Diana Nohemi Rincón Rodríguez
Expediente 1563/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 31 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1563/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 28/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Diana Nohemi Rincón Rodríguez
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Con Sede En México, Distrito Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
En veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del cuatro al diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo 1563/2015-3 y sus acumulados.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de marzo de dos mil dieciéis. Visto el estado que guardan los presentes autos, y certificación asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que se interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis; en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías y por otra se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES Lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 1563/2015 y sus acumulados 1564/2015, 1565/2015, 1566/2015, 1567/2015, 1568/2015, 1569/2015, 1570/2015 y 1571/2015, y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de Amparo. En escritos presentados los días veinticuatro de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, DIANA NOHEMI RINCÓN RODRÍGUEZ, SARA SALAZAR MONDRAGÓN, ANA LUISA HERNÁNDEZ TRUJILLO, DIOLANDA ÁVILA CID, MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ IBARRA, SILVIA DE LA CRUZ GUERRA, WENDY GUIRETTE NÁJERA, DIANA ELSA DE LA TORRE TOVAR y ANA MARÍA GARCES SALAS, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: III. Autoridades Responsables 1. C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Es responsable de promulgar el Decreto de reforma de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales; 2. H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Es responsable de dictar, aprobar y expedir el Decreto de reforma de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales; 3. H. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Es responsable de dictar, aprobar y expedir el Decreto de reforma de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales; 4. C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. Es responsable de refrendar el Decreto que contiene las reformas de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales; 5. SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Es responsable de ejecutar en el Decreto de reforma de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales y; 6. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Es responsable de publicar el Decreto que contiene las reformas de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales; 7. SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SEDUZAC. Es responsable de ejecutaren el Decreto que contiene las reformas de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales, así como las leyes secundarias y disposiciones que se tildan de inconstitucionales; 8. DIRECTOR, ENCARGADO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA O DOCENTE, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Es responsable de ejecutar en el Decreto que contiene las reformas de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales, así como las leyes secundarias y disposiciones que se tildan de inconstitucionales; 9. GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. Es responsable de ejecutar en el Decreto que contiene las reformas de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales, así como las leyes secundarias y disposiciones que se tildan de inconstitucionales". IV. ACTOS RECLAMADOS COMO CONSECUENCIA.- La falta de notificación o ilegal notificación, seguida del procedimiento administrativo fuera de contexto legal, para sujetarlos al propio procedimiento de evaluación que se contrae en los artículos 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las consecuencias de la aplicación del mismo, ya que no existe procedimiento establecido en la Ley, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ante un tribunal previamente establecido para ello, virtud de que se demandan a su vez en esta instancia de Control Constitucional, la inconstitucionalidad de esos preceptos. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, y como parte del acto reclamado no inicié la etapa segunda denominada "Expediente de Evidencias de Enseñanzas" y no se aplique de manera anticipada al periodo indicado en el artículo 6° de los lineamientos. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 3°, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró bajo expediente 1563/2015 y acumulados; cuyo Titular mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil quince, ordenó su admisión y acumulación; se pidieron informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el diverso 3/2013, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que los quejosos reclaman: I. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados Federal, Senado de la República, Secretario de Gobernación, Secretario de Educación Pública y Director del Diario Oficial de la Federación: La iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación, expedición de refrendo, promulgación, publicación y entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, respecto a los artículos 52, 53, 68 y 69, octavo y noveno transitorios. II. Del Secretario de Educación Pública en el Estado de Zacatecas, el oficio sin número, de veinte junio de dos mil quince, a través del cual se les hace del conocimiento que han sido seleccionados para evaluar su desempeño en su primera etapa (como acto de aplicación). II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Inexistencia: El Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye (fojas 455 y 456), por lo que hace a la ejecución que la parte quejosa refiere de las diversas disposiciones legales en materia de educación promulgadas por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza: Las Responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 494 a 537), Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (fojas 458 a 462), Secretario de Gobernación (fojas 464 a 467), Secretario de Educación Pública (fojas 538 a 577) y Director del Diario Oficial de la Federación (fojas 451 a 454), todas con residencia en la Ciudad de México, Secretario de Educación en el Estado (SEDUZAC) (fojas 473 y 474), al rendir sus respectivos informes justificados reconocieron el acto que se les atribuye. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión fue omisa en rendir su informe justificado, sin embargo los actos que se le atribuyen, se consideran ciertos, solo en cuanto a lo que corresponde al ámbito de su competencia. Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con el proceso legislativo que dio origen a los ordenamientos legales de mérito, pues su existencia no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por tratarse de derecho positivo. Es aplicable a lo anterior las tesis del rubro y texto siguientes: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente caso, la autoridad responsable denominada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la ciudad de México, al rendir su informe justificado, manifestó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 1 y 5, fracción II, de la Ley de la Materia. Lo anterior, en virtud de que a su consideración los actos que impugna la parte quejosa de ninguna manera pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de garantías, ya que en todo caso, la evaluación de que se duele, atañe a un asunto relativo a relaciones jurídicas de coordinación sin que se actúe con imperio, pues el Estado actúa como patrón de los servidores públicos sin ejercer poder potestativo en la relación laboral, por lo que al estar en controversia derechos laborales, la autoridad competente para conocer del conflicto que se llegara a suscitar entre la autoridad educativa (como patrón) y los docentes (como servidores públicos), lo es la autoridad local ordinaria, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje o las Juntas Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, debe precisarse que, el motivo de improcedencia señalado resulta infundado. Previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el arábigo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil ochenta y nueve, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." A mayor abundamiento, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar, que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio; es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Es aplicable al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Una vez establecido lo anterior, conviene puntualizar, que a la autoridad responsable denominada Secretario de Educación Pública en el Estado de Zacatecas (SEDUZAC), con residencia en esta ciudad, si le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Al respecto, es oportuno traer a colación los numerales 1, 3, 4, fracciones III y IV, 7, fracción II, 8, fracciones V, VI y XVI y 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, con relación con el 44, fracción VII, de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, que disponen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el Servicio Profesional Docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, y de observancia general y obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. El marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta Ley. Los servicios de Educación Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se sujetarán a la presente Ley. Las autoridades educativas locales deberán realizar las acciones de coordinación necesarias con los ayuntamientos." ".Artículo 3. Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:.." ".III. Autoridades Educativas: A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal y a las correspondientes en los estados, el Distrito Federal y municipios;." ".VI. Educación Básica: A la que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades, incluyendo la educación indígena, la especial y la que se imparte en los centros de educación básica para adultos;." ".Artículo 7. En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, corresponden al Instituto las atribuciones siguientes:.." ".II. Definir, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la presente Ley;." ".Artículo 8. En el ámbito de la Educación Básica corresponden a las Autoridades Educativas Locales las atribuciones siguientes:..." ".V. Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión de conformidad con los lineamientos y periodicidad que el Instituto determine; VI. Calificar, conforme a los lineamientos que el Instituto expida, las etapas de los procesos de evaluación que en su caso determine el propio Instituto;." ".XVI. Emitir los actos jurídicos que crean, declaran, modifican o extinguen derechos y obligaciones de conformidad con lo previsto en esta Ley;." ".Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley. Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto. ".Artículo 44.- La evaluación es un proceso permanente que permitirá valorar los logros educativos alcanzados por cada institución, tipo, nivel y modalidad educativa. La autoridad educativa estatal coadyuvará con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de conformidad a los lineamientos que para tal efecto expida el Instituto, evaluarán en los ámbitos de sus competencias los resultados de calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados; involucrará a los participantes en el proceso enseñanza aprendizaje y comprenderá al menos los siguientes rubros:.." ".VII.- En materia de evaluación de la educación, la autoridad educativa estatal tendrá las atribuciones que le confieren los artículos 15 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 8 y 9 de la Ley General del Servicio Profesional Docente." De la simple lectura de la transcripción anterior, se aprecia que las autoridades educativas locales, en este caso, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, en observancia a la Ley reglamentaria del artículo 3, fracción III de la Constitución Federal, deberá de evaluar el desempeño del personal docente a su cargo, el cual será obligatorio y en estricto cumplimiento a los lineamientos que expida el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En esa medida, si en el caso a estudio, los justiciables reclaman el oficio de veinticuatro de junio de dos mil quince, signado por el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, a través del cual se hizo de su conocimiento que fueron seleccionados como parte del primer grupo que deberá aplicar los instrumentos correspondientes a la evaluación del desempeño en su primera etapa y uno de ellos, es el que concierne al envío de evidencias, a través de una plataforma disponible en la página de internet www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, en el periodo del veinticuatro de julio al quince de agosto de dos mil quince, en acatamiento a la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior, la autoridad oficiante si tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. Se concluye así, toda vez que el motivo de inconformidad previamente apuntado, proviene del ejercicio de facultades o atribuciones que la Ley le confiere a la autoridad educativa; es decir, la Secretaría de Educación, en una relación de supra a subordinación con el particular, emite un acto que tiene su origen en disposiciones integradas al orden jurídico y que implican un acto unilateral, a través de los cuales crea, declara, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan a la quejosa, pues para emitir dicho acto no requirió acudir a algún órgano jurisdiccional para que éste surtiera efecto ni tampoco necesitó el consenso de la voluntad de la hoy afectada; de ahí, que dicha determinación constituye un acto de autoridad susceptible de ser impugnado a través del juicio de garantías, puesto que es un ente que forma parte de la administración pública. Es aplicable al caso, la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento dieciocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, por las razones que la informan, la tesis XVI.1o.A.T.31 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página mil novecientos setenta y nueve, Tomo XXIX, abril de dos mil nueve, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA EL INGRESO DE SU PERSONAL ACADÉMICO, DICHO ORGANISMO ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN LOCAL ABROGADA). El artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que las universidades a las que la ley otorga autonomía tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y entre sus atribuciones se encuentra la de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; además menciona que las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se norman por el apartado A del artículo 123 de esa Ley Fundamental. De esta forma, la propia norma constitucional distingue entre las reglas que son propias del ingreso del personal académico, de aquellas que regulan la relación que se configura cuando éste ya se incorporó al ente educativo pues, en el primer caso, reconoce plenas facultades a las universidades públicas autónomas para definir las reglas relativas y, desde luego, para aplicarlas pero, en el segundo, remite directamente a las normas laborales, diferencia que se reitera en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato (abrogada). Así, en el procedimiento de evaluación para el ingreso del personal académico de dicha universidad -de naturaleza administrativa- ésta, a través del órgano facultado para llevarlo a cabo, actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues en él interviene un órgano del Estado, en el caso, un organismo público descentralizado, en una relación de supra a subordinación con el particular, la cual tiene su nacimiento en una ley y, con motivo de ella, la mencionada universidad dicta actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan a los aspirantes, como definir su ingreso o no a la institución, además de que para emitir esos actos no requiere acudir a órganos jurisdiccionales ni precisa el consenso de la voluntad del afectado." Así también, por las razones que la informan, la tesis XX.2o.1 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página mil novecientos setenta y siete, Libro XII, Tomo III, septiembre de dos mil doce, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS. CUANDO EMITE DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL EXAMEN PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE DOCENTES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA O TELESECUNDARIA ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 123, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa la facultad del Estado para designar a su personal, mediante un sistema que le permita apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes; asimismo, el artículo 21 de la Ley General de Educación prevé que para poder ejercer la docencia en instituciones establecidas por el gobierno, los maestros tendrán que satisfacer los requisitos que señalen las autoridades correspondientes. De esta forma, la propia norma constitucional establece la obligación que tiene la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, al ser la que goza de atribuciones necesarias para el desempeño de la función educativa, para llevar a cabo el procedimiento de evaluación para la asignación de plazas docentes de los niveles de educación primaria y telesecundaria; consecuentemente, actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando emite determinaciones (en forma conjunta con las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o bien, con el Comité Estatal de Seguimiento del concurso respectivo), relativas al examen de mérito, tales como: asignación del puntaje en los rubros evaluados, cómputo de las calificaciones obtenidas, lista de resultados en la que se estableció el orden de prelación en que fueron ubicados los participantes, puesto que dicha dependencia es un ente que forma parte de la administración pública, cuyos actos derivan de una facultad decisoria que está atribuida en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable. Además, en el aludido procedimiento de evaluación intervino en una relación de supra a subordinación con el particular, ya que dictó un acto que tiene su origen en disposiciones integradas al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan a los aspirantes, esto es, definir su ingreso o no como docentes, sin necesidad de acudir a algún órgano jurisdiccional para que ésta surtiera efecto, ni tampoco necesitó el consenso de la voluntad del afectado." Siguiendo con el estudio de improcedencia del presente asunto, cabe señalar, que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (representado por el Secretario de Educación Pública), con residencia en la ciudad de México (foja 494), manifiesta que se surte la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que a su consideración la parte quejosa impugna actos futuros de realización incierta, los cuales tienen la característica de estar supeditados a la condición de la conducta de los sujetos, siendo suficiente con que éstos acataran lo dispuesto en las normas para que no se encontraran en el supuesto de sanción; es decir, carecen de certidumbre sobre la certeza de su realización y dicha certeza solo se actualizaría dependiendo de su conducta. El alegato expuesto por la autoridad oficiante, resulta infundado. Se dice lo anterior, en virtud de que el dispositivo 107, fracción I, Constitucional, señala que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; de donde se sigue, que la promovente del amparo debe recaer en una persona determinada, concretarse en la misma y no ser abstracto y genérico, sino ser de realización pasada, presente o inminente, en otras palabras, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético o probable, pues estos actos no engendran agravio, al ser impredecible su realización. En ese contexto, se obtiene que el motivo de improcedencia planteado por la responsable, resulta ineficaz; para así estimarlo, es necesario precisar, que del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa además de reclamar el procedimiento de evaluación al que será sometida, ya que forma parte del sistema educativo nacional, también tilda de inconstitucional diversos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, actos del proceso legislativo que no son futuros e inciertos, sino actuales, pues nacieron a la vida jurídica a partir de su entrada en vigor, a saber, el doce de septiembre de dos mil trece, por lo que en su contra es procedente el presente juicio de garantías. En otro orden de ideas, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y la Cámara de Diputados, ambos con residencia en la Ciudad de México (fojas 494 y 458), manifiestan que se surte la diversa causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII, en relación con el 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107 fracción I de la Constitución Federal, dado que la parte quejosa no acredita su interés jurídico ni legítimo -individual o colectivo-, para impugnar los actos que reclama en esta vía constitucional, pues no acredita ser titular de derecho subjetivo alguno que en su carácter de gobernada le pueda ser afectado, en virtud de no existir ningún acto concreto de aplicación, ni mucho menos de autoridad, ya que la accionante de garantías no tiene la certeza de que en el caso de que sea sometida a evaluaciones, a través de las autoridades competentes, éstas vayan a pararle perjuicio en su esfera jurídica como gobernada. Consecuentemente, para estar en aptitud de tener alguna afectación a partir de la aplicación de los arábigos Octavo y Noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, debe de encontrarse dentro del personal con nombramiento definitivo o provisional, lo que en la especie no ocurre; de igual forma, que el personal que a la entrada en vigor de dicha Ley se encuentre en servicio y cuente con un nombramiento definitivo y no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública, sino que será readscrito para continuar con otras tareas dentro del servicio o bien podrá incorporarse a los programas de retiro correspondientes, por lo que las normas que regulan el proceso de evaluación no afectan su esfera de derechos, toda vez que las mismas no generan el cese de su empleo, sino sólo su reubicación. Al respecto, debe precisarse que la causal de improcedencia invocada, resulta ser infundada. A fin de sustentar lo antes expuesto, es necesario transcribir la parte conducente de los numerales 107 fracción I de la Constitución Federal, 5 fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Como se puede apreciar de la transcripción anterior, es parte en el juicio de amparo la quejosa, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, excepto en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues en estos casos la quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De igual manera, establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en que éste se siga a instancia de parte agraviada y se entiende que tiene tal carácter aquél que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna y con ello afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; esto es, la promovente debe justificar un interés, ya jurídico, ya legítimo. Ahora bien, el primero de esos conceptos -interés jurídico- se identifica con un derecho subjetivo, derivado de una norma objetiva, a favor de un sujeto determinado, resultando en consecuencia para éste una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad que trastoque ese derecho; por lo que, para que un gobernado pueda estar en aptitud de solicitar el amparo de la Justicia Federal, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho legítimamente tutelado por el orden normativo vigente y que aquél haya sido vulnerado por actos de la autoridad. De tal afirmación, se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, a saber: a) La titularidad de un derecho a favor del gobernado; y, b) La existencia de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho proveniente de un ente investido de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, ese interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse de presunciones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veinticinco, Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por otra parte, el interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no esgrime a su favor un derecho subjetivo, impugna la actuación -o la omisión- de una autoridad, bajo el argumento de que con ello se le afecta, dada una situación favorable o ventajosa en la que se encuentra respecto de determinadas disposiciones jurídicas. Dicho en otras palabras, el interés legítimo es la facultad o potestad de exigencia que surge a favor de un gobernado, con motivo de una lesión o principio de afectación a esa situación favorable o ventajosa, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad traería consigo la permanencia en esa situación. No obstante lo anterior, ese interés legítimo para reclamar una norma o acto también debe ser acreditado en el juicio de amparo; es decir, debe acreditarse esa situación jurídica especial o cualificada, y su afectación por un determinado acto de autoridad, que si bien no vulnera derechos subjetivos, sí afecta la mencionada situación. De ahí, que no sea procedente la instancia constitucional, cuando el gobernado reclama un acto con el cual no sufre afectación alguna. En ese orden de ideas, debe precisarse, que tal afectación, supone un beneficio jurídico a favor del accionante, el cual puede ser en el ámbito económico, profesional, etcétera, pues de no acreditarse tal beneficio se tiene únicamente un interés simple. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, en lo conducente, la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos veintidós, Libro XVII, febrero de dos mil trece, Tomo 1, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, es aplicable al caso, la Jurisprudencia P/J. 50/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro dos, Tomo I, página sesenta, materia común, noviembre de dos mil catorce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Sobre el particular, cabe resaltar, que en la situación especial, el acto de aplicación que aducen los justiciables les causa perjuicio, deriva de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en la que se establecen los requisitos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el mismo y determinan que serán sujetos de las mismas, quienes integren el sistema educativo nacional (docentes, quienes ejercen funciones de dirección y supervisión, evaluadores, personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica). Por ello, para acreditar su interés jurídico, es suficiente con que la parte quejosa demuestre que tiene esta calidad. En la especie, del material probatorio que adjuntaron a sus demandas de amparo los ahora quejosos DIANA NOHEMI RINCÓN RODRÍGUEZ, SARA SALAZAR MONDRAGÓN, ANA LUISA HERNÁNDEZ TRUJILLO, DIOLANDA ÁVILA CID, MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ IBARRA, SILVIA DE LA CRUZ GUERRA, WENDY GUIRETTE NÁJERA, DIANA ELSA DE LA TORRE TOVAR y ANA MARÍA GARCES SALAS, se aprecia que los referidos demandantes del amparo son empleados de la Secretaría de Educación, lo que se robustece con su relación de servicios prestados al ramo (fojas 43, 92, 139, 186, 234, 282, 328 y 422), de cuyo contenido se aprecia que tienen una relación laboral con la misma; medios de convicción que concatenados entre sí, hacen prueba plena, en términos de los preceptos 129, 197, 202 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; por tanto, son aptos para acreditar que los quejosos tienen interés jurídico en este sumario constitucional al ser trabajadores del servicio profesional docente, motivo por el cual, les permite combatir la norma general que precisa en su demanda de garantías. