Diana Meneses Carro

Expediente 857/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
857/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Diana Meneses Carro

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de TRES AÑOS, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo y previa visita de inspección que corresponda, deberá destruirse y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa *********, mediante el cual cumple con la prevención efectuada en autos y precisa bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a) Que reclama el acuerdo emitido el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil ********* del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad. b) Asimismo, la falta de emplazamiento dentro del citado juicio ordinario civil *********. En atención a lo anterior, se emite el siguiente pronunciamiento: 1.- DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. HIPÓTESIS NORMATIVAS De la lectura integral al escrito de demanda y su escrito aclaratorio, se advierte que por lo que se refiere al acto indicado en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, como se explica a continuación. El artículo invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Del artículo transcrito se advierte que el amparo es improcedente contra las resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Para determinar cuál recurso ordinario procede contra el acto que se reclama en la demanda a estudio, es preciso tomar en cuenta lo establecido en los artículos 233 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Veracruz, los cuales establecen: CÓDIGO CIVIL "Artículo 233 Los cónyuges deben darse alimentos; la Ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma Ley señale. Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1568". CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." Del primero de los artículos transcritos, se observa en lo que interesa, que los cónyuges están obligados a darse alimentos, y que la ley determinará cuándo esa obligación subsista en los casos de divorcio. Y el segundo de los artículos invocados, establece que el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen el vínculo o parentesco con el deudor alimentista y que cualquier reclamación sobre esa medida podrá formularse dentro de la contestación a la demanda; recurso con el cuál se dará vista a la contraria y se resolverá en un término de tres días; esto es, el auto en el cual se decrete la medida provisional de alimentos, es impugnable mediante el recurso de reclamación. HECHOS En el caso, del análisis íntegro al escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio, se observa que uno de los actos que reclama la parte quejosa consiste en: Del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad. El acuerdo de quince de febrero del año en curso, dictado en el expediente ********* del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante el cual se fijó una pensión alimenticia provisional a cargo de ********* , por el monto del quince por ciento de su salario y demás prestaciones, en favor de su cónyuge *********. CONCLUSIÓN Por lo tanto, respetuosamente se concluye que previamente a la instauración del presente juicio, la quejosa debió agotar el medio de impugnación ordinario que establece la ley del acto; esto es, el recurso de reclamación previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, mediante al cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama, no obstante que se encontraba obligado a ello, al ser parte en el juicio natural; por lo tanto, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose así la hipótesis prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón que la existencia del recurso ordinario se advierte en forma patente. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior, que la quejosa señalara que el juicio de amparo resulta procedente, en atención a lo establecido en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del procedimiento a seguir dentro del juicio ordinario civil ********, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, no obstante la existencia de un recurso a través del cual se pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, no se suspenden sus efectos, ni tampoco tiene los mismos alcances que prevé el amparo; sin embargo, la salvedad a que hace referencia la fracción en comento, es aplicable tratándose de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; situación que evidentemente no acontece en el presente asunto, puesto que el acto que se controvierte fue emitido por una autoridad judicial. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 187016 Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo de 2002 Tesis: I.6º.C. J/37 Página: 902 "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Época: Décima Época Registro: 2001155 Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 Tesis: 1ª./J. 44/2012 (10ª) Página: 729 "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Época: Novena Época Registro: 175384 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 192/2005 Página: 1 ALIMENTOS PROVISIONALES Y SU ASEGURAMIENTO. LA RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE LOS DECRETA PUEDE INTERPONERSE DENTRO DEL TÉRMINO DE NUEVE DÍAS, INCLUSO CUANDO SE HACE VALER EN ESCRITO DIVERSO AL DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA (INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme al citado precepto, para presentar la reclamación contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional y su aseguramiento dentro del escrito de contestación a la demanda, el demandado cuenta con los mismos nueve días que se le confieren para formular dicha contestación. Ahora bien, de un análisis sistemático del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se concluye que para el diverso supuesto de que el recurso de reclamación se haga valer en escrito independiente, también se cuenta con el indicado término. Ello es así, ya que si bien del análisis del citado precepto no se advierte regla específica alguna respecto al plazo de presentación para el supuesto de que se interponga la reclamación de referencia en escrito diverso al de contestación de demanda, si se atiende a que dicho medio de defensa se ubica en el apartado correspondiente a la contestación de demanda, debe considerarse que en cuanto al plazo para su interposición le son aplicables las mismas reglas que señala el referido numeral para la figura de la contestación. Además, si se toma en cuenta que entre los fines de la aludida reclamación está el de dar oportunidad de defensa al demandado contra la pensión provisional y su aseguramiento, resulta inconcuso que la apuntada interpretación permite salvaguardar las posibilidades de defensa conferidas al demandado en la norma referida, a fin de que pueda aportar elementos que lleven a reconsiderar los términos en que se decretó la medida provisional o su aseguramiento. