Diana Patricia Prada Luengas
Expediente 111/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/02/2019
Partes del expediente
- Diana Patricia Prada Luengas
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual comunica el contenido del acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 234/2019-XII, a través del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa y sus anexos, e informa que acepta la competencia planteada. De lo anterior se toma conocimiento. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en los puntos Segundo, fracción XX y Vigésimo, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo de que se trata, por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo del Acuerdo General invocado. Por otro lado, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Ahora bien, respecto a la solicitud del juzgado oficiante, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el citado Juzgado en los autos del juicio de amparo 234/2019-XII de su índice; asimismo, requiérasele para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibida que para el caso de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se publica en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con apoyo en los numerales 26, fracción III, y 27, fracción II de la Ley de Amparo. Finalmente, una vez que se cuente con la constancia relativa a la notificación encomendada, sin ulterior acuerdo remítase al Juzgado citado en párrafos que anteceden, para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista
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EN VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTICINCO DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA A **********, PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DICIENUEVE, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 234/2019 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUAREZ, QUE A LA LETRA DICE: "Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite e| juicio de amparo indirecto 111/2019, en razón de que mediante auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, ese órgano jurisdiccional, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Diana Patricia Prada Luengas, por propio derecho; contra actos de la Comisión Federal de Electricidad. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, de la Ley de Amparó, este juzgado federal se aboca (sic) al conocimiento de la demanda; regístrese su ingreso en Libro de Gobierno bajo el número 234/2019-XII. Acúsese el recibo correspondiente. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el articulo 113 de la Ley de Amparo, que da lugar a desechar la demanda, en virtud de evidenciarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación a los diversos 1°, fracción I y 5o, fracción II, de la citada legislación. De dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos o las garantías otorgadas por la Constitución Federal. Asimismo, que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas En cuanto a este tema, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época Septiembre de 2011 Registro 161133, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante si, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como, la tesis aislada P. XXVII/97, localizable en la página 118, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, Febrero de 1997, con número de registro 199459 que indica "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN OEXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades- para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen ", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual En efecto las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención dé los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal , que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no dela fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 156/2017 (10a.) publicada el doce de enero de dos mil dieciocho, obligatoria a partir del quince mismo mes y año, (conforme al punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013) en el que estableció que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. Rige lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 156/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Ahora bien, en el particular, la parte quejosa señala como acto reclamado el cobro excesivo respecto del número de servicio 571721000751, así como la orden de suspensión del servicio de fluido eléctrico; aunado a lo anterior, del capítulo de antecedentes y conceptos de violación se observa que la parte quejosa acude a la presente instancia en su carácter de consumidor del Servicio de Energía Eléctrica, servicio que actualmente presta la Comisión Federal de Electricidad, en razón del decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, de once de febrero de dos mil cuatro, pues la citada en primer término se subrogó en los derechos y obligaciones de la citada compañía. En ese tenor, en acatamiento a la jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia citada, relativo a que, cuando se esté ante una controversia que involucre cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, es evidente que los actos reclamados, no son materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser actos de autoridad, sino derivados de una relación contractual, al existir la relación de coordinación entre el aludido organismo y el usuario del servicio. Lo anterior, en tanto que nuestro Máximo Tribunal, en el marco de un contrato de suministro de energía eléctrica, habla de derechos y obligaciones entre las partes, en el caso, entre la Comisión Federal de Electricidad y el particular; y no de una relación de supra a subordinación, pues sitúa al organismo de que se trata, en la celebración de un contrato como persona moral, sujeto de derechos y obligaciones y no con el carácter de autoridad. Por tanto, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1o, fracción I, y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, porque es evidente que la autoridad que se señala como responsable, es decir la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para el presente juicio de amparo, dado que el acto que se le reclama, deriva del contrato de suministro de energía eléctrica que La citada comisión proporciona a los particulares en un plano de igualdad, esto es, como un ente sujeto derechos y obligaciones; y no, con el carácter de autoridad. Cabe señalar que con la determinación alcanzada, el quejoso no queda sin defensa, pues existen medios ordinarios por los cuales puede hacer valer sus derechos, lo cual atiende a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, entendido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En efecto, el acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, pues las controversias derivadas de los derechos y obligaciones derivadas del contrato de prestación del servicio de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil. Por tanto, el hecho de que el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el particular pueda acudir a hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es, la vía ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de la relación de coordinación por el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1o, fracción I y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Diana Patricia Prada Luengas, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, por notoriamente improcedente Asimismo, únicamente se autoriza en términos del artículo 12, párrafo segundo, última parte, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a Tomas Castillo Camacho, Alejandro Bañuelos Márquez, Víctor Ramírez de Santiago y/o Francisco Coronado Nieto, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que el promovente no acredita que se encuentren legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado, o tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, por lo que una vez que realicen lo anterior y lo hagan del conocimiento de este juzgado, en su oportunidad se acordará lo conducente. Por otra parte, dada la naturaleza de este proveído y toda vez que se tuvo como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado declinante; en consecuencia, solicítese de manera atenta y en caso de no existir inconveniente legal alguno notifique al promovente el proveído que nos ocupa, asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres dias hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que con posterioridad indique un domicilio para tal efecto en el lugar del juicio y, una vez hecho lo anterior, remita copia certificada de las constancias respectivas. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de los artículos 1, 2, 3 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa. Notifiquese personalmente.". NOTIFÍQUESE.
