Diana Murga Sanchez

Expediente 462/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
462/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Diana Murga Sanchez
  • Central de Actuarios Adscritos A los Juzgados de Primera Instancia Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    remítanse los dos cuadernos de pruebas al Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, formados con motivo de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Se agrega oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, el cual quedó registrado con el número 245/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito; por lo tanto, agréguese una copia de dicho escrito y una vez notificadas las partes, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el mismo al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su substanciación, junto con el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia correspondiente para el Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado, las copias restantes distribúyanse entre las partes para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    En el juicio de amparo número 462/2022, promovido por Diana Murga Sánchez, se dictó una sentencia que a la letra dice: "V I S T O S; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 462/2022, Diana Murga Sánchez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en la Oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Diana Murga Sánchez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: "[.] AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: Lo son: COMO ORDENADORA.- Lo es: C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, del Tercer Distrito Judicial con sede en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Tercer Distrito Judicial con sede en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Domicilio conocido en: MUNICIPIO LIBRE No. 146 COLONIA SUTERM 1 Código Postal 88287, Nuevo Laredo, Tam. AUTORIDAD EJECUTORA: Lo es: Central de Actuarios, Adscrito a los Juzgados de Primera Instancia y menores del Tercer Distrito Judicial con sede en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con domicilio en Municipio Libre no. 146 Colonia Suterm 1 Código Postal 88287 , Nuevo Laredo, Tam. LA NORMA GENERAL, ACTO u OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De la Autoridad Ordenadora, los Jueces de Primera Instancia de lo Civil, lo es, la falta o ilegal emplazamiento y demás consecuencias legales. De la Autoridad ejecutora, la posible ejecución material y sus consecuencias del acto en la presente peticionaria de amparo. [.]" La parte quejosa manifestó que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, se ordenó registrar la demanda con el número 462/2022, y se previno a la quejosa a efecto de que exhibiera tres copias de su escrito inicial (fojas 7 y 8). Por acuerdo de veintiuno de septiembre de ese mismo año, se admitió a trámite la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 17 a 20). Luego, previos diferimientos, la audiencia de ley tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados tuvieron ejecución en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Así, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda e informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se concluye que la parte quejosa Diana Murga Sánchez, reclama lo siguiente: I. El emplazamiento practicado dentro del expediente 295/2014, relativo al juicio hipotecario promovido por Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; y, II. Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado dentro de dicho procedimiento. Apoya a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno del Máximo Tribunal Constitucional del país, que precisa lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, señalados en el considerando que antecede, pues al rendir su informe con justificación, negó la existencia del tales actos, bajo el argumento de que en ese órgano jurisdiccional no se encuentra radicado expediente alguno en el que la quejosa figure como parte actora o demandada (foja 24), sin que la promovente hubiese ofrecido prueba alguna que desvirtuara la negativa informada. Además, esa negativa se ve corroborada con las constancias que remitió la diversa responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, residente en esta localidad, relativas al juicio hipotecario 295/2014, promovido por Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en contra de Diana Murga Sánchez, de las que se desprende que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, no ha tenido intervención o participación alguna en ese procedimiento judicial. Conviene señalar que las referidas documentales al constituir documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. Así las cosas, es evidente que los actos que se reclaman del Juez Segundo de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, son inexistentes. En consecuencia, al estar demostrada la inexistencia del acto reclamado por lo que hace a la referida autoridad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de derechos fundamentales. