Diana Michel Acevedo Barajas

Expediente 505/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
505/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Diana Michel Acevedo Barajas

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede así como del estado de autos, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Secretario del Despacho de la Secretaria de Movilidad, del Gobierno del Estado de Colima, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e integración del expediente electrónico. Así, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 505/2021-IV. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, la detención o aseguramiento de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, de la motocicleta marca ***, modelo *** con placas de circulación *** del Estado de Michoacán y el pago que genere el resguardo de la unidad con motivo del aseguramiento de la misma. Desechamiento. En este contexto, se precisa destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley) impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente. Sobre el tema, se precisa destacar que el elemento que materializa la extemporaneidad del amparo es el consentimiento tácito de la parte quejosa, lo que acontece cuando no impugna el acto de autoridad dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley, en los términos prescriptivos siguientes: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De conformidad con el primer párrafo de este precepto, el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, de los cuales prevé un plazo distinto. En el caso analizado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en las fracciones de referencia, debido a que se reclama a las autoridades responsables la diligencia de embargo efectuada el trece de abril de dos mil veintiuno, de modo que su impugnación se rige en términos del plazo genérico de quince días; por tanto, solo resta determinar la forma en que se debe computar. En ese orden, el artículo 18 de la ley prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En términos de esta disposición, los plazos previstos en el artículo 17 de la ley se computa a partir del día siguiente hábil en que acontezca alguno de los supuestos siguientes: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte quejosa se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. d) Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término procesal que se exige a las personas, admite ciertas excepciones que se contemplan en el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a las personas para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Precisado lo anterior vemos que la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección de la persona; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como del derecho de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Ahora, en el caso sujeto a estudio se advierte que la promovente en el escrito de demanda, especificamente en el punto cuatro del capítulo de hechos, manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del aseguramiento del automotor que reclama el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Lo anterior pone en evidencia que nos encontramos en la regla identificada en el inciso 3), a saber, desde el día siguiente al en que al quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Ciertamente, de lo manifestado por la propia quejosa se acredita que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que estipula el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior es así ya que se enteró del acto que combate el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, entonces el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo transcurrió del veinticuatro de febrero al dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, sin contar los días veintisiete, veintiocho de febrero, seis, siete, trece y catorce de marzo de dos mil veintiuno, por ser inhábiles de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Amparo y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que este órgano jurisdiccional ni la autoridad señalada como responsable hayan suspendido las labores en diversos días. En tales condiciones, es dable afirmar que el plazo de quince días había fenecido al trece de mayo de dos mil veintiuno, en que se presentó la demanda que dio origen a este juicio de amparo, según se advierte del sello de recepción que consta impreso en la boleta de demanda; de ahí, que debe considerarse que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Junio de 1996, Materias(s) Común, Novena Época, página 57, registro digital 200094. De igual forma, sirve de apoyo la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Tomo 193-198 Primera Parte, página 71, registro digital 232213. Lo anterior es así, porque debe de partirse de la premisa en que la parte quejosa se hace conocedora del acto que considera le agravia. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 6/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s) Común, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, registro digital 196930. En el mismo sentido, cabe hacer la precisión que, en el caso que nos ocupa, no se actualiza la excepción a la temporalidad para la interposición de la demanda de amparo, contenida en la fracción IV del artículo 17 de la ley de la materia. En virtud de todo lo anterior, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación al artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se impone desechar la demanda de amparo. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda, ya que no se podría desvirtuar la fecha en que la quejosa conoció el acto reclamado, con el material probatorio que pudiera aportar en el juicio. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al Licenciado ***; esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda.

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