Diana Maribel de la Peña Diaz
Expediente 515/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Diana Maribel de la Peña Diaz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Téngase recibido el oficio de cuenta remitido vía electrónica por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por el cual informa a este Juzgado de Distrito que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mismo que se registró con el número de orden 55/2023; en consecuencia, agréguese a los presentes autos para que obre como constancia. Notifíquese.
- Principal
agréguese a los presentes autos para los efectos legales pertinentes, el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional insiste en la competencia planteada a este Juzgado para conocer del juicio de amparo 695/2023 de su índice, y en ese sentido, determinó remitir las actuaciones de ese sumario al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a fin de que el citado órgano determine a qué órgano jurisdiccional le corresponde substanciar el mencionado juicio. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y anexos que acompaña consistentes en el original del juicio de amparo 695/2023 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por...ello, en razón de que mediante resolución de once de octubre de dos mil veintitrés, declaró carecer de competencia legal para conocer del referido asunto, declinándola a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad. Identificación promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos del Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico respectivo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 515/2023-II-1. Pronunciamiento en relación con la competencia planteada. Ahora, de las constancias que integran el juicio de referencia, se desprende que mediante determinación de once de octubre de dos mil veintitrés, la Jueza Primera de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, estimó carecer de competencia legal para conocer de la aludida demanda de amparo, aduciendo que la parte quejosa señaló como acto reclamado a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado el fallo judicial dictado en los autos del toca civil 259/2023 de veintisiete de abril, en que se confirmó la resolución interlocutoria dictada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Enrique Ríos Roano, dentro del juicio de controversia familiar registrado en el expediente 437/2019 del índice del Juzgado Primero Familiar de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en que se ordenó la cancelación de la pensión alimenticia decretada en el juicio natural. Asimismo, la homóloga federal expresó que el acto requiere ejecución material, puesto que derivado de dicha determinación pronunciada por la responsable, conlleva que el Juez Familiar girará oficio a la fuente de trabajo del demandado para que se cancele la pensión alimenticia; fuente de trabajo que tiene su sede en esta ciudad. Por tanto, consideró que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar en la localidad en que este órgano jurisdiccional ejerce competencia por razón de territorio. Sin embargo, respetuosamente, no se comparte el criterio que sostiene el juzgador declinante y, por ende, no se acepta la competencia planteada, por las razones que se exponen a continuación. Del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los jueces de distrito por razón de territorio: El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas. Así, las dos primeras reglas de competencia exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; además, lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que esto ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito. Lo anterior revela que el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un procedimiento accesible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del procedimiento, como lo prevé el artículo 17 Constitucional. Del escrito de demanda y de la determinación pronunciada por la jueza declinante de la competencia, se advierte que el acto reclamado consistió exclusivamente en la determinación de segunda instancia emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado en los autos del toca civil 259/2023 de su índice. Para determinar qué supuesto de competencia es el que se surte respecto a dicho acto reclamado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 63/2008-PS fijó el criterio para determinar que las resoluciones de esa naturaleza no pueden considerarse como actos ejecución material, sino como actos meramente declarativos, puesto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar, modificar o revocar la determinación emitida por un órgano jurisdiccional inferior. Así, al no implicar directamente la realización de alguna conducta, la resolución de segundo grado no requiere de ejecución material. Del precedente judicial mencionado, derivó la tesis de jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: Registro digital: 167963 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 119/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 50 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO. Las excepciones procesales dilatorias tienen como finalidad excluir relativa o provisionalmente la acción del demandante, pues a través de ellas se denuncia el incumplimiento o la falta de presupuestos procesales (como la competencia del juzgador, la vía seguida para tramitar la demanda o la personería de los litigantes). Así, la desestimación de una excepción de ese talante, por considerarla improcedente, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del inferior, en el sentido de que no hay obstáculo que impida la prosecución natural del proceso judicial. En ese sentido y atento al artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución de segundo grado que confirma la interlocutoria que desecha una excepción procesal dilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material. De modo tal que, si el juicio de amparo promovido por ...exclusivamente se enderezó contra un acto declarativo -como lo es la sentencia de segunda instancia que confirmó una diversa de primer grado-, sin que se haya señalado un acto concreto que implique principio de ejecución material, los efectos del mismo generan competencia a favor del órgano jurisdiccional en el que reside la autoridad de la que emana dicho acto declarativo, de conformidad al supuesto previsto en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sostiene lo anterior la tesis siguiente de rubro, texto y datos de localización siguientes: Instancia: Pleno Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XVI, página 738 Tipo: Aislada COMPETENCIA EN AMPARO. Si el amparo se endereza contra un acto declarativo, y no contra los actos concretos, que constituyan un principio de ejecución, la competencia para conocer del amparo, toca al Juez del lugar en que resida la autoridad de quien emana dicho acto declarativo. Máxime que la quejosa en su escrito de demanda no señaló al Juez de Instancia como autoridad ejecutora, y la demanda tampoco fue dirigida en contra de la ejecución de la resolución judicial de segunda instancia, ya que el único acto que...señaló en su escrito de demanda es declarativo, que -como se explicó- carece de ejecución material al ser meramente declarativo, conforme a las consideraciones previamente expuestas. En esos términos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado federal no acepta la competencia planteada; en consecuencia, en obvio de mayores trámites, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, devuélvase este asunto al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con auto inserto de la presente determinación; solicitándose el acuse de recibo de estilo, y con la atenta súplica de informar a la suscrita la determinación que recaiga al presente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico respectivo y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente -electrónico y en su caso físico-, se llevara a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes Notifíquese.
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