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Ciudad de México, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Registro Fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 004412/2019 111/2019 24394675 xxxxxxxxxxxx Autorizados para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente Se autorizan en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las restantes personas que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción Tal y como lo solicita la quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícese a la parte quejosa las notificaciones correspondientes, aún las de carácter personal por medio de lista que se publica en este Juzgado de Distrito, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Comisión Federal de Electricidad a) la emisión del aviso recibo a través del cual se pretende realizar el cobro excesivo del suministro de energía eléctrica b) La emisión de la orden de suspensión del suministro de energía eléctrica Incompetencia por territorio En primer término, debe hacerse referencia al artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto anterior se desprenden tres reglas de competencia de los jueces de distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: Si el acto reclamado conlleva ejecución, esto es, debe ejecutarse, se está ejecutando, o bien, se haya ejecutado, es juez competente el que ejerza jurisdicción dentro de los límites del lugar de dicha ejecución. Si el acto reclamado conlleva ejecución y ésta tiene lugar en diferentes distritos, o bien, comenzó a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será juez competente aquél ante quien se presente la demanda de amparo; y, Si el acto reclamado no conlleva ejecución material, será juez competente aquél ante quien se presente la demanda. En ese sentido, debe decirse que mediante Acuerdo CCNO/9/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y en Materia Civil, todos en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de febrero de dos mil diecinueve, se asignó a este juzgado auxiliar la competencia para conocer y resolver de los juicios de amparo cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conforme al número y cualidad de asuntos especificados en el propio acuerdo Sobre el particular, el considerando quinto y los artículos 2 y 4 de dicho Acuerdo prevén: "QUINTO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito Auxiliares de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tienen una doble función; como auxiliares apoyando en el dictado de sentencias a los Juzgados de Distrito de número; y como órganos jurisdiccionales ordinarios, tramitando y resolviendo asuntos de competencia específica que les ha sido asignada por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual, cuentan con una plantilla de personal amplia. En ese sentido, los referidos órganos jurisdiccionales, apoyarán a los Juzgados de Distrito en Materia Civil y en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, que cuentan con mayor número de asuntos en trámite, recibiendo un número determinado de nuevos asuntos que tramitarán y resolverán, además de dictar todas las providencias posteriores hasta su archivo definitivo; y ACUERDO Artículo 2. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, recibirá los asuntos de nuevo ingreso, y a partir del once de febrero de dos mil diecinueve, turnará por día los primeros ocho juicios de amparo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, de manera indefinida y hasta que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos determine lo contrario, con el objeto de que los tramite y resuelva. [.] Artículo 4. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, tramitarán y resolverán los asuntos de que se trata, además dictarán todas las providencias posteriores hasta el archivo definitivo." De la transcripción anterior, se desprende la encomienda a este órgano auxiliar de apoyar a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el trámite y resolución de los juicios de amparo de su competencia, hasta su archivo definitivo. Para ello, a efecto de delimitar los asuntos que, por razón de territorio, son competencia de tales órganos, resulta indispensable hacer referencia al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el quince de octubre de dos mil dieciocho. El mencionado Acuerdo, en la cuestión de interés, preceptúa: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Distrito Federal. [.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquélla, con excepción de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, que ejercerán jurisdicción territorial en toda la República Mexicana." De los artículos transcritos, se desprende que el territorio nacional se divide en treinta y dos circuitos, correspondiendo a la Ciudad de México el Primer Circuito. Asimismo, se advierte que los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán jurisdicción dentro de los límites comprendidos en dicho territorio. En ese sentido, de la intelección de dichos preceptos, así como de las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se afirma que los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México son competentes, por razón de territorio, para conocer y resolver los asuntos en los que la ejecución del acto reclamado tenga un punto de conexión dentro de la Ciudad de México, ya sea porque en dicho territorio deba ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado o haya comenzado a ejecutarse. Asimismo, siguiendo el referido numeral 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado no conlleva ejecución material alguna, los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México serán competentes si ante ellos se presenta la demanda de amparo respectiva. En ese tenor, en el caso concreto la quejosa reclama el cobro excesivo en el suministro de energía eléctrica, así como la suspensión de dicho suministro, respecto de la cuenta xxxxxxxxxxx, que corresponde