Diana Paola Domínguez

Expediente 553/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
553/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Diana Paola Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, no ha dado cumplimiento a la misma. En consecuencia, se requiere de nueva cuenta a la autoridad en mención, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que quede debidamente notificados del presente proveído, informen si ya dio cumplimiento al fallo protector de amparo o bien los trámites que esté realizando para el acatamiento del mismo, esto es: Que la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en observancia a los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ordene el cierre de instrucción respectivo y por ende emita el laudo correspondiente en el juicio reclamatorio laboral ********************/******************** Con el apercibimiento que de incumplir con lo ordenado en el plazo otorgado, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Debiendo remitir a este juzgado en copia certificada las constancias con las que acrediten tal circunstancia. En ese contexto, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a la Presidente de la Junta Especial número cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad manifestando los actos tendientes al cumplimiento del fallo protector de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que otorgó el amparo y la protección en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad obligada al cumplimiento la Junta Especial Número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días computado legalmente después de su notificación, informe el cumplimiento dado al fallo protector, esto es: "Que la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en observancia a los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ordene el cierre de instrucción respectivo y por ende emita el laudo correspondiente en el juicio reclamatorio laboral 164/2015" Con el apercibimiento que de incumplir con lo ordenado en el plazo otorgado, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (103.74), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Debiendo remitir a este juzgado en copia certificada las constancias con las que acrediten tal circunstancia. En ese contexto, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las diez horas con diez minutos del tres de julio de dos mil veintitrés, en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, se procede a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo número 553/2023-VII-A, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se da cuenta con los medios de convicción que ofrecieron las partes, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, asimismo, se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo.Vistos para resolver el juicio de amparo 553/2023-VII-A, promovido por Diana Paola Domínguez, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, el uno de junio de dos mil veintitrés y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado al día siguiente, Diana Paola Domínguez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto omisivo que reclamó de la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, con sede en esta ciudad, que hizo consistir, en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 164/2015. SEGUNDO. Por auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 553/2023-VII-A; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50, y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañe a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia laboral con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. Además, de que el acto reclamado no requiere ejecución material al tratarse de un acto omisivo; por tal motivo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Al respecto, es oportuno citar la Jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 500, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte impetrante consiste, en concreto, la omisión por parte de la autoridad del trabajo responsable en dictar laudo dentro del juicio laboral 164/2015. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y al Auxiliar de la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues no obstante de que al rendir su informe justificado negaron en la existencia de los actos reclamados; sin embargo, hicieron manifestaciones que evidencian su certeza; y, por tanto, se tiene por cierto el mismo. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la junta responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que, en la especie, el acto reclamado se hace consistir en omisiones atribuidas a la junta responsable, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ello, el amparo puede promoverse en el momento en que la parte quejosa considere que la autoridad responsable viola en su perjuicio derechos públicos subjetivos. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto señala: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento." También debe decirse que las partes no hicieron valer causal de improcedencia de este juicio de derechos fundamentales, ni de manera oficiosa se observa alguna que al ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sin necesidad de transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso en su demanda de amparo, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Es sustancialmente fundado el concepto de violación formulado por la quejosa y suficiente para otorgarle el amparo y la protección de la Justicia Federal, de acuerdo con las consideraciones legales que a continuación se expresan. En efecto, la inconforme aduce como motivo de queja que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales de celeridad y acceso efectivo a la justicia, al no administrársele justicia de manera pronta y expedita, atendiendo específicamente a los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo, concretamente para la emisión del laudo en el juicio reclamatorio laboral de origen. Ciertamente, el artículo 17 de la Constitución Federal, que dispone el acceso efectivo a la impartición de justicia y celeridad, cuyo precepto establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo constitucional transcrito en el párrafo que antecede, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. De manera que este precepto constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia en los plazos y términos que señalan las leyes aplicables al caso concreto, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares lo hagan por sí mismos. Así, la garantía de seguridad jurídica establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, el deber de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Esta obligación, que deriva de la garantía de seguridad jurídica, le impone a las autoridades estatales judiciales o tribunales la obligación de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos. Una vez precisado el alcance de la garantía de acceso efectivo a la impartición de justicia y celeridad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, se procederá a determinar cuál es el término establecido por la legislación secundaria que en el caso lo es la Ley Federal del Trabajo, para la emisión del laudo en un procedimiento laboral. Así, resulta conveniente transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulado los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo que deberá contener: Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma. El señalamiento de los hechos controvertidos. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de los alegado y probado; y Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo formado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquier diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este último se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." De los citados preceptos legales transcritos en el párrafo que antecede, se desprende que una vez que se declare cerrada la instrucción en el procedimiento ordinario laboral, la autoridad jurisdiccional debe formular por escrito el proyecto de resolución de laudo dentro de los diez días; concluido ese término, se le entrega dicho proyecto a cada uno de los representantes de la junta para que dentro de los cinco días siguientes puedan solicitar que se practiquen las diligencias que no se hayan llevado a cabo o que estimen convenientes; en caso de ser así, se fijará día y hora dentro de los ocho días siguientes para que se desahoguen las pruebas o diligencias que se estimen necesarias; posteriormente, dentro de los diez días siguientes, se cita a los miembros de ese cuerpo colegiado a efecto de que discutan y voten el proyecto de laudo, y en su caso lo aprueben. De lo anterior tenemos que la autoridad laboral cuenta con diez días para elaborar el proyecto de resolución de laudo, cinco días para solicitar la práctica de diligencias que no se hubieran llevado a cabo o que se estimen necesarias, ocho días para su desahogo, en caso de que éstas se soliciten, y diez días para la discusión y votación del laudo, términos que no son simultáneos, sino consecutivos, es decir, transcurrido uno empieza a contarse el otro; por tanto, haciendo el cómputo respectivo, se advierte que la Junta responsable tiene hasta treinta y tres días hábiles para emitir el laudo respectivo como se deduce del siguiente recuadro: Plazos Actos procesales Artículo de la LFT 10 días Tiene el auxiliar para formular el proyecto de resolución en forma de laudo. 885 5 días Tienen los integrantes de la Junta para solicitar la práctica de diligencias no desahogadas o que estimen convenientes para esclarecer la verdad. 886 segundo párrafo 8 días Para el desahogo de pruebas, en caso de solicitarse (eventual). 886 tercer párrafo 10 días Para celebrar la audiencia de discusión y votación del proyecto de resolución. 887 Ahora bien, de las constancias que obran en este expediente, cuyo valor probatorio ha quedado determinado en el considerando tercero de esta sentencia, y que la Junta responsable remitió como justificación a su informe de ley, relativas al juicio laboral 164/2015, cuyo valor probatorio ha quedado de manifiesto, se advierte que integrada la junta responsable, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, concedió a las partes un término de dos días hábiles a fin de que formularan sus respectivos alegatos, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se haya ordenado el cierre de instrucción ni se hubiese pronunciado el laudo respectivo. Además, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que el procedimiento laboral de origen inició en el año dos mil quince, sin que a la presente fecha se hubiese ordenado el cierre de instrucción correspondiente ni se haya emitido el laudo respectivo; proceder de la autoridad del trabajo que evidentemente lesiona un derecho fundamental del peticionario de amparo, por falta de justicia pronta y expedita, garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. En este orden de ideas, resulta evidente que en la especie se han vulnerado los principios de acceso efectivo a la impartición de justicia y celeridad, porque la conducta omisiva de la autoridad del trabajo contraviene lo dispuesto por los citados artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a lo expuesto y apreciando el artículo 17 de la Constitución Federal, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltan a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramitan ni resuelven los juicios laborales en los plazos y términos precisados en la Legislación Laboral. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo; en ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De lo que se tiene que en relación con los términos y plazos establecidos en las leyes procesales, no puede admitirse interpretación alguna al respecto, ya que ello implicaría la inaceptable postura de hacer nugatoria la garantía de celeridad en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que si el legislador ordinario señaló plazos y términos, y el constituyente originario y permanente consagró a las personas el derecho de que se les imparta justicia con apego a ellos, debe concluirse necesariamente que los Tribunales del Trabajo deben adoptar las medidas generales y especiales para que se acaten en todos los casos; además, no existe disposición legal alguna, ni principio general de derecho, que conforme al artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo sea aplicable y permita a una Junta laboral emitir un laudo después del término previsto para ello en los artículos 885 a 887 y 889 del invocado ordenamiento legal. Luego, si de las constancias que obran en este sumario remitidas por la autoridad responsable, se advierte que del acuerdo en la que la Junta responsable abrió una dilación para que las partes formularan los alegatos que a su derecho correspondiera, sin haber declarado cerrada dicha etapa y omitiendo declarar cerrada la instrucción en el controvertido de origen, a la fecha transcurrió más de tres meses, lo que excede los términos a que aluden los citados artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo; entonces, es indudable que la Junta responsable con su conducta omisiva infringió la garantía consagrada en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Sirve de apoyo a esta determinación, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que puede consultarse en la página 1283, tomo XXII, septiembre de 2005, Materia laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de la literalidad siguiente: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En mérito de lo anterior, procede otorgar al quejoso el Amparo y la Protección de la Justicia Federal que impetra. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina que la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es para los efectos siguientes: Que la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en observancia a los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, ordene el cierre de instrucción respectivo y por ende emita el laudo correspondiente en el juicio reclamatorio laboral 164/2015. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Diana Paola Domínguez, contra el acto omisivo que reclamó a la Junta Especial número Cincuenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Por consiguiente, notifíquese por lista a las partes; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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