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda solicitarse la modificación de dicha medida provisional, en los términos de la fracción II del artículo 58 del código procesal en cuestión, para aquellos casos en que cambien las circunstancias del deudor alimentario que incidan en las posibilidades que tenga para el cumplimiento de la medida provisional alimentaria." Aunado a lo anterior, por lo que se refiere al acuerdo emitido el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario civil ******** del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, el juicio de amparo resulta extemporáneo, por lo que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." El artículo transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se intenta contra actos consentidos tácitamente; esto es, aquéllos contra los que no se promueva la demanda de amparo dentro de los términos que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuyo texto dice: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del precepto enunciado, se observa que el término genérico para interponer la demanda de amparo es de quince días. Ahora bien, para el cómputo correspondiente, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el cual distingue tres momentos; esto es, el término genérico de quince días para la promoción de una demanda de amparo debe computarse a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) El quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. c) El quejoso se hubiese ostentado sabedor de los mismos. HECHOS Del estudio integral de la demanda de amparo, esencialmente en su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala bajo protesta de decir verdad, que se hizo sabedora del acto reclamado el uno de julio de dos mil veintitrés, al acudir a retirar su pensión, por lo que acudió al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala, quien le proporcionó el número de expediente en el cual se había ordenado aplicarle el descuento del quince por ciento de sus percepciones con motivo de los alimentos otorgados a Julián Becerra Carballo. CONCLUSIÓN Derivado de lo precisado en párrafos precedentes se destaca lo siguiente: Que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el uno de julio de dos mil veintitrés. Por lo tanto, respetuosamente se concluye que si desde el uno de julio de dos mil veintitrés, la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado y la demanda de amparo la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, hasta el cinco de septiembre del año en curso, resulta evidente que se realizó fuera del término genérico establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo tanto, ésta resulta extemporánea. En consecuencia, respecto del acto destacado, también procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 171389 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Materia(s): Común Tesis: I.15o.A.28 K Página: 2613 "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Registro: 166688 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Agosto de 2009 Materia(s): Común Tesis: I.130.T.9 K Página: 1579 "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EQUIVALENCIA DE LAS EXPRESIONES "FECHA DE NOTIFICACIÓN" Y "OSTENTARSE SABEDOR" PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 166, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE SU PRESENTACIÓN. El artículo 21 de la Ley de Amparo prevé el término de quince días para presentar la demanda, entre otros supuestos, desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto que le afecta. Por otra parte, el artículo 166, fracción V, del citado ordenamiento establece como requisito de la demanda de amparo directo que el agraviado indique la fecha de notificación o en la que haya tenido conocimiento del laudo, sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Ahora bien, este tribunal considera que entre las expresiones "fecha de notificación" y "ostentarse sabedor" previstas en los aludidos preceptos no existe diferencia, toda vez que el conocimiento, en ambas, es la raíz, y dentro de los medios para obtenerlo se encuentra la notificación o la confesión; de tal manera que si el quejoso asienta en su demanda determinada fecha de notificación del acto reclamado, como cumplimiento del requisito previsto en la fracción señalada, ello equivale a ostentarse sabedor y es suficiente para computar el término para la presentación de la demanda." 