Diana Ma. de Jesús Palencia Fernández
Expediente 1174/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1174/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Diana Ma. de Jesús Palencia Fernández
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito que remite la licenciada ***, Subdirectora de Acuerdos, Convenios e Instrumentos Internacionales adscrita a la Coordinación Jurídica del Instituto de Salud para el Bienestar, mediante el cual informa que es necesario puntualizar que en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo no ha incurrido en evasivas y al efecto enlista las acciones tomadas por el Instituto de Salud para el Bienestar, tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese orden es de hacer notar que este órgano jurisdiccional a efecto de agilizar el trámite del cumplimiento referente al trasplante de *** requerido por el quejoso ***, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitió los lineamientos bajo los cuales se debería llevar a cabo la ejecutoria de mérito, sin que ninguna de las partes se hubiese inconformado con tal determinación. Así pues, tal como se precisó en proveído del cinco de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional ha participado efectivamente con la finalidad de agilizar el trámite administrativo del referido Instituto y ha utilizado los recursos necesarios para hacer del conocimiento del mismo la documentación que ha sido requerida a diversas responsables. ll. Requerimiento al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Bajo ese parámetro atendiendo a lo solicitado por el Instituto de Salud para el Bienestar, se requiere al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído realice la manifestación atinente a la institución que llevara a cabo el trasplante de ***, de igual forma, responda de manera puntual y precisa todos y cada uno de los cuestionamientos planteados en escrito del veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mismo que se acompaña a dicha autoridad en copia simple. Se apercibe a las referida autoridad responsable que de incumplir con el requerimiento precisado en el punto anterior, sin causa justificada, con fundamento en los ya citados artículos, así como los diversos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente al momento del eventual incumplimiento. Asimismo, en términos de los referidos artículos 192 y 193, se les apercibe que en caso de incumplimiento se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. lll. Requerimiento al quejoso ***. Asimismo, requiérase al quejoso **, para que exhiba ante este órgano jurisdiccional el documento en el cual bajo protesta de decir verdad autorice para que se realice el depósito correspondiente a la Fundación Comparte Vida Asociación Civil. IV. Autoridad vincula al cumplimiento. Ahora bien toda vez que del Acuerdo por el que se emiten las bases para la transferencia de recursos y desincorporación por extinción del organismo público descentralizado denominado instituto de Salud para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio próximo pasado, se desprende que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se seguirá encargando del cierre de las acciones que se encuentran en trámite o pendientes de obtener resolución definitiva, derivado entre otros, de un procedimiento jurisdiccional como es el caso; por tanto, hasta que se declare la extinción total del referido Instituto, se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al IMSS-BIENESTAR, para que en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, realicen las gestiones necesarias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo relativo al trasplante de médula ósea requerido por la parte quejosa. V. Vista al Instituto de Salud para el Bienestar con el escrito de la Fundación Comparte Vida, Asociación Civil. Finalmente córrase traslado al Instituto de Salud para el Bienestar con el escrito y anexos que se acordó el doce de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual la Fundación Comparte Vida, Asociación Civil manifestó que todos los registros internacionales registrados en la ***, deben regirse bajo los estándares de dicha asociación, a la que pertenecen todos los registros de donadores altruistas de medula ósea, que establecen la estricta confidencialidad de los donadores registrados, a quienes para su localización y cualquier tipo de procedimientos, les es asignado un número de identificación llamado ***. En ese sentido refiere, que únicamente se tiene un posible donador en el Registro Internacional *** enlistado en el documento que para tal efecto anexó, con dos incompatibilidades genéticas con el quejoso ***. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Universidad Juárez del Estado de Durango y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1174/2023. III. Decisión sobre la instancia. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a. Demanda extemporánea. Bajo ese contexto, debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, toda vez que la presentación de la demanda excede el plazo establecido por la invocada ley y, por tanto, debe presumirse consentido tácitamente el acto reclamado. A fin de sustentar la afirmación anterior, es menester observar el contenido de dichos numerales, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el párrafo primero del artículo 17 referido, precisa, como regla general, que el juicio de amparo debe promoverse, contado a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que la parte peticionaria de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, en su caso, al día siguiente en que el promovente se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, el acto reclamado no está dentro de los supuestos de excepción que establece el numeral citado, por ende, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para instar el juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, de la interpretación armónica de todos los artículos invocados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendidos estos, como aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro del plazo de quince días. Lapso que el dispositivo 18 de la citada legislación, prevé que se contabiliza de la siguiente forma: I. