Diana Martínez Leyra

Expediente 940/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
940/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Diana Martínez Leyra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria Vista la certificación que antecede y el estado procesal del expediente, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que el proveído que SOBRESEYÓ ANTES DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo promovido por Diana Martínez Leyra, por propio derecho, ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 940/2022 constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia De conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Valoración de expediente Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al sobreseerse antes de audiencia el juicio de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo artículo 21, inciso b), del Acuerdo General citado. Devolución de documentos En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 940/2022 ??A???????????? mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, a través del cual rinden su informe justificado, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo. Ahora, la quejosa Diana Martínez Leyra, señaló como acto reclamado en el presente juicio de amparo, la inactividad procesal por parte de la junta responsable, por ende, omitir señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepción en el juicio 588/2018; luego, de las constancias que anexa la autoridad responsable al informe de cuenta, se advierte que la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, decretó la caducidad del juicio, por ende, tuvo por desistida a la parte actora de las prestaciones que ejerció, ordenado el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, previo a diversos requerimiento realizados a la hoy quejosa para que señalara el nombre actual y correcto, así como domicilio del codemandado José Salgado (sin que sea el caso de estudiar dicho proveídos, dado que no fueron señalados como actos reclamados en el expediente); en tal sentido, de acuerdo con las tesis jurisprudenciales que son de observancia obligatoria para quien esto juzga, existe un cambio de situación jurídica, pues al dictarse el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, las violaciones que pudieran haberse cometido en OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 940/2022 su contra, quedaron irreparablemente consumadas, y su situación jurídica actual ahora depende del auto de caducidad del juicio de origen. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo antes de audiencia. Es aplicable la jurisprudencia II.2o.P. J/8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1168, del tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, que textualmente dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspender en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: "El presente decreto entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." Asimismo norma el razonamiento anterior, el contenido de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Consecuentemente, se dejan sin efectos el día y hora señalados para la audiencia constitucional en el presente asunto, OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 940/2022 ??A???????????? misma que se encuentra señalada para las diez horas con treinta y un minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por medio del cual informa que en el juicio laboral J9/588/2018, las partes no han interpuesto ningún juicio de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida demanda de amparo presentada por Diana Martínez Leyra, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 940/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Diana Martínez Leyra, contra actos que reclaman de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, dado que el mismo no fue solicitado y no se encuentra en los supuestos del artículo 127 de la Ley de Amparo. Vista al Ministerio Público Federal. Dese vista a la Fiscal de la Federación adscrita, conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo, haciéndole entrega de una copia simple de la demanda. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo último, y a fin de evitar la propagación del aludido virus bajo el esquema de medidas adoptado en pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina lo siguiente: Toda vez que la fiscal federal adscrita, solicitó a este órgano jurisdiccional que las notificaciones que deban realizársele sean a través de los correos electrónicos leticia.hernandezva@fgr.org.mx y abogadosdejusticia@yahoo.com del cual pueden confirmarse en el número telefónico que los actuarios adscritos cuentan y deberán guardar en total confidencialidad. Asimismo, las notificaciones que deban realizarse por lista se publicarán únicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Tratándose de instituciones públicas que figuren como partes en los juicios de amparo con cualquier carácter (quejosas, terceras interesadas, autoridades responsables), se deberá estar a lo siguiente: En el entendido de que, de no contar con usuario en dicho portal, podrá generar una mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), para lo cual deberá consultar el manual de uso en la liga electrónica: Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, proporcionen algún correo institucional al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que sea enviada por ese medio, ello en términos de los dispositivos antes mencionados, en relación con los artículos 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden público ante la situación de emergencia en la que se encuentra el país con motivo de la pandemia del virus SARS-CoV2. Con el apercibimiento de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, o de no informar o indicar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley en cita. Las que no cuenten con los anteriores requisitos, deberán ser notificadas a través de los medios de comunicación ordinarios, en el entendido de que previo a la remisión física de oficios, los actuarios deberán realizar la consulta de la probable existencia de un correo electrónico donde las autoridades responsables puedan ser notificadas por este medio y se confirme su recepción. En ese tenor, mientras este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera diversa, lo que se determinará en su momento atendiendo a cada caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210- A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se les requiere para que reciban toda clase de notificaciones que sean remitidas por este juzgado, a través de cualquiera de los medios electrónicos de mérito. En el entendido de que con independencia de lo anterior, toda comunicación dirigida a este órgano jurisdiccional deberá ser presentada en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, por escrito con firma autógrafa o mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya sea mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), debiendo en todo momento dar preferencia a la presentación a través de medios digitales. Requerimiento de informe justificado. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe con justificación, bajo los términos y condiciones siguientes: a) Dentro del plazo de tres días improrrogables siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo; ???????????? b) Oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, derivadas del juicio de origen, en la inteligencia que, de no contar con tales documentales, será suficiente la remisión de dicho informe. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, i) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, comuníquese a la autoridad responsable que si del contenido de su respectivo informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado precepto. Cabe precisar que el requerimiento del informe justificado, dentro del plazo precisado en el artículo 118 de la Ley de Amparo, obedece al hecho de que la finalidad perseguida por el citado precepto es dar celeridad al trámite del juicio de amparo, en asuntos que por su naturaleza sea posible otorgar, sin mayor problema, la protección constitucional, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se proclamó jurisprudencialmente sobre el alcance del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, a fin de observar la tutela que debe prevalecer por parte de los órganos jurisdiccionales, específicamente en el acceso efectivo a la administración de justicia con el objetivo de lograr que las instancias constituyan mecanismos expeditos, eficaces y confiables para los justiciables, criterio de cuyo cumplimiento derivará su eficacia y que resulta de observancia obligatoria para este órgano Lo que, además encuentra justificación en el artículo 25.1 y 25.22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del que el Estado Mexicano es parte y cuya jurisprudencia es obligatoria para todos los juzgadores, por ser más favorable, acorde a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 21/20143. con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.. 