que menciona, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encontró número de registro único a su favor que los acredite para ejercer la profesión de licenciados en derecho; y, en hágase de su conocimiento que una vez que acrediten dicho aspecto se les tendrá por autorizados en los términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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