Diana Nuñez Togo

Expediente 2726/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2726/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
18/01/2018

Partes del expediente

  • Diana Nuñez Togo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra del auto dictado el treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 42 y 43) en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Con efectos de notificación personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se realiza la presente notificación del acuerdo dictado el treinta de octubre de dos mil diecisiete a la parte quejosa en el que se proveyó: Visto el oficio del Secretario de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual ofrece prueba documental; agréguese a los autos y téngase por admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda revela como actos reclamados a la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y al Actuario notificador de esa adscripción, los siguientes: a) La omisión de emitir proyecto de resolución en forma de laudo en los autos del juicio laboral de origen; y, b) La falta de notificación. Ahora bien, por lo que ve al primer acto destacado se actualiza la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto en cita establece la improcedencia del juicio de amparo cuando se demuestre que han cesado los efectos de lo reprochado. Luego, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable los destruye dando lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de la omisión que se ataca, restituyendo al gobernado en el goce de la garantía violada, de modo tal que el acto impugnado deja de afectar su esfera jurídica en forma definitiva, por lo que sus consecuencias desaparecen totalmente. En el presente asunto se llega a la firme convicción de que el acto destacado en el inciso a) de supralíneas ha cesado en sus efectos, porque de la documental exhibida por la autoridad responsable se observa que el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete se emitió proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio laboral de origen, así como que el veintiséis de octubre del año en curso se celebró la audiencia de discusión y votación en la que se elevó a la categoría de laudo, con lo cual se constituyó una nueva situación jurídica destruyendo la que le dio motivo, y de tal manera se restituyó al quejoso en el goce de los derechos defendidos. Cabe decir, dicha documental posee plena eficacia demostrativa conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado no puede decidirse sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, configurándose la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia: A su vez, respecto al acto distinto precisado en el inciso b) de líneas anteriores, consistente en la falta de notificación del proyecto de resolución en forma de laudo, es preciso enfatizar que no todo lo que deja de hacerse constituye una omisión, sino que, su existencia depende de la capacidad de realizar la acción, la oportunidad de actuar, y la existencia de una razón para proceder, por lo general, al tenor de una norma que permita esperar esa actuación. Es así, porque la certeza de una omisión lleva a adscribir responsabilidad a la autoridad obligada en el área del Derecho, dentro de un entorno causal, por lo que su existencia implica atribuir el deber jurídico correspondiente, en tanto la inexistencia de la abstención, no trae como consecuencia la vinculación de responsabilidad. Entonces, una actitud omisa se sujeta a la presencia del deber legal correlativo a cargo de la autoridad, es decir, su certeza se determina en función de las obligaciones normativas que a ésta corresponden, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; pero no sólo por el hecho de incurrir en un no hacer. Ciertamente, el numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo, establece que las notificaciones, citaciones o emplazamientos en los juicios tramitados ante las Juntas laborales deben realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario. En ese sentido, conviene insistir en que la constancia certificada aportada por la Junta responsable revela que el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete se emitió proyecto de resolución en forma de laudo en el juicio laboral de origen, así como que el veintiséis de octubre del año en curso se celebró la audiencia de discusión y votación en la que se elevó a la categoría de laudo, ordenando al Actuario Notificador que realizara las notificaciones respectivas. Así, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda --once de septiembre de dos mil diecisiete-- no existía un deber jurídico a cargo del Actuario respecto a notificar a la parte actora en el juicio laboral, porque el proyecto de resolución en forma de laudo aún no se había emitido. Pues, como se vio, la resolución cuya omisión de notificar se recrimina fue elevado a categoría de laudo hasta el veintiséis de octubre siguiente, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. De manera que, la inactividad del funcionario no se constituye en una omisión impugnable en esta sede constitucional, ni puede derivar responsabilidad alguna de ese no hacer. En el entendido que, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. De otra manera, el juicio de amparo se ocuparía de actos u omisiones posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del asunto. Corolario de lo expuesto, con fundamento en el 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, esto es las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

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