Diana Marlene Rodríguez Cruz
Expediente 1004/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Diana Marlene Rodríguez Cruz
- Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1004/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a DIANA MARLENE RODRÍGUEZ CRUZ, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 498/2022. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: i. Exponer de manera fundada y motivada cuáles son los motivos o razones inmediatas que permiten conocer que las necesidades del demandado son mayores a las de sus acreedores alimentarias. ii. Abstenerse de considerar que el demandado es el único generador de los alimentos, pues ello se contrapone con la circunstancia probada relativa a que la actora madre de la menor hija de los contendientes, genera sus propios ingresos por contar con un trabajo remunerado. iii. Abstenerse de considerar el alto costo de la vida, para reducir la pensión provisional alimenticia, pues esta circunstancia ya había sido tomada en cuenta al momento de fijar la inicial pensión provisional alimenticia. iv. Pronunciarse de manera fundada y motivada sobre los otros gastos por conceptos varios alegados por el demandado, para lo cual deberá verificar de manera detallada e individual cada probanza exhibida por éste, confrontándolas desde luego con las documentales exhibidas por su contraparte, para así estar en aptitud de conocer qué gastos justifican esas documentales y, sobre todo, si éstos han sido cubiertos efectivamente por aquél y no por diversa persona. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de tres de marzo del año en curso, se requirió su cumplimiento a la Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en autos de nueve de marzo y diecisiete de mayo siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 1943 (foja 93) la Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 94 a 97) de la que se advierte que la quejosa Diana Marlene Rodríguez Cruz y el tercero interesado Jesús Erick Delgado Hernández llegaron a un convenio de divorcio voluntario, en el que, en lo que aquí interesa, ambos acordaron se estableciera una pensión alimenticia compensatoria por un periodo de dos años, ocupando el segundo lugar de preferencia de pago, a favor de la actora (aquí quejosa) del 5% (cinco por ciento) así como una pensión alimenticia definitiva ocupando el primer lugar de preferencia de pago a favor de los menores hijos de identidad reservada bajo las siglas X.V.D.R. y E.D.D.R. (aquí quejosos) del 40% (cuarenta por ciento) sobre el sueldo y de todas las prestaciones que percibe el demandado (aquí tercero interesado) como auxiliar de enfermero de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, en el área de Servicios de Salud de Veracruz del departamento del hospital de Alta Especialidad de Veracruz, con sede en Veracruz; respecto del porcentaje fijado de manera definitiva a los menores, corresponde el 20% (veinte por ciento) a cada uno, el cual será ser pagado en forma quincenal y proporcionado hasta que los menores cumplan en áreas técnicas o estudios universitarios. Además, el demandado Jesús Erick Delgado Hernández manifestó que con el dinero restante que percibe en su fuente laboral después de los descuentos relativo a la pensión compensatoria y de alimentos, de los recursos económicos que recibe por trabajos extras cubriendo suplencias de otros trabajadores del Hospital de Alta Especialidad d Veracruz y del cuidado de pacientes en forma particular, a esa fecha le alcanza para sufragar sus propios alimentos. Asimismo, convinieron que Jesús Erick Delgado Hernández se compromete a cubrir gastos escolares y gastos médicos que llegasen a requerir los menores hijos de identidad reservada bajo las siglas X.V.D.R. y E.D.D.R. (aquí quejosos) en un cincuenta por ciento en su pago. Así, por oficio 2820 (foja 133) la Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés, de la que se advierte que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 141, 142 y 149 del Código Civil, 499 y 501 del Código de Procedimientos Civiles, aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado en la audiencia prevista por el numeral 219 del Código de Procedimientos Civiles de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, elevándolo a categoría de cosa juzgada, condenando a las partes a estar y pasar por él, como sí se tratara de una sentencia ejecutoriada. