Diana Mae Mercedes Moya Dingleberry
Expediente 353/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Diana Mae Mercedes Moya Dingleberry
Actuaciones
- Principal
::Visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de once de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control y archívese este juicio como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Asimismo, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó la demanda, de conformidad con el numeral 21, inciso d) del citado acuerdo general conjunto, se determina que el presente expediente, es susceptible de ser destruido. En otra guisa, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la parte quejosa los documentos que exhibió en este juicio previa toma de razón por su recibo.
- Principal
::Se notifica por medio de lista de estrados a la parte quejosa los acuerdos de once de abril y nueve de mayo, ambos de dos mil veintidós, mismos que refieren: "I. Se avoca al conocimiento del asunto. Visto el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, por medio del cual remite el expediente 150/2022-X de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Diana Mae Mercedes Moya Dingleberry, por conducto de su apoderado Aldo Iranzo Fuhrken, personalidad que se le reconoce en términos del numeral 10 de la Ley de Amparo, con la fotocopia certificada de la escritura pública quinientos noventa y ocho, de trece de enero de dos mil veintidós, del protocolo de la Notaría Pública Número Sesenta y Cinco del Estado de Quintana Roo, con residencia en Tulum, del que se advierte que por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dicho órgano jurisdiccional determinó returnar la demanda promovida por la parte quejosa por las razones que ahí expone. En esas condiciones, infórmese a la autoridad oficiante que este órgano jurisdiccional acepta el returno planteado y se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, acúsese recibo firmado electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 353/2022-IV. III. Decisión sobre la acción de amparo. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita, la cual no se opone a la Ley de Amparo vigente: Época: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese contexto, con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, y al ser cuestión de orden público y preferente, resulta procedente el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." El numeral citado prevé como causa de improcedencia la litispendencia, entendiéndose por ésta la que se produce cuando los actos reclamados en un juicio de amparo son materia de otro que se encuentra en trámite. La causa de improcedencia en estudio tiene por objeto impedir que se dicten sentencias contradictorias y evitar la inseguridad jurídica que traería la tramitación de diversos juicios de derechos fundamentales simultáneos cuando exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, con independencia de que se duela de diversas violaciones constitucionales. En el caso, en el escrito de demanda la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO. La inminente ejecución derivada del ilegal procedimiento judicial e ilegal notificación de emplazamiento a Juicio, toda vez que mi poderdante tiene un derecho posesorio sobre el bien inmueble objeto de ejecución, derivada de las prestaciones contenidas en el procedimiento judicial del cual se duele, mismo que se llevó a cabo sin que se velara por sus derechos de posesión y garantía de audiencia, dejándola en estado de indefensión jurídica, toda vez que como se expresará en el capítulo de HECHOS, concatenado con el capítulo de PRUEBAS de la presente demanda de garantías, en donde allego como prueba de mi intención la documental pública consistente en el CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA que mi poderdante celebró con la persona moral de denominación social KIN KU, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE en fecha 17- diecisiete de enero de 2008-dos mil ocho, en función de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por mi poderdante en dicho contrato, realizó el pago total de $615,859.12 USD (seiscientos quince mil ochocientos cincuenta y nueve 12/100 dólares americanos), el cual se acredita con los recibos de pago de fechas 17-diecisiete de diciembre de 2017-dos mil diecisiete y de fecha 09-nueve de enero de 2018-dos mil dieciocho, por las cantidades de $199,907.66 USD en la primer fecha y por $400,00.00 USD y $15,951.46, en la segunda fecha; contrato mediante el cual, a razón de haber realizado los pagos correspondientes por el total, se le transmite la posesión física y jurídica del bien inmueble objeto del contrato de promesa señalado y objeto del procedimiento judicial del cual se duele mi poderdante, mismo que fue radicado ante el C. JUEZ CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, BAJO EL EXPEDIENTE JUDICIAL NÚMERO 439/2019, del cual MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que no hemos tenido acceso alguno al expediente en cuestión, siendo un derecho que nos asiste por vulnerar las posesiones de mi poderdante, en una total vulneración a las garantías consagradas en la Constitución Federal, así mismo señalo que ampliaré el presente juicio de garantías al momento en que tenga