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/26, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página ciento diecisiete, tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dispone: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Cabe aclarar, que al estar acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, resulta innecesario analizar el planteamiento de la responsable en el sentido de que no se encuentra acreditado su interés legítimo, pues la Ley de Amparo exige el acreditamiento de uno solo de estos intereses para combatir válidamente un acto de autoridad -o de un particular en los casos que menciona-. En otro aspecto, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados, ambos con residencia en la ciudad de México, aducen que se surte la diversa causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII y Secretario de Educación Pública, con residencia en la ciudad de México (foja 538), en relación con los diversos 1 y 107 de la Ley de Amparo (fojas 494 y 458), pues estiman se reclama una norma de carácter heteroaplicativo y no autoaplicativo, sin que exista acto de aplicación que cause perjuicio a los quejosos, debido a que se requiere de la aplicación y el resultado de la evaluación correspondiente para que se actualice una probable violación a los derechos de la quejosa; circunstancia que en caso no acontece. Lo expuesto por la autoridad oficiante, resulta infundado, según se verá a continuación. En primer término, debe precisarse que, los arábigos 17 fracción I, 61 fracciones XII y XIV y 107 fracción I de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto disponen: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Entonces, resulta inconcuso que el elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa es que sus disposiciones resultan ineludibles desde el momento mismo en que entran en vigor; es decir, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y por tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que por lo mismo, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento en que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. De ahí, que los gobernados pueden impugnar las normas generales en dos momentos diversos, a saber: Con motivo de su sola vigencia, o Contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, de tal forma que, provoque la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 17 fracción I de la Ley de la materia. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, supuesto en el que el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla genérica establecida en el primer párrafo del citado artículo 17. En ese orden de ideas, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario a la solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse los supuestos normativos que contempla. Precisado lo anterior, debe decirse que de un análisis integral de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que contiene disposiciones de carácter tanto autoaplicativo como heteroaplicativo; es decir, preceptos que vinculan al gobernado con la sola entrada en vigor, así como otros que requieren de un acto concreto de aplicación. A manera de ejemplo, se transcriben los dispositivos 2 y 3, al tenor siguiente: ".Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: I. Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior; II. Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional Docente; III. Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente, y IV. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente. Artículo 3. Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado." De los ordinales legales transcritos se advierte, que regulan diversos aspectos del Servicio Profesional Docente, tales como los derechos y obligaciones de quienes forman parte de él; los requisitos para ingresar, para acceder a una promoción, a un reconocimiento y para permanecer en él; asimismo, otorgan facultades a las autoridades educativas, organismos descentralizados y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para diseñar y aplicar instrumentos, así como establecer perfiles, parámetros e indicadores a través de los cuales deben evaluar a los gobernados para su ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional Docente. Esto es, desde su entrada en vigor vinculan a los particulares que formen parte del sistema educativo nacional y los sujeta a las reglas y procedimientos que establecen, por lo que válidamente se puede afirmar que los referidos artículos son de naturaleza autoaplicativa, pues contienen imperativos que no están sujetos a condición alguna; es decir, no se requiere que exista un acto o hecho jurídico a partir del cual se someta a los gobernados a las reglas que prevén. Por otra parte, la norma general reclamada también contienen artículos de naturaleza heteroaplicativa, pues para que trasciendan a la esfera de derechos del gobernado se necesita de un acto concreto de aplicación; así tenemos a los arábigos 72, 74, 76, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que prevén sanciones consistentes en la separación del servicio de los evaluadores que no se excusen de intervenir en los asuntos en los que tengan interés, así como la terminación de los efectos del nombramiento respectivo para los servidores públicos del sistema educativo nacional, el personal docente y el personal con funciones de dirección o supervisión, entre otros, cuando no se cumpla con los procesos de evaluación establecidos, ni con los periodos de inducción, cuando no se atiendan los programas de regularización o cuando se incumpla con la asistencia a las labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días sin causa justificada. Se afirma que tales numerales son de naturaleza heteroaplicativa, porque será hasta que el gobernado incumpla con lo establecido en ellos y se le imponga la sanción respectiva, cuando irrumpan en su esfera de derechos afectándola de manera negativa. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios jurisprudenciales que tratándose de sistemas normativos complejos, es innecesario que el gobernado se sitúe en cada uno de los supuestos del sistema para impugnar su articulado desde su entrada en vigor, de modo que no debe esperar el impacto del acto de autoridad privativo o de molestia que pueda dictarse en su perjuicio. Luego, si como se vio, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, deriva un sistema normativo complejo, ello faculta a sus destinatarios para impugnar en amparo todas las disposiciones que les sean aplicables o que eventualmente se les puedan aplicar con motivo de su entrada en vigor. Esto es así, pues si bien algunas de las obligaciones que conforman el sistema son autoaplicativas, otras están sujetas a que se surta el supuesto normativo concreto, por lo que una clasificación pormenorizada entre las normas heteroaplicativas y autoaplicativas que componen al ordenamiento generaría la carga para el gobernado de promover una diversidad de juicios de amparo conforme se vayan actualizando los distintos supuestos previstos por la norma, lo que podría afectar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas frente a las leyes estimadas inconstitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 100/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas". (subrayado añadido) Entonces, si la parte quejosa impugna la Ley Secundaria del artículo 3, fracción III, de la Constitución Federal, que contiene la reforma educativa en su conjunto; es decir, como un sistema normativo, en virtud de que regula cuestiones inherentes al ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional Docente, resulta evidente que basta con que acredite que se encuentra en uno de los supuestos que prevé dicha legislación, para que pueda combatir en su totalidad la mencionada norma general, lo que como se vio en párrafos precedentes, se encuentra acreditado. Máxime que, no pueden separarse o desvincularse de la regulación del servicio profesional docente en la educación básica y media superior, sus perfiles, parámetros e indicadores, ni tampoco de los derechos y obligaciones de todos aquellos que integran dicho servicio, así como los mecanismos y autoridades encargadas de realizar las evaluaciones correspondientes; de ahí, que resulta claro que la Ley reglamentaria de la reforma educativa tiene disposiciones autoaplicativas y heteroaplicativas. De manera que, como se anticipó en párrafos que preceden, basta con que una sola disposición sea autoaplicativa para que la quejosa impugne todo el sistema normativo, en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro orden de ideas, el Secretario de Educación Pública, con residencia en la ciudad de México (foja 538), asevera que se surte la diversa causal de improcedencia prevista en el precepto 61 fracción XVI, de la Ley de Amparo, toda vez que considera que los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior, aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, les reviste el carácter de consumados, por agotarse en el momento de su aprobación, promulgación y publicación; de ahí, que cualquier acto relativo a la evaluación de los docentes no puede ser inaplicado vía de amparo, al haberse emitido los citados lineamientos. El alegato expuesto por la autoridad oficiante, resulta infundado. A fin de evidenciar lo anterior, debe señalarse que, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos; es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable; de ahí, el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Partiendo de dicha premisa, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados, lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos; es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Bajo la óptica jurídica anterior, contrario a lo argüido por la autoridad responsable, no se está en la hipótesis de la causal de improcedencia previamente invocada, toda vez que de conformidad con el arábigo 77, fracción I, con relación con el 78, de la Ley de la Materia, dispone que la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso de la expedición de una ley, lo mismo que en los de su promulgación, publicación y ejecución, no hay consumación irreparable de esos actos, porque el efecto lógico jurídico de una sentencia concesoria del amparo es nulificar la ley reclamada y los demás actos consignados en el proceso constitucional para su expedición, hasta los concernientes a su ejecución. Dicho en otras palabas, al declararse la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del gobernado que promovió el juicio de amparo. Por tanto, no puede estarse, ni se está, ante actos consumados irreparablemente, porque la nulidad de que se trata que, por otra parte, es absoluta, dejaría sin efectos la expedición, promulgación, publicación y ejecución de un mandato legislativo y produce el alcance de que se restituyan las cosas al estado que tenían antes de la violación de la garantía individual reclamada en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, por las razones que la informan, la tesis emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y uno, informe mil novecientos setenta, parte III, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "LEYES, APROBACION, EXPEDICION, PROMULGACION, PUBLICACION Y EJECUCION DE LAS. NO SON ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. La aprobación y expedición de una ley, por el Honorable Congreso de la Unión; su promulgación y publicación, por el señor presidente de la República; y su ejecución, en el orden administrativo, por los funcionarios y autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no son actos que puedan ser estimados como "consumados de un modo irreparable". El artículo 80 de la ley reglamentaria en cita expresa que la sentencia que concede el amparo tendrá, por objeto, restituir, al agraviado, en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso de la expedición de una ley, lo mismo que en los de su promulgación, publicación y ejecución, no hay consumación irreparable de esos actos, porque el efecto lógico jurídico de una sentencia concesoria del amparo es nulificar la ley reclamada y los demás actos consignados en el proceso constitucional para su expedición, hasta los concernientes a su ejecución. Por tanto, no puede estarse, ni se está, ante actos consumados irreparablemente, porque la nulidad de que se trata que, por otra parte, es absoluta, dejaría sin efectos la expedición, promulgación, publicación y ejecución de un mandato legislativo y produce el alcance de que se restituyan las cosas al estado que tenían antes de la violación de la garantía individual reclamada en el juicio de amparo, esto es, si no se ha aplicado la ley ni cobrado el impuesto, que no se haga, y si estos actos ya se realizaron, que queden nulificados y se restituya, al interesado, el importe que hubiere pagado por el impuesto declarado, en su caso, inconstitucional." De igual forma, la tesis emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página treinta y dos, volumen IV, tercera parte, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO CONTRA UNA LEY (ACTOS CONSUMADOS). Los actos consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación de la ley reclamada no deben considerarse como irreparablemente consumados, en virtud de que si la parte quejosa obtiene el amparo que solicita, el alcance del mismo es nulificar los efectos de tales actos." Así también, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatro mil trescientos sesenta y cinco, tomo LXXV, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "ACTOS CONSUMADOS (AMPARO CONTRA UNA LEY). Es improcedente la alegación de que el acto se ha consumado irreparablemente, porque la ley o acuerdos reclamados fueron publicados ya en el Diario Oficial de la Federación, sosteniendo que: "no se comprende como sea físicamente posible que lo que ya se publicó en el Diario Oficial, deje de estar publicado", porque la reparación de los actos violatorios de garantías, no sólo puede ser material sino también jurídica, y si bien en el caso no es posible físicamente la reparación material de la publicación, sí es factible la reparación jurídica, la cual consiste en que deje de surtir los efectos a cuya prosecución tendió." Asimismo, el Secretario de Educación Pública, con residencia en la ciudad de México (foja 567), asevera que se surte la diversa causal de improcedencia prevista en el precepto 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que; sin embargo, del examen de los argumentos que realizaron, no se aprecia que se haya establecido razonamiento al respecto, ello es así, en virtud de que la responsable, no da mayor explicación del porqué considera que se actualizan la hipótesis prevista en la fracción antes citada; máxime que las causales de improcedencia deben estar plenamente acreditadas y no establecerse a través de presunciones. En apoyo a lo considerado, se invoca la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, I.6o.A.8 K, publicada en la página mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, Tomo XIX Junio de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CAUSALES DE. DEBEN ESTAR PLENAMENTE ACREDITADAS Y NO ESTABLECERSE A TRAVÉS DE PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia deben estar plenamente acreditadas y no establecerse a través de presunciones; por tanto, si de las constancias de autos el Juez de Distrito no advierte plenamente su justificación, debe analizar el fondo del asunto" Así también se cita la Jurisprudencia I.5o.A. J/5, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos ochenta, Tomo XXIII, Febrero de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOQUE A SU ESTUDIO NO BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA SEÑALE DE MANERA DOGMÁTICA, SINO QUE DEBE EXPONER LAS RAZONES O MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA SU ACTUALIZACIÓN. No basta que la autoridad responsable señale de manera dogmática que se actualizan ciertas causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo para que el órgano jurisdiccional se avoque a su estudio, sino que es necesario que aquélla exponga las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tales supuestos se actualizan. Lo anterior es así, toda vez que, considerando la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en una sola de las fracciones del numeral antes invocado, no se sabría con exactitud cuál de ellas pretende invocar la responsable y, además, de considerar que es suficiente la simple cita de la fracción en que se contiene alguna de las causas de improcedencia aducidas, para proceder a su estudio, cuando no se ha expuesto algún argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto, sería tanto como suplir la deficiencia de la autoridad, quien en su informe justificado tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes". Por último, el Director del Diario Oficial de la Federación con sede en la Ciudad de México estableció que se actualiza la causal prevista en el dispositivo 63, fracción V, en relación con el 108, fracción VIII, todos de la Ley de la materia, toda vez que ha sobrevenido una causa de improcedencia, lo cual, como ya se ha analizado en párrafos que preceden, resulta inexacto. Esto es, no se acreditó la existencia de alguna de las causas de sobreseimiento contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En merito de las razones plasmadas en el presente considerando, lo que procede es desestimar las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. IV. Estudio y resolución del asunto. En virtud de que las partes no hicieron valer diversas causales de improcedencia por lo que ve al acto reclamado que se analiza y toda vez que tampoco se advierte ninguna que deba hacerse valer de oficio, de conformidad con el arábigo 62, de la Ley de Amparo, procede estudiar el presente sumario constitucional. Los conceptos de violación expuestos por los quejosos resultan jurídicamente ineficaces para conceder la protección constitucional solicitada, sin que la obligación de suplencia prevista en la fracción V, del artículo 79 de la Ley de Amparo, pudiera llevar a una conclusión diversa; motivos de inconformidad que no se transcriben, toda vez que no existe ordenamiento legal que obligue a ello. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación, mayo dos mil diez, que estatuye: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los demandantes del amparo aducen substancialmente que se violan en su perjuicio los numerales 1°, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Federal, al aplicarse en su contra los artículos 52, 53, 68 y 69, fracción I y VI de la Ley General del Servicio Profesional Docente, por las consideraciones siguientes: En efecto, en el apartado de la demanda relativo a los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se advierte que a juicio de los quejosos, en diez de diciembre de dos mil doce, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos sometió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de Decreto que reformó y adicionó los artículos 3, 73 y artículos transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, el veintiséis de febrero de dos mil trece, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos publicó la reforma citada en el Diario Oficial de la Federación. 1). Luego señalan que como consecuencia de esa reforma constitucional, a través de la Secretaría de Gobernación, el once de septiembre de dos mil trece, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuya constitucionalidad impugna específicamente en los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios; artículo 68 por contraponerse al numeral 69 de la propia Ley General del Servicio Profesional Docente y esta, a su vez, en contra del artículo octavo transitorio, transgrediendo el principio de permanencia o inamovilidad en el trabajo. 2). Señalan que el veinticuatro de junio de dos mil quince, fueron notificados por el auxiliar de la Dirección de la Escuela, sin sello ni firma del Secretario de Educación en el Estado, lo cual resulta ilegal, en razón a que solamente el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa puede llevar a cabo tal notificación, sin tener facultades para delegar esa acción. 3). Aducen que en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece para toda autoridad la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos en beneficio de todo ser humano sin la negación de verlos expandidos por adecuación a nuevas condiciones que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo. Alegan que los principios de optimización e interpretación constitucional deben aplicarse de manera preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, ya que en caso de existir contraposición entre un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse en observancia al citado principio, acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social perseguidos por el Constituyente Permanente, a partir de la reforma al artículo 1° de la Carta Magna. 4). Señalan que los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho general con anterioridad a la reforma, acorde a lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5). Refieren que se viola en su perjuicio la garantía de igualdad contenida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales solo pueden entenderse en relación con los artículos 14, 16, 123 y 133 de la propia Carta Magna, entendidos en el contexto de dar un trato diferente a una persona bajo una situación jurídica determinada, en la que sin mediar procedimiento que así lo legitime, se suspendan las garantías de los quejosos. 6). Aducen que los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho general con anterioridad a la reforma, acorde a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en cuanto a la irretroactividad de la ley). 7). Dicen que si durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan reformas, de modo inmediato, el supuesto y consecuencias establecidos en ella, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, en atención a que fue antes de la nueva reforma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. Que si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 8). Agregan que, cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo integrado por diversos actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad, concluyendo que la reforma tiene aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor; que la reforma modifica situaciones jurídicas previstas con antelación en el propio cuerpo constitucional, particularmente por lo que hace al concepto de "Estabilidad en el Empleo", consagrada en la fracción IX del Apartado B) del artículo 123. 9). Aducen que los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violenta en su perjuicio lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las autoridades tienen la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan. También alegan que los numerales antes señalados transgreden el referido principio, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violentan en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 123, inciso b), fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 10). Luego agregan que la reforma al artículo 3 Constitucional crea una excepción en cuanto a la estabilidad en el empleo, puesto que condiciona la realización y acreditación de la evaluación a la permanencia en el servicio profesional de los trabajadores de la educación, originando una contradicción entre dos normas constitucionales, ya que para el cese se requiere de una causa legal justificada y, por otra parte, la reforma al artículo 3 referido, señala que la permanencia depende de la acreditación de una evaluación obligatoria, lo que no es exigible a ningún otro trabajador al servicio del Estado. 11). Argumentan además, que los numerales antes señalados transgreden el referido principio, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violentan en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, "Convenio sobre la Terminación de la Relación de Trabajo por iniciativa del Empleador". Al respecto, adujeron los quejosos que en atención al principio de "Supremacía Constitucional" implícito en el numeral 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Carta Magna se ubica en la cúspide, y por debajo de esta, los tratados internacionales y las leyes generales; que en dicho numeral se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía y normativa por los cuales la Constitución Federal y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, de manera que si las leyes expedidas resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código supremo y los tratados internacionales. 12). Señalan que en relación a los derechos humanos, los tratados suscritos por el Estado mexicano deben ubicarse al nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tales instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en la Ley Fundamental respecto de los derechos humanos. Agrega que cuando una de las partes invoca a su favor un tratado internacional, no se le puede exigir que sea ella quien demuestre su existencia, toda vez que al formar parte del derecho mexicano, éste no se encuentra sujeto a prueba. 13). Aducen también que los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violenta en su perjuicio diversas interpretaciones del Poder Judicial de la Federación, tales como la Dignidad Humana. Que es la Dignidad Humana el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos, ya que en ese sentido el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la igualdad de todas las personas ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna que atente contra la dignidad humana. 14). Dice que el principio pro homine implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, para lo cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos. Que la intersección entre la potestad del Estado y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Insiste en señalar que dentro del ámbito de sus competencias, todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en los términos que establezca la ley. 15). También señalan que los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violenta en su perjuicio la debida fundamentación y motivación legislativa. 16). Aducen también los quejosos que los antes señalados numerales también violentan en su perjuicio las condiciones de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, ya que las condiciones generales de trabajo se rigen por la bilateralidad en la negociación colectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente o a solicitud de éste se revisarían cada tres años. De ahí la obligación de los titulares de las dependencias de oírlos y tomar en consideración sus argumentos al momento de emitir las condiciones generales de trabajo o al pedir su revisión. 17). También alegaron, en relación a los tan mencionados numerales que violentan en su perjuicio el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, al igual que el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública. De igual forma señalaron en cuanto a dichos numerales, que violentan en su perjuicio los lineamientos de la Carrera Magisterial como el sistema de promoción horizontal para docentes de Educación Básica, cuyo propósito es contribuir a elevar la calidad de la educación, reconociendo y estimulando la labor de los profesores, quienes pueden promoverse si cubren los requisitos y se evalúan conforme a lo indicado en los lineamientos normativos. 18). Luego concluyen señalando que con las reformas a los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, se crea un estado de excepción que solo perjudica a los trabajadores de la educación al crearse contradicción entre dos normas, además que el Estado desatiende sus obligaciones constitucionales y legales en materia de educación, desatendiendo un tratado internacional ratificado con antelación, causando graves perjuicios a los trabajadores de la educación. 