Diana Marina Flores Ventura
Expediente 917/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 917/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Diana Marina Flores Ventura
Actuaciones
- Principal
MESA VII. Vista la certificación secretarial, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, para que la parte quejosa recurriera el auto de seis de octubre pasado, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2 y 98 de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Dese el aviso correspondiente a la parte quejosa, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. (...)
- Principal
MESA VII. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito, para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de seis de octubre pasado, por las razones que ahí expresa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele mediante lista dicho proveído, así como los subsecuentes que deban comunicarse personalmente, sin perjuicio de que dicha parte señale nuevo domicilio para tales efectos. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, Coordinación Territorial del Ministerio Público CUH-5. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 917/2022. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala, como acto reclamado: "IV. ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: Se reclama la omisión de determinar el ejercicio de la acción penal dentro de la Carpeta de Investigación ***. Sobre ese acto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". De igual manera, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De los numerales transcritos es de destacarse que el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se deben impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. De igual manera, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control el archivo temporal, abstenerse de investigar y/o pronunciarse, respecto si ejerce o no la acción, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal. En efecto, a fin de evidenciar la causa de improcedencia invocada, conviene precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del legislador, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa -tiene la calidad de víctima en la carpeta de investigación de la que emana el acto reclamado-, dado que, como lo señaló: ".en noviembre del año 2021, la suscrita acudió a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, a efecto de plantear hechos con apariencia de delito, y señalando como responsable de los mismos al señor ***, sin embargo me han dado largas y nunca se me ha atendido, inclusive me dijeron que el expediente se encontraba perdido, esto último me lo dijeron el día 30 de septiembre de 2022, por lo que acudo a esta Autoridad a solicitar en mi carácter de víctima se me dé la oportunidad de presentar los elementos de prueba en la carpeta de investigación, sin embargo no lo puedo lo hacer porque la autoridad señalada como responsable, no quiere trabajar mi carpeta de investigación." En ese sentido, contra dicha omisión -determinar el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación *** procede el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que se actualice alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Bajo ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; de conformidad con el diverso 113 del ordenamiento legal citado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo respecto del referido acto reclamado. (...)
- Principal
MESA VII. Se desecha la demanda de amparo.
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