Diana Maria Contreras Moran
Expediente 499/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2023
Partes del expediente
- Diana Maria Contreras Moran
Actuaciones
- Principal
L. Toluca, Estado de México; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. INFORMES MEDIOS DE BÚSQUEDA intégrense los oficios signados por el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, Fiscal General de Justicia del Estado de México y Jefatura de Licencias e Infracciones de la Dirección del Registro de Licencias y Operadores de la Dirección General del Registro Estatal del Transporte Público en el Estado de México, de la Secretaría de Movilidad, quienes en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de trece de abril del año en curso, informa que en su base de datos no se encontró registro de las personas morales Huixquilucan Motors Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Automotriz de Huixquilucan, Sociedad Anónima de Capital Variable, .........Atento a ello, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se cuente con el resultado de la diligencia ordenada mediante proveído de diecinueve de abril del año en curso, y se cuente con la totalidad de los informes solicitados en el proveído de referencia, es decir: ..................... Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Se ordena integrar la comunicación oficial procedente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 70/2023-IV-D, orden 85/2023-IV-D, deducido del presente juicio de amparo, enviado para notificar al quejoso Odilón Vázquez Colín. En consecuencia, se ordena dar de baja la comunicación oficial de referencia y realizar las anotaciones en libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la razón suscrita por el Actuario Judicial adscrito al juzgado exhortado, se hace constar la imposibilidad para notificar a la parte quejosa Odilón Vázquez Colín el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por los motivos que ahí mencionan. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa, la determinación emitida por este órgano jurisdiccional el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes por medio de la lista que se fija en este juzgado federal, toda vez que de autos no se advierte diverso domicilio para notificarlo. ******************************************************************************** Toluca, Estado de México; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al que adjunta el juicio de amparo indirecto 1720/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, así como el testimonio de la ejecutoria emitida el nueve de febrero del año en curso, en autos del conflicto competencial 25/2022, en la cual se determinó: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial a que este expediente se refiere. SEGUNDO. Se declara legalmente competente el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en los autos del juicio de amparo 1720/2022-IV-D, en términos del considerando quinto de esta resolución. Acúsese el recibo. Háganse las anotaciones respectivas; glósense sólo las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes motivo del conflicto competencial. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, este órgano constitucional con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita considera que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud que se advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia atinente a que se incumplió con el principio de definitividad, contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por ello, se estima el acto reclamado consistente en la negativa a la petición formulada ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante escrito para ordenar una audiencia a efecto de ordenar al ministerio público la devolución de un vehículo, corresponde al no cumplimiento del principio de definitivita que se examina, consiste precisamente en la improcedencia del juicio intentado. Así, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Sirve de apoyo el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 3141, con número de registro 2005387 del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución." En esta tesitura, si la parte quejosa señala como acto reclamado la negativa a la petición formulada Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante escrito para ordenar una audiencia a efecto de ordenar al ministerio público la devolución de un vehículo; éste no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, las cuales será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, quien examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Lo anterior es así, pues el artículo citado establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra el acto que en esta vía constitucional se reclama, pues el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el recurso de revocación tiene lugar en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación; por lo que, resulta evidente que debió interponer el recurso de referencia, circunstancia que no aconteció. Tal apreciación evidencia que el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ello, ya que el acto reclamado en esta vía constitucional deriva del un auto que puede ser modificado, revocado o confirmado a través del medio de impugnación de que se trata, pues tal como lo dispone multicitado precepto legal 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el acto que se reclama en esta vía constitucional es revocable y puede ser revisado por el órgano jurisdiccional que lo emitió. Por tanto, el medio idóneo para combatir la negativa a la petición formulada Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, mediante escrito para ordenar una audiencia a efecto de ordenar al ministerio público la devolución de un vehículo,, que reclama es el recurso de revocación. Lo anterior no implica una denegación de la justicia, pues si bien, en el presente asunto, pues el acto que se reclama es esta instancia constitucional, no se encuentra en los supuestos de excepción al principio de definitividad y, por ende, no es opcional la interposición del recurso de revocación; por ello, deberá estarse a las formalidades rectoras del procedimiento de la ley de la materia. Es aplicable en lo conducente, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, con número de registro 2017117, que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. EXHORTO Toda vez que el quejoso señaló domicilio fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, esto es, en Vía del Ferrocarril, número ciento cincuenta y siete, Colonia San Miguel Xalostoc, municipio de Ecatepec, Estado de México. Con apoyo en el ordinal 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, ordene notificar al quejoso ********************, en el domicilio referido, el presente acuerdo. Se faculta al juez exhortado para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado, aún en días y horas inhábiles, conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo. La comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, se solicita sea devuelto por la misma vía. Notifíquese como legalmente corresponda.
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