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta población consistente en todo lo actuado dentro del expediente 295/2014, relativo al juicio hipotecario promovido por Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en contra de Diana Murga Sánchez, pues si bien al rendir su informe justificado fue impreciso en negar o aceptar la existencia de tales actos (foja 32), lo cierto es que de sus manifestaciones, así como de las constancias que exhibió en apoyo a su informe relativo, las cuales previamente fueron valoradas, se advierte su certeza. De igual manera, es cierto el acto atribuido a la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Tercer Distrito Judicial del Estado, residente en esta población, consistente en el emplazamiento practicado a la quejosa dentro de los autos del expediente 295/2014, toda vez que aun cuando al rendir su informe con justificación negó la existencia del mismo, lo cierto es que de las referidas documentales certificadas se advierte su existencia (foja 531 del legajo de pruebas). QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Por cuestión de técnica, previo el estudio de fondo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Bajo esa premisa, una vez analizado el asunto se estima que el amparo es improcedente conforme a lo que enseguida se expone. Primero debe destacarse que, como se advierte del capítulo de precisión de los actos reclamados, Diana Murga Sánchez, reclama como acto destacado el emplazamiento realizado en el juicio hipotecario 295/2014, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios. Ahora bien, de las copias certificadas del expediente 295/2014, así como de las diversas correspondientes al juicio de amparo 198/2018 , de la estadística de este Juzgado de Distrito, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil catorce, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank, ocurrió a demandar en la vía hipotecaria a Diana Murga Sánchez (fojas 1 a 13 del legajo de pruebas). 2. De dicha demanda correspondió conocer a Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, quien la radicó con el número 295/2014 (fojas 60 a 62 del legajo de pruebas). 3. Seguido el procedimiento por sus cauces, el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se dictó sentencia, en el sentido de condenar a la quejosa a pagar la cantidad de $ 355,826.51 [trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos veintiséis pesos con cincuenta y un centavos 51/100 moneda nacional], por concepto de salgo de capital vigente adeudado al diecisiete de mayo de ese año (fojas 83 a 93 del legajo de pruebas). 4. Posteriormente, el treinta de mayo de dos mil dieciocho, la hoy quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento que le fue practicado en el juicio hipotecario 295/2014, de la que correspondió conocer a este juzgado de Distrito, radicándola con el número 198/2018 (fojas 2 a 10 del juicio de amparo 198/2018). 5. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, compareció la quejosa Diana Murga Sánchez al juicio hipotecario a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizado en términos del artículo 68 bis, del Código de Procedimientos Civiles y a solicitar copia de diversas constancias, lo cual fue acordado de conformidad el seis siguiente (fojas 376 a 378 del legajo de pruebas). 6. Luego, en el aludido juicio de amparo se advierte que fue recurrida la sentencia ahí emitida por la quejosa Diana Murga Sánchez y por ejecutoria de cuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada en el recurso en revisión 316/2018, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, revocó la sentencia de primer grado y concedió a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, a fin de que el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, y Actuario adscrito a la Central de Actuarios de dicho Distrito Judicial, ambas con sede en esta ciudad, cumplieran con lo siguiente: "[.] para el efecto de que se deje sin efectos todo lo actuado en el juicio hipotecario civil 295/2014 del índice de dicho juzgado, a partir de la cita de espera de tres de julio de dos mil catorce, incluyendo la sentencia, y se reponga el procedimiento en el aludido expediente. [.]". (Fojas134 a 167 del juicio de amparo 198/2018). 7. Posteriormente, en cumplimiento de esa ejecutoria, mediante oficio 914, el Juez responsable comunicó que por auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 295/2014, de su índice, dejó insubsistente todo lo actuado a partir de la cita de espera de tres de julio de dos mil catorce, así como todas las actuaciones posteriores, ordenando girar oficios al Director del Instituto Registral y Catastral de esta ciudad, a fin de que procediera a cancelar la inscripción de la cédula hipotecaria, en relación con la finca 4539, por la cantidad de $385,677.68 (trescientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y siete pesos 68/100 moneda nacional) y al Notario Público Número 97, con ejercicio en esta población, para que procediera a la cancelación del instrumento número 1483 (mil cuatrocientos ochenta y tres), en el que consta la escritura de adjudicación del inmueble adjudicado en resolución aprobatoria de remate de dos de agosto de dos mil diecisiete, a favor de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank (foja 379 y 380 del legajo de pruebas y 180 del juicio de amparo 198/2018). 8. