Diana Ofelia Mena Corona
Expediente 1152/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1152/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Diana Ofelia Mena Corona
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en el artículo 20, fracción IV, del capítulo sexto, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, dado que carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del referido Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a uno de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, QUE EN PARTE CONDUCENTE DICE.Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito presentado por la quejosa Diana Ofelia Mena Corona, y la certificación secretarial de cuenta; atento a su contenido, téngasele por desahogada la prevención realizada en auto de veintinueve de agosto del presente año; por tanto, se procede a proveer en relación a la demanda de amparo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías y escrito de desahogo de la prevención formulada, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama en el escrito aclaratorio lo siguiente**** Luego, este juzgado federal estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción ll, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte..." Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) Il. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de naturaleza formal, la que dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." En principio, es necesario precisar que de una interpretación lógica y armónica de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, se deriva que el juicio de garantías, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose como tales, a aquéllos revestidos de imperio que tienen la fuerza legal de violar por sí mismos una garantía individual en perjuicio del gobernado, más no todos aquellos que un órgano del Estado u organismo público descentralizado realicen tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, esto es, que el acto puede imponerse contra y sobre la voluntad del ciudadano. De esta manera, cabe decir, que es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la promovente a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridades, realmente lo son o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. De la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, así como de los documentos que se anexaron a la misma como son los escritos de seis y veintidós de julio del presente año (cuya omisión de dar respuesta pretende reclamar), se advierte que la quejosa en su calidad de trabajadora, dado que bajo protesta de decir verdad expresa que es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ubicada en esta ciudad, ingresó sus documentos para participar en la convocatoria relativa al proceso de selección para director de dicha universidad, el cual en su concepto estimó violatorio de sus derechos de selección, lo que impugnó a través de los escritos aludidos; documentales que adminiculadas entre sí y valoradas al tenor de los artículos 129, 179 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, generan certeza de que la peticionaria del amparo guarda una relación laboral con la Secretaría de Educación Guerrero. Es así, porque lo que pretende la solicitante del amparo lo constituye en esencia es que se revoque el proceso de designación de director de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), para la cual trabaja como profesora, se reponga el proceso de selección y se nombre un nuevo director, es inminentemente de carácter laboral. Esto, porque la actuación reclamada a las autoridades señaladas como responsables no pueden ser consideradas como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que el acto privativo que reclama deriva de un vínculo jurídico de índole laboral establecido entre la quejosa como trabajadora (profesora) de la Secretaría de Educación Guerrero, de quien depende la Universidad para la cual trabaja y las autoridades que señaló como responsables como son: Secretaría de Educación Guerrero y Directora General de Operaciones de Servicios Educativos Media Superior y Superior, en su carácter de patrón; lo anterior, aun cuando la responsable efectivamente puedan tener el carácter de autoridades dada la función que tienen asignadas constitucionalmente como ente oficial, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dichos entes, o aquellos en que intervengan, deban considerase actos de autoridad, toda vez que en sus relaciones con sus trabajadores, como es en este caso, constituyen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad. Por tanto, si la solicitante del amparo reclama la omisión de dar contestación a sus escritos de seis y veintidós de julio del presente año, en los que impugna del proceso de convocatoria para seleccionar director de la "Universidad Pedagógica Nacional", de la cual es profesora, circunstancia que así se corrobora con las diversas documentales que exhibió como anexo a su escrito de demanda y escrito aclaratorio, ello es un indicio suficiente para esta juzgadora que corrobora el dicho de la quejosa, el cual hizo bajo protesta de decir verdad. Así, del contenido de todos los elementos del caso destacados revelan que la convocatoria para seleccionar al director de dicha institución educativa fue una determinación de la Secretaría de Educación Guerrero, lo que evidencia de que se trata propiamente de un acto que deriva de una relación obrero patronal. En apoyo ya se cita en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 14/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2021827, Décima Época, Materias(s): Común, localizable en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4389, de rubro y texto que dicen**** Todo lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de la relación que tiene la quejosa, con la autoridad responsable Secretaría de Educación Guerrero, es de carácter laboral, por lo que la actuación de la responsable es la de un patrón para con su empleado y no la de una autoridad; tal circunstancia demuestra que en dicha relación la indicada autoridad, no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino que actúa en un plano de igualdad. Entonces, en el caso, la actuación de las autoridades señaladas como responsables no constituye de acuerdo con su naturaleza, actuación de persona de derecho público o de autoridad, sino actos de particulares, de donde resulta la improcedencia del presente juicio constitucional. Lo que se robustece con lo sustentado en la jurisprudencia 2ª./164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, registro digital 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En consecuencia, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción ll, estos dos últimos interpretados en sentido contrario,; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 113, del ordenamiento legal en cita.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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