Diana Patricia Cerón Lara
Expediente 1304/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1304/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Diana Patricia Cerón Lara
- Víctor Manuel Rodríguez Olmedo
Actuaciones
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 810/2023-VIII, promovido por José Alfredo Tamayo Escobar, apoderado legal de Carlos Éric Ixtlapale Carmona, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, en términos de los dispuesto por el diverso tercero de esta sentencia.
- Principal
El cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con el escrito de demanda recibido electrónicamente, registrado en el libro de correspondencia con el folio 12730. Asimismo, CERTIFICO: Que Yazmín Guadalupe Monter Carlos y Larissa Gutiérrez, No cuentan con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Conste. Apizaco, Tlaxcala, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación de demanda de amparo. Vista la demanda de amparo que promueven Diana Patricia Cerón Lara, Víctor Manuel Rodríguez Olmedo y Juan Ernesto Bracamontes Rojas, contra actos del Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1304/2023-III. Se desecha demanda de amparo. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Se llega a lo anterior, toda vez que de acuerdo al escrito de demanda de cuenta recibido en línea y turnado a este Juzgado de Distrito por razón de turno, se advierte que la misma dice ser suscrita por Diana Patricia Cerón Lara, Víctor Manuel Rodríguez Olmedo y Juan Ernesto Bracamontes Rojas; sin embargo, el escrito carece de firma electrónica de los quejosos, ya que la evidencia criptográfica que se adjunta a la demanda de amparo, se encuentra a nombre de Larissa Rodríguez Gutiérrez, consecuentemente, en el supuesto de que en el escrito de demanda presentado vía electrónica no se advierta una firma autógrafa de la parte promovente del amparo, y tomando en consideración que el artículo 3, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, establece que la firma electrónica hace las veces de la autógrafa, debe concluirse que no existe la obligación del promovente de signar con su rúbrica el escrito de demanda de amparo; sin embargo, para demostrar su voluntad para instar el juicio de amparo y poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, dicha circunstancia se debe desprender de la Evidencia Criptográfica que contiene la firma electrónica de la demanda, y de no cumplir con dicho requisito, procede desecharla de plano. Lo anterior, tal como lo establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en su numeral 76. Asimismo, sin que dicha omisión, sea subsanable a través de una prevención en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues el Pleno del Máximo Tribunal, determinó que las demandas de amparo presentadas en línea que carezcan de firma electrónica, se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo; que no amerita prevención alguna. Resulta aplicable, la jurisprudencia Tesis: P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Época: Décima Época, Registro: 2019715, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Ahora bien, no pasa inadvertido que dicho criterio de jurisprudencia, contiene una excepción para desechar las demandas presentadas en línea que carezcan de firma electrónica (FIREL), contenida en los supuestos que establece el artículo 109 de la ley de la materia; empero, en el presente asunto el acto reclamado "la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa"; así como a lo manifestado por los promoventes bajo protesta de decir verdad, deriva de la causa penal 596/2023-III, del índice del Juzgado Tercero de Control y de Juicios Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, manifestando que el quince de agosto de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la revisión de medida cautelar dentro de la referida causa judicial; lo que pone en evidencia que el acto reclamado no es de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Tampoco, pasa inadvertido que en la parte final de la demanda de amparo, se advierta que fue signado por los quejosos; sin embargo, atendiendo a que la demanda fue presentada electrónicamente, la misma no cuenta con la firma electrónica de los quejosos, por lo que no se puede tomar en consideración la misma, como si se hubiere sido presentada físicamente en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala. En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 3, 109 y 113 todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Diana Patricia Cerón Lara, Víctor Manuel Rodríguez Olmedo y Juan Ernesto Bracamontes Rojas. Autorizados. Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Yazmín Guadalupe Monter Carlos y Larissa Gutiérrez, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Se autoriza usuario para consulta y notificación de expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario "laris_rod19", toda vez que se encuentra registrada, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar lo conducente para la consulta y notificación del expediente vía electrónica. Comunicación no procesal. En otro aspecto, con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que refiere, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Se autoriza a cualquier Secretario(a) adscrito(a) a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es decir, para la práctica de diligencias y el dictado de las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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