Diana Luz Rodriguez Gutierrez
Expediente 690/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Diana Luz Rodriguez Gutierrez y Otros.
- Diana Luz Rodriguez Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, haya recurrido el auto de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por Diana Luz Rodríguez Gutiérrez, a través del cual desahoga la prevención realizada mediante auto de doce de julio del presente año, y al efecto establece: Que la orden de lanzamiento reclamada deriva del auto de radicación dictado dentro del juicio de origen, en virtud que en este último se le requirió para que en el acto de la diligencia justificara con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas, y en caso de no hacerlo dentro de cuarenta días, se procedería a desocuparla, apercibiéndola de lanzamiento a su costa si no lo efectúa; asimismo, refiere que dicho auto fue emitido antes de que causara ejecutoria la sentencia, siendo que debió materializarse en base a una sentencia condenatoria firme. Asimismo, refiere que el auto de radicación no fue recurrido a través de algún medio de defensa por no ser recurrible, y que el inmueble que se defiende es el ubicado en calle Avenida Sur, Dos y Avenida Sur tres en la Colonia las Cumbres en Reynosa, Tamaulipas. Por ende, se tiene por desahogada dicha prevención para los efectos legales conducentes, y respecto de la admisión de la demanda se provee: En principio es de destacarse que el numeral 113 de la ley de la materia, dispone que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En esa virtud, analizada la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma, debe decirse que es notoriamente improcedente, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contario sensu, que conlleva a desecharla de plano de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal, por las consideraciones siguientes. El artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" Conforme a los numerales previamente reproducidos, se tiene que en el caso en que se promueva un juicio de amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia, éste procederá contra la última resolución dictada en ese procedimiento, en cuyo caso el quejoso podrá reclamar en su demanda de amparo las diversas violaciones cometidas durante el mismo, que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Así, la regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Además, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización permitiendo que en el juicio constitucional se combata única y exclusivamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así diversas determinaciones. Es por ello que la "última resolución" emitida en un procedimiento de ejecución de sentencia, en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que: Se aprueba o reconoce el cumplimiento total de dicha resolución definitiva. Declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente ó, Tratándose de los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el entendido de que cualquiera que sea el caso en que se ubique el accionante de amparo, éste podrá hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Luego los actos reclamados derivan de un juicio de desahucio, por tanto no aplica la regla contenida en el último párrafo de la fracción IV, pues no se está ante un procedimiento de remate, de ahí que la última resolución en el juicio de desahucio es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, ello a fin de no entorpecer el procedimiento y evitar que el juicio de garantías sea utilizado como instrumento para retardar la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y verdad legal. Luego, el acto reclamado consiste en el auto de diez de julio de dos mil dieciocho, según el escrito de desahogo, refiere lo siguiente: ".Y en atención a que la parte demandada no demostró estar o haberse puesto al corriente de las pensiones reclamadas, y que mediante sentencia de seis de julio del año en curso, se le condenó a la desocupación y pago de lo debido, en virtud de que no se verificó la desocupación del inmueble, en el término de cuarenta días concedido para tal efecto por proveído de veintiséis de marzo del año en curso, aun cuando fue apercibida de lanzamiento en caso de ser omisa; conforme a lo que dispone el artículo 550 del Código de Procedimientos Civiles, ejecutándose el lanzamiento de la parte demandada DIANA LUZ RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, y causahabientes, incluidos objetos que lo integren, del bien inmueble ubicado en Avenida Sur 2 y Avenida Sur 3, de la colonia las cumbres de esta ciudad, y se ordena dar posesión material, física y jurídica del mismo, a la actora." De lo anteriormente expuesto, se advierte que la Juez responsable mediante el proveído reclamado ordenó la ejecución del lanzamiento de la parte demandada DIANA LUZ RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, y causahabientes, incluidos objetos que lo integren, del bien inmueble ubicado en Avenida Sur 2 y Avenida Sur 3, de la colonia las cumbres de esta ciudad, y ordenó dar posesión material, física y jurídica del mismo, a la actora, lo anterior, tomando en cuenta que la parte demandada no demostró estar o haberse puesto