acceso a los informes previo y justificado del juzgado de origen; también me duelo de cualquier actuación del citado juicio, sus consecuencias mediatas e inmediatas, directas e indirectas." Además, la parte quejosa al desahogar la prevención formulada en auto de catorce de marzo del año en curso, dictado en autos del juicio de amparo indirecto 150/2022-X del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo, manifestó bajo protesta de decir verdad que el número correcto del expediente del cual se duele es el 493/2019 del índice del Juzgado Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo. Ahora, de la fotocopia certificada de la demanda de amparo, que dio origen al juicio de amparo 1046/2021-IV del índice de este órgano jurisdiccional, que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la cual se ordena agregar a los presentes autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite una diversa demanda promovida por Diana Mae Mercedes Moya Dingleberry -aquí quejosa-, por propio derecho, contra las mismas autoridades y los actos que a continuación se precisan: a) La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo oral civil 493/2019 del índice del Juez Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, promovido por Gran Península Maestro, Sociedad Anónima de Capital Variable. b) Todo lo actuado en el referido juicio, incluyendo la sentencia y los actos tendentes a su ejecución. c) La orden de embargo sobre el bien inmueble denominado Unidad Privativa Identificada como condominio B-7, de la Unidad Territorial B, ubicado en el lote 1, manzana 42, plano 03, calle Boulevard Puerto Aventuras, del Desarrollo Puerto Aventuras, de Solidaridad, Quintana Roo. d) Los efectos y consecuencias de dichos actos. En ese orden de ideas, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que en el presente asunto la parte quejosa reclama el emplazamiento al juicio ejecutivo oral civil 493/2019 del índice del Juez Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, así como los efectos y consecuencias de la ejecución del remate sobre el bien inmueble ubicado en Boulevard Puerto Aventuras, conjunto habitacional Gran Península, interior edificio B, número 107, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, atribuidos a las mismas autoridades entre los apuntados en la demanda de amparo, toda vez que en el diverso juicio de control constitucional 1046/2021-IV del índice de este juzgado federal, se tuvo como acto reclamado todo lo actuado en el referido juicio, incluyendo la sentencia y los actos tendentes a su ejecución. Además, el juicio de amparo indirecto 1046/2021-IV del índice de este juzgado federal, se encuentra en trámite, pues están señaladas las once horas con cuarenta minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia constitucional, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resultan aplicables, por las razones que informan, la jurisprudencia y tesis aisladas que se citan a continuación: Época: Décima Época Registro: 2006145 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/2014 (10a.) Página: 265 LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Época: Novena Época Registro: 194430 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Marzo de 1999 Materia(s): Común Tesis: XI.2o.21 K Página: 1408 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. EN TRATÁNDOSE DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES III O IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, ES EL JUEZ DE DISTRITO Y NO EL TRIBUNAL REVISOR, QUIEN DEBE RECABAR LAS PRUEBAS TENDIENTES A DEMOSTRARLAS. Aunque por regla general, las pruebas necesarias para determinar si se actualiza o no una causal de improcedencia, pueden recabarse tanto por el Juez de Distrito como por el tribunal revisor, por ser las causales de improcedencia examinables de oficio en cualquier instancia del juicio constitucional; lo cierto es que si los medios convictivos que deben obtenerse, son tendientes a acreditar alguna de las causales de improcedencia previstas en las fracciones III o IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, esto es, que el juicio constitucional resulte improcedente ya sea porque el acto reclamado sea materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución o ya resuelto, en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, incontrovertible resulta que es menester que dichas probanzas sean recabadas por el a quo, a efecto de dar amplitud de defensa al quejoso, es decir, para que al dársele vista con ellas, esté en aptitud de objetarlas y, en su caso, probar en contra de su contenido." Época: Novena Época Registro: 177720 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Común Tesis: IV.1o.C.23 K Página: 1801 AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EN UNA SEGUNDA DEMANDA LA MISMA QUEJOSA, COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL COMBATE ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE LOS YA RECLAMADOS EN UN PRIMER JUICIO DE GARANTÍAS QUE CONCLUYÓ DETERMINANDO QUE NO TENÍA LA CALIDAD DE PERSONA EXTRAÑA. La fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo relacionada con la diversa III consagra el respeto a la autoridad de la cosa juzgada que envuelve la ejecutoria pronunciada en un primer