Diana Ramos Ramírez

Expediente 324/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
324/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Diana Ramos Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que firma el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 324/2023-8 de este índice e informa que aceptó la competencia declinada. En virtud de que no existen diligencias pendientes por desahogar ni trámite alguno que realizar, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso j) del referido acuerdo. Finalmente, háganse a las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Diana Ramos Ramírez, contra actos del Fiscal General del Estado de Baja California y de otras autoridades; fórmese el expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 324/2023-8. Previo a emitir el pronunciamiento que corresponde en relación con la demanda de cuenta, se precisa que no es procedente tramitar en forma urgente el presente asunto, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sólo se reclama la disminución del salario de la quejosa. Incompetencia Ahora bien, analizada la demanda de cuenta, se advierte que la quejosa reclama, en esencia, la cuantificación de las remuneraciones que le corresponden con motivo de la prestación de servicio como agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, pues aduce que el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés recibió un cheque por una cantidad menor al salario que le corresponde. En ese orden de ideas, tomando en consideración que de las documentales que anexa la parte quejosa consistentes en copia de talón de cheque de diez y veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés expedidos por el Gobierno del Estado de Baja California, en la ciudad de Tijuana, se desprende que recibe su pago en aquella ciudad; por tanto, es posible establecer que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se trata, conforme las razones que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para definir la competencia del Juez de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. A. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo. B. Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, C. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima actualizada la primera hipótesis para definir la incompetencia de este órgano jurisdiccional, en virtud de que el acto reclamado tiene un efecto positivo el cual se encuentra ejecutándose en la ciudad de Tijuana, Baja California, lugar donde la quejosa recibe su pago como agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California; lo que se traduce en acto material cuya ejecución tiene lugar fuera de la jurisdicción de este Juzgado. Al respecto, resulta ilustrativa en lo conducente la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de octubre de 2009, Novena Época, con número de registro 166109, cuyo rubro y texto son: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En ese tenor, se estima que dichos efectos se producen indefectiblemente en el municipio de Tijuana, Baja California, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado, conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por ende, como se anticipó, se estima que este Juzgado Federal carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la presente demanda. En ese sentido, se estima que quien debe conocer de la presente demanda es el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en que se ejecuta el acto reclamado; consecuentemente se declina la competencia para conocer de la demanda que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno. Solicítese atentamente al Juez de Distrito correspondiente, que de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional la determinación que asuma al respecto. Domicilio y autorizados. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ******************** y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que señala en su escrito de demanda; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. Exhortación para uso de medios electrónicos. Se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Transparencia y datos personales. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener. Notifíquese.

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