al servicio que se presta en el inmueble ubicado en xxxxxxxxxxxxx, esto es, fuera de los límites territoriales en los que este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción, conforme al Acuerdo CCNO/9/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Efectivamente, el acto reclamado, en esencia, es el cobro excesivo por el suministro del servicio de energía eléctrica, así como la suspensión de dicho servicio, el cual tendrá ejecución material en el Estado de México, toda vez que es en dicha entidad donde se ubica el inmueble al cual se presta el citado servicio, así como en el que reside la parte quejosa, según lo manifiesta en su escrito de demanda de amparo. En consecuencia, atendiendo a las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se considera que el conocimiento de este juicio corresponde a un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. No pasa desapercibido para este juzgador que mediante Acuerdo General 20/2009 del Consejo de la Judicatura Federal se creó el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se dispuso que los órganos pertenecientes a dicho centro -como lo es este órgano auxiliar- tendrían jurisdicción en toda la república y competencia mixta. Sin embargo, esto no significa que este juzgado auxiliar no pueda declararse incompetente por razón de territorio, toda vez que en el propio Acuerdo se dispuso que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinaría mediante acuerdo qué órganos jurisdiccionales serían apoyados por estos órganos auxiliares. En cumplimiento a ello, por Acuerdo CCNO/9/2019 la citada Comisión asignó a este juzgado federal la competencia para conocer y resolver los asuntos cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; con lo que se estableció una regla especial al Acuerdo General 20/2009 y se delimitó la competencia al auxilio del trámite y resolución de los amparos en materia administrativa en la Ciudad de México. Por ello, este juzgador considera que se encuentra en aptitud legal de analizar la competencia del juzgado auxiliado y, en caso, declararse legalmente incompetente, toda vez que la encomienda establecida en el multicitado Acuerdo CCNO/9/2019 fue dotar a este juzgado de distrito de competencia ordinaria para conocer y resolver los juicios de amparo que deben ser del conocimiento de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Al respecto, no pasa desapercibido para este juzgador la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 115/2010 de la Primera Sala, así como de la diversa 2a./J. 107/2017 (10ª) de la Segunda Sala, las cuales, respectivamente, establecen: "ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y la facultad para ello no puede disociarse de la de emitir el fallo." Jurisprudencia 1a./J. 115/2010, registro 163072) "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AUXILIARES. NO PUEDEN DECLARARSE INCOMPETENTES POR RAZÓN DE LA MATERIA [ABANDONO DE LA TESIS 2a. XI/2012 (10a.) (*)]. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares cuentan con competencia mixta para resolver los asuntos que les sean remitidos en cualquier materia y así lograr el objetivo de su creación, consistente en beneficiar al justiciable mediante la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, a la vez, abatir el rezago en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, cuando a un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar se le remite un caso para resolverlo, es evidente que es competente para hacerlo, con independencia de si estima que el órgano jurisdiccional del que proviene es competente por materia o no, pues a diferencia de éste, el auxiliar no tiene limitada su competencia por materia, por lo que no puede declararse incompetente por esa razón." Jurisprudencia 2a./J. 107/2017 (10ª) (registro 2014865) Del análisis comparativo, se desprende una discrepancia entre las tesis sostenidas por la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, toda vez que mientras aquélla impone obligación a los juzgadores auxiliares de analizar la competencia del juez auxiliado, dado que constituye un presupuesto procesal que no puede disociarse de las actuaciones que lleva a cabo en auxilio; la Segunda Sala, por su parte, sostiene que los órganos jurisdiccionales auxiliares no pueden declararse incompetentes por materia, en virtud de que no tienen limitada su competencia. De este modo, si bien conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia es obligatoria, entre otros órganos, para los jueces de amparo, lo cierto es que este juzgador advierte discrepancia entre tales criterios, los cuales son de la misma jerarquía e igualmente obligatorios. Lo anterior, aunado a que la disidencia de mérito ya fue denunciada a través la contradicción de tesis 230/2017 y se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Pleno. Por tanto, a la fecha no existe un criterio obligatorio que sea uniforme al respecto. Así las cosas, ante la discrepancia de jurisprudencias igualmente obligatorias, este juez de distrito se inclina por observar el criterio de la Primera Sala establecido en la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, consistente en que los órganos auxiliares deben analizar la competencia del juez auxiliado y, de ser el caso, declararse legalmente incompetentes. Remisión al juzgado competente Por las razones expuestas, este juez de distrito considera que es incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo. Por tanto, se ordena remitir la demanda de amparo, anexos y copias de traslado al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para su conocimiento, solicitándole que tenga a bien remitir el acuse de recibo de estilo. De igual manera, a fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda, anexos y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Suspensión Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez Por oficio
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