Diana Melisa Suazo Dias

Expediente 486/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
486/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Diana Melisa Suazo Dias
  • Oliver Augusto Alemán Ramos
  • Diana Melisa Suazo Dias y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de dicha ley, contra el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN PROVEÍDO DE VEINTE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO Y, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO...

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  4. Principal

    Recepción de demandaSe tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ************************, contra actos del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal de Villahermosa, Tabasco e Instituto Nacional de Migración de Villahermosa, Tabasco. No se soslaya que el Oficial de Partes hizo constar que la demanda recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no cuenta con evidencia criptográfica, ni firma autógrafa; sin embargo, resulta procedente darle curso, en virtud a que entre los actos que se reclaman se encuentra la deportación que es uno de los casos de excepción que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo. Registro de demanda Regístrese en el libro de gobierno con el índice 486/2021-VIII-15. Fórmese tanto el expediente impreso como el electrónico, para los efectos que prevé el numeral 3°, sexto párrafo, de la Ley de Amparo; y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Precisión de los actos reclamados De conformidad con el artículo 109, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 227, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, registro 195745, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de los siguientes actos: - La deportación; y como consecuencia de ello, la privación de la libertad, la detención judicial y/o administrativa; así como la incomunicación. Suspensión de plano En ese sentido, se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación, de que se dicen objeto los directos quejosos, por encontrarse dentro de las conductas prohibidas por el artículo 22 Constitucional. Por otra parte, respecto del acto consistente en la deportación; y como consecuencia de ello, la privación de la libertad y la detención o aseguramiento, se provee: ? Los actos relativos a la privación de la libertad y a la detención judicial y/o administrativa, como lo precisa la promovente, son tendentes a la deportación de la parte quejosa, como se advierte del estudio del escrito de demanda, en su integridad. En consecuencia, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, pues se trata de actos que conllevan la deportación. La suspensión tiene por efecto que no se ejecute la orden de deportación y el interesado quede en el lugar donde se encuentra a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. Ello, porque se causarían daños de difícil reparación a la parte quejosa; la sociedad y el Estado no sufren perjuicio alguno con que no se cumpla desde luego la orden de que se trata. Lo anterior de conformidad con el citado numeral 126, que es del tenor siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. [.]." Así como con fundamento en el precepto 160 de la ley de la materia, que indica: "Artículo 160. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal." Es aplicable la jurisprudencia P./J. 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, registro digital 170578, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, cabe destacar que el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país." Por lo que, en caso de que los quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el citado precepto, la suspensión de plano no surtirá efectos; toda vez que es el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la Ley. Además, que el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Empero, el ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República. Dicho precepto 11 es del tenor siguiente: "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. En el caso, la Ley de Migración, es la encargada de regular la política migratoria, con un enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. Las disposiciones de la Ley de Migración son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. ? Ahora, por lo que hace al acto que se destacó como la privación de la libertad, así como la detención, en caso de que no se relacionen con la deportación, respecto a la cual ya se determinó lo correspondiente, en términos del numeral 164 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." Se decreta: En caso de que la orden de detención, ya haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, se concede para que el quejoso quede a disposición de éste Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público competente, para que éste determine su libertad, retención o consignación en términos del artículo 16 Constitucional. En caso de que la detención, haya sido realizada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, y no tenga relación con la comisión de un delito, se concede para que el efecto de que el demandante de amparo sea puesto en libertad. En el supuesto de que la orden privativa de la libertad haya sido ordenada por el Ministerio Público, y se haya ejecutado, se concede para que el quejoso quede a disposición de éste Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable por cuanto a la continuación de la investigación, para que el detenido sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis, según sea el caso. Se específica, que la suspensión no tiene el efecto de evitar que la parte quejosa sea detenida por delito grave, en flagrancia, caso urgente, por infracción a reglamentos administrativos o arresto impuesto como medida de apremio. Ratificación Ahora bien, tomando en consideración que el promovente señala en la demanda que los directos quejosos se encuentran en la estación migratoria, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado para que se constituya en dicho lugar; y los requiera para que en el acto de la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo presentada a su favor, o lo hagan por escrito dentro del término de tres días. Asimismo, deberá apercibirlos de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la misma, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de la Materia y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado. También deberá dar fe de la integridad física y de las condiciones en que se encuentran los directos quejosos; debiendo cuestionarlos respecto a si han sido objeto de incomunicación, lesiones y malos tratos o si se encuentran en una situación que afecte su integridad física o sujetos a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. De igual manera, ordenar, sin necesidad de acuerdo previo, a la autoridad que los tenga a su disposición, en caso de presentar lesiones o tener conocimiento de su provocación, con el carácter de urgente la asistencia médica que requieran las persona detenidas, quien realizará las certificaciones médicas pertinentes. Exhortación al Actuario Por otra parte, el actuario deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. La notificación personal de este auto deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervienen en la diligencia. Orden de acceso Se ordena a las autoridades responsables, así como a las autoridades penitenciarias, a las personas subordinadas a ésta y a quienes se encuentren de guardia, para que permitan al Actuario Judicial, el acceso a las instalaciones del lugar en que se encuentran detenidos los directos quejosos, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Con apercibimiento que de no acatar la presente disposición, se dará vista inmediatamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que proceda conforme a sus atribuciones. Requerimiento a la autoridad responsable informe suspensión de plano Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas informen a este juzgado, la forma y términos en que dio cumplimiento a esta suspensión de plano, debiendo agregar a su informe copia certificada de las constancias que integren el expediente de origen. Lo anterior, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Domicilio Ahora, la parte quejosa señaló como domicilio para recibir citas y notificaciones, la lista; la cual no puede tenerse como tal, porque no podrían observarse las formalidades para las notificaciones personales; sin embargo, se ordena que ésta y las actuaciones que deban notificársele, incluso las de carácter personal, deberán hacerse por medio de lista de acuerdos, misma que pueden consultarse en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en específico en el micrositio de la Dirección General de Gestión Judicial: http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm, lo anterior, de conformidad con el acuerdo 113/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1°.22K, visible en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Autorizados Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados a María Virginia Cano Torres; por encontrarse registrada su cédula el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiado de Circuito y Juzgados de Distrito y a las demás personas en términos restringidos por no contar con dicha autorización. Correo electrónico Se tiene a la promovente proporcionando las siguientes cuentas de correo electrónico y número telefónico para que se establezca el contacto respectivo en caso de que se estime necesario, y se esté en posibilidad de realizar las notificaciones por ese medio. Lo anterior se presenta como una herramienta auxiliar que tiene como finalidad coadyuvar con el órgano jurisdiccional para determinar, en atención al tipo de asunto y sus circunstancias particulares, la posibilidad de realizar las notificaciones que puedan hacerse en términos de lo dispuesto por la Ley Amparo. dc.santiago2011@gmail.com procein.seguridad2015@gmail.com 8129842996 Si la diligencia se efectúa por ese medio, deberá realizarse la razón o constancia correspondiente; que el actuario deberá agregar a los autos e incorporar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para la debida integración del expediente electrónico. Privilegiando así el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Medios digitales Este juzgador autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental. Transparencia y datos personales En cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; para efectos de la versión pública de la presente resolución se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial. Atento a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincidan íntegramente el expediente impreso con el electrónico. Para mejorar la comunicación, se invita al promovente: - En sus promociones proponga formas expeditas de contacto, como un número de teléfono o de celular, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones.

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