19). Refirieron los quejosos, que las reformas a los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violentan en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica y legalidad en cuanto a la falta de facultades legales del Secretario de Educación Pública en el Estado de Zacatecas, para notificarles mediante un documento que deben de sujetarse al procedimiento de evaluación en primera etapa; facultad exclusiva del Instituto Nacional de Evaluación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 20). Finalmente, adujeron los quejosos que las reformas a los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violan en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica y legalidad toda vez que el derecho sustantivo contiene el apartado de los derechos que todo gobernado tiene frente a la actividad de la autoridad, los cuales son irrenunciables (como los derechos laborales generados con los nombramientos expedidos en su favor. Que tales derechos fueron generados antes de la entrada en vigor de la reforma educativa y su nombramiento fue definitivo y garantiza su inamovilidad y permanencia en el trabajo docente, y está sujeto a la condición de no incurrir en las causas legales previstas en aquella época, y no puede estar sujeta a nuevas cargas e imposiciones que sobrevienen con la reforma educativa, por lo que se colige una afectación a la garantía de irretroactividad en perjuicio de los quejosos. 21). Refieren que es ilegal el procedimiento de notificación del inicio del procedimiento de evaluación, así como el inicio del procedimiento de evaluación previo al calendario escolar 2015-2016, desde el mes de septiembre y no inicie la segunda etapa denominada "Expediente de Evidencias de Enseñanzas", no se aplique de manera anticipada el periodo indicado en el artículo 6° de los Lineamientos, que es cuando debe de iniciar el procedimiento de evaluación educativa, así como la práctica profesional cuyos elementos son: 1) Periodo, sedes y horarios para el registro; 2) las guías de estudio y la bibliografía de apoyo; 3) los procedimientos de calificación o evaluación; 4) la forma en que se publicarán los resultados y; 5) el informe individualizado. 22). Concluyen señalando que al encontrarse disfrutando de su periodo vacacional, era inhábil para la práctica de cualquier acto de autoridad, entre estos la notificación del inicio del procedimiento de evaluación docente, por lo que tal acto es ilegal y vulnera las garantías de seguridad jurídica y de legalidad al carecer de certeza en su práctica. Precisado lo anterior, es el caso señalar que del análisis del concepto de violación señalado como arábigo 1), es falso que la reforma constitucional a los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios transgrede el principio de permanencia o inamovilidad en el trabajo en perjuicio de los quejosos, toda vez que dichos actos no les causa perjuicio, porque tales actos consisten en la aplicación de las normas generales que regulan la evaluación de los docentes; esto es, establecen y describen los criterios, fases y procedimientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño Docente, Técnico Docente y de quienes ejerzan funciones de Dirección y Supervisión en Educación Básica y Media Superior, para medir la calidad y resultados de sus funciones; sin embargo, tales evaluaciones no son fines, sino medios que de conformidad con los dispositivos antes enunciados, tratan de medir un parámetro, cuyo resultado podría (modo indicativo, tiempo simple o pospretérito) incidir en la situación jurídica que los quejosos tienen en relación con la dependencia para la cual trabajan, incidencia que no necesariamente tendría que ser negativa. Es así que el artículo 53, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en la parte conducente señala: "Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. De lo anterior se sigue que la primera evaluación de que se duelen los quejosos, no tiene incorporada como sanción la terminación del nombramiento, de ahí que no se erige como un requisito de permanencia que en caso de obtener un resultado no aprobatorio, en automático conduzca a una mutación de su situación jurídica concreta y particular, sino que sólo es un elemento de medición que permitirá a los sustentantes, incorporarlo a un procedimiento de regularización, el que desde luego lejos de perjudicarles, les beneficia. En este contexto, como las evaluaciones previstas en las leyes impugnadas no son fines en sí mismos sino medios, el sometimiento a tales procedimientos por parte de los maestros quejosos no afectan por el momento sus intereses jurídicos. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 12/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 243, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, rubro y texto: "EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. SON MEDIOS Y NO FINES EN SÍ MISMOS, Y SU CONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE LA VALIDEZ DEL REQUISITO LEGAL QUE PRETENDEN MEDIR. Las evaluaciones de control de confianza son instrumentos para acreditar que quienes se someten a ellas poseen ciertas cualidades para acceder o mantenerse en el ejercicio de alguna actividad dentro del servicio público, esto es, son medios y no fines en sí mismos. Por otra parte, los requisitos y calidades que debe reunir una persona para acceder a un cargo público o mantenerse en él deben estar previstos forzosamente en la ley, para que la eventual práctica de tales evaluaciones oficiales sean instrumentos válidos, útiles y razonables desde la perspectiva constitucional. Lo anterior significa que no son las evaluaciones de control de confianza las que pueden formar parte de los requisitos para acceder a un cargo público, sino aquellas condiciones para el acceso y ejercicio de determinados cargos y que puedan medirse con tales exámenes, lo cual estará sujeto al respeto de los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte." Por lo tanto, como las evaluaciones previstas en las leyes impugnadas no son fines en sí mismos sino medios, el sometimiento a tales procedimientos por parte de los maestros quejosos no afectan por el momento sus intereses jurídicos, pues en su caso, tendrían que esperar el resultado de esa evaluación y con motivo de ella la determinación que adopte la Secretaría de Educación, en su ámbito federal o estatal, según sea el caso. En ese mismo sentido se expresa el artículo 22 de la ley en consulta el cual señala lo siguiente: "Artículo 22. En la Educación Básica y Media Superior el Ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, en términos de esta Ley. Con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del Personal Docente de nuevo Ingreso, durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados realizarán una evaluación al término del primer año escolar y brindarán los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente. Al término del periodo señalado en el segundo párrafo de este artículo, la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado evaluará el desempeño del Personal Docente para determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las exigencias propias de la función docente. En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas previstos en el tercer párrafo de este artículo, incumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del Nombramiento, sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado". Incluso el artículo 74, del mismo ordenamiento, en lo conducente, prevé lo siguiente: "Artículo 74. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 de la presente Ley, dará lugar a la terminación de los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que correspondan". Lo anterior pone de manifiesto que la programación de la evaluación a la que pudieran ser sometidos los maestros quejosos, por el momento no les depara algún perjuicio, porque la terminación cese o conclusión de su nombramiento dependerá de que no aprueben tres evaluaciones consecutivas o, que incumplan con las obligaciones que establece el artículo 69, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, esto último determinado exclusivamente por su libre albedrío, de tal suerte que no será hasta que se les aplique alguna sanción en que los actos reclamados les depararán perjuicio, caso en el cual podrán reclamar los parámetros utilizados para practicar la evaluaciones correspondientes. En relación al concepto de violación señalado como arábigo 2), debe decirse que no les asiste la razón, toda vez que de los oficios respectivos girados para su notificación, se advierte fueron signados por el Secretario de Educación Pública del Estado de Zacatecas, quien en cumplimiento a lo establecido en los numerales 52, 53, 69, fracciones I y VI de la Ley General del Servicio Profesional Docente, hicieron del conocimiento de los ahora quejosos las instrucciones que debían seguir para efecto de participar en la evaluación ahí ordenada. Por otra parte, respecto del concepto de violación señalado en el arábigo 3), así como el 4), se advierte que no se encuentra acreditado lo expuesto por los ahora quejosos, en razón a que las normas que impugnan no le causa perjuicio alguno, toda vez que se trata de evaluaciones previstas en las leyes impugnadas las cuales no les han sido aplicadas, esto es, no han sido sometidos a tales procedimientos, por lo que no afectan por el momento sus intereses jurídicos. En consecuencia, tampoco pueden demostrar que las responsables hayan vulnerado en su perjuicio las prerrogativas contenidas en el artículo 1° de la Carta Magna de la Nación, ya que no han sido aplicadas de facto, y por ende, no pueden haberse vistos vulnerados sus derechos contenidos en la Ley Suprema. En cuanto al concepto de violación señalado en arábigo 5), en el que los quejosos aducen que se viola en su perjuicio la garantía de igualdad contenida en el artículo 1° de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el aspecto de dar un trato diferente a una persona bajo una situación jurídica determinada, dicho concepto resulta infundado, puesto que no señala de manera alguna en qué forma le fue aplicado el trato diferente que menciona le afecta. Por otra parte, es el caso señalar en principio, que del análisis del concepto de violación precisados en los arábigos 6) y 7), los mismos resultan infundados, por las siguientes razones. Si bien se establece por los ahora quejosos, que las disposiciones materia del acto reclamado, contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, con base en lo previsto en el 8º transitorio, crean una nueva causal de terminación de los efectos del nombramiento, que no estaba en ninguna ley en la fecha en que ingresaron a laborar, considerando con ello que esta tiene efectos retroactivos en su perjuicio; sin embargo, contrario a lo aducido cabe precisar, que el personal docente continúa ostentando su calidad de trabajador al servicio del Estado, tal como se desprende de lo establecido en el numeral 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente; sin embargo, en virtud de la función que desempeñan, también es servidores de la educación; de ahí que dicha cuestión no vulnera algún precepto constitucional, ya que tal calidad se estableció sin detrimento a sus derechos laborales e incluso, con tal carácter, al sujeto de la norma se le otorgaron otros derechos, independientes a sus derechos laborales, lo cuales se encuentran establecidos en el artículo 68 de dicha Ley, sin que lo anterior implique que el personal docente y con función de dirección y de supervisión se convirtiera en sujeto administrativo, pues sólo se definió su carácter, sin perjuicio de su calidad de trabajadores y sin afectar sus derechos laborales. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 30/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL. Previo a la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, las relaciones laborales del personal docente al servicio del Estado se regulaban por el apartado B del artículo 123 constitucional. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, se introdujeron algunas modalidades relacionadas con el trabajo que prestan los docentes; por tanto, si la reforma incorporó cambios al texto constitucional en materia de relaciones laborales del aludido personal, se concluye que, a partir de su entrada en vigor, esas relaciones también se rigen por el artículo 3o. reformado." Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el primer párrafo del dispositivo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partiendo de la teoría clásica que considera que hay aplicación retroactiva, cuando se afectan derechos que ingresaron al patrimonio de la persona bajo la vigencia de la ley predecesora, y no se produce ese tipo de retroactividad cuando sólo se afectan derechos potenciales; esto es, meras expectativas de derecho, ha sostenido que la irretroactividad que prohíbe el ordinal 14 Constitucional, se encuentra referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, así como a las autoridades que las aplican a un caso determinado y para resolverlo ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos, así como a la teoría de los componentes de la norma. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que tomando en cuenta la teoría de los derechos adquiridos, éstos se definían como aquéllos que entraron al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico y los cuales no pueden ser afectados. En cambio, la expectativa de derecho es una pretensión de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; y mientras que el derecho adquirido constituye un presente, la expectativa de derecho corresponde a un futuro el cual todavía no se concreta. De esa manera, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País concluyó, que una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de una ley anterior, porque éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado; es decir, cuando se aplica a un hecho realizado durante su vigencia, para cuyo examen de justificación o injustificación tenga que recurrirse al acto que le dio origen el cual se supone tuvo verificativo, bajo el imperio de la ley anterior, ya que la garantía de irretroactividad de las leyes que consagra el ordinal 14 constitucional, establece que no se podrán modificar o afectar los derechos que adquirió un gobernado bajo la vigencia de una ley anterior con la entrada de una nueva disposición. Corrobora lo anterior, la tesis 2a. LXXXVIII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos seis, tomo XIII, junio de dos mil uno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe a continuación: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado. Por lo que se refiere a la teoría de los componentes de la norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de modo que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse: a).- Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley. b).- El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas. c).- En el supuesto en que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. d).- Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición). El criterio que antecede, se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 87/97, emitida por el Pleno de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página siete, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan." Por el criterio que informa, también resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 87/2004, emitida por la Segunda de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos quince, tomo XX, julio de dos mil cuatro, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor. En ese orden de ideas, para estar en posibilidad de determinar si una disposición normativa o su aplicación es violatoria de la garantía de irretroactividad, establecida en el arábigo 14 de la Constitución Federal, con base en la teoría de los componentes de la norma, es menester tener en cuenta los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y la fecha en que entra en vigor la nueva disposición. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en dicho numeral, así como en las teorías admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interpretar el tema de irretroactividad de las leyes, resulta que una norma transgrede el precepto constitucional antes señalado, cuando la ley trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que sin lugar a dudas conculcaría en perjuicio de los gobernados dicha garantía individual, pero esto no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en esos casos sí se permite que la nueva ley las regule. Al tenor de ambas teorías y contrario a lo manifestado por la parte quejosa, los artículos que regulan el procedimiento de evaluación y sus consecuencias jurídicas, contenidos en el decreto tildado de inconstitucional, no transgreden el principio de irretroactividad, porque no contrarían ni la teoría de los componentes de la norma, ni la de los derechos adquiridos. Esto es, los actos tildados de inconstitucionales, no violentan la garantía de irretroactividad de la ley, atendiendo la teoría de los componentes de la norma, en virtud de que no actúan para lo acaecido en el pasado, sino para el futuro; debido a que el supuesto normativo relativo a la obligación de los trabajadores de evaluarse, rige a partir de que entró en vigor la ley, lo que claramente implica que tanto los efectos del supuesto, como sus consecuencias, ven hacia el futuro. Ahora bien, por cuanto hace a la teoría de los derechos adquiridos, debe decirse que no existe irretroactividad cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o situaciones que aún no se han realizado. Es cierto que, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente, la parte quejosa (docentes) debe someterse a un proceso de evaluación; sin embargo, no puede estimarse que ese hecho viole la garantía de irretroactividad de la ley. Por una parte, porque su contenido no autoriza a que sus efectos obren sobre el pasado, sino que solamente establece determinadas directrices que deben observarse de presente a futuro para permanecer en el servicio profesional docente, por lo que resulta inexacto que dichas normas rijan situaciones anteriores y que su aplicación vulnere derechos adquiridos en perjuicio de la justiciable. En la especie, no se afectan derechos adquiridos con anterioridad a su vigencia, ya que si bien es cierto, que con antelación el sistema de evaluación y las consecuencias jurídicas eran diferentes, las normas y pautas correspondientes se aplicarán bajo la vigencia de una nueva normatividad que regula concretamente esas cuestiones, por lo que es evidente, que la aplicación de estas reglas no es retroactiva, toda vez que las mismas tienen efectos sobre situaciones acaecidas a partir de su vigencia y hacia lo futuro y no en relación a situaciones pasadas, lo que conlleva a que en la especie no se viola el aducido derecho adquirido a la estabilidad en el empleo, porque ese derecho no significa permanencia indefinida; por ende, no existe la irretroactividad alegada por la parte quejosa. En consecuencia, resultan infundados los conceptos de violación señalados en arábigos 6) y 7). En relación al concepto de violación señalado como inciso 8), debe decirse que la evaluación a la que deberán someterse los quejosos no modifica ni disminuye las condiciones de trabajo de los docentes, pues la prestación de servicios se desarrollará en los mismos términos y condiciones que rigen en la actualidad, ya que del contenido de las leyes reclamadas no se desprende que las mismas varíen; esto es, los justiciables tendrán los derechos laborales que contempla el numeral 123, apartado B, constitucional, que consisten en: Una jornada máxima de trabajo, días de descanso, vacaciones, un salario fijado en el presupuesto respectivo, garantía de igualdad salarial, derechos escalafonarios y seguridad social, debido a que estas garantías de carácter social se mantienen vigentes en la norma suprema, y los preceptos impugnados no los limitan ni restringen. Aunado a lo anterior, el artículo 3 Constitucional, en su fracción III, dispuso que las leyes ordinarias fijarían los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, lo que significa que la norma fundamental reconoce a los trabajadores de la educación como trabajadores con el pleno reconocimiento de los derechos y prerrogativas previstos en el precepto 123 constitucional, como son sueldo, descansos, vacaciones, aguinaldo, etcétera. Consecuentemente, el tema de irretroactividad se encuentra ligado al derecho a la estabilidad en el empleo, para estimarlo así, es necesario tener en cuenta el contenido de la fracción IX del dispositivo 123 apartado B constitucional, en relación con los diversos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que disponen: ".Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:.." ".B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:.." "...IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley...." ".Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley. Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto. Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda." ".Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Noveno. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados que a la entrada en vigor de esta Ley tenga Nombramiento Provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente Ley. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley. Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53." De la simple lectura de la transcripción anterior, se aprecia que el derecho a la estabilidad en el empleo no es absoluto, pues pueden ocurrir casos justificados de separación o suspensión del servicio, siempre y cuando se encuentren previstos en ley. En el caso, tratándose de personal con nombramiento definitivo obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, si bien se encuentran obligados a someterse a evaluaciones y en caso de ser insuficientes los resultados, sujetarse a los procedimientos de regularización, lo cierto es que, de no obtener resultado favorable en la tercera evaluación, la consecuencia no es la terminación del nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa, sino que serán adscritos para continuar en otras tareas, o bien podrán incorporarse a los programas de retiro que para tal efecto se implementen; lo anterior, en el entendido de que el personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización sí será separado del servicio público. Asimismo, en tratándose de personal con nombramiento provisional obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la obtención de una evaluación suficiente dará lugar a la obtención del nombramiento definitivo. En caso de ser insuficientes los resultados en la primera y segunda evaluaciones, deberán sujetarse a los procedimientos de regularización, siendo que, si la tercera evaluación refleja un resultado insuficiente, procederá la separación del servicio sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa. De igual manera, procederá la separación en caso de que no se sujeten a los procesos de evaluación, o bien se nieguen a incorporarse a los programas de regularización. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 36/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para analizar si un ordenamiento vulnera el derecho a la irretroactividad de la ley es necesario atender a los postulados de la teoría de los componentes de la norma, conforme a la cual, toda norma jurídica se compone de dos elementos: un supuesto, que puede ser complejo cuando se integra por diversos actos parciales sucesivos, y una consecuencia, que al realizarse genera los derechos y las obligaciones correspondientes. De modo que, tratándose de supuestos complejos, una norma posterior viola el derecho invocado sólo cuando modifique los actos del supuesto que ya se hubieran realizado bajo la vigencia de la norma anterior, pero no así cuando modifique los que todavía no se hubieren realizado pues, en esta circunstancia, la norma posterior podría regular tanto los actos no llevados a cabo como las consecuencias vinculadas a ellos. Ahora bien, los supuestos y consecuencias actualizados bajo el imperio de la norma anterior, de los que derivó el derecho de los docentes con nombramiento definitivo a permanecer en el empleo, no se modificaron con la entrada en vigor de los artículos 52, 53 y octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, porque respetan la permanencia en el servicio de los docentes aludidos. En efecto, de su contenido se advierte que el personal docente que no obtenga un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública, sino que podrá ser readscrito para continuar en otras áreas dentro de dicho servicio, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro voluntario. Por consiguiente, si de los supuestos y consecuencias actualizados bajo la vigencia de la norma anterior se originó para los docentes con nombramiento definitivo el derecho a permanecer en el servicio y, por su parte, los artículos indicados no modifican ese derecho, pues no prevén su cese cuando obtengan resultados insuficientes por tercera ocasión, se concluye que no vulneran su derecho a la irretroactividad de la ley." De igual forma, la Jurisprudencia 36/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A SU ENTRADA EN VIGOR. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para analizar si un ordenamiento vulnera el derecho a la irretroactividad de la ley es necesario atender a los postulados de la teoría de los componentes de la norma, conforme a la cual, toda norma jurídica se compone de dos elementos: un supuesto, que puede ser complejo cuando se integra por diversos actos parciales sucesivos, y una consecuencia, que al realizarse genera los derechos y las obligaciones correspondientes. De modo que, tratándose de supuestos complejos, una norma posterior viola el derecho invocado sólo cuando modifique los actos del supuesto que ya se hubieran realizado bajo la vigencia de la norma anterior, pero no así cuando modifique los que todavía no se hubieren realizado pues, en esta circunstancia, la norma posterior podría regular tanto los actos no llevados a cabo, como las consecuencias vinculadas a éstos. Ahora bien, en relación con el personal docente que tuviera nombramiento provisional a la entrada en vigor de los artículos 52, 53 y noveno transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, no se había actualizado supuesto alguno que permitiera considerar que se produjo, o debiera producirse, la consecuencia de adquirir el derecho a la permanencia en el servicio; por el contrario, a la entrada en vigor de las normas indicadas únicamente tenían una expectativa de derecho en torno a la eventual obtención de su base y de su permanencia en el empleo. Por ende, si las normas aludidas no modificaron el supuesto establecido bajo la vigencia de la norma anterior, toda vez que no se había actualizado y, por ello, respecto de la consecuencia los docentes con nombramiento provisional tenían solamente una expectativa de derecho; aunado a que las normas referidas se limitaron a establecer un nuevo supuesto (la obtención de una evaluación suficiente) para que se diera la misma consecuencia (la obtención del nombramiento definitivo), se concluye que no vulneran su derecho a la irretroactividad de la ley." Entonces, resulta inconcuso que el personal docente, no adquiere permanencia en su cargo por el solo hecho de haber satisfecho los requisitos de ingreso y por el transcurso del tiempo, sino que depende de que aprueben la evaluación prevista en las disposiciones tildadas de inconstitucionales, cuyo procedimiento se prevé específicamente en la Ley General del Servicio Profesional Docente, porque constituye un mecanismo a través del cual las autoridades educativas garantizarán a la niñez y a los educandos en general, una educación de calidad. Por lo que, en términos de lo que prevé el ordinal 3 Constitucional, resulta necesario que el personal que desempeña labores docentes se sujete a las evaluaciones establecidas en la Ley reclamada, esto con el fin de que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional, por lo que resulta imprescindible la calidad educativa para el pleno desarrollo del potencial de los menores en pro de su desarrollo. Lo anterior, para que los educandos adquieran conocimientos, asuman actitudes, desarrollen habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios establecidos en la Ley Fundamental; por ende, si la educación es una política de Estado, la calidad de los procesos educativos requiere de los esfuerzos de sus actores: Poderes públicos, órganos de gobierno, autoridades, instituciones, maestros, organizaciones gremiales, expertos, padres de familia y la sociedad en su conjunto. En esas condiciones, resulta evidente que la aplicación de un examen para evaluar el desempeño del personal docente, en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se hizo con la finalidad de ofrecer una educación de calidad; por tanto, el acceso de los maestros al sistema educativo, su promoción y permanencia ahora debe realizarse a través de procedimientos idóneos en relación con los fines de la educación. A mayor abundamiento, la inamovilidad y estabilidad en el empleo son los derechos constitucionales de continuar en ocupación laboral, sin mayor condición que no incurrir en causa de cese; de ahí, que la ley reclamada no vulnera los citados principios, en virtud de que los quejosos seguirán laborando en el lugar en el cual se encuentran adscritos, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales, que en la especie es someterse al proceso de evaluación y aprobar el examen, so pena de que se aplique lo dispuesto en los artículos octavo y noveno transitorios, en el supuesto de tener nombramiento provisional o definitivo. