Diana María Mariscal Meza

Expediente 155/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 46 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
155/2020
Año
2020
Actuaciones
46
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Diana María Mariscal Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, en la que se señala que a la fecha ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la legislación invocada, en contra del proveído de diecisiete mayo de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la ejecutoria pronunciada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento legal invocado se declara que ha causado estado la determinación de mérito para todos los efectos legales correspondientes, por lo que de conformidad con lo previsto en el ordinal 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es conservable y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el numeral 17 del referido acuerdo, transfiérase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda; lo que se estima acontecerá a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintiséis. Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio recibido vía correo institucional signado por la Subprocuradora de Amparo de la Procuraduría Fiscal del Estado, en representación de las autoridades responsables Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante la cual remite copia certificada de las constancias relativas a la desincorporación de la parte quejosa de las normas declaradas institucionales; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, analizado el estado de autos se advierte que la responsable no exhibió el procedimiento o cálculo realizado para determinar las cantidades a devolver a las quejosas 1) Diana María Mariscal Meza, y la moral denominada 2) Aluminio Arquitectónico de Baja California, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con motivo del pago del impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal con una tasa del 1.80%, establecido en el artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, y de la sobretasa del impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal del 1.20% sobre la base establecida en el artículo 151-14 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, que hubieran realizado, del que se desprendan las cantidades erogadas con la correspondiente actualización. Información que resulta necesaria a fin de estar en aptitud de corroborar que efectivamente se haya devuelto la cantidad que las quejosas pagaron debidamente actualizada. En consecuencia, requiérase al Secretario de Hacienda del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del término de tres días, exhiba el cálculo o procedimiento que realizó para determinar las cantidades a devolver a la parte quejosa debidamente actualizadas con motivo del impuesto declarado inconstitucional. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, precisamente en el término concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, según lo dispuesto en el artículo 258 de la invocada normatividad; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en su oportunidad, de ser procedente, se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 8/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , misma que a la letra reza: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL 1 Publicada en la página 144, Tomo XVII, Febrero de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184882. CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo." Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el invocado ordinal 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la Gobernadora del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que en su carácter de superior jerárquico de la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, le ordene dar cumplimiento al fallo protector pronunciado en el presente juicio de amparo, e informe a este órgano de control constitucional, los actos que haya realizado para tal efecto, con el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con fundamento en el artículo 258, de la referida ley, además que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad de referencia. En la inteligencia que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a las autoridades antes señaladas, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberán atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga a la impetrante, en el entendido que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de una diversa autoridad ligada por cualquier motivo a las autoridades responsables, éstas deberán, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal.

Quedan 42 actuaciones en este expediente

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