Diana Rosa Vara Fernandez

Expediente 1084/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1084/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Diana Rosa Vara Fernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida el acta de gestión elaborada por el Coordinador de Actuarios de este Juzgado Federal, mediante la cual informa las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación a la tercera interesada María Alejandra Palma Domínguez, de la resolución de fecha trece de julio del dos mil veintitrés; al respecto, se tiene por hecha la comunicación para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no se encuentra notificada la parte tercero interesada María Alejandra Palma Domínguez, de la resolución dictada el trece de julio de dos mil veintitrés. En tal virtud, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al Coordinador de Actuarios de este órgano jurisdiccional para que realice las gestiones necesarias a fin de que sea notificada de la citada resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 1084/2022, promovido por ******************** contra actos de la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de ********************, y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de ******************** ".la orden de desalojo o desposesión del inmueble ubicado en ********************" [Sic]. Actuario adscrito a la Primera Secretaría del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de ******************** ".la ejecución de la orden de desalojo o desposesión del inmueble ubicado en ********************" [Sic]. SEGUNDO. El veinticinco de agosto de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1084/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad del juicio de amparo indirecto. La demanda de amparo fue presentada oportunamente, en virtud de que el plazo previsto para tal efecto transcurrió conforme a lo siguiente: Fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados Plazo para promover la demanda de amparo Días inhábiles 10 de agosto de 2022 11 al 31 de agosto de 2022 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de mayo de 2022 Con base en el recuadro anterior, si la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifestó haber tenido conocimiento de los actos reclamados el diez de agosto de dos mil veintidós, su plazo para presentar la demanda de amparo indirecto transcurrió del once al treinta y uno del mismo mes y año. Entonces, si la demanda que originó este expediente fue presentada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, es indudable que fue promovida dentro del plazo de quince días establecido para tal efecto. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. De la Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de ********************: la orden de desalojo emitida en el juicio ordinario civil ********************, respecto del inmueble que la parte quejosa aduce su posesión, ubicado en calle ********************número ********************, colonia ********************, Municipio de ********************, ********************, código postal ********************. 2. Del actuario adscrito a la Primera Secretaría del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del estado de ********************: la ejecución de la orden de desposesión emitida en el juicio ordinario civil ********************, respecto del inmueble citado. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La jueza responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con base en la copia certificada del juicio ordinario civil ********************, a las cuales se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que se advierte que por auto de diez de junio de dos mil veintidós, en cumplimiento al resolutivo quinto de la sentencia definitiva dictada en ese asunto, ordenó a la parte demandada de ese juicio para que en el plazo de cinco días contados a partir de su notificación, dieran cumplimiento a esa ejecutoria. Asimismo, se desprende que el ocho de septiembre de dos mil veintidós, la actuaria responsable realizó la entrega real y material del inmueble materia de litigio a la parte actora. Por su parte, la actuaria señalada como responsable se adhirió al informe justificado rendido por su titular. En ese sentido, y en atención a lo narrado en los párrafos anteriores, se tiene por cierto el acto reclamado a esa autoridad. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este juzgado está obligado a analizar las causas de improcedencia que se actualizan en este juicio, con independencia de que las partes las invoquen, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, quien resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del primero de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Respecto del interés jurídico, debe mencionarse que es necesario que se acredite fehacientemente, y no solamente se infiera. Bajo ese contexto, se tiene que ******************** promovió el presente juicio de amparo, con el propósito de impedir la ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, por considerar que con su ejecución -es decir, con la entrega material del inmueble ubicado en calle ********************número ********************, colonia ********************, Municipio de ********************, ********************, código postal ********************, conforme a la ejecutoria dictada por la autoridad responsable- sería privada de la posesión que ostenta respecto de ese bien. Para acreditar ese derecho, exhibió los siguientes documentos: El original de una constancia de residencia de siete de julio de dos mil veintidós, firmada por el secretario municipal del Ayuntamiento de ********************, ********************, en la cual se hizo constar que la parte quejosa actualmente tiene su domicilio en calle ********************número ********************, colonia ********************, en dicho municipio, código postal ********************. El original de un contrato de comodato de quince de enero de dos mil diecinueve, suscrito por ********************, en su calidad de comodante; y ********************, como comodataria, que tiene por objeto el uso y disfrute del bien ubicado en calle ********************número ********************, colonia ********************, en dicho municipio, código postal ********************, como casa habitación. Una vez analizadas y valoradas las documentales ofrecidas por la parte quejosa, quien resuelve considera que no acredita de manera fehaciente la posesión alegada del inmueble litigioso; y por ende, carece de interés jurídico para promover el presente juicio. Esto, en virtud de que las documentales exhibidas por la parte quejosa no son suficientes para tener por acreditado el interés jurídico. Se dice lo anterior, pues la documental descrita con el número 2 carece de fecha cierta. Conviene recordar que un documento se considera de fecha cierta desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público; desde la muerte de cualquiera de sus firmantes; o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Tal cuestión resulta relevante para el presente asunto, en razón de que a través de la fecha cierta se busca la certeza jurídica en las operaciones, además de que se evita así que los documentos se confeccionen con una fecha inexacta en perjuicio de terceros, pudiendo quedar las partes que lo celebran en el acuerdo para antedatar o pos-datar en el documento una fecha distinta a la verdadera. Tratándose de documentos privados resulta útil en el ámbito de la acreditación del interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, porque con el mismo se consigue como objetivo, que en el juicio de amparo se demuestre no solamente la existencia de un derecho derivado de un acto contenido en un documento privado, sino que además se demuestre que dicho derecho existió con anterioridad al acto reclamado. Lo hasta aquí expuesto es acorde a lo resuelto en la contradicción de tesis 149/2009, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable". Por consiguiente, toda vez que el documento privado exhibido no es de fecha cierta, sin que se hubiere acreditado alguno de los supuestos que puedan dar certeza de la fecha de suscripción del mencionado documento, se imposibilita determinar si el reclamo que se hace a las autoridades responsables deriva de actos anteriores o posteriores a la adquisición del derecho, y por consiguiente, no es apto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo. Lo mismo acontece respecto de la documental exhibida descrita con el número 1, pues dicha constancia no es suficiente para considerar que la quejosa tiene algún derecho a poseer el bien materia del litigio. Lo anterior es así, pues para la protección de un derecho de posesión, es necesario determinar, en primer lugar, qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Es decir, debe analizarse si se trata de una posesión que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre estas. Para pronta referencia, se invoca por analogía, la jurisprudencia P./J. 1/2002, que es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En tales condiciones, puede concluirse que con las documentales exhibidas, la parte quejosa no acredita el interés jurídico necesario para instarse el juicio de amparo, por lo que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el diverso precepto 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se sobresee en el presente juicio promovido por ********************. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista y a las partes conforme a lo siguiente: Partes Forma de notificación Quejosa Personalmente Autoridades responsables Por oficio Tercero interesada Personalmente Agente del ministerio público federal adscrito Personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de ********************, con la asistencia de Jesús Alejandro Gutiérrez Godínez, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de julio de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que se encuentra programada la audiencia constitucional para el día de hoy; sin embargo, en atención a que el suscrito únicamente está facultado para practicar diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, en términos del segundo párrafo del artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, se difiere la misma y en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la misma . Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, por licencia de carácter personal concedida a Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio 1566/2023 firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diez de abril de dos mil veintitrés, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Anahí

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