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la Jurisprudencia 31/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. Del artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el derecho humano a la estabilidad en el empleo no es absoluto y, al respecto, establece que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. Por tanto, si el artículo 3o., fracción III, constitucional dispone que la ley reglamentaria fijará los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente, se concluye que los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que contienen los supuestos de separación, readscripción o incorporación a programas de retiro voluntario para el personal docente no vulneran el derecho humano a la estabilidad en el empleo, porque constituyen una causa justificada prevista en la ley para la cesación referida. De igual forma, la Jurisprudencia 35/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RECONOCIDO EN EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. De la Observación General número 13, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con el artículo 7, apartado d, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deriva que la separación de algún docente de su empleo cuando no acredite las evaluaciones respectivas se encuentra plenamente justificada, en tanto tiene como finalidad garantizar los derechos de los educandos a recibir un servicio educativo de calidad impartido por docentes calificados, a efecto de cumplir con la característica de "disponibilidad" a que se refiere la observación. En consecuencia, si las disposiciones convencionales prevén la posibilidad de que los docentes sean removidos cuando no acrediten las evaluaciones respectivas para garantizar con ello una educación de calidad y los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente prevén la misma posibilidad para alcanzar igual finalidad, se concluye que su contenido coincide con las disposiciones de la convención referida y, por ende, no vulneran el derecho humano a la estabilidad en el empleo. Máxime que las medidas implementadas por los artículos de la citada ley general persiguen un fin constitucionalmente válido, y resultan idóneas, necesarias, así como proporcionales a dicho fin." En otro aspecto, cabe destacar que el arábigo 3º Constitucional, reformado mediante Decreto publicado el veintiséis de febrero de dos mil trece, implementó aspectos relativos a garantizar una educación de calidad, a saber: a) El Ejecutivo Federal determinaría los planes y programas de estudio para la educación básica, y normal. b) El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior impartida por el Estado, se llevaría a cargo mediante concursos de oposición que garantizaran la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijaría los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción y el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. c) Impuso al Congreso de la Unión la obligación de expedir las leyes reglamentarias. d) En la fracción IX, creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la cual quedó a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, al cual se le facultó para evaluar la calidad, el desempeño y resultados en del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. En la exposición de motivos de la reforma de dicho numeral, se estableció que: ? La ley protegerá los derechos de todos los trabajadores incluidos los del magisterio y que quien ejerce la docencia en la educación básica y media superior que el Estado tendrá garantizada su permanencia en el servicio en los términos establecidos en la ley, en atención a las obligaciones inherentes de la función que realiza, que deriven de los fines de la educación que la Constitución establece. En la exposición de motivos del Decreto mediante el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, se precisó sustancialmente lo siguiente: ? En la aplicación de la ley, las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de los niños y los educandos a recibir una educación de calidad, en atención al principio del interés superior del menor. ? Será a través de la aplicación de los perfiles, parámetros e indicadores idóneos, que pueda comprobarse que efectivamente se cumple con las obligaciones inherentes a la función que se realiza y con el fin constitucional de brindar una educación de calidad. ? Al verificar el nivel de desempeño del docente, no se dejará espacio alguno para un ejercicio arbitrario de la autoridad sobre los derechos de los trabajadores. De lo anterior, se desprende con claridad que la implementación de una ley secundaria que regulara la actividad magisterial, en modo alguno dejaría de observar los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Además, del contexto normativo de la Ley General del Servicio Profesional Docente se advierte, que se estableció que las relaciones de trabajo del personal a que se refiere dicha ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirían por la legislación aplicable; esto es, a los sujetos de la norma no les quitó la calidad de trabajadores de la educación. Asimismo, definió a la permanencia en el servicio como la continuidad en el servicio educativo, con pleno respeto de los derechos constitucionales; y reguló los nombramientos definitivos. De igual manera, estableció la promoción en la función educativa como una manera de ascender a un puesto o función de mayor responsabilidad y nivel de ingresos. Por tanto, aun cuando la norma impugnada contiene nuevas reglas que deben observarse para el ingreso, promoción y permanencia en el empleo, no eliminó las prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del sector educativo, como son: Aguinaldo, prima vacacional, días económicos, permisos, y el derecho de escalafón, tampoco dejó sin efectos los nombramientos de carácter definitivo de los trabajadores, ni precisó que, con su entrada en vigor, se eliminaría el tiempo laborado por el personal. En tal virtud, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la citada ley no afectó sus derechos adquiridos, pues no dejó sin efectos el nombramiento que ostentan, ni se advierte que modificara algún derecho que formara parte de su patrimonio con anterioridad a la entrada en vigor de la norma reclamada; por ende, tampoco se aplicó retroactivamente, en perjuicio de la parte quejosa. Además, el que se regulara su actividad en una ley especial como lo es la Ley General del Servicio Profesional Docente, no ubica a los quejosos en un caso de excepción, sino que el Constituyente atendió a la importancia de la función que desempeñan los trabajadores de la educación y con la finalidad de unificar la educación en todo el País, creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la cual quedó a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo autónomo, facultado para evaluar la calidad, el desempeño y resultados en el sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Aunado a lo anterior, el esquema que rige actualmente a los docentes, de manera alguna restringe sus derechos laborales, pues éstos siguen vigentes, mientras cumplan las obligaciones inherentes a la función que realizan. Dadas las anteriores consideraciones, se concluye que la ley cuya constitucionalidad se controvierte, no transgrede el principio de irretroactividad, los derechos adquiridos, la estabilidad y permanencia en el servicio, al ser acorde con los lineamientos establecidos en el ordinal 3, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues por un lado, se prevé una educación de calidad para los alumnos y por otro, incentivar a los maestros tanto económicamente como intelectualmente. En cuanto al 9) concepto de violación, consistente en que los numerales cuya reforma combate, transgreden el principio de estar debidamente fundados y motivados, ya que las autoridades tienen la obligación de fundar y motivar sus resoluciones, dicha consideración resulta infundada por las siguientes razones. Aducen los quejosos que con el acto reclamado se vulneran en su perjuicio las garantías que tutela el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que las reformas a los numerales 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68 de la Ley del Servicio Profesional docente carecen de la debida fundamentación y motivación legal a que están obligadas en todo acto que emitan. El invocado numeral 16, en su primer párrafo, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Del precepto transcrito se infiere que todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera jurídica de los gobernados, debe estar debidamente fundado y motivado por la autoridad competente, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, y por lo segundo, que también deben señalarse con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Pues bien, al analizar el contenido de la determinación reclamada, se advierte que, contrariamente a lo que sostiene el impetrante en los motivos de inconformidad que hace valer, el acto reclamado no adolece de la debida fundamentación y motivación legal que debe revestir todo acto de autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional; toda vez que la citada responsable invocó como fundamentos legales que justificaron su decisión de reformar los artículos de los que se duelen los quejosos; asimismo, expuso los razonamientos que motivaron su determinación, con lo cual cumplió con esos imperativos legales, por lo que no se actualiza la violación reclamada por los quejosos. En otro aspecto, relativo al concepto de violación señalado como arábigo 10), que hace consistir en la contradicción surgida entre dos normas constitucionales, ya que el numeral 3 Constitucional señala la permanencia en el empleo, dependiente de una acreditación de una evaluación obligatoria, que no es exigible a ningún otro trabajador al servicio del Estado, resulta infundado, en razón a que contrario a ello, ningún agravio se causa al docente al sujetarlo a un examen, ya que ello deviene en beneficio de la población escolar; además que, contrario a lo que expone, las corporaciones policiacas del Estado mexicano en sus diversos niveles, sujetan a los elementos a diversos exámenes, entre estos los denominados "de confianza", de cuyo resultado dependerá la permanencia en el empleo. Lo cual no ocurre con los ahora quejosos, como ya se asentó en párrafos precedentes. También resulta infundado su concepto de violación señalado como arábigo 11), ya que las reformas constitucionales de que se duele no violentan en su perjuicio lo dispuesto por el numeral 133 Constitucional, en relación con el "Convenio sobre la Terminación de la Relación de Trabajo por Iniciativa del Empleador", ya que las reformas de que se duelen los quejosos, no constituyen de modo alguno un acuerdo para terminar la relación laboral entre los docentes y el empleador, esto es, no existe tal circunstancia comparativa, ya que la exigencia de preparación laboral a los docentes, no causa agravio alguno a los mismos. En ese contexto, los conceptos de violación señalados con arábigo 12), respecto de la predominación de las disposiciones de la Carta Magna y los tratados internacionales, resulta infundado ya que de manera alguna se está violentando tal disposición legal por parte de las autoridades responsables, puesto que no demuestran los quejosos en qué forma se violenta el derecho que dicen les ha sido vulnerado. Lo mismo ocurre en cuando al concepto de violación señalado en arábigo 13), que los quejosos hacen consistir en que se violentan en su perjuicio, con la reforma a los mencionados artículos constitucionales, diversas interpretaciones del Poder Judicial de la Federación, tales como la Dignidad Humana, empero de manera alguna especifican en qué se hace consistir esa violación, como se lleva a cabo la misma. A ese respecto, en primer término, es conveniente puntualizar que el juicio de amparo es el medio de control constitucional cuyo propósito esencial es la protección y defensa de los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte -atendiendo a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México-, así como de las garantías otorgadas para su protección, conforme lo disponen los artículos 103 y 107, en relación con el numeral 1º, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, este Tribunal Constitucional se encuentra obligado a proteger y garantizar los derechos humanos de los justiciables, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; ergo, al advertir que éstos fueron conculcados, deberá restituir al agraviado en el pleno goce de sus prerrogativas fundamentales violentadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, o en su defecto, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que ésta exija. En este tenor, una vez incorporados a la Ley Suprema de la Unión, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 133, de la Constitución, los tratados internacionales suscritos por México comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional y bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por éstas, al emitir los actos que les correspondan conforme a su ámbito competencial. Además, la tendencia actual en los criterios emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación, revela que en tratándose de un conflicto que verse sobre derechos humanos, los instrumentos o convenciones internacionales que los contemplen, deben ubicarse propiamente a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta habida que constituyen una extensión de lo previsto por ella respecto a los derechos fundamentales. En relación con lo antes expuesto, y en cuanto al concepto de violación señalado con el arábigo 14), en cuanto a la interpretación jurídica del denominado principio pro homine, debe señalarse que resulta infundado lo señalado por los quejosos. Ello, porque el principio pro homine es un criterio hermenéutico que armoniza con el rasgo fundamental de los derechos humanos, conforme al cual, debe estarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Cobra aplicación al respecto, la tesis aislada XI.1o. A.T.45 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, consultable en la página dos mil setenta y nueve, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época, Materia Común, de epígrafe y contenido siguiente: "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN. Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial." En esta línea de pensamiento, es dable sostener que tratándose de derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano se encuentran obligados a ejercer el "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, como lo sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 908/2006, promovido por Nahum Ramos Yescas, en la sesión celebrada el dieciocho de abril de dos mil siete, al determinar: "El concepto de interés superior del niño, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno) al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y cuyos criterios, por tanto, son obligatorios." [lo destacado no es de origen] Es decir, de manera oficiosa, los órganos jurisdiccionales nacionales deberán ejercer un control de convencionalidad al resolver cualquier asunto sometido a su potestad decisoria, lo que implica acatar y aplicar en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -y su interpretación-, tal como lo apuntó la Corte Interamericana, en la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil seis, al dirimir el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, que en la parte conducente señala: "124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana." [lo destacado no es de origen] En resumen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, verbigracia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces, parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Dicho ejercicio (control de convencionalidad en sede interna), se actualiza cuando el juez nacional realiza un análisis de confrontación normativo del derecho interno y la norma internacional, en un caso concreto, y adopta una decisión judicial que tiene por objeto preservar y garantizar los derechos de los gobernados, tanto en el derecho nacional como en el internacional. Al respecto, se estima aplicable la tesis aislada XI.1o.A.T.47 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, consultable en la página mil novecientos treinta y dos, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época, Materia Común, de epígrafe y contenido siguiente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen." [lo destacado no es de origen] Así como las diversas tesis aisladas I.4o.A.464 A y I.4o.A.91 K, emitidas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultables, respectivamente, en las páginas: mil setecientos cuarenta y cuatro, Tomo XXI, febrero de dos mil cinco, y dos mil novecientos veintisiete, Tomo XXXI, marzo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyo contenido y texto es del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN, A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que, cuando un Estado, como en este caso México, ha ratificado un tratado internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia." [lo destacado no es de origen] Relativo al concepto de violación señalado como arábigo 15), debe decirse que resulta infundado, toda vez que las autoridades responsables señalaron de manera clara y precisa las razones que los llevaron a determinar la reforma a los artículos constitucionales de los que ahora se duele la parte quejosa; además que no señalaron en qué hacen consistir tales violaciones. También resulta infundado lo señalado en el concepto de violación denominado arábigos 16) y 17), ya que las obligaciones establecidas en las condiciones de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, así como en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo son violentadas en su perjuicio, ya que no señalan de qué manera se violentaron los derechos que ahí enuncian y menos aún demuestran de qué manera ocurrió esa violación; cual fue el proceso del cual fueron excluidos en esa omisión referida. Carecen de razón cuando señalan que se violenta su derecho a la promoción laboral, lo cual como ya quedó señalado resulta falso, ya que la propia normatividad combatida establece los incentivos aplicables, en caso de ser examinados y obtener una calificación aceptable, por lo que únicamente en caso de obtener calificaciones reprobatorias sería sancionado. Relativo al concepto de violación marcado con el arábigo 18), que los quejosos hacen consistir en que las reformas a los numerales reiteradamente señalados crea n estado de excepción que perjudica únicamente a los trabajadores de la educación al crearse contradicción entre dos normas, originando que el Estado desatienda sus obligaciones constitucionales en la materia, así como un tratado internacional ratificado previamente, ocasionando graves perjuicios a los trabajadores de la educación. El mismo resulta infundado, en razón que los quejosos no señalan de manera precisa cual es el perjuicio que se ocasiona a los docentes, así como el tratado que refieren se desatendió por las responsables; menos aún los perjuicios que se ocasionan a los ahora quejosos. En cuanto al concepto de violación marcado con el arábigo 19, consistente en que las notificaciones que les fue practicadas a los ahora quejosos en su oportunidad, mediante sendos oficios materia del acto reclamado es nula, toda vez que esta se realizó por una autoridad incompetente, la cual no demostró ser la representante de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, ni delegada facultada para tal fin; al respecto, dicha consideración resulta infundada por las consideraciones que a continuación se establecen. Si bien es cierto los oficios materia del acto reclamado en lo que al caso interesa se encuentran fechados el veinticuatro de junio de dos mil quince, los cuales fueron firmados por el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, con la finalidad de notificarle a los ahora quejosos, que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52, 53, 69, fracciones I y VI de la Ley General de Servicio Profesional Docente, así como el 5° de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en Educación Básica y Media Superior, emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se les hacía de su conocimiento que habían sido seleccionados como parte del primer grupo que aplicaría los instrumentos correspondientes a la evaluación del desempeño en su primera etapa, por lo que al ser notificados de la citada evaluación, esta se haría con carácter obligatorio. Como se observa de lo antes citado, la finalidad de dicha notificación lo es, para que los accionantes de garantías se presenten a la mencionada evaluación del desempeño en acatamiento a los dispositivos 52, 53, 69, fracciones I y VI de la Ley General de Servicio Profesional Docente, la que fue firmada por el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y en la misma no se estableció el fundamento legal para realizarlo; sin embargo, de acuerdo con lo establecido con el ordinal 4, fracción III, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en relación con el arábigo 3, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Publica, la autoridad educativa, en este caso, la Secretaría de Educación en el Estado de Zacatecas, a través del Director de la Secretaría de Educación, realizó la gestión pertinente a través de la notificación de los oficios materia del acto reclamado, a efecto de cumplir con los lineamientos establecidos para evaluar a la parte quejosa, en términos del numeral 10, fracciones III, XIV y XVI, de dicho Reglamento, en relación con el artículo 8, fracción V y VI, de la Ley reglamentaria del precepto 3, fracción III, de la Constitución Federal; razón por la que aun cuando en el documento de mérito no se estableció el fundamento legal citado con antelación, contrario a lo aseverado por la parte quejosa y por las razones precisadas con anterioridad, el multicitado oficio de veinticuatro de junio de dos mil quince, se encuentran signados por autoridad competente para hacerles saber los lineamientos para llevar a cabo la evaluación de su desempeño, que tiene como finalidad medir la calidad y los resultados de la función que se desempeña en el área educativa para el cual se labora, ello a fin de asegurar se cumpla con el perfil y el compromiso profesional que requiere un sistema escolar, garantizándose con ello el derecho a la educación de calidad. Relativo al concepto de violación señalado como arábigo 20), que hace consistir en que se violan en su perjuicio las garantías de seguridad social y legalidad ya que el derecho sustantivo contiene un apartado de los derechos del gobernado frente a la actividad de la autoridad, los cuales son irrenunciables, resulta infundado, ya que de las normas de cuya reforma se duelen, no especifican que el docente debe renunciar a los derechos laborales logrados; manos aún se puede establecer una afectación a la garantía de irretroactividad consagrada en su favor. El concepto de violación señalado con el arábigo 21), respecto a que es ilegal el procedimiento de notificación del procedimiento de evaluación resulta infundado, ya que no señala de manera específica en que hace consistir dichas violaciones, sino que únicamente se concreta a señalar las etapas de que consta dicho procedimiento, sin enunciar porqué le causa agravios, por lo que resulta infundado. Luego concluye señalando en el concepto de violación señalado como arábigo 22), que la notificación del inicio del procedimiento de evaluación que le fue practicado es ilegal, dado que le fue realizada en día inhábil, cuando se encontraba de vacaciones, lo que resulta ilegal y vulnera sus garantías de seguridad jurídica y de legalidad. Tal concepto resulta infundado, ya que no señala la norma legal por la cual debió de notificársele de manera distinta a la señalada. Por las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto la ineficacia de los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, sin que la obligación de suplencia prevista en la fracción V, del artículo 79 de la Ley de Amparo, pudiera llevar a una conclusión diversa; por tanto, lo que procede en el caso es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal que solicita. Finalmente, no obstante que la audiencia constitucional fue celebrada por el entonces Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; toda vez que el suscrito Secretario fue designado del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado en funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión; se considera que está facultada para resolver el presente asunto, dada la amplitud de las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrita. Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente." Así, por lo expuesto y con apoyo, además, en los dispositivos 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías y sus acumulados, promovidos por DIANA NOHEMI RINCÓN RODRÍGUEZ, SARA SALAZAR MONDRAGÓN, ANA LUISA HERNÁNDEZ TRUJILLO, DIOLANDA ÁVILA CID, MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ IBARRA, SILVIA DE LA CRUZ GUERRA, WENDY GUIRETTE NÁJERA, DIANA ELSA DE LA TORRE TOVAR y ANA MARÍA GARCES SALAS, respecto del acto reclamado precisado en el considerando II, atribuido al Gobierno del Estado de Zacatecas; atento a las razones expuestas en el considerando II.2.1. de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a DIANA NOHEMI RINCÓN RODRÍGUEZ, SARA SALAZAR MONDRAGÓN, ANA LUISA HERNÁNDEZ TRUJILLO, DIOLANDA ÁVILA CID, MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ IBARRA, SILVIA DE LA CRUZ GUERRA, WENDY GUIRETTE NÁJERA, DIANA ELSA DE LA TORRE TOVAR y ANA MARÍA GARCES SALAS, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, atribuidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Secretario de Educación Pública y Director del Diario Oficial de la Federación, todas con residencia en la Ciudad de México, Secretario de Educación en el Estado (SEDUZAC), por las razones expuestas en el considerando IV de esta sentencia constitucional. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, el día de hoy, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 1563/2015 y sus acumulados 1564/2015, 1565/2015, 1566/2015, 1567/2015, 1568/2015, 1569/2015, 1570/2015 y 1571/2015, y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de Amparo. En escritos presentados los días veinticuatro de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, DIANA NOHEMI RINCÓN RODRÍGUEZ, SARA SALAZAR MONDRAGÓN, ANA LUISA HERNÁNDEZ TRUJILLO, DIOLANDA ÁVILA CID, MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ IBARRA, SILVIA DE LA CRUZ GUERRA, WENDY GUIRETTE NÁJERA, DIANA ELSA DE LA TORRE TOVAR y ANA MARÍA GARCES SALAS, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: III. Autoridades Responsables 1. C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Es responsable de promulgar el Decreto de reforma de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales; 2. H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Es responsable de dictar, aprobar y expedir el Decreto de reforma de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales; 3. H. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. Es responsable de dictar, aprobar y expedir el Decreto de reforma de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales; 4. C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. Es responsable de refrendar el Decreto que contiene las reformas de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales; 5. SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Es responsable de ejecutar en el Decreto de reforma de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales y; 6. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Es responsable de publicar el Decreto que contiene las reformas de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales; 7. SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO SEDUZAC. Es responsable de ejecutaren el Decreto que contiene las reformas de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales, así como las leyes secundarias y disposiciones que se tildan de inconstitucionales; 8. DIRECTOR, ENCARGADO O RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN, DEPENDIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA O DOCENTE, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Es responsable de ejecutar en el Decreto que contiene las reformas de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales, así como las leyes secundarias y disposiciones que se tildan de inconstitucionales; 9. GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS. Es responsable de ejecutar en el Decreto que contiene las reformas de los artículos constitucionales que se tildan de inconstitucionales, así como las leyes secundarias y disposiciones que se tildan de inconstitucionales". IV. ACTOS RECLAMADOS COMO CONSECUENCIA.- La falta de notificación o ilegal notificación, seguida del procedimiento administrativo fuera de contexto legal, para sujetarlos al propio procedimiento de evaluación que se contrae en los artículos 52 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y las consecuencias de la aplicación del mismo, ya que no existe procedimiento establecido en la Ley, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ante un tribunal previamente establecido para ello, virtud de que se demandan a su vez en esta instancia de Control Constitucional, la inconstitucionalidad de esos preceptos. Asimismo, como consecuencia de lo anterior, y como parte del acto reclamado no inicié la etapa segunda denominada "Expediente de Evidencias de Enseñanzas" y no se aplique de manera anticipada al periodo indicado en el artículo 6° de los lineamientos. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 3°, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró bajo expediente 1563/2015 y acumulados; cuyo Titular mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil quince, ordenó su admisión y acumulación; se pidieron informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el diverso 3/2013, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que los quejosos reclaman: I. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados Federal, Senado de la República, Secretario de Gobernación, Secretario de Educación Pública y Director del Diario Oficial de la Federación: La iniciativa de ley, discusión, votación, aprobación, expedición de refrendo, promulgación, publicación y entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, respecto a los artículos 52, 53, 68 y 69, octavo y noveno transitorios. II. Del Secretario de Educación Pública en el Estado de Zacatecas, el oficio sin número, de veinte junio de dos mil quince, a través del cual se les hace del conocimiento que han sido seleccionados para evaluar su desempeño en su primera etapa (como acto de aplicación). II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Inexistencia: El Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye (fojas 455 y 456), por lo que hace a la ejecución que la parte quejosa refiere de las diversas disposiciones legales en materia de educación promulgadas por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza: Las Responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 494 a 537), Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (fojas 458 a 462), Secretario de Gobernación (fojas 464 a 467), Secretario de Educación Pública (fojas 538 a 577) y Director del Diario Oficial de la Federación (fojas 451 a 454), todas con residencia en la Ciudad de México, Secretario de Educación en el Estado (SEDUZAC) (fojas 473 y 474), al rendir sus respectivos informes justificados reconocieron el acto que se les atribuye. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión fue omisa en rendir su informe justificado, sin embargo los actos que se le atribuyen, se consideran ciertos, solo en cuanto a lo que corresponde al ámbito de su competencia. Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con el proceso legislativo que dio origen a los ordenamientos legales de mérito, pues su existencia no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por tratarse de derecho positivo. Es aplicable a lo anterior las tesis del rubro y texto siguientes: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente caso, la autoridad responsable denominada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la ciudad de México, al rendir su informe justificado, manifestó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 1 y 5, fracción II, de la Ley de la Materia. Lo anterior, en virtud de que a su consideración los actos que impugna la parte quejosa de ninguna manera pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de garantías, ya que en todo caso, la evaluación de que se duele, atañe a un asunto relativo a relaciones jurídicas de coordinación sin que se actúe con imperio, pues el Estado actúa como patrón de los servidores públicos sin ejercer poder potestativo en la relación laboral, por lo que al estar en controversia derechos laborales, la autoridad competente para conocer del conflicto que se llegara a suscitar entre la autoridad educativa (como patrón) y los docentes (como servidores públicos), lo es la autoridad local ordinaria, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje o las Juntas Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, debe precisarse que, el motivo de improcedencia señalado resulta infundado. Previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el arábigo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil ochenta y nueve, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." A mayor abundamiento, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar, que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio; es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Es aplicable al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Una vez establecido lo anterior, conviene puntualizar, que a la autoridad responsable denominada Secretario de Educación Pública en el Estado de Zacatecas (SEDUZAC), con residencia en esta ciudad, si le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Al respecto, es oportuno traer a colación los numerales 1, 3, 4, fracciones III y IV, 7, fracción II, 8, fracciones V, VI y XVI y 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, con relación con el 44, fracción VII, de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, que disponen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el Servicio Profesional Docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social, y de observancia general y obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. El marco normativo aplicable en las entidades federativas se ajustará a las previsiones de esta Ley. Los servicios de Educación Básica y Media Superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se sujetarán a la presente Ley. Las autoridades educativas locales deberán realizar las acciones de coordinación necesarias con los ayuntamientos." ".Artículo 3. Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:.." ".III. Autoridades Educativas: A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal y a las correspondientes en los estados, el Distrito Federal y municipios;." ".VI. Educación Básica: A la que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades, incluyendo la educación indígena, la especial y la que se imparte en los centros de educación básica para adultos;." ".Artículo 7. En materia del Servicio Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior, corresponden al Instituto las atribuciones siguientes:.." ".II. Definir, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la presente Ley;." ".Artículo 8. En el ámbito de la Educación Básica corresponden a las Autoridades Educativas Locales las atribuciones siguientes:..." ".V. Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión de conformidad con los lineamientos y periodicidad que el Instituto determine; VI. Calificar, conforme a los lineamientos que el Instituto expida, las etapas de los procesos de evaluación que en su caso determine el propio Instituto;." ".XVI. Emitir los actos jurídicos que crean, declaran, modifican o extinguen derechos y obligaciones de conformidad con lo previsto en esta Ley;." ".Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley. Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto. ".Artículo 44.- La evaluación es un proceso permanente que permitirá valorar los logros educativos alcanzados por cada institución, tipo, nivel y modalidad educativa. La autoridad educativa estatal coadyuvará con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de conformidad a los lineamientos que para tal efecto expida el Instituto, evaluarán en los ámbitos de sus competencias los resultados de calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados; involucrará a los participantes en el proceso enseñanza aprendizaje y comprenderá al menos los siguientes rubros:.." ".VII.- En materia de evaluación de la educación, la autoridad educativa estatal tendrá las atribuciones que le confieren los artículos 15 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 8 y 9 de la Ley General del Servicio Profesional Docente." De la simple lectura de la transcripción anterior, se aprecia que las autoridades educativas locales, en este caso, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, en observancia a la Ley reglamentaria del artículo 3, fracción III de la Constitución Federal, deberá de evaluar el desempeño del personal docente a su cargo, el cual será obligatorio y en estricto cumplimiento a los lineamientos que expida el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En esa medida, si en el caso a estudio, los justiciables reclaman el oficio de veinticuatro de junio de dos mil quince, signado por el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, a través del cual se hizo de su conocimiento que fueron seleccionados como parte del primer grupo que deberá aplicar los instrumentos correspondientes a la evaluación del desempeño en su primera etapa y uno de ellos, es el que concierne al envío de evidencias, a través de una plataforma disponible en la página de internet www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx, en el periodo del veinticuatro de julio al quince de agosto de dos mil quince, en acatamiento a la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior, la autoridad oficiante si tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo. Se concluye así, toda vez que el motivo de inconformidad previamente apuntado, proviene del ejercicio de facultades o atribuciones que la Ley le confiere a la autoridad educativa; es decir, la Secretaría de Educación, en una relación de supra a subordinación con el particular, emite un acto que tiene su origen en disposiciones integradas al orden jurídico y que implican un acto unilateral, a través de los cuales crea, declara, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan a la quejosa, pues para emitir dicho acto no requirió acudir a algún órgano jurisdiccional para que éste surtiera efecto ni tampoco necesitó el consenso de la voluntad de la hoy afectada; de ahí, que dicha determinación constituye un acto de autoridad susceptible de ser impugnado a través del juicio de garantías, puesto que es un ente que forma parte de la administración pública. Es aplicable al caso, la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento dieciocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, por las razones que la informan, la tesis XVI.1o.A.T.31 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página mil novecientos setenta y nueve, Tomo XXIX, abril de dos mil nueve, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA EL INGRESO DE SU PERSONAL ACADÉMICO, DICHO ORGANISMO ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN LOCAL ABROGADA). El artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que las universidades a las que la ley otorga autonomía tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas y entre sus atribuciones se encuentra la de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; además menciona que las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se norman por el apartado A del artículo 123 de esa Ley Fundamental. De esta forma, la propia norma constitucional distingue entre las reglas que son propias del ingreso del personal académico, de aquellas que regulan la relación que se configura cuando éste ya se incorporó al ente educativo pues, en el primer caso, reconoce plenas facultades a las universidades públicas autónomas para definir las reglas relativas y, desde luego, para aplicarlas pero, en el segundo, remite directamente a las normas laborales, diferencia que se reitera en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato (abrogada). Así, en el procedimiento de evaluación para el ingreso del personal académico de dicha universidad -de naturaleza administrativa- ésta, a través del órgano facultado para llevarlo a cabo, actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues en él interviene un órgano del Estado, en el caso, un organismo público descentralizado, en una relación de supra a subordinación con el particular, la cual tiene su nacimiento en una ley y, con motivo de ella, la mencionada universidad dicta actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan a los aspirantes, como definir su ingreso o no a la institución, además de que para emitir esos actos no requiere acudir a órganos jurisdiccionales ni precisa el consenso de la voluntad del afectado." Así también, por las razones que la informan, la tesis XX.2o.1 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página mil novecientos setenta y siete, Libro XII, Tomo III, septiembre de dos mil doce, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS. CUANDO EMITE DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL EXAMEN PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE DOCENTES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA O TELESECUNDARIA ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 123, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos precisa la facultad del Estado para designar a su personal, mediante un sistema que le permita apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes; asimismo, el artículo 21 de la Ley General de Educación prevé que para poder ejercer la docencia en instituciones establecidas por el gobierno, los maestros tendrán que satisfacer los requisitos que señalen las autoridades correspondientes. De esta forma, la propia norma constitucional establece la obligación que tiene la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, al ser la que goza de atribuciones necesarias para el desempeño de la función educativa, para llevar a cabo el procedimiento de evaluación para la asignación de plazas docentes de los niveles de educación primaria y telesecundaria; consecuentemente, actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando emite determinaciones (en forma conjunta con las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o bien, con el Comité Estatal de Seguimiento del concurso respectivo), relativas al examen de mérito, tales como: asignación del puntaje en los rubros evaluados, cómputo de las calificaciones obtenidas, lista de resultados en la que se estableció el orden de prelación en que fueron ubicados los participantes, puesto que dicha dependencia es un ente que forma parte de la administración pública, cuyos actos derivan de una facultad decisoria que está atribuida en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable. Además, en el aludido procedimiento de evaluación intervino en una relación de supra a subordinación con el particular, ya que dictó un acto que tiene su origen en disposiciones integradas al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan a los aspirantes, esto es, definir su ingreso o no como docentes, sin necesidad de acudir a algún órgano jurisdiccional para que ésta surtiera efecto, ni tampoco necesitó el consenso de la voluntad del afectado." Siguiendo con el estudio de improcedencia del presente asunto, cabe señalar, que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (representado por el Secretario de Educación Pública), con residencia en la ciudad de México (foja 494), manifiesta que se surte la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que a su consideración la parte quejosa impugna actos futuros de realización incierta, los cuales tienen la característica de estar supeditados a la condición de la conducta de los sujetos, siendo suficiente con que éstos acataran lo dispuesto en las normas para que no se encontraran en el supuesto de sanción; es decir, carecen de certidumbre sobre la certeza de su realización y dicha certeza solo se actualizaría dependiendo de su conducta. El alegato expuesto por la autoridad oficiante, resulta infundado. Se dice lo anterior, en virtud de que el dispositivo 107, fracción I, Constitucional, señala que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; de donde se sigue, que la promovente del amparo debe recaer en una persona determinada, concretarse en la misma y no ser abstracto y genérico, sino ser de realización pasada, presente o inminente, en otras palabras, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético o probable, pues estos actos no engendran agravio, al ser impredecible su realización. En ese contexto, se obtiene que el motivo de improcedencia planteado por la responsable, resulta ineficaz; para así estimarlo, es necesario precisar, que del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa además de reclamar el procedimiento de evaluación al que será sometida, ya que forma parte del sistema educativo nacional, también tilda de inconstitucional diversos artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, actos del proceso legislativo que no son futuros e inciertos, sino actuales, pues nacieron a la vida jurídica a partir de su entrada en vigor, a saber, el doce de septiembre de dos mil trece, por lo que en su contra es procedente el presente juicio de garantías. En otro orden de ideas, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y la Cámara de Diputados, ambos con residencia en la Ciudad de México (fojas 494 y 458), manifiestan que se surte la diversa causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII, en relación con el 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107 fracción I de la Constitución Federal, dado que la parte quejosa no acredita su interés jurídico ni legítimo -individual o colectivo-, para impugnar los actos que reclama en esta vía constitucional, pues no acredita ser titular de derecho subjetivo alguno que en su carácter de gobernada le pueda ser afectado, en virtud de no existir ningún acto concreto de aplicación, ni mucho menos de autoridad, ya que la accionante de garantías no tiene la certeza de que en el caso de que sea sometida a evaluaciones, a través de las autoridades competentes, éstas vayan a pararle perjuicio en su esfera jurídica como gobernada. Consecuentemente, para estar en aptitud de tener alguna afectación a partir de la aplicación de los arábigos Octavo y Noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, debe de encontrarse dentro del personal con nombramiento definitivo o provisional, lo que en la especie no ocurre; de igual forma, que el personal que a la entrada en vigor de dicha Ley se encuentre en servicio y cuente con un nombramiento definitivo y no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública, sino que será readscrito para continuar con otras tareas dentro del servicio o bien podrá incorporarse a los programas de retiro correspondientes, por lo que las normas que regulan el proceso de evaluación no afectan su esfera de derechos, toda vez que las mismas no generan el cese de su empleo, sino sólo su reubicación. Al respecto, debe precisarse que la causal de improcedencia invocada, resulta ser infundada. A fin de sustentar lo antes expuesto, es necesario transcribir la parte conducente de los numerales 107 fracción I de la Constitución Federal, 5 fracción I y 61 fracción XII de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Como se puede apreciar de la transcripción anterior, es parte en el juicio de amparo la quejosa, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, excepto en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues en estos casos la quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De igual manera, establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, consistente en que éste se siga a instancia de parte agraviada y se entiende que tiene tal carácter aquél que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna y con ello afecte su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; esto es, la promovente debe justificar un interés, ya jurídico, ya legítimo. Ahora bien, el primero de esos conceptos -interés jurídico- se identifica con un derecho subjetivo, derivado de una norma objetiva, a favor de un sujeto determinado, resultando en consecuencia para éste una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad que trastoque ese derecho; por lo que, para que un gobernado pueda estar en aptitud de solicitar el amparo de la Justicia Federal, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho legítimamente tutelado por el orden normativo vigente y que aquél haya sido vulnerado por actos de la autoridad. De tal afirmación, se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, a saber: a) La titularidad de un derecho a favor del gobernado; y, b) La existencia de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho proveniente de un ente investido de autoridad para efectos del juicio de amparo. Además, ese interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse de presunciones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veinticinco, Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por otra parte, el interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no esgrime a su favor un derecho subjetivo, impugna la actuación -o la omisión- de una autoridad, bajo el argumento de que con ello se le afecta, dada una situación favorable o ventajosa en la que se encuentra respecto de determinadas disposiciones jurídicas. Dicho en otras palabras, el interés legítimo es la facultad o potestad de exigencia que surge a favor de un gobernado, con motivo de una lesión o principio de afectación a esa situación favorable o ventajosa, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad traería consigo la permanencia en esa situación. No obstante lo anterior, ese interés legítimo para reclamar una norma o acto también debe ser acreditado en el juicio de amparo; es decir, debe acreditarse esa situación jurídica especial o cualificada, y su afectación por un determinado acto de autoridad, que si bien no vulnera derechos subjetivos, sí afecta la mencionada situación. De ahí, que no sea procedente la instancia constitucional, cuando el gobernado reclama un acto con el cual no sufre afectación alguna. En ese orden de ideas, debe precisarse, que tal afectación, supone un beneficio jurídico a favor del accionante, el cual puede ser en el ámbito económico, profesional, etcétera, pues de no acreditarse tal beneficio se tiene únicamente un interés simple. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, en lo conducente, la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos veintidós, Libro XVII, febrero de dos mil trece, Tomo 1, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, es aplicable al caso, la Jurisprudencia P/J. 50/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro dos, Tomo I, página sesenta, materia común, noviembre de dos mil catorce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Sobre el particular, cabe resaltar, que en la situación especial, el acto de aplicación que aducen los justiciables les causa perjuicio, deriva de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en la que se establecen los requisitos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el mismo y determinan que serán sujetos de las mismas, quienes integren el sistema educativo nacional (docentes, quienes ejercen funciones de dirección y supervisión, evaluadores, personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica). Por ello, para acreditar su interés jurídico, es suficiente con que la parte quejosa demuestre que tiene esta calidad. En la especie, del material probatorio que adjuntaron a sus demandas de amparo los ahora quejosos DIANA NOHEMI RINCÓN RODRÍGUEZ, SARA SALAZAR MONDRAGÓN, ANA LUISA HERNÁNDEZ TRUJILLO, DIOLANDA ÁVILA CID, MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ IBARRA, SILVIA DE LA CRUZ GUERRA, WENDY GUIRETTE NÁJERA, DIANA ELSA DE LA TORRE TOVAR y ANA MARÍA GARCES SALAS, se aprecia que los referidos demandantes del amparo son empleados de la Secretaría de Educación, lo que se robustece con su relación de servicios prestados al ramo (fojas 43, 92, 139, 186, 234, 282, 328 y 422), de cuyo contenido se aprecia que tienen una relación laboral con la misma; medios de convicción que concatenados entre sí, hacen prueba plena, en términos de los preceptos 129, 197, 202 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; por tanto, son aptos para acreditar que los quejosos tienen interés jurídico en este sumario constitucional al ser trabajadores del servicio profesional docente, motivo por el cual, les permite combatir la norma general que precisa en su demanda de garantías. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/26, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página ciento diecisiete, tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dispone: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Cabe aclarar, que al estar acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, resulta innecesario analizar el planteamiento de la responsable en el sentido de que no se encuentra acreditado su interés legítimo, pues la Ley de Amparo exige el acreditamiento de uno solo de estos intereses para combatir válidamente un acto de autoridad -o de un particular en los casos que menciona-. En otro aspecto, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados, ambos con residencia en la ciudad de México, aducen que se surte la diversa causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XII y Secretario de Educación Pública, con residencia en la ciudad de México (foja 538), en relación con los diversos 1 y 107 de la Ley de Amparo (fojas 494 y 458), pues estiman se reclama una norma de carácter heteroaplicativo y no autoaplicativo, sin que exista acto de aplicación que cause perjuicio a los quejosos, debido a que se requiere de la aplicación y el resultado de la evaluación correspondiente para que se actualice una probable violación a los derechos de la quejosa; circunstancia que en caso no acontece. Lo expuesto por la autoridad oficiante, resulta infundado, según se verá a continuación. En primer término, debe precisarse que, los arábigos 17 fracción I, 61 fracciones XII y XIV y 107 fracción I de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto disponen: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Entonces, resulta inconcuso que el elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa es que sus disposiciones resultan ineludibles desde el momento mismo en que entran en vigor; es decir, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y por tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que por lo mismo, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento en que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. De ahí, que los gobernados pueden impugnar las normas generales en dos momentos diversos, a saber: Con motivo de su sola vigencia, o Contra el primer acto de aplicación. