Diana Patricia Tostado González

Expediente 4/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
4/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Diana Patricia Tostado González
  • Leticia Aguilar Ramirez
  • Secretaría de Salud

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio enviado por el Consultor Jurídico de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a través del cual devuelve el diverso registrado con el folio 3333/2023 que contiene el proveído de dieciséis de febrero del presente año, por los motivos expuestos; en consecuencia, se ordena expedir dicho oficio al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Salud, para los efectos legales conducentes. notif.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, la parte promovente omitió desahogar la vista otorgada en proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, a pesar de haber sido legalmente notificada de dicho acuerdo. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con base en los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria. Lo anterior, además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora, en la resolución dictada por este Juzgador, el ocho de diciembre de dos mil veintidós en su segundo punto resolutivo, se declaró fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 4/2022, promovida por Diana Patricia Tostado González para efecto de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, y Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realizaran lo siguiente: "a) El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas: 1.- Deje sin efectos el oficio 223301EL350506, de doce de mayo de dos mil veintidós; y, 2.- En su lugar, emita otro en el que conceda la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos-adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- exclusivamente del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud, con la salvedad de que bajo ningún caso deberá incluir permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, la autoridad responsable otorgará esa autorización para que sea ejercido ese derecho únicamente por la denunciante Diana Patricia Tostado González siempre y cuando demuestre su mayoría de edad y plena capacidad jurídica, de modo que el uso de la sustancia en cuestión no se realice por menores de edad. Es decir, dicha autorización sanitaria deberá expedirse respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, sólo en cuanto a aquella que realizó su solicitud, en el entendido de que corresponderá a la autoridad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo expuesto puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la parte quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Debe destacarse además que las conductas que la parte denunciante realice en el contexto del consumo producidas cuando se encuentre bajo los efectos de la sustancia autorizada, que afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de alteración del orden público, violencia frente a terceros o cometer delitos, entre otros), se encuentran fuera de la protección de la presente resolución y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables. Asimismo, tampoco podrá conducirse vehículos, ni operar maquinas peligrosas, bajo el influjo de dicha sustancia, ni podrá ejercerse ese derecho frente a menores de edad, o en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, por lo que su ejercicio será únicamente en lugares privados, sin que pueda practicarse en lugares públicos; aunado a que tampoco podrá realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. b) El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su carácter de representante legal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y superior jerárquico del referido Director Ejecutivo, deberá remitir las constancias con que acredite las gestiones necesarias a fin de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas acate lo precisado en el punto que antecede". Resolución que causó ejecutoria el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, y se requirió a las autoridades el cumplimiento de la misma. Por lo anterior, mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el uno de febrero de dos mil veintitrés, registrado bajo el folio 1528, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en suplencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y Comisionado Federal de dicha Comisión, remitió el diverso COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-4117-2023 de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que se concedió la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos-adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- exclusivamente del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana; sin embargo, dicha autorización no comprende la realización de actos de comercio. El documento mencionado tiene valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida Bajo esa tesitura, atento al estudio íntegro efectuado al oficio de referencia, es dable concluir que se ha restituido a la parte denunciante en el pleno goce del derecho conculcado, toda vez que, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en suplencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y Comisionado Federal de dicha Comisión, mediante oficio No.COFEPRIS- COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-4117-2023 de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dio cabal cumplimiento a la sentencia, como se desprende de párrafos que anteceden. En consecuencia, en las narradas consideraciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la Denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad, en virtud de que cumplió íntegramente con la sentencia. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se declaró fundada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. notif.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en suplencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y Comisionado Federal de dicha Comisión, mediante el cual remite copia certificada de lo siguiente: Oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-4117-2023 de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se emitió la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas al autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefacientes "cannabis" a la quejosa. Vista con cumplimiento En consecuencia, con copia del oficio de cuenta, anexo, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo1 , de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizarlo, este Juzgado con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia del oficio de cuenta y anexo.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de quince días a que se refiere el numeral 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que por una parte se declaró improcedente y por otra se declaró procedente y fundada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, promovida por ********************, en contra de las autoridades denunciadas 1. Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y 2. Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios , por los motivos expuestos en el sexto y octavo considerando de este fallo y los efectos precisados en el diverso noveno. Causa ejecutoria Se declara que la resolución dictada, con fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de cumplimiento Con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas, y Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que queden legalmente notificados de este auto, cumplan con la ejecutoria de amparo o en su caso, informen las gestiones que se encuentran realizando para dicho cumplimiento, resolución que fue concedida para que realicen lo siguiente: a) El Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas: 1.- Deje sin efectos el oficio ********************, de ********************; y, 2.- En su lugar, emita otro en el que conceda la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos-adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- exclusivamente del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, en condiciones de certidumbre jurídica y de seguridad sanitaria en términos de lo dispuesto por el artículo 368, en relación con el diverso 376 de la Ley General de Salud, con la salvedad de que bajo ningún caso deberá incluir permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, la autoridad responsable otorgará esa autorización para que sea ejercido ese derecho únicamente por la denunciante ******************** siempre y cuando demuestre su mayoría de edad y plena capacidad jurídica, de modo que el uso de la sustancia en cuestión no se realice por menores de edad. Es decir, dicha autorización sanitaria deberá expedirse respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores, sólo en cuanto a aquella que realizó su solicitud, en el entendido de que corresponderá a la autoridad de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo expuesto puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por la parte quejosa se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. Debe destacarse además que las conductas que la parte denunciante realice en el contexto del consumo producidas cuando se encuentre bajo los efectos de la sustancia autorizada, que afecten injustificadamente la esfera jurídica de terceros (como podrían ser hipotéticamente los actos de alteración del orden público, violencia frente a terceros o cometer delitos, entre otros), se encuentran fuera de la protección de la presente resolución y por tanto deberán sancionarse de acuerdo a las leyes aplicables. Asimismo, tampoco podrá conducirse vehículos, ni operar maquinas peligrosas, bajo el influjo de dicha sustancia, ni podrá ejercerse ese derecho frente a menores de edad, o en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, por lo que su ejercicio será únicamente en lugares privados, sin que pueda practicarse en lugares públicos; aunado a que tampoco podrá realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. b) El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su carácter de representante legal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y superior jerárquico del referido Director Ejecutivo, deberá remitir las constancias con que acredite las gestiones necesarias a fin de que el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas acate lo precisado en el punto que antecede. En el entendido de que en caso de no hacerlo en dicho plazo, establecido en el último párrafo de la fracción I del artículo 210 de la Ley de Amparo, se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de dicha legislación. En otro aspecto, y con fundamento en la fracción II del artículo 210 de la Ley de Amparo, si con posterioridad, la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley, el cual prevé en el último párrafo del artículo 199 de la legislación de amparo, que: "[.] Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal." Apercibimiento autoridades Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la ley de la materia en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Finalmente, visto el estado procesal de autos, se advierte que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y Comisionado Federal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante oficio ********************, solicitó una prórroga de treinta días hábiles a efecto de dar cumplimiento a la resolución emitida en el presente asunto; y mediante proveído de dieciséis de los actuales, este órgano jurisdiccional se reservó a acordar lo conducente hasta en tanto se contara con la totalidad de las constancias de notificación realizadas a las partes, respecto de la sentencia y se declare que haya causado ejecutoria, situación que ya aconteció; en consecuencia, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

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