juicio de garantías, evitando resoluciones contradictorias; así, la identidad a que alude la norma también se refiere al "objeto" del amparo, es decir, a la coincidencia entre la nueva demanda y el amparo previamente concluido, en lo que hace a la clase o naturaleza de violación de garantías que se hiciera valer en ambos. Por ello, se surte aquella improcedencia cuando en una segunda demanda de amparo la misma quejosa, como tercera extraña al juicio natural y con el fin de hacer respetar su garantía de audiencia -no así por vicios propios-, combate actos que son consecuencia de los reclamados en un primer juicio de garantías que concluyera con la decisión de que no le asistía tal calidad de persona extraña, dada la causahabiencia existente con relación al demandado del juicio de origen; pues con independencia de que en la nueva demanda se señalen o no a las mismas autoridades responsables y a la plena igualdad o no entre los actos reclamados, es claro que la identidad entre el "objeto" de lo ahora sostenido y lo previamente resuelto, impide nuevamente abordar aquel tema. Asumir una posición contraria implicaría que dicha persona pueda válidamente promover tantos amparos como actos posteriores de las autoridades que llegaren a verificarse en el futuro, en total detrimento no sólo de la impartición de justicia de las autoridades de instancia, que además de decidir tienen facultad de ejecutar lo resuelto, sino también con repercusión en la Justicia Federal que emplearía más recursos y material humano en analizar algo ya juzgado por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Asociación de Residentes Grand Island, Asociación Civil, por conducto de su apoderado Enrique Ruiz Cortez, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: Diana Mae Mercedes Moya Dingleberry, por conducto de su apoderado Aldo Iranzo Fuhrken. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Vista la certificación de cuenta, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a Gastón Alfonso Arzate Garza, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Ángel Cervantes Alfaro hasta en tanto acredite encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales o demostrar estar autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. V. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de ser posible se exhorta a todas las partes para que transiten a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. De igual manera se solicita a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, presenten cualquier comunicación dirigida a este Juzgado a través de medios que permitan privilegiar el esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx) o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea) haciendo uso de la firma electrónica. Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. VI. Requerimiento de contacto a las partes y solicitud de propuestas para mejorar la comunicación con ellas. Con fundamento en los artículos 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se solicita a las partes del presente asunto, que para entablar comunicaciones no procesales, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. VIII. Aviso a la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. En otro orden de ideas, a fin de equilibrar las cargas de trabajo, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, toda vez que este juzgado asumió el conocimiento de este asunto por razón de turno. Ello, pues de conformidad con las reglas vigentes de turno de los asuntos de los que corresponde conocer a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, previstas en los artículos 45, fracción II, 46, fracción IV, penúltimo y último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, corresponde a este órgano jurisdiccional dar el aviso de returno aceptado a la oficina de correspondencia común que le presta servicios a los juzgados de distrito en esta ciudad. IX. Aviso de privacidad y transparencia. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo." "Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no le fue posible a la fedataria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, notificar a la parte quejosa el acuerdo de once de abril de dos mil veintidós, en el domicilio ahí asentado, por los motivos expuestos en la constancia de mérito; en tal virtud, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele a la parte quejosa el proveído de once de abril de la presente anualidad y el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista que se publique en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto señale nuevo domicilio procesal."
- Principal
Notificación personal a la parte quejosa del auto de once de abril de dos mil veintidós.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · 12,649 expedientes
- Diana Lizbeth Mena Burelo1081/2016
- Diana Lizeth Cruz695/2019
- Diana Lucia Guerrero Moreno970/2022
- Diana Lucía Velázquez Pérez1440/2021
- Diana Luz Fernandez Aguirre148/2015
- Diana Mae Mercedes Moya Dingleberry1046/2021
- Diana Monserrat López Noh789/2020
- Diana Monserrat López Noh1397/2019
- Diana Monserrat López Noh1180/2021
- Diana Montserrat García Gutiérrez1227/2016
- Diana Patricia Hernández León2031/2017
- Diana Patricia Hernandez León673/2015