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versan en que Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, dejara insubsistente la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 498/2022, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva determinación, tomara en cuenta las consideraciones apuntadas en la sentencia en relación a cuáles son los motivos o razones inmediatas que permiten conocer que las necesidades del demandado son mayores a las de sus acreedores alimentarias; abstenerse de considerar que el demandado es el único generador de los alimentos, así como dejar de considerar el alto costo de la vida, para reducir la pensión provisional alimenticia y, pronunciarse de manera fundada y motivada sobre los otros gastos por conceptos varios alegados por el demandado, para lo cual debía verificar de manera detallada e individual cada probanza exhibida por éste, confrontándolas desde luego con las documentales exhibidas por su contraparte, para así estar en aptitud de conocer qué gastos justifican esas documentales y, sobre todo, si éstos han sido cubiertos efectivamente por aquél y no por diversa persona. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que Diana Marlene Rodríguez Cruz (aquí quejosa) y Jesús Erick Delgado Hernández (aquí tercero interesado) llegaron a un convenio de divorcio conciliatorio, en el que acordaron lo concerniente a la pensión alimenticia de la actora y sus menores hijos en los términos antes apuntados. Por lo tanto, toda vez que las partes quejosa y tercero interesada, convinieron una pensión alimenticia compensatoria por un período de dos años a favor de la quejosa y del cuarenta por ciento a favor de los menores de identidad reservada, ya no existen los actos que ocasionaban perjuicio a los aquí impetrantes de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el expediente único del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós (fojas 30-33) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a DIANA MARLENE RODRÍGUEZ CRUZ, para los efectos siguientes: ".1). Deje insubsistente la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 498/2022. 2). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, que puede ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero tomando en cuenta las consideraciones aquí apuntadas, esto es, deberá: i. Exponer de manera fundada y motivada cuáles son los motivos o razones inmediatas que permiten conocer que las necesidades del demandado son mayores a las de sus acreedores alimentarias. ii. Abstenerse de considerar que el demandado es el único generador de los alimentos, pues ello se contrapone con la circunstancia probada relativa a que la actora madre de la menor hija de los contendientes, genera sus propios ingresos por contar con un trabajo remunerado. iii. Abstenerse de considerar el alto costo de la vida, para reducir la pensión provisional alimenticia, pues esta circunstancia ya había sido tomada en cuenta al momento de fijar la inicial pensión provisional alimenticia. iv. Pronunciarse de manera fundada y motivada sobre los otros gastos por conceptos varios alegados por el demandado, para lo cual deberá verificar de manera detallada e individual cada probanza exhibida por éste, confrontándolas desde luego con las documentales exhibidas por su contraparte, para así estar en aptitud de conocer qué gastos justifican esas documentales y, sobre todo, si éstos han sido cubiertos efectivamente por aquél y no por diversa persona. Ello a fin de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado." En esas condiciones, mediante auto de tres de marzo del año en curso, se requirió su cumplimiento a la Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en autos de nueve de marzo y diecisiete de mayo siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. Ahora, por oficio 1943 (foja 93) la Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles, de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 94 a 97) de la que se advierte que la quejosa Diana Marlene Rodríguez Cruz y el tercero interesado Jesús Erick Delgado Hernández llegaron a un convenio de divorcio voluntario, en el que, en lo que aquí interesa, ambos acordaron se estableciera una pensión alimenticia compensatoria por un periodo de dos años, ocupando el segundo lugar de preferencia de pago, a favor de la actora (aquí quejosa) del 5% (cinco por ciento) así como una pensión alimenticia definitiva ocupando el primer lugar de preferencia de pago a favor de los menores hijos de identidad reservada bajo las siglas X.V.D.R. y E.D.D.R. (aquí quejosos) del 40% (cuarenta por ciento) sobre el sueldo y de todas las prestaciones que percibe el demandado (aquí tercero interesado) como auxiliar de enfermero de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, en el área de Servicios de Salud de Veracruz del departamento del hospital de Alta Especialidad de Veracruz, con sede en Veracruz; respecto del porcentaje fijado de manera definitiva a los menores, corresponde el 20% (veinte por ciento) a cada uno, el cual será ser pagado en forma quincenal y proporcionado hasta que los menores cumplan en áreas técnicas o estudios universitarios. Además, el demandado Jesús Erick Delgado Hernández manifestó que con el dinero restante que percibe en su fuente laboral después