Diana Luz Pensado Guevara

Expediente 239/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
239/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Diana Luz Pensado Guevara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio 153/2022-C signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia 1/2022, de su índice, los autos del juicio de amparo 239/2021-I-A del índice de este juzgado, mismo que se resolvió en los siguientes términos: "Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se declara fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere. SEGUNDO. Existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutora pronunciada en el juicio de amparo indirecto 239/2021, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, promovido.En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se ordena desglosar del cuaderno de antecedentes las constancias que obren en copia simple, toda vez que éstas son susceptibles de destrucción y no son necesarias para la integración del juicio de amparo en que se actúa, por lo que únicamente agréguense las constancias originales del cuaderno de antecedentes en comento; en consecuencia, de conformidad al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena la destrucción de las constancias en copia simple que obran en el cuaderno de antecedentes. Ahora, toda vez que la superioridad determinó que existe imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este juzgado; por lo tanto, archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa y el cuaderno original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, toda vez que concedió la protección constitucional, así como se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, por lo que una vez transcurridos más de tres años de haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados noventa días de este plazo, se procederá para tal efecto con posterioridad al CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO. Ahora, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General en comento, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses y pasados treinta días de este plazo, se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Además, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el incidente de inejecución de sentencia respecto del auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se determinó la imposibilidad de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, radicándolo bajo el número 1/2022 de su índice; lo anterior, para los efectos conducentes.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la resolución de la citada fecha, sin que las partes hicieran manifestación alguna. Por tanto, como esta ordenado por proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, previa formación de un cuaderno de antecedentes, remítanse los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que por su conducto lo remita al que por razón de turno corresponda, para que dicho tribunal se pronuncie respecto de la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista de acuerdos y mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial, se advierte que mediante oficio SEADS/1124/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de la Jueza Daniela María León Linarte a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; en ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 26 y 51, estos últimos de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para que, en caso de estimarlo pertinente, en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho corresponda. Es aplicable la jurisprudencia: 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312 , con Registro digital: 164217 que establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, visto el estado de los autos, este Juzgado de Distrito debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, o bien, si se encuentra acreditada alguna causa que justifique la imposibilidad de su cumplimiento. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el considerando sexto de la ejecutoria constitucional, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable Jueza Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a realizar lo siguiente: "a) Deje insubsistente la determinación de cuatro de marzo de dos mil veintiuno. b) En su lugar, emita una nueva resolución en la que realice lo siguiente: I. Prescinda de considerar que la pensión alimenticia fijada a favor de la menor, debe reducirse con motivo de que su progenitora tiene un trabajo remunerado; ya que ese hecho fue manifestado ante la potestad común desde la presentación de la demanda familiar. II Exponga razonadamente por qué estima o no demostrado que el deudor eroga gastos por tratamiento y medicamentos, no cubiertos con los servicios de salud que recibe por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. III. Considerando lo anterior y las restantes cuestiones jurídicas a dirimir, resuelva con libertad de jurisdicción el recurso de reclamación sometido a su potestad." Actuaciones remitidas por la autoridad responsable relacionadas con el cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar la imposibilidad de cumplir el fallo protector, la autoridad responsable remitió las siguientes constancias: Oficio 5396/2021 de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, al que anexó copia certificada de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, de dieciocho de agosto del presente año, auto de siete de septiembre de la anualidad cursante y resolución de tres de noviembre del año en curso, dictados dentro del juicio ordinario civil 726/2020/V del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. Oficio 6028/2021 de diez de noviembre de dos mil veintiuno, al que anexa el auto dictado en esa misma fecha, dentro del juicio ordinario civil 726/2020/V del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. Imposibilidad para cumplimentar el fallo protector. Ahora, como se precisó con antelación, el efecto de la sentencia amparadora consistía en que la autoridad responsable dejará insubsistente la determinación del auto de cuatro de marzo del año en curso, en la que se resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el tercero interesado, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada consistente en el veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el aludido tercero Interesado como empleado de la Secretaría de Educación de Veracruz y su ejecución y en su lugar emitiera una nueva resolución conforme a los lineamientos señalados en la sentencia de amparo. Por consiguiente, resulta incuestionable que la suscrita se encuentra impedida para pronunciarse respecto a si se dio o no cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que se originó una situación jurídica diversa a la que constituyó el acto reclamado y, por tanto, es también diferente a la que provocó la protección constitucional, en razón a que en la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, de dieciocho de agosto del presente año, las partes dentro del juicio ordinario civil ***/2020/V del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, llegaron un convenio en el que el demandado José Edwin Bandala Cruz (aquí tercero interesado), se comprometió a suministrar a título de pensión alimenticia a favor de ...en representación de su menor hija (quejosa en el presente juicio) el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe como empleado de la Secretaría de Salud; por lo que, en auto de siete de septiembre del presente año, se ordenó turnar los autos para el dictado de la resolución en relación del aludido convenio. Asimismo, en resolución de tres de noviembre del presente año, la autoridad responsable aprobó el convenio celebrada por las partes, elevándolo a categoría de cosa juzgada, ordenando se debido cumplimiento; de igual modo, que en auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se determinó que dicha resolución había causado ejecutoria por lo que se aperturó sección de ejecución, girándose oficio al Pagador de Nóminas y/o Jefe de Recursos Humanos y/o Jefe de Personal de la Secretaría de Educación de Veracruz, a fin de que ordene a quien corresponda se realice el descuento de la pensión alimenticia definitiva consistente en el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como empleado de dicha Secretaría. Entonces, al llegar las partes dentro del juicio ordinario civil ***/2020/V del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a un convenio respecto a la pensión alimenticia a favor de Diana Luz Pensado Guevara en representación de su menor hija, se estima que dejó de existir el objeto y la materia del fallo protector en el juicio. Bajo ese tenor, a juicio de quien esto resuelve, se estima que dejó de existir el objeto y la materia del fallo protector en el juicio, pues, por virtud de la variación del entorno que gira alrededor del procedimiento de origen, se torna jurídicamente inconcuso restituir a la quejosa en el goce de los derechos violados en su perjuicio con el acto reclamado en el amparo, toda vez que al haberse elevado a categoría de cosa juzgada el convenio celebrado por las partes respecto de la pensión alimenticia, cuyo efecto sustancial lo constituye el fallo protector, dejando sin materia el cumplimiento del mismo. En lo conducente, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia mil quinientos sesenta, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página mil setecientos sesenta y uno del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, que dice así: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." En consecuencia, es incuestionable que existe impedimento para pronunciarse respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al haberse originado una situación jurídica diversa a la que constituyó el acto reclamado y por tanto, es también diferente a la que provocó la concesión de la protección constitucional; entonces, sería jurídicamente improcedente emitir pronunciamiento alguno respecto de una situación jurídica que no fue originada por los efectos de la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa, de ahí que no exista materia para calificar el cumplimiento del fallo amparador, por haber cambiado la situación jurídica sobre la que se concedió el amparo de la justicia federal, documentos con los que se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, sin que realizara manifestación alguna al respecto, lo que hace presumir su conformidad con el mismo. Vista a las partes. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, con fundamento en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, se enviarán los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con residencia en esta ciudad, en turno, para que sea la superioridad quien dicte la resolución que en derecho proceda respecto a la imposibilidad jurídica de cumplimiento a la multicitada sentencia de amparo.

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