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, de tal forma que, provoque la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 17 fracción I de la Ley de la materia. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, supuesto en el que el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla genérica establecida en el primer párrafo del citado artículo 17. En ese orden de ideas, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario a la solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse los supuestos normativos que contempla. Precisado lo anterior, debe decirse que de un análisis integral de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que contiene disposiciones de carácter tanto autoaplicativo como heteroaplicativo; es decir, preceptos que vinculan al gobernado con la sola entrada en vigor, así como otros que requieren de un acto concreto de aplicación. A manera de ejemplo, se transcriben los dispositivos 2 y 3, al tenor siguiente: ".Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: I. Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior; II. Establecer los perfiles, parámetros e indicadores del Servicio Profesional Docente; III. Regular los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente, y IV. Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente. Artículo 3. Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado." De los ordinales legales transcritos se advierte, que regulan diversos aspectos del Servicio Profesional Docente, tales como los derechos y obligaciones de quienes forman parte de él; los requisitos para ingresar, para acceder a una promoción, a un reconocimiento y para permanecer en él; asimismo, otorgan facultades a las autoridades educativas, organismos descentralizados y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para diseñar y aplicar instrumentos, así como establecer perfiles, parámetros e indicadores a través de los cuales deben evaluar a los gobernados para su ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional Docente. Esto es, desde su entrada en vigor vinculan a los particulares que formen parte del sistema educativo nacional y los sujeta a las reglas y procedimientos que establecen, por lo que válidamente se puede afirmar que los referidos artículos son de naturaleza autoaplicativa, pues contienen imperativos que no están sujetos a condición alguna; es decir, no se requiere que exista un acto o hecho jurídico a partir del cual se someta a los gobernados a las reglas que prevén. Por otra parte, la norma general reclamada también contienen artículos de naturaleza heteroaplicativa, pues para que trasciendan a la esfera de derechos del gobernado se necesita de un acto concreto de aplicación; así tenemos a los arábigos 72, 74, 76, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que prevén sanciones consistentes en la separación del servicio de los evaluadores que no se excusen de intervenir en los asuntos en los que tengan interés, así como la terminación de los efectos del nombramiento respectivo para los servidores públicos del sistema educativo nacional, el personal docente y el personal con funciones de dirección o supervisión, entre otros, cuando no se cumpla con los procesos de evaluación establecidos, ni con los periodos de inducción, cuando no se atiendan los programas de regularización o cuando se incumpla con la asistencia a las labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días sin causa justificada. Se afirma que tales numerales son de naturaleza heteroaplicativa, porque será hasta que el gobernado incumpla con lo establecido en ellos y se le imponga la sanción respectiva, cuando irrumpan en su esfera de derechos afectándola de manera negativa. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios jurisprudenciales que tratándose de sistemas normativos complejos, es innecesario que el gobernado se sitúe en cada uno de los supuestos del sistema para impugnar su articulado desde su entrada en vigor, de modo que no debe esperar el impacto del acto de autoridad privativo o de molestia que pueda dictarse en su perjuicio. Luego, si como se vio, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, deriva un sistema normativo complejo, ello faculta a sus destinatarios para impugnar en amparo todas las disposiciones que les sean aplicables o que eventualmente se les puedan aplicar con motivo de su entrada en vigor. Esto es así, pues si bien algunas de las obligaciones que conforman el sistema son autoaplicativas, otras están sujetas a que se surta el supuesto normativo concreto, por lo que una clasificación pormenorizada entre las normas heteroaplicativas y autoaplicativas que componen al ordenamiento generaría la carga para el gobernado de promover una diversidad de juicios de amparo conforme se vayan actualizando los distintos supuestos previstos por la norma, lo que podría afectar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas frente a las leyes estimadas inconstitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 100/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas". (subrayado añadido) Entonces, si la parte quejosa impugna la Ley Secundaria del artículo 3, fracción III, de la Constitución Federal, que contiene la reforma educativa en su conjunto; es decir, como un sistema normativo, en virtud de que regula cuestiones inherentes al ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el Servicio Profesional Docente, resulta evidente que basta con que acredite que se encuentra en uno de los supuestos que prevé dicha legislación, para que pueda combatir en su totalidad la mencionada norma general, lo que como se vio en párrafos precedentes, se encuentra acreditado. Máxime que, no pueden separarse o desvincularse de la regulación del servicio profesional docente en la educación básica y media superior, sus perfiles, parámetros e indicadores, ni tampoco de los derechos y obligaciones de todos aquellos que integran dicho servicio, así como los mecanismos y autoridades encargadas de realizar las evaluaciones correspondientes; de ahí, que resulta claro que la Ley reglamentaria de la reforma educativa tiene disposiciones autoaplicativas y heteroaplicativas. De manera que, como se anticipó en párrafos que preceden, basta con que una sola disposición sea autoaplicativa para que la quejosa impugne todo el sistema normativo, en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro orden de ideas, el Secretario de Educación Pública, con residencia en la ciudad de México (foja 538), asevera que se surte la diversa causal de improcedencia prevista en el precepto 61 fracción XVI, de la Ley de Amparo, toda vez que considera que los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior, aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, les reviste el carácter de consumados, por agotarse en el momento de su aprobación, promulgación y publicación; de ahí, que cualquier acto relativo a la evaluación de los docentes no puede ser inaplicado vía de amparo, al haberse emitido los citados lineamientos. El alegato expuesto por la autoridad oficiante, resulta infundado. A fin de evidenciar lo anterior, debe señalarse que, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos; es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable; de ahí, el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Partiendo de dicha premisa, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados, lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos; es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Bajo la óptica jurídica anterior, contrario a lo argüido por la autoridad responsable, no se está en la hipótesis de la causal de improcedencia previamente invocada, toda vez que de conformidad con el arábigo 77, fracción I, con relación con el 78, de la Ley de la Materia, dispone que la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso de la expedición de una ley, lo mismo que en los de su promulgación, publicación y ejecución, no hay consumación irreparable de esos actos, porque el efecto lógico jurídico de una sentencia concesoria del amparo es nulificar la ley reclamada y los demás actos consignados en el proceso constitucional para su expedición, hasta los concernientes a su ejecución. Dicho en otras palabas, al declararse la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del gobernado que promovió el juicio de amparo. Por tanto, no puede estarse, ni se está, ante actos consumados irreparablemente, porque la nulidad de que se trata que, por otra parte, es absoluta, dejaría sin efectos la expedición, promulgación, publicación y ejecución de un mandato legislativo y produce el alcance de que se restituyan las cosas al estado que tenían antes de la violación de la garantía individual reclamada en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, por las razones que la informan, la tesis emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y uno, informe mil novecientos setenta, parte III, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "LEYES, APROBACION, EXPEDICION, PROMULGACION, PUBLICACION Y EJECUCION DE LAS. NO SON ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. La aprobación y expedición de una ley, por el Honorable Congreso de la Unión; su promulgación y publicación, por el señor presidente de la República; y su ejecución, en el orden administrativo, por los funcionarios y autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no son actos que puedan ser estimados como "consumados de un modo irreparable". El artículo 80 de la ley reglamentaria en cita expresa que la sentencia que concede el amparo tendrá, por objeto, restituir, al agraviado, en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso de la expedición de una ley, lo mismo que en los de su promulgación, publicación y ejecución, no hay consumación irreparable de esos actos, porque el efecto lógico jurídico de una sentencia concesoria del amparo es nulificar la ley reclamada y los demás actos consignados en el proceso constitucional para su expedición, hasta los concernientes a su ejecución. Por tanto, no puede estarse, ni se está, ante actos consumados irreparablemente, porque la nulidad de que se trata que, por otra parte, es absoluta, dejaría sin efectos la expedición, promulgación, publicación y ejecución de un mandato legislativo y produce el alcance de que se restituyan las cosas al estado que tenían antes de la violación de la garantía individual reclamada en el juicio de amparo, esto es, si no se ha aplicado la ley ni cobrado el impuesto, que no se haga, y si estos actos ya se realizaron, que queden nulificados y se restituya, al interesado, el importe que hubiere pagado por el impuesto declarado, en su caso, inconstitucional." De igual forma, la tesis emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página treinta y dos, volumen IV, tercera parte, Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO CONTRA UNA LEY (ACTOS CONSUMADOS). Los actos consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación de la ley reclamada no deben considerarse como irreparablemente consumados, en virtud de que si la parte quejosa obtiene el amparo que solicita, el alcance del mismo es nulificar los efectos de tales actos." Así también, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatro mil trescientos sesenta y cinco, tomo LXXV, Quinta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "ACTOS CONSUMADOS (AMPARO CONTRA UNA LEY). Es improcedente la alegación de que el acto se ha consumado irreparablemente, porque la ley o acuerdos reclamados fueron publicados ya en el Diario Oficial de la Federación, sosteniendo que: "no se comprende como sea físicamente posible que lo que ya se publicó en el Diario Oficial, deje de estar publicado", porque la reparación de los actos violatorios de garantías, no sólo puede ser material sino también jurídica, y si bien en el caso no es posible físicamente la reparación material de la publicación, sí es factible la reparación jurídica, la cual consiste en que deje de surtir los efectos a cuya prosecución tendió." Asimismo, el Secretario de Educación Pública, con residencia en la ciudad de México (foja 567), asevera que se surte la diversa causal de improcedencia prevista en el precepto 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que; sin embargo, del examen de los argumentos que realizaron, no se aprecia que se haya establecido razonamiento al respecto, ello es así, en virtud de que la responsable, no da mayor explicación del porqué considera que se actualizan la hipótesis prevista en la fracción antes citada; máxime que las causales de improcedencia deben estar plenamente acreditadas y no establecerse a través de presunciones. En apoyo a lo considerado, se invoca la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, I.6o.A.8 K, publicada en la página mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, Tomo XIX Junio de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CAUSALES DE. DEBEN ESTAR PLENAMENTE ACREDITADAS Y NO ESTABLECERSE A TRAVÉS DE PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia deben estar plenamente acreditadas y no establecerse a través de presunciones; por tanto, si de las constancias de autos el Juez de Distrito no advierte plenamente su justificación, debe analizar el fondo del asunto" Así también se cita la Jurisprudencia I.5o.A. J/5, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos ochenta, Tomo XXIII, Febrero de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOQUE A SU ESTUDIO NO BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA SEÑALE DE MANERA DOGMÁTICA, SINO QUE DEBE EXPONER LAS RAZONES O MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA SU ACTUALIZACIÓN. No basta que la autoridad responsable señale de manera dogmática que se actualizan ciertas causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo para que el órgano jurisdiccional se avoque a su estudio, sino que es necesario que aquélla exponga las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tales supuestos se actualizan. Lo anterior es así, toda vez que, considerando la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en una sola de las fracciones del numeral antes invocado, no se sabría con exactitud cuál de ellas pretende invocar la responsable y, además, de considerar que es suficiente la simple cita de la fracción en que se contiene alguna de las causas de improcedencia aducidas, para proceder a su estudio, cuando no se ha expuesto algún argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto, sería tanto como suplir la deficiencia de la autoridad, quien en su informe justificado tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes". Por último, el Director del Diario Oficial de la Federación con sede en la Ciudad de México estableció que se actualiza la causal prevista en el dispositivo 63, fracción V, en relación con el 108, fracción VIII, todos de la Ley de la materia, toda vez que ha sobrevenido una causa de improcedencia, lo cual, como ya se ha analizado en párrafos que preceden, resulta inexacto. Esto es, no se acreditó la existencia de alguna de las causas de sobreseimiento contempladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En merito de las razones plasmadas en el presente considerando, lo que procede es desestimar las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. IV. Estudio y resolución del asunto. En virtud de que las partes no hicieron valer diversas causales de improcedencia por lo que ve al acto reclamado que se analiza y toda vez que tampoco se advierte ninguna que deba hacerse valer de oficio, de conformidad con el arábigo 62, de la Ley de Amparo, procede estudiar el presente sumario constitucional. Los conceptos de violación expuestos por los quejosos resultan jurídicamente ineficaces para conceder la protección constitucional solicitada, sin que la obligación de suplencia prevista en la fracción V, del artículo 79 de la Ley de Amparo, pudiera llevar a una conclusión diversa; motivos de inconformidad que no se transcriben, toda vez que no existe ordenamiento legal que obligue a ello. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación, mayo dos mil diez, que estatuye: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los demandantes del amparo aducen substancialmente que se violan en su perjuicio los numerales 1°, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Federal, al aplicarse en su contra los artículos 52, 53, 68 y 69, fracción I y VI de la Ley General del Servicio Profesional Docente, por las consideraciones siguientes: En efecto, en el apartado de la demanda relativo a los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se advierte que a juicio de los quejosos, en diez de diciembre de dos mil doce, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos sometió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de Decreto que reformó y adicionó los artículos 3, 73 y artículos transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, el veintiséis de febrero de dos mil trece, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos publicó la reforma citada en el Diario Oficial de la Federación. 1). Luego señalan que como consecuencia de esa reforma constitucional, a través de la Secretaría de Gobernación, el once de septiembre de dos mil trece, el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuya constitucionalidad impugna específicamente en los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios; artículo 68 por contraponerse al numeral 69 de la propia Ley General del Servicio Profesional Docente y esta, a su vez, en contra del artículo octavo transitorio, transgrediendo el principio de permanencia o inamovilidad en el trabajo. 2). Señalan que el veinticuatro de junio de dos mil quince, fueron notificados por el auxiliar de la Dirección de la Escuela, sin sello ni firma del Secretario de Educación en el Estado, lo cual resulta ilegal, en razón a que solamente el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa puede llevar a cabo tal notificación, sin tener facultades para delegar esa acción. 3). Aducen que en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece para toda autoridad la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos en beneficio de todo ser humano sin la negación de verlos expandidos por adecuación a nuevas condiciones que determinen la necesidad y vigencia de otras prerrogativas que deban reconocerse a favor del individuo. Alegan que los principios de optimización e interpretación constitucional deben aplicarse de manera preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, ya que en caso de existir contraposición entre un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse en observancia al citado principio, acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social perseguidos por el Constituyente Permanente, a partir de la reforma al artículo 1° de la Carta Magna. 4). Señalan que los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho general con anterioridad a la reforma, acorde a lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5). Refieren que se viola en su perjuicio la garantía de igualdad contenida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales solo pueden entenderse en relación con los artículos 14, 16, 123 y 133 de la propia Carta Magna, entendidos en el contexto de dar un trato diferente a una persona bajo una situación jurídica determinada, en la que sin mediar procedimiento que así lo legitime, se suspendan las garantías de los quejosos. 6). Aducen que los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho general con anterioridad a la reforma, acorde a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en cuanto a la irretroactividad de la ley). 7). Dicen que si durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan reformas, de modo inmediato, el supuesto y consecuencias establecidos en ella, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, en atención a que fue antes de la nueva reforma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. Que si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 8). Agregan que, cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo integrado por diversos actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad, concluyendo que la reforma tiene aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor; que la reforma modifica situaciones jurídicas previstas con antelación en el propio cuerpo constitucional, particularmente por lo que hace al concepto de "Estabilidad en el Empleo", consagrada en la fracción IX del Apartado B) del artículo 123. 9). Aducen que los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violenta en su perjuicio lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las autoridades tienen la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan. También alegan que los numerales antes señalados transgreden el referido principio, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violentan en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 123, inciso b), fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 10). Luego agregan que la reforma al artículo 3 Constitucional crea una excepción en cuanto a la estabilidad en el empleo, puesto que condiciona la realización y acreditación de la evaluación a la permanencia en el servicio profesional de los trabajadores de la educación, originando una contradicción entre dos normas constitucionales, ya que para el cese se requiere de una causa legal justificada y, por otra parte, la reforma al artículo 3 referido, señala que la permanencia depende de la acreditación de una evaluación obligatoria, lo que no es exigible a ningún otro trabajador al servicio del Estado. 11). Argumentan además, que los numerales antes señalados transgreden el referido principio, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violentan en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, "Convenio sobre la Terminación de la Relación de Trabajo por iniciativa del Empleador". Al respecto, adujeron los quejosos que en atención al principio de "Supremacía Constitucional" implícito en el numeral 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Carta Magna se ubica en la cúspide, y por debajo de esta, los tratados internacionales y las leyes generales; que en dicho numeral se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía y normativa por los cuales la Constitución Federal y los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, de manera que si las leyes expedidas resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código supremo y los tratados internacionales. 12). Señalan que en relación a los derechos humanos, los tratados suscritos por el Estado mexicano deben ubicarse al nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tales instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en la Ley Fundamental respecto de los derechos humanos. Agrega que cuando una de las partes invoca a su favor un tratado internacional, no se le puede exigir que sea ella quien demuestre su existencia, toda vez que al formar parte del derecho mexicano, éste no se encuentra sujeto a prueba. 13). Aducen también que los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violenta en su perjuicio diversas interpretaciones del Poder Judicial de la Federación, tales como la Dignidad Humana. Que es la Dignidad Humana el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos, ya que en ese sentido el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la igualdad de todas las personas ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna que atente contra la dignidad humana. 14). Dice que el principio pro homine implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, para lo cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de derechos protegidos. Que la intersección entre la potestad del Estado y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Insiste en señalar que dentro del ámbito de sus competencias, todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en los términos que establezca la ley. 15). También señalan que los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violenta en su perjuicio la debida fundamentación y motivación legislativa. 16). Aducen también los quejosos que los antes señalados numerales también violentan en su perjuicio las condiciones de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, ya que las condiciones generales de trabajo se rigen por la bilateralidad en la negociación colectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente o a solicitud de éste se revisarían cada tres años. De ahí la obligación de los titulares de las dependencias de oírlos y tomar en consideración sus argumentos al momento de emitir las condiciones generales de trabajo o al pedir su revisión. 17). También alegaron, en relación a los tan mencionados numerales que violentan en su perjuicio el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, al igual que el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública. De igual forma señalaron en cuanto a dichos numerales, que violentan en su perjuicio los lineamientos de la Carrera Magisterial como el sistema de promoción horizontal para docentes de Educación Básica, cuyo propósito es contribuir a elevar la calidad de la educación, reconociendo y estimulando la labor de los profesores, quienes pueden promoverse si cubren los requisitos y se evalúan conforme a lo indicado en los lineamientos normativos. 18). Luego concluyen señalando que con las reformas a los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, se crea un estado de excepción que solo perjudica a los trabajadores de la educación al crearse contradicción entre dos normas, además que el Estado desatiende sus obligaciones constitucionales y legales en materia de educación, desatendiendo un tratado internacional ratificado con antelación, causando graves perjuicios a los trabajadores de la educación. 19). Refirieron los quejosos, que las reformas a los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violentan en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica y legalidad en cuanto a la falta de facultades legales del Secretario de Educación Pública en el Estado de Zacatecas, para notificarles mediante un documento que deben de sujetarse al procedimiento de evaluación en primera etapa; facultad exclusiva del Instituto Nacional de Evaluación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 20). Finalmente, adujeron los quejosos que las reformas a los artículos 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68, por contraponerse al contenido del artículo 69 de la Ley del Servicio Profesional Docente, transgrede el principio de permanencia e inamovilidad en el trabajo, como derecho laboral generado con anterioridad a la reforma, violan en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica y legalidad toda vez que el derecho sustantivo contiene el apartado de los derechos que todo gobernado tiene frente a la actividad de la autoridad, los cuales son irrenunciables (como los derechos laborales generados con los nombramientos expedidos en su favor. Que tales derechos fueron generados antes de la entrada en vigor de la reforma educativa y su nombramiento fue definitivo y garantiza su inamovilidad y permanencia en el trabajo docente, y está sujeto a la condición de no incurrir en las causas legales previstas en aquella época, y no puede estar sujeta a nuevas cargas e imposiciones que sobrevienen con la reforma educativa, por lo que se colige una afectación a la garantía de irretroactividad en perjuicio de los quejosos. 