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo 198/2018 (fojas 258 a 261 del juicio de amparo 198/2018). 9. El segundo emplazamiento -acto ahora reclamado- tuvo lugar el catorce de julio de dos mil veintiuno (fojas 517 a 531 del legajo de pruebas). 10. Finalmente, seguido el procedimiento, el cinco de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el juicio hipotecario de origen (fojas 627 a 638 del legajo de pruebas). De lo anterior se advierte que la quejosa, con anterioridad a este juicio de amparo, promovió otro diverso en el que reclamó el primer emplazamiento que le fue realizado, mismo que se consideró inconstitucional y, por ende, llevó a conceder el amparo y protección constitucional para que se dejara insubsistente todo lo actuado, lo que así se hizo en acuerdo de dos de mayo de dos mil diecinueve. Además, durante la sustanciación del juicio de amparo 198/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, la quejosa compareció al sumario génesis a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizado en términos del artículo 68 bis, del Código de Procedimientos Civiles y a solicitar copia de diversas constancias. Circunstancia esta última, per se, con la que se acredita que se integró al procedimiento, en la medida de que resulta incuestionable que conoce del mismo, esto es, el número de expediente, las partes que figuran como actora y demandada, juzgado en que se encuentra radicado y etapa procesal, y de esa manera estaba en posibilidad de defender sus derechos y prerrogativas. Por tanto, ante esos dos supuestos de conocimiento que se advierten de los antecedentes narrados, es evidente que a la peticionaria de amparo no le asiste el carácter de tercera extraña, porque la sola circunstancia de que haya comparecido a juicio a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y abogado autorizado, es razón suficiente para desvirtuar tal condición de "tercera extraña", ya que con esa calidad únicamente quedan comprendidos quienes no son parte dentro del juicio de origen o aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores. Abona a lo anterior, el hecho de que en la promoción del diverso juicio de amparo 198/2018, en el que reclamó el primer emplazamiento que le fue practicado en los autos del juicio natural, se dictó sentencia y fue impugnada por la propia quejosa. Estas circunstancias permiten afirmar que, a pesar de que la quejosa Diana Murga Sánchez reclame en este juicio la falta de emplazamiento, no es posible considerarla con el carácter de tercera extraña a ese procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 20/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Una vez establecido que la quejosa Diana Murga Sánchez, carece del carácter de tercera extraña al juicio, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, párrafo primero, ambos e la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.]" Para considerarlo así, y a efecto de estar en posibilidad de exponer por qué el acto reclamado se consintió al no haberse impugnado dentro del plazo de ley, lo que lo hace extemporáneo, es necesario puntualizar que de lo dispuesto en el artículo 18 de la legislación de la materia, se desprende que el plazo para la presentación de la demanda de amparo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término deba computarse a partir del día siguiente al en que la persona agraviada tenga conocimiento o se ostente sabedora de los actos reclamados. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por ende, el término para promover el juicio de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las hipótesis señaladas, sin soslayarse la idoneidad de cada supuesto y el carácter de la parte quejosa en relación con el acto reclamado. Luego, si la quejosa es sabedora del juicio de origen y tiene acceso a él, debe considerarse que tuvo conocimiento de las irregularidades del emplazamiento desde que éste se ordenó -ocho de enero de dos mil veinte (foja 405 del legajo de pruebas)- o en su defecto, cuando se efectuó, es decir, el catorce de julio de dos mil veintiuno, por lo que, desde ese momento estuvo en aptitud de impugnarlo a través del medio ordinario correspondiente, o bien, de considerar que era procedente el juicio de amparo, hacerlo valer dentro del plazo de quince días previsto en la Ley de Amparo. Por lo que al haber omitido esa impugnación, y que la demanda origen del presente juicio, fue presentada hasta el veintinueve de agosto de dos mil veintidós (más de un año después de realizado), entonces consintió dicho acto de manera tácita de conformidad con el precepto analizado, lo que hace improcedente el juicio de amparo enderezado en su contra. En las relatadas condiciones, al quedar de manifiesto la presentación por demás extemporánea de la demanda de amparo origen de este juicio, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. SEXTO. DECISIÓN. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracción XIV, 63, fracción V, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 462/2022, promovido por Diana Murga Sánchez. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida de José Luis Batres Antonio, secretario, que autoriza y da fe. Doy fe."

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