Diana Paulina Castillo Romero
Expediente 223/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Diana Paulina Castillo Romero
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello, deberá DESTRUIRSE. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el citado numeral de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, así como en los respectivos incidentes. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión, dado que no se tramitó, como se advierte del auto dictado el dos de marzo de dos mil veinte. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable, envió en apoyo al informe justificado que rindió copia certificada de las constancias de donde emanó el acto reclamado, con el cual se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Reserva de oficios Toda vez que constituye un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, así como los tribunales colegiados de circuito en esta ciudad, empezarán a gozar del segundo período vacacional, se ordena reservar el envío de las comunicaciones que se encuentren en el supuesto, hasta en tanto reanuden labores. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II-223/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, turnada en la misma data a este juzgado, Diana Paulina Castillo Romero pidió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos omisivos de autoridad que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 1o. y 17. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se emplazó a la parte tercero interesado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 13/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que la omisión se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar: La omisión de proveer lo necesario para la ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 854/2016. TERCERO. Certeza de la omisión reclamada. Es parcialmente cierta la omisión que se atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo indicó la responsable al rendir su informe de ley. Ahora, de las copias certificadas del proceso laboral subyacente, se advierte que de forma posterior a la emisión del laudo no existe actuación alguna tendente para lograr el cumplimiento del laudo antes de la presentación de la demanda de amparo; documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia número 814. En ese orden, una vez analizadas las constancias que obran en el juicio de amparo, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Se afirma lo anterior, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la omisión de proveer lo necesario para la ejecución del laudo dictado dentro del expediente laboral 854/2016, sin que precise un acto concreto que contenga la dilación que reclama o que hubiere dado origen a alguna abstención por parte de dicha autoridad. Al respecto, cabe precisar la ejecución forzosa de un laudo, como en el caso reclama la quejosa, no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, sino que requiere que se solicite por el ejecutante. De ahí que si se reclama en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de ejecutar el laudo que puso fin a la contienda laboral, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque la ejecución forzosa del laudo depende básicamente de la previa petición del ejecutante. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la jurisprudencia 2a./J.16/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro III, diciembre de 2011, tomo 4, página 2772, registro 2000025, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". Luego, si de las constancias enviadas por el tribunal responsable consistentes en copia certificada de las principales constancias que conforman el expediente ordinario 854/2016, entre las que se encuentran el laudo dictado el veintidós de octubre de dos mil veinte, un oficio dirigido al Presidente del Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo Primer Circuito, con el que le hacen del conocimiento el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, así como las notificaciones practicadas a la parte demandada en el juicio de origen, se advierte que no hay gestión por parte de la quejosa en el sentido de impulsar el procedimiento, y si la ejecución del laudo es siempre a petición de parte, no puede constreñirse a la responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, porque una protección con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien, el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho humano de justicia completa y expedita que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, no puede considerarse que corresponda al tribunal responsable llevar a cabo, de forma oficiosa, la ejecución forzosa del laudo, en razón de que el inicio de dicho procedimiento como la prosecución del mismo, debe realizarse a petición de la parte que obtuvo fallo favorable, y dicho impulso debe hacerse cada vez que sea necesario. No se soslaya que la promovente del amparo aduzca que: ".Por su parte, por conducto de mis apoderados legales en el juicio laboral, he venido solicitando al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán y a la Secretaría de Educación en el Estado que cumplan con el deber de hacer efectivo el Laudo en Cumplimiento de Ejecutoria mencionado con anterioridad, solicitándole que se me cubran las prestaciones que me corresponden y que fueron condenadas a las Secretada de Educación en el Estado, así como por otorgándome y ratificándome la basificacitón en la clave presupuestal que ostentaba y reinstalándome en mi empleo, otorgándome y expidiéndoseme la titularidad del nombramiento definitivo y de base, SIN QUE HASTA LA FECHA LO HAYAN HECHO.". Sin embargo, no aportó medio de convicción alguno que desvirtúe la manifestado por el tribunal responsable al rendir informe justificado en el sentido: ".MAS CIERTO ES QUE, a la fecha la parte ACTORA no ha presentado promoción alguna, mediante la cual solicite a petición de parte, la Ejecución del Laudo en mención, tal y como lo marca el artículo 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del estado, mismo que a la letra dice "Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachara auto de ejecución, y comisionara al actuario, para que asociado con la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la parte DEMANDADA..." por lo que hasta en tanto la parte ACTORA comparezca a solicitar y ejercer tal derecho, este Tribunal Laboral acordara lo que en derecho proceda.". Es decir, con el informe en cita el cual fue recibido en proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, este juzgador ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, auto del que quedó notificada mediante citatorio que se listó el veintiséis de agosto siguiente, sin que hiciera manifestación al respecto u ofertara medio de prueba que desvirtuara lo sostenido por el tribunal al rendir su informe de ley. En tales condiciones, como en el caso se reclama de forma genérica la omisión de la responsable de proveer de manera eficaz e inmediata la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral subyacente es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se está en presencia de actos jurídicamente inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo y de realización incierta, porque, como se señaló, la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, la cual no se ha solicitado desde el veinte de noviembre de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 22, septiembre de 2015, tomo II, página 844, con registro 2010025, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante". Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Diana Paulina Castillo Romero, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que el catorce de octubre de dos mil veinte, se emplazó a juicio a la autoridad tercera interesada Secretaría de Educación en el Estado********************7985/2020 girado para tal efecto-, por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a que las autoridades en cita queden notificadas y, en su caso, estén en condiciones de rendir su informe de ley, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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