21). Refieren que es ilegal el procedimiento de notificación del inicio del procedimiento de evaluación, así como el inicio del procedimiento de evaluación previo al calendario escolar 2015-2016, desde el mes de septiembre y no inicie la segunda etapa denominada "Expediente de Evidencias de Enseñanzas", no se aplique de manera anticipada el periodo indicado en el artículo 6° de los Lineamientos, que es cuando debe de iniciar el procedimiento de evaluación educativa, así como la práctica profesional cuyos elementos son: 1) Periodo, sedes y horarios para el registro; 2) las guías de estudio y la bibliografía de apoyo; 3) los procedimientos de calificación o evaluación; 4) la forma en que se publicarán los resultados y; 5) el informe individualizado. 22). Concluyen señalando que al encontrarse disfrutando de su periodo vacacional, era inhábil para la práctica de cualquier acto de autoridad, entre estos la notificación del inicio del procedimiento de evaluación docente, por lo que tal acto es ilegal y vulnera las garantías de seguridad jurídica y de legalidad al carecer de certeza en su práctica. Precisado lo anterior, es el caso señalar que del análisis del concepto de violación señalado como arábigo 1), es falso que la reforma constitucional a los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios transgrede el principio de permanencia o inamovilidad en el trabajo en perjuicio de los quejosos, toda vez que dichos actos no les causa perjuicio, porque tales actos consisten en la aplicación de las normas generales que regulan la evaluación de los docentes; esto es, establecen y describen los criterios, fases y procedimientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño Docente, Técnico Docente y de quienes ejerzan funciones de Dirección y Supervisión en Educación Básica y Media Superior, para medir la calidad y resultados de sus funciones; sin embargo, tales evaluaciones no son fines, sino medios que de conformidad con los dispositivos antes enunciados, tratan de medir un parámetro, cuyo resultado podría (modo indicativo, tiempo simple o pospretérito) incidir en la situación jurídica que los quejosos tienen en relación con la dependencia para la cual trabajan, incidencia que no necesariamente tendría que ser negativa. Es así que el artículo 53, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en la parte conducente señala: "Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. De lo anterior se sigue que la primera evaluación de que se duelen los quejosos, no tiene incorporada como sanción la terminación del nombramiento, de ahí que no se erige como un requisito de permanencia que en caso de obtener un resultado no aprobatorio, en automático conduzca a una mutación de su situación jurídica concreta y particular, sino que sólo es un elemento de medición que permitirá a los sustentantes, incorporarlo a un procedimiento de regularización, el que desde luego lejos de perjudicarles, les beneficia. En este contexto, como las evaluaciones previstas en las leyes impugnadas no son fines en sí mismos sino medios, el sometimiento a tales procedimientos por parte de los maestros quejosos no afectan por el momento sus intereses jurídicos. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 12/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 243, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, rubro y texto: "EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. SON MEDIOS Y NO FINES EN SÍ MISMOS, Y SU CONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE LA VALIDEZ DEL REQUISITO LEGAL QUE PRETENDEN MEDIR. Las evaluaciones de control de confianza son instrumentos para acreditar que quienes se someten a ellas poseen ciertas cualidades para acceder o mantenerse en el ejercicio de alguna actividad dentro del servicio público, esto es, son medios y no fines en sí mismos. Por otra parte, los requisitos y calidades que debe reunir una persona para acceder a un cargo público o mantenerse en él deben estar previstos forzosamente en la ley, para que la eventual práctica de tales evaluaciones oficiales sean instrumentos válidos, útiles y razonables desde la perspectiva constitucional. Lo anterior significa que no son las evaluaciones de control de confianza las que pueden formar parte de los requisitos para acceder a un cargo público, sino aquellas condiciones para el acceso y ejercicio de determinados cargos y que puedan medirse con tales exámenes, lo cual estará sujeto al respeto de los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte." Por lo tanto, como las evaluaciones previstas en las leyes impugnadas no son fines en sí mismos sino medios, el sometimiento a tales procedimientos por parte de los maestros quejosos no afectan por el momento sus intereses jurídicos, pues en su caso, tendrían que esperar el resultado de esa evaluación y con motivo de ella la determinación que adopte la Secretaría de Educación, en su ámbito federal o estatal, según sea el caso. En ese mismo sentido se expresa el artículo 22 de la ley en consulta el cual señala lo siguiente: "Artículo 22. En la Educación Básica y Media Superior el Ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, en términos de esta Ley. Con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del Personal Docente de nuevo Ingreso, durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados realizarán una evaluación al término del primer año escolar y brindarán los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente. Al término del periodo señalado en el segundo párrafo de este artículo, la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado evaluará el desempeño del Personal Docente para determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las exigencias propias de la función docente. En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas previstos en el tercer párrafo de este artículo, incumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del Nombramiento, sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado". Incluso el artículo 74, del mismo ordenamiento, en lo conducente, prevé lo siguiente: "Artículo 74. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 de la presente Ley, dará lugar a la terminación de los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que correspondan". Lo anterior pone de manifiesto que la programación de la evaluación a la que pudieran ser sometidos los maestros quejosos, por el momento no les depara algún perjuicio, porque la terminación cese o conclusión de su nombramiento dependerá de que no aprueben tres evaluaciones consecutivas o, que incumplan con las obligaciones que establece el artículo 69, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, esto último determinado exclusivamente por su libre albedrío, de tal suerte que no será hasta que se les aplique alguna sanción en que los actos reclamados les depararán perjuicio, caso en el cual podrán reclamar los parámetros utilizados para practicar la evaluaciones correspondientes. En relación al concepto de violación señalado como arábigo 2), debe decirse que no les asiste la razón, toda vez que de los oficios respectivos girados para su notificación, se advierte fueron signados por el Secretario de Educación Pública del Estado de Zacatecas, quien en cumplimiento a lo establecido en los numerales 52, 53, 69, fracciones I y VI de la Ley General del Servicio Profesional Docente, hicieron del conocimiento de los ahora quejosos las instrucciones que debían seguir para efecto de participar en la evaluación ahí ordenada. Por otra parte, respecto del concepto de violación señalado en el arábigo 3), así como el 4), se advierte que no se encuentra acreditado lo expuesto por los ahora quejosos, en razón a que las normas que impugnan no le causa perjuicio alguno, toda vez que se trata de evaluaciones previstas en las leyes impugnadas las cuales no les han sido aplicadas, esto es, no han sido sometidos a tales procedimientos, por lo que no afectan por el momento sus intereses jurídicos. En consecuencia, tampoco pueden demostrar que las responsables hayan vulnerado en su perjuicio las prerrogativas contenidas en el artículo 1° de la Carta Magna de la Nación, ya que no han sido aplicadas de facto, y por ende, no pueden haberse vistos vulnerados sus derechos contenidos en la Ley Suprema. En cuanto al concepto de violación señalado en arábigo 5), en el que los quejosos aducen que se viola en su perjuicio la garantía de igualdad contenida en el artículo 1° de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el aspecto de dar un trato diferente a una persona bajo una situación jurídica determinada, dicho concepto resulta infundado, puesto que no señala de manera alguna en qué forma le fue aplicado el trato diferente que menciona le afecta. Por otra parte, es el caso señalar en principio, que del análisis del concepto de violación precisados en los arábigos 6) y 7), los mismos resultan infundados, por las siguientes razones. Si bien se establece por los ahora quejosos, que las disposiciones materia del acto reclamado, contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, con base en lo previsto en el 8º transitorio, crean una nueva causal de terminación de los efectos del nombramiento, que no estaba en ninguna ley en la fecha en que ingresaron a laborar, considerando con ello que esta tiene efectos retroactivos en su perjuicio; sin embargo, contrario a lo aducido cabe precisar, que el personal docente continúa ostentando su calidad de trabajador al servicio del Estado, tal como se desprende de lo establecido en el numeral 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente; sin embargo, en virtud de la función que desempeñan, también es servidores de la educación; de ahí que dicha cuestión no vulnera algún precepto constitucional, ya que tal calidad se estableció sin detrimento a sus derechos laborales e incluso, con tal carácter, al sujeto de la norma se le otorgaron otros derechos, independientes a sus derechos laborales, lo cuales se encuentran establecidos en el artículo 68 de dicha Ley, sin que lo anterior implique que el personal docente y con función de dirección y de supervisión se convirtiera en sujeto administrativo, pues sólo se definió su carácter, sin perjuicio de su calidad de trabajadores y sin afectar sus derechos laborales. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 30/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL. Previo a la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, las relaciones laborales del personal docente al servicio del Estado se regulaban por el apartado B del artículo 123 constitucional. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, se introdujeron algunas modalidades relacionadas con el trabajo que prestan los docentes; por tanto, si la reforma incorporó cambios al texto constitucional en materia de relaciones laborales del aludido personal, se concluye que, a partir de su entrada en vigor, esas relaciones también se rigen por el artículo 3o. reformado." Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el primer párrafo del dispositivo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partiendo de la teoría clásica que considera que hay aplicación retroactiva, cuando se afectan derechos que ingresaron al patrimonio de la persona bajo la vigencia de la ley predecesora, y no se produce ese tipo de retroactividad cuando sólo se afectan derechos potenciales; esto es, meras expectativas de derecho, ha sostenido que la irretroactividad que prohíbe el ordinal 14 Constitucional, se encuentra referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, así como a las autoridades que las aplican a un caso determinado y para resolverlo ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos, así como a la teoría de los componentes de la norma. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que tomando en cuenta la teoría de los derechos adquiridos, éstos se definían como aquéllos que entraron al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico y los cuales no pueden ser afectados. En cambio, la expectativa de derecho es una pretensión de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; y mientras que el derecho adquirido constituye un presente, la expectativa de derecho corresponde a un futuro el cual todavía no se concreta. De esa manera, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País concluyó, que una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de una ley anterior, porque éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado; es decir, cuando se aplica a un hecho realizado durante su vigencia, para cuyo examen de justificación o injustificación tenga que recurrirse al acto que le dio origen el cual se supone tuvo verificativo, bajo el imperio de la ley anterior, ya que la garantía de irretroactividad de las leyes que consagra el ordinal 14 constitucional, establece que no se podrán modificar o afectar los derechos que adquirió un gobernado bajo la vigencia de una ley anterior con la entrada de una nueva disposición. Corrobora lo anterior, la tesis 2a. LXXXVIII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos seis, tomo XIII, junio de dos mil uno, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe a continuación: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado. Por lo que se refiere a la teoría de los componentes de la norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de modo que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse: a).- Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley. b).- El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas. c).- En el supuesto en que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. d).- Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición). El criterio que antecede, se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 87/97, emitida por el Pleno de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página siete, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan." Por el criterio que informa, también resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 87/2004, emitida por la Segunda de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos quince, tomo XX, julio de dos mil cuatro, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor. En ese orden de ideas, para estar en posibilidad de determinar si una disposición normativa o su aplicación es violatoria de la garantía de irretroactividad, establecida en el arábigo 14 de la Constitución Federal, con base en la teoría de los componentes de la norma, es menester tener en cuenta los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y la fecha en que entra en vigor la nueva disposición. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en dicho numeral, así como en las teorías admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interpretar el tema de irretroactividad de las leyes, resulta que una norma transgrede el precepto constitucional antes señalado, cuando la ley trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que sin lugar a dudas conculcaría en perjuicio de los gobernados dicha garantía individual, pero esto no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en esos casos sí se permite que la nueva ley las regule. Al tenor de ambas teorías y contrario a lo manifestado por la parte quejosa, los artículos que regulan el procedimiento de evaluación y sus consecuencias jurídicas, contenidos en el decreto tildado de inconstitucional, no transgreden el principio de irretroactividad, porque no contrarían ni la teoría de los componentes de la norma, ni la de los derechos adquiridos. Esto es, los actos tildados de inconstitucionales, no violentan la garantía de irretroactividad de la ley, atendiendo la teoría de los componentes de la norma, en virtud de que no actúan para lo acaecido en el pasado, sino para el futuro; debido a que el supuesto normativo relativo a la obligación de los trabajadores de evaluarse, rige a partir de que entró en vigor la ley, lo que claramente implica que tanto los efectos del supuesto, como sus consecuencias, ven hacia el futuro. Ahora bien, por cuanto hace a la teoría de los derechos adquiridos, debe decirse que no existe irretroactividad cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o situaciones que aún no se han realizado. Es cierto que, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente, la parte quejosa (docentes) debe someterse a un proceso de evaluación; sin embargo, no puede estimarse que ese hecho viole la garantía de irretroactividad de la ley. Por una parte, porque su contenido no autoriza a que sus efectos obren sobre el pasado, sino que solamente establece determinadas directrices que deben observarse de presente a futuro para permanecer en el servicio profesional docente, por lo que resulta inexacto que dichas normas rijan situaciones anteriores y que su aplicación vulnere derechos adquiridos en perjuicio de la justiciable. En la especie, no se afectan derechos adquiridos con anterioridad a su vigencia, ya que si bien es cierto, que con antelación el sistema de evaluación y las consecuencias jurídicas eran diferentes, las normas y pautas correspondientes se aplicarán bajo la vigencia de una nueva normatividad que regula concretamente esas cuestiones, por lo que es evidente, que la aplicación de estas reglas no es retroactiva, toda vez que las mismas tienen efectos sobre situaciones acaecidas a partir de su vigencia y hacia lo futuro y no en relación a situaciones pasadas, lo que conlleva a que en la especie no se viola el aducido derecho adquirido a la estabilidad en el empleo, porque ese derecho no significa permanencia indefinida; por ende, no existe la irretroactividad alegada por la parte quejosa. En consecuencia, resultan infundados los conceptos de violación señalados en arábigos 6) y 7). En relación al concepto de violación señalado como inciso 8), debe decirse que la evaluación a la que deberán someterse los quejosos no modifica ni disminuye las condiciones de trabajo de los docentes, pues la prestación de servicios se desarrollará en los mismos términos y condiciones que rigen en la actualidad, ya que del contenido de las leyes reclamadas no se desprende que las mismas varíen; esto es, los justiciables tendrán los derechos laborales que contempla el numeral 123, apartado B, constitucional, que consisten en: Una jornada máxima de trabajo, días de descanso, vacaciones, un salario fijado en el presupuesto respectivo, garantía de igualdad salarial, derechos escalafonarios y seguridad social, debido a que estas garantías de carácter social se mantienen vigentes en la norma suprema, y los preceptos impugnados no los limitan ni restringen. Aunado a lo anterior, el artículo 3 Constitucional, en su fracción III, dispuso que las leyes ordinarias fijarían los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, lo que significa que la norma fundamental reconoce a los trabajadores de la educación como trabajadores con el pleno reconocimiento de los derechos y prerrogativas previstos en el precepto 123 constitucional, como son sueldo, descansos, vacaciones, aguinaldo, etcétera. Consecuentemente, el tema de irretroactividad se encuentra ligado al derecho a la estabilidad en el empleo, para estimarlo así, es necesario tener en cuenta el contenido de la fracción IX del dispositivo 123 apartado B constitucional, en relación con los diversos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que disponen: ".Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:.." ".B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:.." "...IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley...." ".Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley. Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto. Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda." ".Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Noveno. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados que a la entrada en vigor de esta Ley tenga Nombramiento Provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente Ley. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley. Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53." De la simple lectura de la transcripción anterior, se aprecia que el derecho a la estabilidad en el empleo no es absoluto, pues pueden ocurrir casos justificados de separación o suspensión del servicio, siempre y cuando se encuentren previstos en ley. En el caso, tratándose de personal con nombramiento definitivo obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, si bien se encuentran obligados a someterse a evaluaciones y en caso de ser insuficientes los resultados, sujetarse a los procedimientos de regularización, lo cierto es que, de no obtener resultado favorable en la tercera evaluación, la consecuencia no es la terminación del nombramiento sin responsabilidad para la autoridad educativa, sino que serán adscritos para continuar en otras tareas, o bien podrán incorporarse a los programas de retiro que para tal efecto se implementen; lo anterior, en el entendido de que el personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización sí será separado del servicio público. Asimismo, en tratándose de personal con nombramiento provisional obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la obtención de una evaluación suficiente dará lugar a la obtención del nombramiento definitivo. En caso de ser insuficientes los resultados en la primera y segunda evaluaciones, deberán sujetarse a los procedimientos de regularización, siendo que, si la tercera evaluación refleja un resultado insuficiente, procederá la separación del servicio sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa. De igual manera, procederá la separación en caso de que no se sujeten a los procesos de evaluación, o bien se nieguen a incorporarse a los programas de regularización. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 36/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para analizar si un ordenamiento vulnera el derecho a la irretroactividad de la ley es necesario atender a los postulados de la teoría de los componentes de la norma, conforme a la cual, toda norma jurídica se compone de dos elementos: un supuesto, que puede ser complejo cuando se integra por diversos actos parciales sucesivos, y una consecuencia, que al realizarse genera los derechos y las obligaciones correspondientes. De modo que, tratándose de supuestos complejos, una norma posterior viola el derecho invocado sólo cuando modifique los actos del supuesto que ya se hubieran realizado bajo la vigencia de la norma anterior, pero no así cuando modifique los que todavía no se hubieren realizado pues, en esta circunstancia, la norma posterior podría regular tanto los actos no llevados a cabo como las consecuencias vinculadas a ellos. Ahora bien, los supuestos y consecuencias actualizados bajo el imperio de la norma anterior, de los que derivó el derecho de los docentes con nombramiento definitivo a permanecer en el empleo, no se modificaron con la entrada en vigor de los artículos 52, 53 y octavo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, porque respetan la permanencia en el servicio de los docentes aludidos. En efecto, de su contenido se advierte que el personal docente que no obtenga un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública, sino que podrá ser readscrito para continuar en otras áreas dentro de dicho servicio, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro voluntario. Por consiguiente, si de los supuestos y consecuencias actualizados bajo la vigencia de la norma anterior se originó para los docentes con nombramiento definitivo el derecho a permanecer en el servicio y, por su parte, los artículos indicados no modifican ese derecho, pues no prevén su cese cuando obtengan resultados insuficientes por tercera ocasión, se concluye que no vulneran su derecho a la irretroactividad de la ley." De igual forma, la Jurisprudencia 36/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A SU ENTRADA EN VIGOR. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para analizar si un ordenamiento vulnera el derecho a la irretroactividad de la ley es necesario atender a los postulados de la teoría de los componentes de la norma, conforme a la cual, toda norma jurídica se compone de dos elementos: un supuesto, que puede ser complejo cuando se integra por diversos actos parciales sucesivos, y una consecuencia, que al realizarse genera los derechos y las obligaciones correspondientes. De modo que, tratándose de supuestos complejos, una norma posterior viola el derecho invocado sólo cuando modifique los actos del supuesto que ya se hubieran realizado bajo la vigencia de la norma anterior, pero no así cuando modifique los que todavía no se hubieren realizado pues, en esta circunstancia, la norma posterior podría regular tanto los actos no llevados a cabo, como las consecuencias vinculadas a éstos. Ahora bien, en relación con el personal docente que tuviera nombramiento provisional a la entrada en vigor de los artículos 52, 53 y noveno transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, no se había actualizado supuesto alguno que permitiera considerar que se produjo, o debiera producirse, la consecuencia de adquirir el derecho a la permanencia en el servicio; por el contrario, a la entrada en vigor de las normas indicadas únicamente tenían una expectativa de derecho en torno a la eventual obtención de su base y de su permanencia en el empleo. Por ende, si las normas aludidas no modificaron el supuesto establecido bajo la vigencia de la norma anterior, toda vez que no se había actualizado y, por ello, respecto de la consecuencia los docentes con nombramiento provisional tenían solamente una expectativa de derecho; aunado a que las normas referidas se limitaron a establecer un nuevo supuesto (la obtención de una evaluación suficiente) para que se diera la misma consecuencia (la obtención del nombramiento definitivo), se concluye que no vulneran su derecho a la irretroactividad de la ley." Entonces, resulta inconcuso que el personal docente, no adquiere permanencia en su cargo por el solo hecho de haber satisfecho los requisitos de ingreso y por el transcurso del tiempo, sino que depende de que aprueben la evaluación prevista en las disposiciones tildadas de inconstitucionales, cuyo procedimiento se prevé específicamente en la Ley General del Servicio Profesional Docente, porque constituye un mecanismo a través del cual las autoridades educativas garantizarán a la niñez y a los educandos en general, una educación de calidad. Por lo que, en términos de lo que prevé el ordinal 3 Constitucional, resulta necesario que el personal que desempeña labores docentes se sujete a las evaluaciones establecidas en la Ley reclamada, esto con el fin de que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional, por lo que resulta imprescindible la calidad educativa para el pleno desarrollo del potencial de los menores en pro de su desarrollo. Lo anterior, para que los educandos adquieran conocimientos, asuman actitudes, desarrollen habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios establecidos en la Ley Fundamental; por ende, si la educación es una política de Estado, la calidad de los procesos educativos requiere de los esfuerzos de sus actores: Poderes públicos, órganos de gobierno, autoridades, instituciones, maestros, organizaciones gremiales, expertos, padres de familia y la sociedad en su conjunto. En esas condiciones, resulta evidente que la aplicación de un examen para evaluar el desempeño del personal docente, en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se hizo con la finalidad de ofrecer una educación de calidad; por tanto, el acceso de los maestros al sistema educativo, su promoción y permanencia ahora debe realizarse a través de procedimientos idóneos en relación con los fines de la educación. A mayor abundamiento, la inamovilidad y estabilidad en el empleo son los derechos constitucionales de continuar en ocupación laboral, sin mayor condición que no incurrir en causa de cese; de ahí, que la ley reclamada no vulnera los citados principios, en virtud de que los quejosos seguirán laborando en el lugar en el cual se encuentran adscritos, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales, que en la especie es someterse al proceso de evaluación y aprobar el examen, so pena de que se aplique lo dispuesto en los artículos octavo y noveno transitorios, en el supuesto de tener nombramiento provisional o definitivo. