Diana Margarita Mendoza Maldonado

Expediente 93/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
93/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Diana Margarita Mendoza Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Diana Margarita Mendoza Maldonado, contra actos del Director y/o encargado y/o Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 51 y otra autoridad; fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el número 93/2022-II. Atento a la certificación de cuenta y analizada la demanda, se advierte que en el escrito que se presenta vía electrónica, no obra el elemento criptográfico de firma electrónica de la parte quejosa, sin que los actos reclamados se ubiquen en el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo. En principio, conviene destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego, de la interpretación conjunta de los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, pues de lo contrario, éste será improcedente. En efecto, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda. Asimismo, establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Luego, el artículo 52, párrafo tercero, del Acuerdo en comento, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. En efecto, del ocurso de cuenta no se advierte evidencia criptográfica alguna que denote alguna firma electrónica de quien la promueve, el cual es requisito que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, la cual, como se señaló, tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover el juicio; ello implica el no ejercicio de la acción constitucional. En ese orden de ideas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; procede desechar la demanda de amparo promovida aparentemente Diana Margarita Mendoza Maldonado, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la promovente el que indica en el proemio de la demanda de amparo. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Diana Margarita Mendoza Maldonado, contra actos del Director y/o encargado y/o Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica 51 y otra autoridad. Notifíquese personalmente.

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