Diana Margarita Govela Elizondo

Expediente 683/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
683/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Diana Margarita Govela Elizondo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA II NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA II SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE: Vista la demanda de derechos fundamentales promovida por Diana Margarita Govela Elizondo, contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 683/2017-II-B. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de cuenta, enseguida, se provee: En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo que establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, y además considerando que las causales de improcedencia del juicio de amparo deben hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el párrafo final del artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En el caso en particular se advierte que la promovente de amparo reclama del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, la resolución de treinta de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de nulidad de emplazamiento tramitado en el juicio ordinario mercantil ****, de su índice, mediante el cual se resolvió el recurso de revocación que la aquí quejosa, como parte llamada a juicio, promovió en contra del acuerdo de veinticuatro de marzo de esta anualidad, y esencialmente, determinó confirmar el desechamiento de la prueba de reconocimiento. Establecido lo anterior, esta Juzgadora estima que la presente demanda de garantías debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el numeral 107, fracción V, de la Ley de la Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Para mayor claridad precisa necesario establecer lo que disponen los indicados numerales; El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto se pedirá ante el Juzgado de Distrito, entre otros supuestos: "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El propio artículo 107, fracción V, define que los actos intraprocesales de imposible reparación son aquellos que pueden afectar materialmente algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. La interpretación de esta norma requiere diferenciar los derechos sustantivos de los derechos adjetivos. Los derechos sustantivos son los que se derivan de preceptos destinados a regir bienes jurídicos protegidos más allá de los límites formales del juicio; como la vida, la integridad personal, la salud, la libertad, la educación, el trabajo, el patrimonio, la intimidad, entre otros. La afectación de alguno de esos derechos derivada de un acto intraprocesal se considera de imposible reparación, porque deja una huella en la esfera jurídica material del gobernado que no podría desvanecerse mediante el dictado de una sentencia favorable. En oposición a los derechos sustantivos, los derechos procesales se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos. Este tipo de derechos tutelan intereses instrumentales, que sólo implican beneficios formales dentro del procedimiento, es decir, situaciones y oportunidades adjetivas que por sí mismas no trascienden los límites del juicio; como los derechos de ofrecer, preparar y desahogar pruebas; intervenir en las actuaciones; recibir notificaciones; promover medios de defensa; y el desarrollo del procedimiento en los plazos y términos prescritos en la ley. En este contexto, los actos intraprocesales que afecten materialmente derechos sustantivos son de imposible reparación y, por ende, podrán impugnarse a través del amparo indirecto. En cambio, los actos intraprocesales que únicamente incidan sobre derechos adjetivos no son considerados de imposible reparación. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que originó la jurisprudencia 37/2014 (10ª.), de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), estableció que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal' o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa resolución el Máximo Tribunal del País sostuvo que no debe seguirse aplicando la jurisprudencia P./J. 4/2001, rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", que resultó fundamental en los asuntos tramitados al amparo de la legislación de amparo abrogada, porque en la misma se determinó que la regla general relativa a la afectación de derechos sustantivos admitía excepciones, cuando la violación jurídica procesal ocasione efectos igual de trascendente que una material. Esto, porque dicha jurisprudencia se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por la expresión "actos de imposible reparación", lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Lo anterior, dijo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que en la citada jurisprudencia expresamente se determinó que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible, con el nuevo texto legal, porque en este reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Conclusiones que también fueron expresadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Civil del Tercer Circuito y Tercero del Sexto Circuito, al resolver la improcedencia 65/87 y el amparo en revisión 208/89, respectivamente, de rubro "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO", en donde refirieron ". los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado". Conforme a las premisas expuestas, es inconcuso que la resolución de treinta de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de nulidad de emplazamiento tramitado en el juicio ordinario mercantil ****, de su índice, mediante el cual se resolvió el recurso de revocación que la aquí quejosa, como parte llamada a juicio, promovió en contra del acuerdo de veinticuatro de marzo de esta anualidad, y esencialmente, determinó confirmar el desechamiento de la prueba de reconocimiento, es un acto intraprocesal, consistente en una actuación realizada por la autoridad responsable dentro del desarrollo de un incidente de nulidad de emplazamiento promovido en el juicio natural, que evidentemente no implica afectación material a ningún derecho sustantivo protegido por la Constitución o algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, menos al derecho humano de audiencia, pues precisamente la aquí quejosa, es parte en el juicio natural, y es ciertamente a ésta a quien se le decretó la parcial procedencia del recurso de revocación que planteó en contra del proveído de veinticuatro de marzo de esta anualidad. En las relatadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia del juicio de garantías antes analizada, lo procedente es, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. A mayor abundamiento, solo resta decir que ni siquiera la propia determinación que, en su caso, resuelva desfavorablemente el incidente de nulidad de emplazamiento en donde la aquí quejosa refiere que ilegalmente le denegaron la admisión de la prueba de reconocimiento, tampoco podría considerarse un acto de imposible reparación. La razón estriba en que ese tipo de resoluciones únicamente se relaciona con la integración de la relación jurídico procesal y sólo tienen como consecuencia inmediata mantener al emplazado sujeto al juicio, con el cúmulo de obligaciones, cargas y derechos procesales que ello implica. Por tanto, dichos actos sólo afectan derechos adjetivos relacionados con la tramitación del procedimiento. Así pues, resulta claro que la determinación que, en su caso, resuelva desfavorablemente el incidente de nulidad del emplazamiento, no produce una afectación actual, real y directa en derechos patrimoniales de la aquí quejosa. Expuesto en otro modo, a pesar de que la enjuiciada quede sujeta al proceso, ello no implica que necesariamente deba ser condenada, de modo que el consabido acto no genera directamente una afectación patrimonial. En tal virtud, si la promovente obtuviera una sentencia definitiva favorable, quedaría subsanada la afectación meramente adjetiva que habría sufrido por el hecho de que se haya resuelto desfavorablemente a sus intereses el incidente de nulidad de emplazamiento. En cambio, si obtuviera una sentencia definitiva desfavorable, podría impugnar dicha resolución intraprocesal como una violación adjetiva en el amparo directo, en términos del artículo 172, fracción V, de la Ley de Amparo, que específicamente prevé que se consideraran violadas las leyes del procedimiento cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se le practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Adriana Dávalos Sánchez, Daniel Pineda Barrera, Luis David García Becerra, con cédula profesional que se encuentra capturada en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales, conforme al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, en términos del último párrafo del referido precepto legal a Silvia Jazmín Muñoz, Karina Jazmín Hernández Morales, Paula Mariana Hernández Bello, esto es, únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos, en razón de que no se encuentran debidamente autorizadas ante este Juzgado para ejercer la profesión de licenciados en derecho, así como también a Mayela Hernández Jiménez, Cristian Alberto Villarreal García, Gloria Fernández Alatorre, Julio Adrián García, Gerardo Germán Espejel García, Valeria García Espinoza y Miguel Ramírez Sánchez, por así haberlo solicitarlo expresamente en su escrito de garantías que se provee. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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