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la Jurisprudencia 31/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. Del artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el derecho humano a la estabilidad en el empleo no es absoluto y, al respecto, establece que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. Por tanto, si el artículo 3o., fracción III, constitucional dispone que la ley reglamentaria fijará los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente, se concluye que los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que contienen los supuestos de separación, readscripción o incorporación a programas de retiro voluntario para el personal docente no vulneran el derecho humano a la estabilidad en el empleo, porque constituyen una causa justificada prevista en la ley para la cesación referida. De igual forma, la Jurisprudencia 35/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dispone: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RECONOCIDO EN EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. De la Observación General número 13, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con el artículo 7, apartado d, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deriva que la separación de algún docente de su empleo cuando no acredite las evaluaciones respectivas se encuentra plenamente justificada, en tanto tiene como finalidad garantizar los derechos de los educandos a recibir un servicio educativo de calidad impartido por docentes calificados, a efecto de cumplir con la característica de "disponibilidad" a que se refiere la observación. En consecuencia, si las disposiciones convencionales prevén la posibilidad de que los docentes sean removidos cuando no acrediten las evaluaciones respectivas para garantizar con ello una educación de calidad y los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente prevén la misma posibilidad para alcanzar igual finalidad, se concluye que su contenido coincide con las disposiciones de la convención referida y, por ende, no vulneran el derecho humano a la estabilidad en el empleo. Máxime que las medidas implementadas por los artículos de la citada ley general persiguen un fin constitucionalmente válido, y resultan idóneas, necesarias, así como proporcionales a dicho fin." En otro aspecto, cabe destacar que el arábigo 3º Constitucional, reformado mediante Decreto publicado el veintiséis de febrero de dos mil trece, implementó aspectos relativos a garantizar una educación de calidad, a saber: a) El Ejecutivo Federal determinaría los planes y programas de estudio para la educación básica, y normal. b) El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior impartida por el Estado, se llevaría a cargo mediante concursos de oposición que garantizaran la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijaría los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción y el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. c) Impuso al Congreso de la Unión la obligación de expedir las leyes reglamentarias. d) En la fracción IX, creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la cual quedó a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, al cual se le facultó para evaluar la calidad, el desempeño y resultados en del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. En la exposición de motivos de la reforma de dicho numeral, se estableció que: ? La ley protegerá los derechos de todos los trabajadores incluidos los del magisterio y que quien ejerce la docencia en la educación básica y media superior que el Estado tendrá garantizada su permanencia en el servicio en los términos establecidos en la ley, en atención a las obligaciones inherentes de la función que realiza, que deriven de los fines de la educación que la Constitución establece. En la exposición de motivos del Decreto mediante el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, se precisó sustancialmente lo siguiente: ? En la aplicación de la ley, las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de los niños y los educandos a recibir una educación de calidad, en atención al principio del interés superior del menor. ? Será a través de la aplicación de los perfiles, parámetros e indicadores idóneos, que pueda comprobarse que efectivamente se cumple con las obligaciones inherentes a la función que se realiza y con el fin constitucional de brindar una educación de calidad. ? Al verificar el nivel de desempeño del docente, no se dejará espacio alguno para un ejercicio arbitrario de la autoridad sobre los derechos de los trabajadores. De lo anterior, se desprende con claridad que la implementación de una ley secundaria que regulara la actividad magisterial, en modo alguno dejaría de observar los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Además, del contexto normativo de la Ley General del Servicio Profesional Docente se advierte, que se estableció que las relaciones de trabajo del personal a que se refiere dicha ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirían por la legislación aplicable; esto es, a los sujetos de la norma no les quitó la calidad de trabajadores de la educación. Asimismo, definió a la permanencia en el servicio como la continuidad en el servicio educativo, con pleno respeto de los derechos constitucionales; y reguló los nombramientos definitivos. De igual manera, estableció la promoción en la función educativa como una manera de ascender a un puesto o función de mayor responsabilidad y nivel de ingresos. Por tanto, aun cuando la norma impugnada contiene nuevas reglas que deben observarse para el ingreso, promoción y permanencia en el empleo, no eliminó las prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del sector educativo, como son: Aguinaldo, prima vacacional, días económicos, permisos, y el derecho de escalafón, tampoco dejó sin efectos los nombramientos de carácter definitivo de los trabajadores, ni precisó que, con su entrada en vigor, se eliminaría el tiempo laborado por el personal. En tal virtud, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la citada ley no afectó sus derechos adquiridos, pues no dejó sin efectos el nombramiento que ostentan, ni se advierte que modificara algún derecho que formara parte de su patrimonio con anterioridad a la entrada en vigor de la norma reclamada; por ende, tampoco se aplicó retroactivamente, en perjuicio de la parte quejosa. Además, el que se regulara su actividad en una ley especial como lo es la Ley General del Servicio Profesional Docente, no ubica a los quejosos en un caso de excepción, sino que el Constituyente atendió a la importancia de la función que desempeñan los trabajadores de la educación y con la finalidad de unificar la educación en todo el País, creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la cual quedó a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo autónomo, facultado para evaluar la calidad, el desempeño y resultados en el sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Aunado a lo anterior, el esquema que rige actualmente a los docentes, de manera alguna restringe sus derechos laborales, pues éstos siguen vigentes, mientras cumplan las obligaciones inherentes a la función que realizan. Dadas las anteriores consideraciones, se concluye que la ley cuya constitucionalidad se controvierte, no transgrede el principio de irretroactividad, los derechos adquiridos, la estabilidad y permanencia en el servicio, al ser acorde con los lineamientos establecidos en el ordinal 3, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues por un lado, se prevé una educación de calidad para los alumnos y por otro, incentivar a los maestros tanto económicamente como intelectualmente. En cuanto al 9) concepto de violación, consistente en que los numerales cuya reforma combate, transgreden el principio de estar debidamente fundados y motivados, ya que las autoridades tienen la obligación de fundar y motivar sus resoluciones, dicha consideración resulta infundada por las siguientes razones. Aducen los quejosos que con el acto reclamado se vulneran en su perjuicio las garantías que tutela el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que las reformas a los numerales 3, 73 y transitorios, así como 52, 53, octavo y noveno transitorios y 68 de la Ley del Servicio Profesional docente carecen de la debida fundamentación y motivación legal a que están obligadas en todo acto que emitan. El invocado numeral 16, en su primer párrafo, dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Del precepto transcrito se infiere que todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera jurídica de los gobernados, debe estar debidamente fundado y motivado por la autoridad competente, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto, y por lo segundo, que también deben señalarse con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Pues bien, al analizar el contenido de la determinación reclamada, se advierte que, contrariamente a lo que sostiene el impetrante en los motivos de inconformidad que hace valer, el acto reclamado no adolece de la debida fundamentación y motivación legal que debe revestir todo acto de autoridad, en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional; toda vez que la citada responsable invocó como fundamentos legales que justificaron su decisión de reformar los artículos de los que se duelen los quejosos; asimismo, expuso los razonamientos que motivaron su determinación, con lo cual cumplió con esos imperativos legales, por lo que no se actualiza la violación reclamada por los quejosos. En otro aspecto, relativo al concepto de violación señalado como arábigo 10), que hace consistir en la contradicción surgida entre dos normas constitucionales, ya que el numeral 3 Constitucional señala la permanencia en el empleo, dependiente de una acreditación de una evaluación obligatoria, que no es exigible a ningún otro trabajador al servicio del Estado, resulta infundado, en razón a que contrario a ello, ningún agravio se causa al docente al sujetarlo a un examen, ya que ello deviene en beneficio de la población escolar; además que, contrario a lo que expone, las corporaciones policiacas del Estado mexicano en sus diversos niveles, sujetan a los elementos a diversos exámenes, entre estos los denominados "de confianza", de cuyo resultado dependerá la permanencia en el empleo. Lo cual no ocurre con los ahora quejosos, como ya se asentó en párrafos precedentes. También resulta infundado su concepto de violación señalado como arábigo 11), ya que las reformas constitucionales de que se duele no violentan en su perjuicio lo dispuesto por el numeral 133 Constitucional, en relación con el "Convenio sobre la Terminación de la Relación de Trabajo por Iniciativa del Empleador", ya que las reformas de que se duelen los quejosos, no constituyen de modo alguno un acuerdo para terminar la relación laboral entre los docentes y el empleador, esto es, no existe tal circunstancia comparativa, ya que la exigencia de preparación laboral a los docentes, no causa agravio alguno a los mismos. En ese contexto, los conceptos de violación señalados con arábigo 12), respecto de la predominación de las disposiciones de la Carta Magna y los tratados internacionales, resulta infundado ya que de manera alguna se está violentando tal disposición legal por parte de las autoridades responsables, puesto que no demuestran los quejosos en qué forma se violenta el derecho que dicen les ha sido vulnerado. Lo mismo ocurre en cuando al concepto de violación señalado en arábigo 13), que los quejosos hacen consistir en que se violentan en su perjuicio, con la reforma a los mencionados artículos constitucionales, diversas interpretaciones del Poder Judicial de la Federación, tales como la Dignidad Humana, empero de manera alguna especifican en qué se hace consistir esa violación, como se lleva a cabo la misma. A ese respecto, en primer término, es conveniente puntualizar que el juicio de amparo es el medio de control constitucional cuyo propósito esencial es la protección y defensa de los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte -atendiendo a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México-, así como de las garantías otorgadas para su protección, conforme lo disponen los artículos 103 y 107, en relación con el numeral 1º, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, este Tribunal Constitucional se encuentra obligado a proteger y garantizar los derechos humanos de los justiciables, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; ergo, al advertir que éstos fueron conculcados, deberá restituir al agraviado en el pleno goce de sus prerrogativas fundamentales violentadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, o en su defecto, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que ésta exija. En este tenor, una vez incorporados a la Ley Suprema de la Unión, en términos de lo dispuesto por el diverso numeral 133, de la Constitución, los tratados internacionales suscritos por México comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional y bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por éstas, al emitir los actos que les correspondan conforme a su ámbito competencial. Además, la tendencia actual en los criterios emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación, revela que en tratándose de un conflicto que verse sobre derechos humanos, los instrumentos o convenciones internacionales que los contemplen, deben ubicarse propiamente a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta habida que constituyen una extensión de lo previsto por ella respecto a los derechos fundamentales. En relación con lo antes expuesto, y en cuanto al concepto de violación señalado con el arábigo 14), en cuanto a la interpretación jurídica del denominado principio pro homine, debe señalarse que resulta infundado lo señalado por los quejosos. Ello, porque el principio pro homine es un criterio hermenéutico que armoniza con el rasgo fundamental de los derechos humanos, conforme al cual, debe estarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Cobra aplicación al respecto, la tesis aislada XI.1o. A.T.45 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, consultable en la página dos mil setenta y nueve, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época, Materia Común, de epígrafe y contenido siguiente: "TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDO LOS CONFLICTOS SE SUSCITEN EN RELACIÓN CON DERECHOS HUMANOS, DEBEN UBICARSE A NIVEL DE LA CONSTITUCIÓN. Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial." En esta línea de pensamiento, es dable sostener que tratándose de derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano se encuentran obligados a ejercer el "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, como lo sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 908/2006, promovido por Nahum Ramos Yescas, en la sesión celebrada el dieciocho de abril de dos mil siete, al determinar: "El concepto de interés superior del niño, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno) al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y cuyos criterios, por tanto, son obligatorios." [lo destacado no es de origen] Es decir, de manera oficiosa, los órganos jurisdiccionales nacionales deberán ejercer un control de convencionalidad al resolver cualquier asunto sometido a su potestad decisoria, lo que implica acatar y aplicar en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -y su interpretación-, tal como lo apuntó la Corte Interamericana, en la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil seis, al dirimir el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, que en la parte conducente señala: "124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana." [lo destacado no es de origen] En resumen, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, verbigracia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces, parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Dicho ejercicio (control de convencionalidad en sede interna), se actualiza cuando el juez nacional realiza un análisis de confrontación normativo del derecho interno y la norma internacional, en un caso concreto, y adopta una decisión judicial que tiene por objeto preservar y garantizar los derechos de los gobernados, tanto en el derecho nacional como en el internacional. Al respecto, se estima aplicable la tesis aislada XI.1o.A.T.47 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, consultable en la página mil novecientos treinta y dos, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época, Materia Común, de epígrafe y contenido siguiente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDE INTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLO. Tratándose de los derechos humanos, los tribunales del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales conforme a la jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los garanticen." [lo destacado no es de origen] Así como las diversas tesis aisladas I.4o.A.464 A y I.4o.A.91 K, emitidas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultables, respectivamente, en las páginas: mil setecientos cuarenta y cuatro, Tomo XXI, febrero de dos mil cinco, y dos mil novecientos veintisiete, Tomo XXXI, marzo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyo contenido y texto es del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA. El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. DEBE SER EJERCIDO POR LOS JUECES DEL ESTADO MEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN, A FIN DE VERIFICAR QUE LA LEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGA EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el sentido de que, cuando un Estado, como en este caso México, ha ratificado un tratado internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia." [lo destacado no es de origen] Relativo al concepto de violación señalado como arábigo 15), debe decirse que resulta infundado, toda vez que las autoridades responsables señalaron de manera clara y precisa las razones que los llevaron a determinar la reforma a los artículos constitucionales de los que ahora se duele la parte quejosa; además que no señalaron en qué hacen consistir tales violaciones. También resulta infundado lo señalado en el concepto de violación denominado arábigos 16) y 17), ya que las obligaciones establecidas en las condiciones de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, así como en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo son violentadas en su perjuicio, ya que no señalan de qué manera se violentaron los derechos que ahí enuncian y menos aún demuestran de qué manera ocurrió esa violación; cual fue el proceso del cual fueron excluidos en esa omisión referida. Carecen de razón cuando señalan que se violenta su derecho a la promoción laboral, lo cual como ya quedó señalado resulta falso, ya que la propia normatividad combatida establece los incentivos aplicables, en caso de ser examinados y obtener una calificación aceptable, por lo que únicamente en caso de obtener calificaciones reprobatorias sería sancionado. Relativo al concepto de violación marcado con el arábigo 18), que los quejosos hacen consistir en que las reformas a los numerales reiteradamente señalados crea n estado de excepción que perjudica únicamente a los trabajadores de la educación al crearse contradicción entre dos normas, originando que el Estado desatienda sus obligaciones constitucionales en la materia, así como un tratado internacional ratificado previamente, ocasionando graves perjuicios a los trabajadores de la educación. El mismo resulta infundado, en razón que los quejosos no señalan de manera precisa cual es el perjuicio que se ocasiona a los docentes, así como el tratado que refieren se desatendió por las responsables; menos aún los perjuicios que se ocasionan a los ahora quejosos. En cuanto al concepto de violación marcado con el arábigo 19, consistente en que las notificaciones que les fue practicadas a los ahora quejosos en su oportunidad, mediante sendos oficios materia del acto reclamado es nula, toda vez que esta se realizó por una autoridad incompetente, la cual no demostró ser la representante de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, ni delegada facultada para tal fin; al respecto, dicha consideración resulta infundada por las consideraciones que a continuación se establecen. Si bien es cierto los oficios materia del acto reclamado en lo que al caso interesa se encuentran fechados el veinticuatro de junio de dos mil quince, los cuales fueron firmados por el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, con la finalidad de notificarle a los ahora quejosos, que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52, 53, 69, fracciones I y VI de la Ley General de Servicio Profesional Docente, así como el 5° de los Lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión en Educación Básica y Media Superior, emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se les hacía de su conocimiento que habían sido seleccionados como parte del primer grupo que aplicaría los instrumentos correspondientes a la evaluación del desempeño en su primera etapa, por lo que al ser notificados de la citada evaluación, esta se haría con carácter obligatorio. Como se observa de lo antes citado, la finalidad de dicha notificación lo es, para que los accionantes de garantías se presenten a la mencionada evaluación del desempeño en acatamiento a los dispositivos 52, 53, 69, fracciones I y VI de la Ley General de Servicio Profesional Docente, la que fue firmada por el Secretario de Educación del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad y en la misma no se estableció el fundamento legal para realizarlo; sin embargo, de acuerdo con lo establecido con el ordinal 4, fracción III, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en relación con el arábigo 3, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Publica, la autoridad educativa, en este caso, la Secretaría de Educación en el Estado de Zacatecas, a través del Director de la Secretaría de Educación, realizó la gestión pertinente a través de la notificación de los oficios materia del acto reclamado, a efecto de cumplir con los lineamientos establecidos para evaluar a la parte quejosa, en términos del numeral 10, fracciones III, XIV y XVI, de dicho Reglamento, en relación con el artículo 8, fracción V y VI, de la Ley reglamentaria del precepto 3, fracción III, de la Constitución Federal; razón por la que aun cuando en el documento de mérito no se estableció el fundamento legal citado con antelación, contrario a lo aseverado por la parte quejosa y por las razones precisadas con anterioridad, el multicitado oficio de veinticuatro de junio de dos mil quince, se encuentran signados por autoridad competente para hacerles saber los lineamientos para llevar a cabo la evaluación de su desempeño, que tiene como finalidad medir la calidad y los resultados de la función que se desempeña en el área educativa para el cual se labora, ello a fin de asegurar se cumpla con el perfil y el compromiso profesional que requiere un sistema escolar, garantizándose con ello el derecho a la educación de calidad. Relativo al concepto de violación señalado como arábigo 20), que hace consistir en que se violan en su perjuicio las garantías de seguridad social y legalidad ya que el derecho sustantivo contiene un apartado de los derechos del gobernado frente a la actividad de la autoridad, los cuales son irrenunciables, resulta infundado, ya que de las normas de cuya reforma se duelen, no especifican que el docente debe renunciar a los derechos laborales logrados; manos aún se puede establecer una afectación a la garantía de irretroactividad consagrada en su favor. El concepto de violación señalado con el arábigo 21), respecto a que es ilegal el procedimiento de notificación del procedimiento de evaluación resulta infundado, ya que no señala de manera específica en que hace consistir dichas violaciones, sino que únicamente se concreta a señalar las etapas de que consta dicho procedimiento, sin enunciar porqué le causa agravios, por lo que resulta infundado. Luego concluye señalando en el concepto de violación señalado como arábigo 22), que la notificación del inicio del procedimiento de evaluación que le fue practicado es ilegal, dado que le fue realizada en día inhábil, cuando se encontraba de vacaciones, lo que resulta ilegal y vulnera sus garantías de seguridad jurídica y de legalidad. Tal concepto resulta infundado, ya que no señala la norma legal por la cual debió de notificársele de manera distinta a la señalada. Por las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto la ineficacia de los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, sin que la obligación de suplencia prevista en la fracción V, del artículo 79 de la Ley de Amparo, pudiera llevar a una conclusión diversa; por tanto, lo que procede en el caso es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal que solicita. Finalmente, no obstante que la audiencia constitucional fue celebrada por el entonces Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; toda vez que el suscrito Secretario fue designado del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, designado en funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión; se considera que está facultada para resolver el presente asunto, dada la amplitud de las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrita. Lo anterior, encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente." Así, por lo expuesto y con apoyo, además, en los dispositivos 73, 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías y sus acumulados, promovidos por DIANA NOHEMI RINCÓN RODRÍGUEZ, SARA SALAZAR MONDRAGÓN, ANA LUISA HERNÁNDEZ TRUJILLO, DIOLANDA ÁVILA CID, MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ IBARRA, SILVIA DE LA CRUZ GUERRA, WENDY GUIRETTE NÁJERA, DIANA ELSA DE LA TORRE TOVAR y ANA MARÍA GARCES SALAS, respecto del acto reclamado precisado en el considerando II, atribuido al Gobierno del Estado de Zacatecas; atento a las razones expuestas en el considerando II.2.1. de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a DIANA NOHEMI RINCÓN RODRÍGUEZ, SARA SALAZAR MONDRAGÓN, ANA LUISA HERNÁNDEZ TRUJILLO, DIOLANDA ÁVILA CID, MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ IBARRA, SILVIA DE LA CRUZ GUERRA, WENDY GUIRETTE NÁJERA, DIANA ELSA DE LA TORRE TOVAR y ANA MARÍA GARCES SALAS, respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, atribuidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Secretario de Educación Pública y Director del Diario Oficial de la Federación, todas con residencia en la Ciudad de México, Secretario de Educación en el Estado (SEDUZAC), por las razones expuestas en el considerando IV de esta sentencia constitucional. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, el día de hoy, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
23609 treinta de noviembre de dos mil quince En uno de diciembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado que guardan los presentes. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de diciembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentran señaladas las doce horas con diez minutos del día de hoy para llevar a cabo la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa; y tomando en consideración que el Secretario encargado del despacho Juzgado no cuenta con facultades para resolver el presente asunto, la celebración de la audiencia a verificarse el día de hoy se DIFIERE y en su lugar se señalan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *ALML
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