Diana Molineros Cuevas
Expediente 432/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Diana Molineros Cuevas
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, dado que la promovente del amparo allegó al presente asunto diversas constancias; de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichas documentales serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
tiene notificación personal...
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE quince de mayo de dos mil dieciocho, QUE DICE<: "Vista la demanda de amparo promovida por Diana Molineros Cuevas, por propio derecho, contra actos de la "Coagua", Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, antes "Capama", y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 432/2018, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden verbal en la separación de sus funciones como Auxiliar Administrativa "D" de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con la adscripción en la Gerencia Coloso; la restricción de su salario y su ejecución. Luego, de los hechos que constituyen los antecedentes, se obtiene que: 1. La peticionaria de amparo se desempeña como Auxiliar Administrativa "D" de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, con adscripción en la Gerencia Coloso pero actualmente en el almacén Cayaco II, del mismo organismo (trabajador) otorgada mediante nombramiento de base de diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete, lo cual acredita con las documentales que exhibe. 2. Tuvo conocimiento de los actos reclamados a través de sus compañeros, que el siete de mayo del año en curso al presentarse a laborar se le impidió la entrada al centro de trabajo, así como checar su asistencia en el reloj checador sin explicarle el motivo del que estaba dada de baja. De lo anterior, se advierte que entre la quejosa y las autoridades señaladas como responsables existe una relación laboral; motivo por el cual el juicio de amparo que se intenta es improcedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia. En relación con los artículos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares que pueden ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que se realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídica en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; el particular viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, se encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar que en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho clasifica las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; y para determinar sobre la procedencia de la demanda es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no bastaba que el quejoso la señalara como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto Precisado lo anterior, los actos reclamados no encuadran en dicho supuesto, puesto que aquél en caso de existir se ha dado (como ya se adelantó) entre el patrón y trabajador, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que aquél actuó con la potestad que le otorga la ley, puesto que dicho organismo público para municipal representado por Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de autoridad y como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el depositario, administrador o representante de los intereses que constituyen parte de su patrimonio municipal y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones dicha dependencia también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, que se insiste, es conocido como supra a subordinación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 10/90, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, página 92, de rubro "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE"; equiparó la relación Estado- empleado, con una relación laboral similar a la de un patrón, exceptuándose de tal hipótesis los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes, también se precisó que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias suscitadas entre el Estado como patrón, y sus servidores, excluyendo al Poder Judicial, lo que significa que cualquier decisión que adopte como empleador, en relación con uno de sus empleados respecto de sus labores, no constituye un acto de autoridad sino de la relación laboral existente. De ahí que, si en el caso que se analiza la inconforme al servicio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, reclama la orden verbal en la separación de sus funciones como Auxiliar Administrativa "D" de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con la adscripción en la Gerencia Coloso; la restricción de su salario y su ejecución, resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso que se analiza un acto de autoridad. En esa circunstancia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda de amparo e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite y se desahogaran las pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Cuauhtémoc, número 239, edifico Atoyac, despacho 303, fraccionamiento Marroquín, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Antonio Morales Barrientos, José Manuel Morales Barrientos, Martín Agustín Delgado García, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Guillermo Timm Morales, por no cumplir con el requisito anterior. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la misma ley de la materia, se faculta a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.
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