de los descuentos relativo a la pensión compensatoria y de alimentos, de los recursos económicos que recibe por trabajos extras cubriendo suplencias de otros trabajadores del Hospital de Alta Especialidad d Veracruz y del cuidado de pacientes en forma particular, a esa fecha le alcanza para sufragar sus propios alimentos. Asimismo, convinieron que Jesús Erick Delgado Hernández se compromete a cubrir gastos escolares y gastos médicos que llegasen a requerir los menores hijos de identidad reservada bajo las siglas X.V.D.R. y E.D.D.R. (aquí quejosos) en un cincuenta por ciento en su pago. Así, por oficio 2820 (foja 133) la Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés, de la que se advierte que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 141, 142 y 149 del Código Civil, 499 y 501 del Código de Procedimientos Civiles, aprobó en todas y cada una de sus partes el convenio celebrado en la audiencia prevista por el numeral 219 del Código de Procedimientos Civiles de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, elevándolo a categoría de cosa juzgada, condenando a las partes a estar y pasar por él, como sí se tratara de una sentencia ejecutoriada. En ese contexto, del análisis sistemático de dichas constancias, se advierte que no existe materia para resolver respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que los efectos de la ejecutoria de mérito versan en que Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, dejara insubsistente la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 498/2022, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva determinación, tomara en cuenta las consideraciones apuntadas en la sentencia en relación a cuáles son los motivos o razones inmediatas que permiten conocer que las necesidades del demandado son mayores a las de sus acreedores alimentarias; abstenerse de considerar que el demandado es el único generador de los alimentos, así como dejar de considerar el alto costo de la vida, para reducir la pensión provisional alimenticia y, pronunciarse de manera fundada y motivada sobre los otros gastos por conceptos varios alegados por el demandado, para lo cual debía verificar de manera detallada e individual cada probanza exhibida por éste, confrontándolas desde luego con las documentales exhibidas por su contraparte, para así estar en aptitud de conocer qué gastos justifican esas documentales y, sobre todo, si éstos han sido cubiertos efectivamente por aquél y no por diversa persona. Sin embargo, de las constancias a estudio se advierte que Diana Marlene Rodríguez Cruz (aquí quejosa) y Jesús Erick Delgado Hernández (aquí tercero interesado) llegaron a un convenio de divorcio conciliatorio, en el que acordaron lo concerniente a la pensión alimenticia de la actora y sus menores hijos en los términos antes apuntados. Por lo tanto, toda vez que las partes quejosa y tercero interesada, convinieron una pensión alimenticia compensatoria por un período de dos años a favor de la quejosa y del cuarenta por ciento a favor de los menores de identidad reservada, ya no existen los actos que ocasionaban perjuicio a los aquí impetrantes de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara QUE NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el expediente único del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado en resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós (fojas 30-33) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese el oficio -y anexo-, signado por la Jueza del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo las constancias relativas al convenio celebrado entre las partes dentro del expediente ********************, el cual fue aprobado en todos sus término y a la fecha causó ejecutoria. Ahora, de autos se advierte que en proveídos de veintidós de marzo, trece y diecinueve de abril del año en curso, se reservó dar vista respecto de las gestiones realizadas por la referida responsable, hasta en tanto remitiera la totalidad de las constancias que le fueron requeridas respeto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual ya aconteció. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesado, con el con los oficios y anexos con registros 4342, 5602, 5988 y 7745, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexo signado por la Jueza Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada de la resolución de catorce de abril de dos mil veintitrés, en la que se aprobó el convenio celebrado entre las partes dentro del expediente 498/2022. En tales condiciones, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto la citada autoridad remita las constancias de las que se advierta que ha causado estado la referida resolución y, por ende, ha quedado firme el referido convenio. Notifíquese en términos de ley.
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