Diana Natalie Téllez Méndez
Expediente 675/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Diana Natalie Téllez Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
X... Vista la certificación secretarial que antecede, ... el acuerdo que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ...este expediente se considera susceptible de destrucción.
- Principal
X... Naucalpan de Juárez, Estado de México; doce de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio de la autoridad responsable, por medio del cual, en cumplimiento al auto de veintinueve de octubre de este año, remite las documentales que le fueron requeridas, de conformidad con el quinto párrafo, del citado numeral y 119 del mismo ordenamiento jurídico, se admiten como prueba, las cuales se desahogan por propia y especial naturaleza. Ahora, de dichas constancias, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, dicha figura prevé dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto ocurre cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo, se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en este amparo, ya que la omisión que reclama el quejoso de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, ha dejado de existir, pues de las constancias que remitió la responsable, (las cuales tienen pleno valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.) se desprende que el cuatro de noviembre de dos mil veinte, emitió el laudo en el juicio laboral J.4BIS/669/2015 (cuya omisión de hacerlo constituía el acto reclamado en este juicio). En ese tenor, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse dictado el referido laudo, se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, por ello, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE fuera de audiencia en el presente juicio. Como consecuencia de dicha determinación, quien resuelve se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación y, por ende, el fondo de la litis constitucional planteada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil veinte. Sin que sea óbice al criterio sostenido en el presente fallo constitucional, que no se haya designado tercero interesado, pues si bien de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste ese carácter a la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio de orden laboral, lo cierto es, que en el particular la subsistencia del acto reclamado no repercute de manera alguna sobre los derechos de éste, por lo que, en nada afecta su esfera jurídica y, por tanto, su llamado a la instancia constitucional retardaría injustificadamente la resolución de la controversia de amparo. Sirve de sustento, por identidad de razón, la Jurisprudencia PC.III.C. J/10 K (10a.), de los Plenos de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Página: 1572, Décima Época, Registro: 2011294, con contenido: "TERCERO INTERESADO EN EL AMPARO INDIRECTO. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN COMPAREZCA AL JUICIO ADUCIENDO TENER UN DERECHO IDÉNTICO AL DEL QUEJOSO. Atento a lo previsto en el artículo 5o., fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, que dispone: "... Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso."; no puede concluirse que participe de la calidad de tercero interesado, quien comparezca al juicio constitucional, aduciendo tener un derecho de igual o idéntica entidad jurídica al del quejoso, en la medida en que aquél debe distinguirse por procurar la subsistencia del acto de autoridad cuestionado en la vía constitucional, guardando un interés contrario al del quejoso, traducido en la pretensión de que sea negada la protección federal, o bien, se sobresea en el juicio de amparo." Asimismo, que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se le otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Robustece lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Marzo de 2016, Tomo II, página 1652 de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA ADVERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE."...
- Principal
X...Visto el estado procesal de autos, se advierte que está trascurriendo el plazo otorgado a la autoridad responsable para que remita las constancias que le fueron solicitadas en acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte; por ello, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y, en su lugar se señalan las nueve horas con treinta minutos del diez de diciembre de dos mil veinte.
- Principal
X... se tiene a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, rindiendo su informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con sustento en el quinto párrafo, del citado numeral y 119 del mismo ordenamiento jurídico, se admiten y desahogan por propia y especial naturaleza las documentales que remite. Ahora bien, toda vez que las copias que adjuntó la responsable, se advierte que se elaboró el proyecto de laudo el catorce de octubre de este año; sin embargo, la sesión para aprobarlo se celebrará el cuatro de noviembre de dos mil veinte; por lo tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la oficiante para que, una vez aprobada y notificada a la parte quejosa dicha determinación, dentro de los tres días siguientes a que ello ocurra, remita a este juzgado las constancias que lo acrediten.
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