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; II. A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento se haya ostentado sabedor del acto que reclama o de su ejecución; o, III. A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, materia común, registro 165582, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Destacan estas formas para computar el plazo de quince días, dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, dado que de la primera, se deriva la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad en virtud de la que, en fecha precisa, se hace saber al agraviado el acto reclamado, esto es, mediante una notificación practicada de manera legal y por ende, válida para efectos del aludido cómputo, mientras no se demuestre su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento, en determinada fecha de los actos reclamados; empero, ese conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 917538, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO" La tercer forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al que "se ostente sabedor del acto reclamado o, de su ejecución", lo que implica una aceptación del quejoso a través de la cual manifiesta que conoce el acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa que evidencia la fecha de conocimiento. Cuando el quejoso se manifiesta sabedor en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa, toda vez que ello se evidencia de ese reconocimiento, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente enterado del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho, para que el juzgador de amparo contabilice el plazo para la presentación de la demanda a partir de esa manifestación. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue establecer que para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifica cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 115/20103, determinó que el conocimiento que puede dar lugar al inicio del plazo para la presentación de la demanda de amparo es aquel que resulta a partir del momento en que la parte promovente queda enterada, de manera completa del acto reclamado. Ahora, en el caso, el acto que se reclama encuadra en la tercera hipótesis para computar el plazo de quince días, ya que la parte quejosa manifiesta expresamente la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Esto es así, puesto que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifiesta lo siguiente: "[...". (Lo destacado es propio de este juzgado) De ahí que, como se advierte de las constancias del escrito de demanda de amparo, en su capítulo de antecedentes, la quejosa de manera expresa manifiesta haber tenido conocimiento que a finales del mes de julio, al realizar el trámite de reinscripción el portal de la Universidad Juárez del Estado de Durango no se lo permitió. De igual forma en el numeral cuatro de su demanda de amparo, manifiesta que el inicio del ciclo escolar al que aspiraba reinscribirse inicio hace dos semanas (teniendo en consideración que el escrito de demanda de amparo fue firmada el treinta de agosto de dos mil veintitrés) y dado que esta fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el cuatro de septiembre del año dos mil veintitrés. En consecuencia, si la quejosa de manera expresa manifiesta haber tenido conocimiento que a finales del mes de julio y la demanda de garantías fue presentada el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, es evidente que es notoriamente extemporánea, porque transcurrió en exceso el término de quince días a que alude el artículo 17 de la ley en cita, para que ejerciera su derecho y, por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados en estudio. En mérito de lo expuesto, el acto reclamado se presume consentido tácitamente, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Finalmente, derivado de una búsqueda en la página oficial de la Universidad Juárez del Estado de Durango y como adujo la quejosa en su escrito de demanda, se advierte que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas inicio el semestre denominado "B" el nueve de agosto de dos mil veintitrés, por lo que resulta evidente que transcurrieron en exceso los quince días para su promoción. Lo anterior actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, pues como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el numeral 21 de la Ley de Amparo abrogada, el cual no se opone a los artículos 17 y 18 de la Ley vigente, la esencia de esa disposición "se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo, el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario" . Robustece lo considerado, la jurisprudencia y tesis del Pleno del Alto Tribunal, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO". En las relatadas consideraciones, con fundamento en el arábigo 113 de la ley en consulta, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. b. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***, toda vez que se encuentra dado de alta en el Registro Nacional de Cedulas Profesionales, únicamente para oír y recibir notificaciones ***, toda vez que no se encontró registro de sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
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