2. DESECHAMIENTO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Por otra parte, por lo que se refiere al diverso acto identificado en el inciso b), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último, interpretado en sentido contrario, como se explica a continuación. Los preceptos legales citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)". La disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio numeral, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación en sentido contrario de lo previsto en el numeral 107, fracción VI, de ese último ordenamiento. En efecto, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo señala que el amparo indirecto es procedente contra los actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, por ende, si tal carácter se encuentra desvirtuado, el juicio de amparo será improcedente. Ahora bien, persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material. Asimismo, jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, el sujeto que, formando parte de la controversia, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda, o en su caso, darle la oportunidad del derecho de audiencia y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al juicio o procedimiento seguido en forma de juicio. Así, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio, esto es, el propiamente dicho y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen, puesto que como se dijo, el tercero extraño propiamente dicho es la persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es opuesta a la de "parte" procesal; en cambio, el tercero extraño por equiparación es aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, no fue llamado a juicio, al no haber sido legalmente emplazado y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Asimismo, la jurisprudencia 21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 1305, Tomo XXII, Julio de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que sea parte formal en el procedimiento; y. b) Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que, para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño por equiparación, no basta con que el emplazamiento se realice de forma defectuosa, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la parte demandada que se ostente como tercero extraño deberá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer los recursos legales ordinarios que resulten procedentes. De lo anterior se colige que, la persona que, ostentándose como tercera extraña a juicio, tenga conocimiento del juicio natural en el que aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada, no podrá tener tal carácter, pues como consecuencia del conocimiento del juicio estará en posibilidad de hacer valer todos los mecanismos ordinarios de defensa legalmente previstos para defenderse, resultando en consecuencia improcedente el juicio de amparo indirecto; aunado a que, como ya se señaló, en tanto no se haya emitido resolución definitiva en el juicio natural, no puede actualizarse la institución de referencia HECHOS En el caso, del análisis íntegro al escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio, se observa que la quejosa reclama: Del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia. La falta de emplazamiento dentro del juicio ordinario civil ********. Asimismo, la parte quejosa aduce que compareció ante el juzgado responsable a solicitar copias del expediente, mismas que le fueron negadas por no estar emplazada al juicio. También se observa que exhibe una captura de pantalla de la lista de acuerdos del juzgado de referencia, relacionada con el juicio ********, en el que se observa que aún no se integra la relación jurídico procesal; por lo que, evidentemente aún no se dicta sentencia. CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, se concluye que toda vez que en el juicio de origen aún no se ha dictado sentencia ejecutoriada, e inclusive, ******** en efecto no ha sido emplazada a dicho juicio; por lo tanto, es evidente que ésta puede intervenir en dicho procedimiento antes de acudir al juicio de amparo, e inclusive, se encuentra en posibilidad de agotar los medios de defensa que la ley adjetiva le concede, como es el caso del incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa omisión de notificación, o en su caso, defectuosa notificación; e inclusive, tiene expeditas sus facultades para comparecer ante el Juez de los autos ostentándose sabedora de la medida de alimentos decretada e interponer la reclamación prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, como se precisó en párrafos precedentes; de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 1/2012 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro VI, Tomo 1, correspondiente a marzo de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." Así como la diversa jurisprudencia 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 698, tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia 47/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627 del Libro V, Tomo 2, Décima Época, correspondiente a febrero de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al no asistirle a la solicitante del amparo el carácter de persona extraña al procedimiento del cual deriva el acto reclamado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último, interpretado en sentido contrario. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso escrito signado por la quejosa **********, en virtud que corresponde al presente juicio de amparo. En atención a su contenido, agréguese únicamente para que obre como corresponda, en virtud que en proveído de diecinueve de septiembre pasado, se recibió un escrito con similar contenido y se proveyó lo conducente. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa *********, mediante el cual pretende cumplir con la prevención efectuada por auto de siete de septiembre pasado. Al respecto, de la lectura al ocurso que se provee, se advierte que si bien desahoga los puntos contenidos en dicha prevención, lo cierto es que omitió expresar la protesta de conducirse con verdad respecto de las aclaraciones que realiza, por lo que no es posible tener por cumplido el requerimiento efectuado; por lo tanto, ante la presentación del escrito que se provee, se interrumpe por una sola vez el término concedido por la parte quejosa, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación que se realice de este acuerdo; significándole que en el caso le restan tres días hábiles para cumplir con la omisión destacada, subsistiendo el apercibimiento decretado por auto de diecinueve de mayo último. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 182896 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Noviembre de 2003 Página: 133 Tesis: 2a./J. 106/2003 Jurisprudencia Materia(s): Común AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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