Diana Luisa Solís López

Expediente 934/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
934/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Diana Luisa Solís López
  • Diana Luisa Solís López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la ???????? demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y tercero interesada en proveído de ocho de julio del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho convinieran en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado al fallo constitucional pronunciado en el presente juicio; por lo que es procedente dictar la resolución a que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Antecedentes. Previo al análisis de las constancias que obran en autos relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, resulta necesario destacar los acontecimientos que se enlistan a continuación:  El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dictó resolución definitiva en la que se determinó conceder la medida protectora solicitada por la parte quejosa.  Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tramito el recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada.  El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se recibió oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, a través del cual informó que por resolución de diez de mayo de dos mil veintidós, se confirmó la sentencia constitucional; por tanto, al quedar firme la sentencia recurrida, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo.  Seguido, la la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, por oficios registrados con folios 10392, 10396, 10395, 10421, ordenó a la Institución Bancaria denominada Banorte Sucursal Bochil, Chiapas ordenó que dejará sin efectos la orden de inmovilización y realice el desbloqueo de la cuenta bancaria ***, asimismo comunicó que que para estar en condiciones de observar a cabalidad el fallo constitucional, se tenía que esperar hasta el veintiocho de los corrientes.  Luego, el ocho de julio de dos mil veintidós, el apoderado de Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, remitió las documentales en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con las constancias antes referidas, para que dentro del término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; sin que hayan hecho manifestación alguna dentro del plazo concedido, tal como se desprende de la certificación de cuenta. SEGUNDO. Efectos de la ejecutoria de amparo. En sentencia constitucional de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas realizara lo siguiente: "(.) a) Deje sin efectos la orden de inmovilización de la cuenta bancaria ***, decretada en el juicio sucesorio testamentario a bienes de *** o ***, radicado con número de expediente ***, por no formar parte de la masa hereditaria el saldo existente en dicha cuenta. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal." TERCERO. Análisis de cumplimiento. Una vez precisado lo anterior, se procede al examen de las constancias que en copias certificadas remitieron las autoridades responsables, las cuales adquieren valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. Así, analizadas las actuaciones que obran en autos, se desprende que en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bochil, Chiapas, el siete de junio del presente año, ordenó dejar sin efectos la orden de inmovilización ordenada mediante oficio número 275-C/2020 de siete de diciembre de dos mil veinte, respecto a la cuenta bancaria *** decretada en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dentro del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de *** o ***, radicado con número de expediente ***, por no formar parte de la masa hereditaria el saldo existente en dicha cuenta. Asimismo, el veintiocho de junio del presente año el Apoderado Legal de Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, hizo entrega de los saldos totales de las cuentas a nombre del extinto en cita, según el porcentaje correspondiente a los beneficiarios conforme al contrato, entre las cuales se encuentra la cuenta ***, lo cual se realizó a través de cheques, mismos que fueron firmados para su entrega a los quejosos ***, *** y ***; tal como se advierte en las constancias remitidas por la autoridad en comento, en la que se desprende; asimismo, la citada autoridad informó que no existía saldo más por entregar, por lo que procedería a la cancelación de las cuentas. Lo anterior, pone de manifiesto que el actuar de las autoridades se ajustaron a lo ordenado en el fallo protector, y se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental a la propiedad, reconocido por el artículo 14 de la Constitución General de la República; que se estimó vulnerado en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por lo antes expuesto y de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina: Único: Las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en forma total, sin excesos ni defectos, al considerar que acató el núcleo esencial de la misma. Para los efectos del precepto 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes. Por otra parte, agréguese a los autos el sobre devuelto por el servicio postal "Correos de México", que contiene el oficio 14652, dirigido al Gerente General o Apoderado Legal de la Institución Bancaria Banorte, Sucursal Bochil 3119, con sede en Bochil, Chiapas, en virtud de que la denominación es incorrecta. Lo anterior, sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su envío toda vez que como consta en líneas precedentes se determinó cumplido el fallo protector, por tanto, se deja sin efectos la misiva en comento. Notifíquese.