2 Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. ??????????? Bajo ese marco legal, atendiendo a la situación en la que se encuentra inmersa la parte quejosa en la instancia de origen4, este órgano jurisdiccional requiere el informe justificado en el plazo antes señalado, a fin de buscar privilegiar la impartición de justicia y respeto a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 constitucional, tal y como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dispuso en la tesis jurisprudencial en comento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que quede notificada de este auto, informe si dentro del expediente laboral 588/2018, de su índice, la parte quejosa ha promovido diversos juicios de amparo indirecto anteriores al presente sumario y de ser el caso, remita copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para acreditar su dicho. 4 Respecto del plazo razonable para fallar un recurso de amparo, y que lo convierta en eficaz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en los siguientes casos: a. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, asentó que el concepto de plazo razonable no era un concepto de sencilla definición y fue acudiendo a la jurisprudencia de la Corte Europea que estableció inicialmente que se debían tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. b. A partir del Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, el Tribunal consideró "pertinente precisar [.] que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo.". c. En el caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, dentro del examen de la violación del artículo 25 y en consideración a la razonabilidad del plazo, reafirmó que los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si durante la tramitación de é stos se incurre en un retardo injustificado de la decisión. d. En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua que el procedimiento que se siguió ante las diversas instancias que conocieron de los amparos desconoció el principio de plazo razonable- reiteró que "los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si en la adopción de la decisión sobre éstos incurre en un retardo injustificado. confidencial que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes en la que se considere esencial para su defensa. En esa tesitura, dígasele a la autoridad señalada como responsable que deberá rendir dicha información, en el correo oficial de este órgano jurisdiccional 8jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, ello en atención a la naturaleza del presente asunto y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que informen si las constancias que integran el expediente del juicio laboral 588/2018 se encuentran digitalizadas y de ser así lo remitan de forma electrónica a este juzgado federal, a través de los medios indicados. Y de no ser posible remita dichas constancias físicamente, mismas que de poder integrarlas al expediente electrónico por exceder de la capacidad que permite el sistema (20 mega bytes), se pondrán a la vista del quejoso, las cuales podrá consultar previa cita gestione, siguiendo los lineamientos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional, para que el público en general pueda generar una cita para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos a las responsables para que señale correo electrónico para recibir notificaciones. Vista a las partes y consulta del expediente físico. Se hace del conocimiento de las partes que a fin de imponerse de las constancias de los presentes autos, así como desahogar ??????????? comparecencias y requerimientos, deberán agendar cita siguiendo los lineamientos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre Servicios jurisdiccionales, sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional. Obligaciones de las partes. Se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de cualquier causa de sobreseimiento en este asunto, se encuentran obligadas a comunicarlo de inmediato ante este juzgado federal, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les podrá imponer una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, inciso B, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 251 de la Ley de Amparo. Apercibimiento a la quejosa en relación a la denominación de las autoridades responsables. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la quejosa tiene la carga de señalar correctamente la denominación de la autoridad responsable, por lo que se le apercibe para una vez enterada que dicha denominación resultará incorrecta deberá corregir o aclarar el nombre que designó, con el apercibimiento que de ser omisa se le sancionará declarándola inexistente de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con treinta y un minutos del nueve de septiembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el entendido que se llevará en términos de la Segunda Sección del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en el que se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional, siempre y cuando se privilegié la igualdad entre las partes. Para tal efecto, en términos del artículo 28 del acuerdo general citado en el párrafo precedente, se previene a las partes, para que hasta veinticuatro horas previas a la celebración de la audiencia constitucional, señalen a través de promoción electrónica o física, la o las personas que acudirán a la audiencia que tendría verificativo por videoconferencia en su representación; asimismo, señalar un correo electrónico para el envío del citatorio respectivo, en el entendido de que el citatorio que contenga el vínculo para ingresar a la videoconferencia se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Se apercibe a las partes que en caso de omisión al respecto, se entenderá que no es su deseo intervenir en la videoconferencia, llevándose a cabo la audiencia correspondiente de manera escrita, sin presencia de las partes, sin que ello implique que no puedan presentar escritos en la fecha señalada para dicha diligencia judicial Asimismo, se hace saber a las partes, que para efecto de tener por acreditada su legitimación para asistir a la audiencia y por certeza de las partes, deberán contar con una identificación oficial vigente, para que la exhiban en la audiencia, lo mismo acontecerá con cualquier documento que se vaya a incorporar a la audiencia, el cal deberá estar digitalizado y será incorporado a través de la función compartir pantalla de la aplicación, a efecto de conservar constancia de los mismos. En consecuencia, se instruye a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita al órgano jurisdiccional, realice las gestiones tendentes a su preparación, informándole que tendrá intervención en la misma a las partes. Por otra parte, se comunica a los participantes que para poder acceder a dicha plataforma deberán contar con un equipo de comunicación (pc, celular o tableta) con cámara y micrófono, conexión a red wifi; asimismo, deberán realizar el enlace por lo menos con quince minutos de anticipación a su celebración, lo anterior a efecto de poder llevar a cabo la logística operacional. De las notificaciones a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de dicho ordenamiento, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a dictar en este asunto se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminadas a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Domicilio. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señalen un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Ecatzingo, número 34, colonia Cumbria, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Ténganse por autorizadas a las personas que indica en su libelo de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. ??????????? Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.5 Notifíquese.

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