Diana Ponce Salinas

Expediente 732/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
732/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
31/07/2018

Partes del expediente

  • Diana Ponce Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA IV. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que el proveído dictado en el presente juicio de amparo, por el que se sobreseyó, fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la carátula del presente juicio; y al no existir más por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, en acatamiento al artículo 11 del referido Acuerdo, y al Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, trasládense a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, a juicio del suscrito no tiene valor jurídico, político, social, económico o histórico ni es de relevancia documental. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado. Se tiene por rendido el informe en comento y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como delegados de las autoridades oficiantes a las personas que mencionan y, de conformidad con el diverso precepto 28, fracción I, de la legislación en cita, por designado el domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden, resulta oportuno precisar que el único acto reclamado por la quejosa en esta instancia constitucional, lo constituye la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. Ahora bien, una vez analizadas las constancias de autos, concretamente el informe justificado rendido por la autoridad responsable; este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación de la citada causal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Por su parte, la segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, aunque puede estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza en el presente juicio, ya que en el caso particular se emitió una nueva determinación que vino a sustituir procesalmente a la anterior, de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de amparo biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente. Ilustra lo anterior, la Tesis I.3o.C92K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, establecida la premisa y los alcances de la misma, se reitera que en el caso, la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a su escrito el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores la cancelación del préstamo con folio 20150123227; y la devolución de los descuentos realizados. Sin embargo, con las constancias que remite la responsable se aprecia que atendió a la petición de la quejosa y procedió a la devolución del numerario con motivo de los descuentos realizados, para lo cual elaboró el cheque correspondiente, el cual fue entregado a la quejosa el ocho del mes en curso. Resulta aplicable la tesis I.2o.P.4 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en el Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2546, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". En consecuencia, al advertirse la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista a las diez horas con diez minutos del uno de agosto del presente año, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA IV. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio y anexo de mérito, mediante el cual el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de siete de junio de la presente anualidad, en el expediente ********** de su índice, relativo al impedimento formulado por este Juzgado, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es infundado el impedimento." En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). ADMISIÓN. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo. PRESICION DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La omisión de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, pues la quejosa no lo solicitó expresamente. INTERENCIÓN MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al contenido del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de la materia, aplicado de manera análoga, notifíquese personalmente el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los efectos legales conducentes. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con diez minutos del uno de agosto de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de cinco días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo, lo que deberá realizar con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que de no existir inconveniente legal alguno, rinda el informe solicitado, vía mensajería acelerada o telegrama, sin perjuicio de que lo haga por la vía ordinaria. Cabe precisar que el término señalado no implica violación procesal alguna, atendiendo al derecho humano que se dice violado; lo cual es conforme con el artículo 17 constitucional, así como el 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, preceptos que reconocen a las personas el derecho humano a la justicia pronta. Asimismo, el artículo 117 de la Ley de Amparo, refiere que deberá rendirse dentro de un plazo de quince días; esto es, no constriñe al Juez de Distrito el deber de agotar dicho plazo, sino que lo faculta a establecer, de acuerdo al caso concreto, el plazo en que deben rendirse los informes. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, con excepción de los Jueces de Distrito que hayan sido señalados como responsables. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisa se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el precepto 251 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. REQUERIMIENTO DE DIVERSOS JUICIOS DE AMPARO. De igual forma, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberá comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que en caso ser omisa a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. Se reserva el emplazamiento de los terceros interesados hasta en tanto obre en autos del presente juicio, tanto el informe justificado de la responsable, como las constancias generadoras del acto reclamado. PRUEBAS. Con fundamento en lo previsto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, sin necesidad de diligencia previa, la documental exhibida por la quejosa en el escrito que se atiende, consistente de un anexo, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. DENOMINACIÓN AUTORIDADES RESPONSABLES. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y, por ende, no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendientes de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. NOTIFICACION A LA AUTORIDDAD RESPONSABLE. Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 176/2012, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 1253, libro XVI, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Décima Época, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. DOMICILIO. En otro orden, conforme a lo establecido en el artículo 26, fracción III, de Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Notifíquese.

  4. Principal

    MES IV. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado el proveído de veintidós de los actuales, dictado en el impedimento 3/2018, de su índice, donde informa que se admite el impedimento planteado por el titular de este órgano jurisdiccional, para conocer del presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Colegiado oficiante. Notifíquese.

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