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto de la autoridad responsable señalada como: 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 934/2022-1-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo a la autoridad señalada como responsable la dilación procesal en que incurre al no emitir en tiempo y forma el acuerdo correspondiente a mi promoción presentada de fecha 30 de marzo del 2022 y recibido por esta autoridad responsable con esa misma fecha, en el que solicito señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas consistente en COTEJO Y COMPULSA que se encuentran pendientes por desahogar, correspondiente en el expediente número ***, en virtud que, ha pasado en demasía sin que la Autoridad responsable haya emitido el acuerdo correspondiente señalando fecha para su desahogo, motivo por el cual presento demanda de garantías". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica forma o adjetiva. De ahí que de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. Ahora, como se advierte del escrito de demanda, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la dilación en acordar el escrito presentado por la parte quejosa el treinta de marzo de dos mil veintidós, ante la junta responsable, con el cual, solicitó fecha y hora para el desahogo de la pruebas de cotejo y compulsa pendientes de desahogarse dentro en el juicio laboral ***. En ese contexto, quien esto resuelve, estima que en relación al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia antes referida, ya que a la fecha de presentación de la demanda constitucional (quince de julio de dos mil veintidós), no se advierte que exista una abierta dilación dentro del juicio de origen, y que con ello se transgreda un derecho sustantivo de la peticionaria de amparo, ya que aún no ha transcurrido un lapso que supere sobremanera el término previsto en los artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo, para proveer en relación al escrito presentado por la parte quejosa ante la junta responsable. Del citado artículo se desprende que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuentan con el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciban una promoción por escrito, para dictar la resolución correspondiente. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 33/2019, al resolver la contradicción de tesis que dio lugar a la misma, sostuvo que en tratándose de asuntos en los que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, con el fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, pues para llegar a tal conclusión, analizó que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. En el caso en particular, si la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, el quince de julio de dos mil veintidós, tan sólo habían transcurrido cuarenta y dos días naturales, a partir del día siguiente al en que feneció el plazo de la responsable para proveer en relación al escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintidós. En efecto, el plazo de cuarenta y ocho horas para que la responsable proveyera respecto al referido escrito, feneció el uno de abril de dos mil veintidós, por lo que el lapso de cuarenta y cinco días naturales a que se ha hecho alusión, transcurrió del cuatro de abril al dieciocho de julio del año en curso; de ahí que, si la demanda fue presentada el quince de julio de dos mil veintidós, es claro que no se está frente a una abierta dilación que haga procedente el presente juicio de amparo. Lo anterior, tomando en consideración que la la Junta responsable suspendió términos procesales durante el periodo comprendido del uno de mayo al treinta de junio del presente año, de conformidad con el Acuerdo 002/2022 del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de veintinueve de abril de la presente anualidad, signado por la Secretaria General de Acuerdos y conflictos Colectivos, y Secretaria del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, mismo que fue emitido en cumplimiento al Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Decreto por el que se crea la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, publicado en el periódico oficial número 222, tercera sección, de veintisiete de abril de dos mil veintidós. Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve el hecho de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión a los artículos 8o. y 17 constitucionales; sin embargo, como se dijo anteriormente, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio laboral de origen, en el que, la quejosa es parte; por lo que resulta inconcuso que en el presente asunto no se actualiza caso de excepción alguno para acudir al juicio de amparo indirecto. Por lo antes expuesto, para quien esto determina considera que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no media tiempo suficiente para afirmar que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en los términos solicitados a las personas que refiere, sin que haya necesidad de realizar la consulta de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde la quejosa es la trabajadora y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales." De igual forma, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa, con el nombre de usuario "***", para la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal; en consecuencia, se instruye a la Oficial Judicial "A"a efecto de que realice las gestiones necesarias con el nombre de usuario proporcionado. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" Ahora, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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