al corriente de las pensiones reclamadas, y que mediante sentencia de seis de julio del año en curso, se le condenó a la desocupación y pago de lo debido, además de que no se verificó la desocupación del inmueble, en el término de cuarenta días concedido para tal efecto por proveído de veintiséis de marzo del año en curso, aun cuando fue apercibida de lanzamiento en caso de ser omisa; proveído que fue dictado después de la sentencia correspondiente y que no constituye aquella resolución en la cual no reconoce o aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material para darle cumplimiento. Cabe mencionar que si bien la sentencia no se encuentra firme, la legislación local en su artículo 550 del Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas, permite ordenar el lanzamiento correspondiente sin necesidad de que exista, lo cual se corrobora del juicio de origen, no obstante que como ya se dijo, no se encuentra firme la sentencia y se encuentra en etapa de ejecución. Por tanto es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia en cometo toda vez que se trata de actos dictados en ejecución de sentencia (aun y cuando no constituya cosa juzgada), toda vez que el legislador de amparo preciso que contra este tipo de actos solo procede el juicio constitucional contra la última dictada en dicho procedimiento lo cual conceptualizó como a aquella que aprueba o reconoce el cumplimento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para dar el cumplimiento, pues la legislación adjetiva del estado establece la posibilidad de ejecutar el lanzamiento aun y cuando no haya sentencia firme, por lo cual evidentemente abre la posibilidad de ejecutar la sentencia y por ende cobra aplicación el artículo 107 fracción IV, que establece taxativamente la procedencia del amparo. Dicha causa de improcedencia ha venido siendo de cantada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha sostenido que la función de dicha limitante por restricción en el juicio de amparo se debe a que con ello se evitan actos que entorpezcan o retarden la ejecución de una sentencia, incluso cuando el amparo sea promovido por la parte vencedora en el juicio natural. Luego como ya se dijo el auto que dictó la responsable no encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no constituye aquella resolución en la que la que se reconoce o aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material para darle cumplimiento. Son aplicables al caso concreto la siguiente jurisprudencia y tesis: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." (Época: Novena Época; Registro: 189344; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIV, Julio de 2001; Materia(s): Civil; Tesis: 1a./J. 19/2001; Página: 34) "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE REQUIERE AL DEMANDADO POR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO DE DESAHUCIO Y AÚN PENDIENTE DE RESOLVERSE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). La jurisprudencia 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.", establece que la razón medular del legislador para determinar la regla de procedencia del juicio de amparo relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia. De ahí que, conforme a los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el auto mediante el cual se requiere al demandado por el cumplimiento voluntario de la sentencia de primera instancia condenatoria dictada en un juicio de desahucio, a pesar de que se encuentre pendiente de resolver el recurso de apelación, en virtud de que el artículo 482 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone que la sentencia que lo decrete será apelable en el efecto devolutivo y se ejecutará sin fianza; lo cual implica que, aun cuando no se trate de una sentencia ejecutoriada, aquel proveído es emitido en la fase de ejecución; por tanto, debe estarse a la regla de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, citado." (Época: Décima Época; Registro: 2015335; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV; Materia(s): Común; Tesis: (V Región)1o.2 C (10a.); Página: 2407.) Máxime que como se refirió en los párrafos que anteceden, la sentencia que dio origen al acto reclamado no constituye cosa juzgada, por tanto, la misma todavía puede ser modificada o revocada en virtud del recurso hecho valer por la parte demandada en el juicio natural (aquí quejosa). En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 113, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107, de la Constitución Federal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, esta última aplicada a contrario sensu, de la ley invocada.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por Diana Luz Rodríguez Gutiérrez, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; en consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno bajo el número 690/2018-I, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, a efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I en relación con el diverso numeral 108, fracción V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a manera de antecedentes y bajo protesta de decir verdad precise lo siguiente:
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